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Daniel Bustamante Salgado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C1543-16

Consejo para la Transparencia, 09/09/2016

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en que no dio respuesta a una solicitud de información referente a: a) Se indique por qué motivos no se mantienen archivos históricos de la custodia de títulos o instrumentos financieros relacionados a los fondos de pensiones de todos los afiliados. b) Si la verificación de la custodia establecida en el DL 3500, "Se realiza en línea mediante una aplicación informática", por qué motivos no se mantienen archivos históricos de la de la (sic) custodia de títulos o instrumentos financieros. c) Toda documentación que dé cuenta de los detalles y características técnicas de "la aplicación informática", que verifica en línea la custodia de títulos o instrumentos financieros de los fondos de pensiones de todos los afiliados. d) Desde qué fecha dd/mm/aaaa opera la aplicación descrita por esta Superintendencia. Entre otros. El Consejo acoge parcialmente el amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1543-16

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones (SP)

Requirente: Daniel Bustamante Salgado

Ingreso Consejo: 12.05.2016

En sesión ordinaria N° 737 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de septiembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1543-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de marzo de 2016, don Daniel Bustamante Salgado solicitó a la Superintendencia de Pensiones, "[c]onsiderando respuesta dada por esta Superintendencia en oficio n° 4307:

a) Se indique por qué motivos no se mantienen archivos históricos de la custodia de títulos o instrumentos financieros relacionados a los fondos de pensiones de todos los afiliados.

b) Si la verificación de la custodia establecida en el DL 3500, "Se realiza en línea mediante una aplicación informática", por qué motivos no se mantienen archivos históricos de la de la (sic) custodia de títulos o instrumentos financieros.

c) Toda documentación que dé cuenta de los detalles y características técnicas de "la aplicación informática", que verifica en línea la custodia de títulos o instrumentos financieros de los fondos de pensiones de todos los afiliados.

d) Desde qué fecha dd/mm/aaaa opera la aplicación descrita por esta Superintendencia.

e) Como se verificaba custodia antes de la fecha de operación de "la aplicación informática citada".

f) Copia íntegra castellano/inglés de contratos suscritos entre cada administradora y custodio/banco extranjero, dando cuenta de las clausulas referidas en oficio n° 4307.

g) Si la aplicación informática citada no archiva históricamente las custodia y considerando que "esta custodia de títulos tiene un valor", cómo es posible que se cree el registro histórico "Valor de la cartera de inversiones más banco inversiones (1)", usado diariamente por esta Superintendencia para determinar el valor cuota de los fondos de pensiones. http://www.safp.cl/safpstats/stats/apps/calcuta_cuofon/calcuta_cuofon.php

h) Procedimientos escritos detallados dando cuenta de cómo se procesan y almacenan los informes electrónicos diariamente recibidos por la Superintendencia. (Procedimientos, no normativas disponibles en la web que no requieren solicitud de transparencia).

i) Dado el calibre de la respuesta entregada en oficio N° 4307, solicito se individualice a cada uno de los funcionarios de esta Superintendencia de Pensiones que dan respuesta a esta solicitud de transparencia".

En sus observaciones, señaló "Esta solicitud está relacionada a AL008T0000101 de la SP y amparo C544-16."

2) SOLICITUD DE PRÓRROGA: Mediante oficio ordinario N° 7953 de 12 de abril de 2016, la Superintendencia de Pensiones informó al solicitante la necesidad de ampliar el plazo de respuesta a su requerimiento y hacer uso de la prórroga contemplada en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 11 de mayo de 2016, don Daniel Bustamante Salgado dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a la Unidad de Análisis de Admisibilidad y SARC de esta Corporación, encargada del "Sistema Anticipado de Resolución de Controversias" (SARC), a fin de realizar las gestiones necesarias con el objeto de obtener por parte del organismo reclamado la información solicitada por la parte reclamante. Lo anterior se materializó mediante correo electrónico de 24 de mayo de 2016. Por correos electrónicos de 25 y 26 de mayo de 2016, el órgano reclamado señaló en síntesis que se cometió un error respecto del correo electrónico al cual se despachó el oficio N° 7953 mediante el cual se comunicó la prórroga para responder, e indicando que la respuesta se entregó mediante el oficio N° 9389 de 28 de abril de 2016. Por oficio N° 005495 de 1 de junio de 2016, este Consejo remitió al reclamante la información recibida por parte de la Superintendencia de Pensiones y le requirió manifestar conformidad o falta de ella con la información enviada. Por correo electrónico de 4 de junio de 2016, el reclamante manifestó disconformidad con la respuesta entregada sobre los literales c), f) y h) del requerimiento de acceso a la información. Posteriormente, con fecha 3 de julio de 2016, el reclamante manifestó que si eventualmente sirviera para facilitar la entrega de la información, se conforma con que le entreguen solamente lo requerido sobre los literales f) y h). Al respecto, especificó sobre el literal f) requerido "Cláusula específica del contrato relacionada exclusivamente a la Superintendencia de Pensiones, y no el resto del contrato que describe toda la relación entre bancos custodios y las AFP", y respecto del literal h), indicó que "Cualquier documento que describa clara y detalladamente como se realiza el procesamiento de datos recibidos por la Superintendencia y la publicación de datos realizada por la Superintedendencia". Atendido lo manifestado por la reclamante, se tuvo por fracasado el sistema SARC.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° 005652 de 8 de junio de 2016.

