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Mario Zamorano Vega con SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE TARAPACÁ Rol: C1335-16

Consejo para la Transparencia, 19/07/2016

Se dedujo amparo en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Tarapacá, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "nómina de todos los propietarios del Conjunto Habitacional Las Quintas 3, Iquique, información ordenada por rut". El Consejo rechaza el amparo, por resultar aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación con la facultad consagrada en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Vivienda
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1335-16

Entidad pública: Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Tarapacá.

Requirente: Mario Zamorano Vega.

Ingreso Consejo: 13.04.2016

En sesión ordinaria N° 723 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de julio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C1335-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de marzo de 2016, don Mario Zamorano Vega, solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Tarapacá, en adelante e indistintamente, el Servicio o el SERVIU, la siguiente información: "nómina de todos los propietarios del Conjunto Habitacional Las Quintas 3, Iquique, información ordenada por rut".

2) RESPUESTA: Mediante Ord. N° 589, de fecha 14 de marzo de 2016, notificado con fecha 6 de abril de 2016, el órgano otorgó respuesta al solicitante, señalando que "la información que usted solicita la puede requerir, si es que usted así lo estima, al Conservador de Bienes Raíces de Iquique, institución que lleva el Registro de Bienes Raíces y Propiedades, además puede certificar con ellos la vigencia de su titular".

3) AMPARO: El 11 de abril de 2016, en la Gobernación Provincial de Iquique, don Mario Zamorano Vega dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Tarapacá, el cual fue ingresado en este Consejo con fecha 13 de abril del mismo año, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Agrega además que "con fecha 6 de abril de 2.016, SERVIU de la Región de Tarapacá, se ve en la obligación de entregarme la copia del documento reproducido por la señora Mariela Toledo Rivera, Directora (S) SERVIU, a través del oficio ordinario N° 859, de fecha 14 de marzo de 2.016, en que rápidamente, manifiesta una manipulación para denegarme el acceso de la información solicitada (...) Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades, dará lugar a las acciones y recursos correspondientes (...) Esta reclamación, señala claramente, la infracción cometida por parte de la señora Mariela Toledo Rivera, en su calidad de Directora (S) SERVIU, en la Región de Tarapacá (haberme denegado infundadamente el acceso a la información, contraviniendo, así, lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Transparencia)".

4) SUBSANACION DEL AMPARO: El Consejo Directivo de esta Corporación, mediante Oficio N° 4.197, de fecha 27 de abril de 2016, solicitó al reclamante subsanar su amparo, acompañando copia íntegra de la solicitud ingresada el 8 de marzo de 2016 y copia de los antecedentes que acrediten la fecha en que la respuesta le fue notificada.

Mediante correos electrónicos de fechas 2 y 10 de mayo de 2016, el reclamante subsanó su amparo, adjuntando copia de la respuesta con timbre de la fecha de su notificación y copia del comprobante de ingreso de la solicitud de fecha 8 de marzo de 2016.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° 4.803, de 16 de mayo de 2016, confirió traslado a la Sra. Directora Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Tarapacá, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos.

Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 21 de junio de 2016, se concedió al Servicio, un plazo extraordinario de 3 días hábiles para evacuar los descargos respectivos.

Mediante Ord. N° 1.579, de fecha 17 de junio de 2016, dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, que:

a) En cuanto al contenido de la información solicitada, indica que "resulta importante señalar que la información solicitada por don Mario Zamorano, esto es, la información de los Rut de los propietarios del citado conjunto habitacional, corresponde a información referida a datos personales de las citadas personas, quienes a la fecha de la presentación de su solicitud no eran beneficiarios de un subsidio habitacional por parte de este Servicio. Asimismo, cabe tener presente que la institución que lleva el registro de propiedades y que puede certificar la vigencia de su titular, es en este caso, el Conservador de Bienes Raíces de Iquique y no este Servicio".

