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Daniela Muñoz Sepúlveda con MINISTERIO DE EDUCACION Rol: C827-16

Consejo para la Transparencia, 12/07/2016

Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Educación, fundado en la denegación del informe financiero y patrimonial de la universidad consultada. El Consejo acoge parcialmente el amparo, por resultar aplicable la causal de reserva o secreto prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos  Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Rendición de cuentas 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C827-16

Entidad pública: Ministerio de Educación

Requirente: Daniela Muñoz Sepúlveda

Ingreso Consejo: 14.03.2016

En sesión ordinaria N° 721 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de julio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C827-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de enero de 2016, doña Daniela Muñoz Sepúlveda, solicitó al Ministerio de Educación -en adelante e indistintamente Ministerio o MINEDUC-, "informe y plan de trabajo elaborado por el administrador provisional de la Universidad de Arcis".

2) RESPUESTA: El Ministerio, mediante Resolución No 1.389 de 11 de marzo de 2016, remitió a la requirente copia del plan solicitado. Agregó, que no le era posible acceder a la divulgación del informe que detalla la situación financiera y patrimonial de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS), elaborado por su administrador provisional, por cuanto su entrega podría afectar la mantención del giro de actividades de dicho centro educacional, lo cual perjudicaría a sus alumnos. Lo anterior, de conformidad a lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 14 de marzo de 2016, doña Daniela Muñoz Sepúlveda, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Educación, fundado en la denegación del informe financiero y patrimonial de la universidad consultada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°3.084, de 30 de marzo de 2016, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Educación, solicitándole que al formular sus descargos: (1°); se refiriera a la eventual concurrencia de una causal de reserva; (2°) explicara cómo lo solicitado podría afectar derechos de terceros; (3°) indicara si procedió de conformidad a lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y, en la afirmativa, proporcionara los datos de contacto; nombre, dirección, número teléfono y correo electrónico de los terceros interesados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

La Subsecretaria (s), evacuó sus descargos y observaciones mediante el Oficio N° 709, de 14 de abril de 2016, reiterando lo ya expuesto en su respuesta al solicitante y señalando en síntesis que:

a) La medida de la administración provisional a la cual se encuentra afecta la ARCIS, tiene como principal objetivo resguardar el derecho a la educación de los estudiantes, asegurando la continuidad de sus estudios y, el buen uso de todos los recursos de la institución.

b) El informe consultado, contiene proyecciones económicas, análisis contable y conclusiones financieras de la universidad afectada con la referida medida, todos datos esenciales para la continuidad de giro, que de conocerse, podría conllevar una afectación en sus planes de negocios como también tener un impacto en el número de matrículas para el presente año, lo que constituye una de las principales fuentes de financiamiento para la Universidad de Artes y Ciencias Sociales.

c) Entregar los datos solicitados, afectaría de modo irreparable la situación comercial y económica de dicha casa de estudios y con ello, la continuidad de estudios de sus actuales estudiantes.

d) En aplicación de lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República, no procede divulgar la información pedida.

e) No se confirió traslado a terceros, por cuanto el universo de alumnos involucrados hace imposible llevar a cabo una gestión como la requerida en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, sólo los matriculados durante el 2015 fueron 1.120 alumnos.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 3759 de 19 de abril de 2016, notificó al administrador provisional de la ARCIS, a fin que presentara sus descargos y observaciones. No obstante lo anterior, a la fecha del presente acuerdo dicho trámite no ha sido evacuado.

6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Este Consejo, en sesión ordinaria N° 718, celebrada el 1° de julio de 2016, para una mejor resolución de la controversia planteada, acordó solicitar al Ministerio de Educación que remitiera copia del informe consultado. Asimismo, reiteró al administrador provisional de la ARCIS que evacuara descargos en el presente procedimiento.

El administrador provisional, señaló en síntesis que "la reserva sobre la información contenida en dicho Informe Financiero y Patrimonial se funda en que en caso que fuera divulgada, se pone en serio riesgo la ejecución de la estrategia financiera de la Universidad, lo que perjudicaría el cumplimiento del Plan de Administración Provisional, elaborado en el marco de la ley N° 20.800".