Mediante oficio N° 15356 de 24 de junio de 2016, el Sr. Superintendente de Pensiones presentó sus descargos u observaciones señalando en síntesis que:

a) Respecto de lo requerido en el literal c), de acuerdo al artículo 47 N° 1 de la ley N° 20.255 en relación al artículo 94 N° 2 del decreto ley N° 3.500, de 1980, a la Superintendencia corresponde fiscalizar el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones, en adelante e indistintamente AFP, y el otorgamiento de las prestaciones que éstas otorguen a sus afiliados. En ese contexto, la reserva de la información solicitada sirve mejor al interés público al permitir que este organismo pueda ejercer su función fiscalizadora con mayor eficiencia y eficacia, ya que la publicidad del modo y criterios de evaluación utilizados por la Superintendencia de ser conocidos previamente por las entidades fiscalizadas, incluso podría permitir la elusión de la acción de la reclamada.

b) Cabe señalar que la revelación de los procedimientos específicos de fiscalización podría afectar el ejercicio de tales atribuciones, al evidenciar la estrategia utilizada para llevar a cabo ésta, que no es conocida por los regulados.

c) Respecto de lo requerido en el literal h), se entiende que está referida a las transmisiones entre el DCV y la Superintendencia, las que están publicadas en el sitio web en la sección regulación /Transferencia electrónica de archivos. En particular, en el número 8 se encuentra "Descripción de archivos con registros de largo fijo" y en el número 11 se encuentra el archivo "lntercambio de archivos entre la Superintendencia de pensiones y el DCV".

d) La Superintendencia aplicó la causal de reserva del número 1 del artículo 21 de Ley de Transparencia, ello con los mismos fundamentos ya señalados respecto a la consulta signada con el literal c). En este punto, se hace presente que los programas y aplicaciones corresponden a desarrollos internos de la Superintendencia, creados en base a las necesidades específicas que demanda la fiscalización de estas materias.

e) En lo que respecta al requerimiento signado con el literal f), la Superintendencia reitera que estos contratos están celebrados entre privados que no son sujetos pasivos de la Ley de Transparencia, y no han servido de sustento o complemento directo o esencial para la dictación de un acto administrativo por parte de la Superintendencia, no se han elaborado con presupuesto público, ni han sido obtenidos de fuentes de acceso público.

f) Los contratos materia del requerimiento no reúnen las características establecidas en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, toda vez que no constituyen un acto o resolución de la Administración, ni han servido de fundamento para la dictación de alguno de ellos. Tampoco se trata de información elaborada con presupuesto público.

g) Se invoca el deber de reserva del Superintendente y de todos los funcionarios del organismo, establecidos en el inciso tercero del artículo 50 de la ley N° 20.255. Esta norma resulta plenamente aplicable en la especie, toda vez que los contratos de que se trata no constituyen información pública en los términos definidos por el artículo 5° de la Ley de Transparencia. Y se ha entregado a la Superintendencia, en virtud del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. En razón de lo anterior, se estima procedente aplicar a su respecto la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

h) Sin perjuicio de lo anterior y de acuerdo a lo requerido por ese Consejo se indican a continuación los datos de contacto de las entidades privadas que han suscrito los respectivos contratos: A.F.P.: Provida S.A., Planvital S.A., Modelo S.A. y Cuprum S.A. registran Convenios suscritos con la empresa que indica. Y A.F.P. Habitat S.A. registra convenio suscrito con la empresa que indica.