b) Luego, complementa que "sin perjuicio de lo anterior, estamos llanos a hacer entrega de una nómina del citado conjunto habitacional con individualización de las unidades habitacionales que lo componen, y los nombres de sus presuntos titulares, haciendo presente que no necesariamente corresponde a la información que se encuentra en el Conservador de Bienes Raíces de Iquique", adjuntando nómina que contiene información sobre calle, block, depto., nombre propietario y rol de avalúo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo, se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Tarapacá, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento de información se refiere a una nómina con los nombres y rut de todos los propietarios de departamento en el Conjunto Habitacional Las Quintas 3 de Iquique. Al respecto, el órgano solamente señaló que podía obtener la información requerida en el Conservador de Bienes Raíces de Iquique, institución que lleva el Registro de Bienes Raíces y Propiedades, quienes además podían certificar la vigencia de los titulares.

2) Que, no obstante lo anterior, en sus descargos ante este Consejo, el Servicio acompañó una nómina que contiene la información de los propietarios de los block N° 13, 14, 15 y 16, correspondientes a los departamentos 11 a 14, 21 a 24, 31 a 34, 41 a 44 y 51 a 54, por cada uno de los block del citado Conjunto Habitacional, señalando el nombre de los respectivos propietarios, no obstante señalar expresamente que "no necesariamente corresponde a la información que se encuentra en el Conservador de Bienes Raíces de Iquique, quien como ya se señaló, es la única institución que puede certificar la vigencia de dicha información".

3) Que, respecto a la información solicitada, cabe tener presente que lo requerido por el reclamante se refiere al nombre, dirección y número de cédula de identidad de todos los propietarios de los departamentos existentes en el Conjunto Habitacional Las Quintas 3 de Iquique. En tal sentido, los antecedentes pedidos tienen relación con información de carácter personal de dichos propietarios, en los términos dispuestos en el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, el cual dispone que son "datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables", motivo por el cual será reservada según lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

4) Que, a juicio de este Consejo, lo señalado anteriormente se aviene fielmente a la esfera de protección de la vida privada que, tanto el constituyente como el legislador, han fijado en la Constitución Política de la República como así también en la Ley de Transparencia y en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En efecto, dichos cuerpos normativos han establecido un régimen de protección de los datos personales que obran en poder de los órganos de la Administración, a partir de la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N° 4, sobre el respeto a la vida privada y la honra de la persona y su familia. Luego, la comunicación de los datos requeridos a la luz de lo dispuesto en los citados cuerpos normativos, resulta improcedente.

5) Que, en concordancia con lo señalado precedentemente, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia sobre reclamo de ilegalidad Rol N° 6.531-2014, de 26 de enero de 2015, indicó que "la vida privada es un atributo del individuo en sociedad, que deriva precisamente de la concepción de la privacidad como un atributo de la personalidad. De este modo, el derecho a la vida privada se traduce en una materialización u objetivación de la privacidad sustancial, del derecho al yo, de la persona. [Por tal razón] si se entiende la privacidad como una manifestación jurídica de la dignidad y respeto que se debe a todo individuo de la especie humana, es posible considerar que se traduce en la reserva del yo - con todas sus connotaciones - a espacios reducidos, seleccionados por el sujeto. De allí que pueda definírsela como ‘la posición de una persona o entidad colectiva personal en virtud de la cual se encuentra libre de intromisiones o difusiones cognoscitivas de hechos que pertenecen a su interioridad corporal y psicológica o a las relaciones que ella mantiene o ha mantenido con otros, por parte de agentes externos que, sobre la base de una valoración media razonable, son ajenos al contenido y finalidad de dicha interioridad o relaciones’".

6) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, por resultar aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, no obstante no haber sido alegada por el órgano, en concordancia con lo preceptuado en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, en cuanto a la protección de los datos de carácter personal por parte de los órganos de la Administración del Estado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Mario Zamorano Vega, en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Tarapacá, por resultar aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación con la facultad consagrada en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mario Zamorano Vega, y a la Sra. Directora Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Tarapacá.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.