Conjuntamente con lo anterior, hizo presente que la remisión del informe era improcedente, por cuanto el informe pertenecía a una institución a la cual no le era aplicable la Ley de Transparencia.

Por su parte, el Ministerio remitió copia del informe consultado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que en cuanto al fondo del presente amparo, resulta pertinente tener presente lo dispuesto en la ley N° 20.800, que creó la figura del administrador provisional. En particular, lo previsto en los siguientes preceptos:

a) Artículo 1°: La presente ley establece y regula el procedimiento de nombramiento y las facultades del Administrador Provisional de Instituciones de Educación Superior y del Administrador de Cierre de Instituciones de Educación Superior, cuyo objeto será resguardar el derecho a la educación de los y las estudiantes, asegurando la continuidad de sus estudios y el buen uso de todos los recursos de la institución de educación superior, de cualquier especie que éstos sean, hasta el cumplimiento de sus respectivas funciones.

b) Artículo 6°: La medida de nombramiento de administrador provisional podrá ser adoptada por el Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación, cuando se constate la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias: a) Riesgo serio de no garantizar la viabilidad administrativa o financiera de la institución, afectando la continuidad de estudios de los y las estudiantes. b) Incumplimientos graves y reiterados de los compromisos académicos asumidos por la institución con sus estudiantes a causa de no contar con los recursos educativos o docentes adecuados para ofrecer el o los títulos profesionales o técnicos que pretenda otorgar. c) Imposibilidad de mantener las funciones académicas de la institución, a consecuencia de sanciones, medidas precautorias, embargos, ejecuciones o retiros de especies que la afecten, a sus sedes o a sus bienes muebles o inmuebles. d) Cuando se haya dictado resolución de reorganización de la institución de educación superior o de la entidad organizadora de ésta en conformidad a la ley N° 20.720. e) Cuando el plan de recuperación regulado en el artículo 5° no fuere presentado oportunamente o, habiéndolo sido, fuere rechazado o, siendo aprobado, posteriormente se incurriere en su incumplimiento.

c) Artículo 10° inciso segundo: el administrador provisional deberá presentar, previa consulta con las autoridades de la institución de educación superior vigentes al momento de su designación, un plan de administración provisional tendiente a garantizar la adecuada gestión de la institución de educación superior afectada por la medida, el que deberá ser aprobado por el Ministerio de Educación. En dicho plan se deberán señalar las acciones para subsanar las deficiencias que motivan el nombramiento del administrador provisional, pudiendo considerar incluso la reestructuración de la respectiva institución.

d) Artículo 13: Para el cumplimiento de su objeto "el administrador provisional asumirá, desde el momento de su designación, con plenos poderes, y para la única finalidad de solucionar los problemas detectados en la investigación (...) el administrador provisional tendrá, especialmente, las siguientes facultades: a) Ejercer toda acción destinada a garantizar el interés público asociado a la continuidad de los estudios de los y las estudiantes".

2) Que del referido marco normativo, se colige que el administrador provisional conjuntamente con asumir la administración total de la institución educacional intervenida, debe elaborar un plan de negocios tendiente principalmente a la mantención y continuidad de giro del centro educacional, a fin de garantizar el derecho a la educación de todos sus alumnos. En efecto, y según dispone el decreto supremo N° 20, de 2015, de Educación (Reglamenta las medidas previstas en la Ley N° 20.800) en su artículo 40 "el Administrador Provisional deberá presentar un informe respecto a la situación financiera y patrimonial de la institución, el que deberá considerar el nivel de endeudamiento de la misma, su flujo de caja operacional y la gestión financiera de la institución realizada (...)". Complementando lo anterior, el artículo 41 del citado cuerpo legal, agrega que "el Administrador Provisional deberá presentar un Plan de Administración, destinado a garantizar la adecuada gestión de la institución el cual deberá señalar expresamente si considera procedente la enajenación de bienes inmuebles". En consecuencia, el informe financiero consultado constituye un documento esencial para el devenir de la institución educacional intervenida, toda vez que detalla el conjunto de acciones financieras que deberán ser ejecutadas por el administrador a fin de mantener la continuidad de los servicios educacionales en beneficio de sus alumnos.

