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Andrés León Cabrera con SUBSECRETARÍA DE PESCA Rol: C995-16

Consejo para la Transparencia, 12/07/2016

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, fundado en la denegación de información solicitada referente a los estudios de contaminación en la zona de Quintero y Puchuncaví encargado por dicho organismo al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) que comprometió una cifra de $350 millones de pesos. En particular, requirió los informes de avance generados a la fecha. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acreditó la causal de secreto invocada. En efecto, no se indicó de que modo el conocimiento de la información podría afectar en la decisión de la autoridad.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Industria (Productividad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C995-16

Entidad pública: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Requirente: Andrés León Cabrera

Ingreso Consejo: 28.03.16

En sesión ordinaria N° 721 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de julio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C995-16

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Andrés León Cabrera, mediante presentación de 8 de marzo de 2016, solicitó a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en adelante e indistintamente Subsecretaría, información sobre estudios de contaminación en la zona de Quintero y Puchuncaví encargado por dicho organismo al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) que comprometió una cifra de $350 millones de pesos. En particular, requirió los informes de avance generados a la fecha.

2) RESPUESTA: La Subsecretaría, mediante Oficio N° 514 de 24 de marzo de 2016, informó al requirente que no le era posible acceder a la divulgación de los informes solicitados por servir de base para la adopción de una medida o política. Agregó, que no le era posible acceder a su entrega hasta la elaboración del informe final.

3) AMPARO: El 28 de marzo de 2016, don Andrés León Cabrera, dedujo amparo en contra de la Subsecretaría, fundado en la denegación de la información solicitada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N° 3.598, de 13 de abril de 2016, confirió traslado al Sr. Subsecretario de Pesca y Acuicultura, solicitándole que se refiriera específicamente a las causales de secreto o reserva legal que, a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada.

El Subsecretario, mediante presentación de 2 de mayo de 2016, evacuó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis lo siguiente:

a) La información solicitada, no validada, "puede constituir la base para adoptar decisiones políticas respecto del desarrollo económico (...) en el área afectada (...)".

b) No existe duda alguna que los resultados finales de dicho proyecto deben ser públicos "pero a juicio de esta Subsecretaría ello no significaba hacer públicos informes parciales que ha entregado el IFOP en la ejecución de un estudio y que a dicha fecha no daban cuenta de conclusiones sobre el particular".

Y CONSIDERANDO:

1) Que sobre el particular, la Subsecretaría indicó que no le era posible entregar los informes de avance que obran en su poder, por estimar aplicable lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. Agregó, que la divulgación de los antecedentes consultados, los cuales no detallan conclusiones de ningún tipo, según precisó en sus descargos, podría entorpecer la adopción de políticas específicas en las áreas objeto de estudio.

2) Que respecto de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra b), invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información consultada, cabe señalar que ésta permite negar la entrega de la información que se solicite, cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". Conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por "antecedentes" todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por "deliberaciones", las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

3) Que a partir de las decisiones pronunciadas en los amparos Roles A12-09, A47-09 y A79-09, este Consejo ha sostenido reiteradamente que para configurar dicha hipótesis de secreto o reserva, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: (a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y (b) que su conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

4) Que, respecto al primero de los requisitos señalados en el considerando precedente, este Consejo ha estimado que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre los antecedentes o deliberaciones previas, en la especie, los informes de avance solicitados, y la resolución o medida a adoptar por dicho órgano, a saber, políticas económicas en la zona geográfica estudiada, de manera que sea claro que los antecedentes o deliberaciones originarán la resolución, medida o política de que se trata. En este caso, dicho requisito se ha verificado, atendido lo expuesto por la reclamada en esta sede.

5) Que en cuanto al segundo requisito indicado, conviene tener presente que, según jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que la acrediten. Sin embargo, en el presente caso, la reclamada no aportó antecedente alguno que permitiera acreditar tal afectación. En efecto, la Subsecretaría se limitó a reproducir el contenido de la hipótesis de reserva en que fundó la denegación de la información solicitada, sin indicar concretamente de qué modo el conocimiento de ésta podría afectar la adopción de una decisión por parte de esa autoridad. Por otra parte, este Consejo no observa de los antecedentes en qué medida la entrega al solicitante de los antecedentes de naturaleza preliminar, que no contienen conclusiones que podrían develar de algún modo el tipo de política o medida que la reclamada pretende implementar en la zona objeto de estudio, pueda obstaculizar la adopción de una decisión sobre el particular. De esta forma, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, no se acreditó la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, por lo que deberá acogerse el presente amparo, en base a los razonamientos anteriores. Conjuntamente con lo anterior, se requerirá a la reclamada que entregue al requirente los informes consultados, advirtiendo que se trata de informes de avance.

6) Que finalmente, cabe además señalar que se justifica la divulgación de la información consultada, dada su naturaleza. En efecto, la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, dispone un régimen general de publicidad de la información de naturaleza ambiental generada a propósito de la intervención de órganos públicos en dichas materias como en lo referido a los procedimientos administrativos en que éstos toman parte. Lo anterior, se enmarca en el legítimo ejercicio por parte de todas las personas, del derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el que se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuestos por don Andrés León Cabrera, en contra de la Subsecretaría de Pesca, por las razones precedentemente expuestas.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Pesca que:

a) Entregue a la reclamante los informes de avances solicitados en el numeral 1° de lo expositivo.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Subsecretario de Pesca y a don Andrés León Cabrera.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.