3) Que en tal sentido, cabe además señalar que el Ministerio de Educación de conformidad a la normativa precitada, es el llamado a velar por la continuidad de los servicios educacionales de las respectivas entidades de educación superior. En efecto, y con tal fin, es que designa un administrador provisional para el desarrollo de las acciones indispensables para mantener en funcionamiento el respectivo establecimiento educacional. Luego, no es extraño que sea dicho organismo quien este en mejor posición para velar por los derechos que eventualmente puedan verse conculcados por la divulgación de la información consultada, invocando para ello alguna de las hipótesis de reserva previstas en la Ley de Transparencia.

4) Que la reclamada denegó la entrega del informe financiero de la Universidad ARCIS de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto estimó que la divulgación de datos contenidos en dicho instrumento, podría dañar de modo irreparable el derecho a la educación de sus alumnos, toda vez que de conocerse el conjunto de acciones contables, financieras y administrativas que deberá ejecutar el administrador provisional para asegurar la continuidad de giro del negocio de la institución que representa, en forma previa a su implementación, podría poner en riesgo el éxito de las mismas y con ello, la concreción del objetivo para el cual fue designado.

5) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

6) Que, luego de revisar el informe consultado -el cual contiene proyecciones que abarcan el período comprendido entre el 2016 y 2025-, a juicio de este Consejo, su comunicación en forma completa, necesariamente implica un riesgo efectivo en la concreción del objetivo para el cual se designó al administrador provisional, esto es, la continuidad del giro de los servicios educacionales que hoy entrega a todo su alumnado. En efecto, dar a conocer el estado contable, ingresos y egresos de la institución consultada como las operaciones financieras tendientes a fortalecer económicamente a la universidad, conlleva un claro riesgo de que dichas acciones puedan verse frustradas o disminuidas en cuanto a sus efectos. Luego, y a fin de conciliar el ejercicio legítimo del derecho a acceder a la información pública que obra en poder de un órgano de la Administración del Estado y, el logro de los planes de reestructuración desplegados por el respectivo administrador de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, esta Corporación en aplicación del principio de divisibilidad previsto en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia -en virtud del cual si un antecedente "(...) contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda"-, acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, requerirá al Ministerio de Educación que entregue al reclamante el informe en comento, previo tarjamiento de toda aquella información referida a los planes de inversión y proyectos de reestructuración de la Universidad, así como también aquellos datos financieros referidos a estimaciones de ingresos y egresos detallados en planilla Excel confeccionada a propósito del referido informe, por configurarse a su respecto la causal de de afectación de derechos de terceros, consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

7) Que por último, este Consejo estima necesario hacer presente que la información solicitada es de naturaleza pública de conformidad a lo previsto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política y en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En efecto, y según dispone el artículo 10° de la ley N° 20.800, el informe en comento debe ser elaborado y presentado al Ministerio de Educación, entidad que debe aprobarlo, toda vez que contiene el conjunto de medidas que serán desarrolladas a fin de asegurar la continuidad del giro educacional de la institución de educación superior intervenida. Luego, dicho documento es una manifestación del ejercicio de una potestad pública por parte del referido organismo, por consiguiente, desarrollado para el cumplimiento de una política de enorme impacto que forma parte de las competencias del Ministerio. En consecuencia, el informe es, por una parte fundamento de un acto administrativo, y por otra, obra en poder de la Administración del Estado, lo que determina la aplicación de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Daniela Muñoz Sepúlveda, en contra de la Ministerio de Educación, por resultar aplicable la causal de reserva o secreto prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, conforme lo señalado precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Educación que:

a) Entregue a la reclamante copia del informe consultado, previo tarjamiento de toda aquella información financiera que se refiera a proyectos e inversiones futuras que tengan por objeto la restructuración económica de la Universidad ARCIS.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Subsecretaria de Educación, a doña Daniela Muñoz Sepúlveda y a don Patricio Velasco, Administrador Provisional de la Universidad ARCIS, en su calidad de tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.