i) Se adjunta oficio ordinario N° 9389 de 28 de abril de 2016, del Sr. Superintendente de Pensiones, mediante el cual se remitió respuesta extemporánea al reclamante, reiterando en lo que atañe a este amparo, los dichos ya señalados

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE TERCEROS: Este Consejo, mediante los oficios N° 008370, 008371, 008372, 008373, 008374, 008375 y 008376, todos de fecha 25 de agosto de 2016, notificó a los señores representantes legales de las AFP Provida S.A., Planvital S.A., Modelo S.A., Cuprum S.A., Capital, Habitat, y el banco que indica, el requerimiento de acceso a la información relativo al literal f), a fin que presentaran sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

a) El representante legal del banco custodio de valores, Sr. Guillermo Morales, mediante presentación de 2 de septiembre de 2016, evacuó sus descargos señalando en síntesis que la entrega de lo requerido afectaría los derechos de carácter comercial y económico de su representado. Indica que los documentos protegidos contienen información comercialmente sensible del banco, y cuya divulgación es susceptible de ocasionar consecuencias adversas en su relación con sus clientes de custodia, por ejemplo las cláusulas de los documentos protegidos que versan sobre la remuneración del banco custodio y su forma de pago. Lo mismo ocurre con las cláusulas que discurren acerca del alcance y limitaciones de los servicios prestados, aspectos que se negocian en distintas condiciones con los distintos clientes del banco custodio.

b) El Abogado Jefe de la Gerencia legal de AFP Provida, Sr. Eric Rees Prat mediante presentación de 2 de septiembre de 2016, evacuó sus descargos señalando en síntesis que los contratos entre AFP y empresas custodias de valores o bancos extranjeros son instrumentos entre privados cuya información es de propiedad de dichos particulares. Tales contratos no han servido de sustento o complemento para la dictación de un acto administrativo ni han sido elaborados con presupuesto público. La elección de la entidad o banco es una decisión comercial exclusiva de cada Administradora, que no es divulgada a sus competidoras. Habitualmente los contratos incluyen cláusulas de confidencialidad en cuanto a su contenido, que han de ser respetadas por las partes. Los contratos que Provida ha firmado contienen cláusulas que, de ser reveladas, afectarían: (i) la seguridad de un porcentaje relevante de sus operaciones, y (ii) el desenvolvimiento competitivo de Pro Vida frente a sus competidores y frente a otras entidades custodia. Con respecto a la seguridad de las operaciones, los contratos contienen cláusulas en los que Provida acuerda con las entidades custodias mecanismos de seguridad respecto de dichas operaciones y cómo estos serían implementados. Por otro lado, y con respecto al desenvolvimiento competitivo de Provida, los contratos deben contener las cláusulas que señala el Capítulo IlI, entre las que se encuentra establecer si se abrirán cuentas de posición separadas e independientes para cada tipo de fondo y la especificación de la modalidad de custodia.

c) El Gerente General de AFP Capital, Sr. Eduardo Vildósola Cincinnati mediante presentación de 1 de septiembre de 2016, evacuó sus descargos señalando en síntesis que la información solicitada es reservada y confidencial, según la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. El deber de información por parte de la AFP es exclusivamente respecto de la Superintendencia de Pensiones. La celebración de contratos de depósito entre la AFP y entidades privadas de custodia de documentos constituidas en Chile o en el extranjero corresponden a actos jurídicos regidos por el derecho privado, de carácter confidencial y que por excepción el regulador exige a los involucrados informar de su forma y contenido.

d) El Gerente General de AFP Habitat, Sr. Cristián Rodríguez Allendes mediante GC N° 573/2016 de 30 de agosto de 2016, evacuó sus descargos señalando en síntesis que lo solicitado se refiere a información confidencial y estratégica de la compañía, que involucra a terceros, los cuales podrían verse afectados. Los contratos suscritos por la AFP y el custodio de los valores de los fondos de pensiones que administra, es privado y su conocimiento público expone a la AFP a entregar información que le es valiosa para su estrategia comercial y de desarrollo de su giro, su publicidad puede afectar a sus accionistas y afiliados, así como poner en una situación de riesgo de la debida confidencialidad que tiene frente al custodia y le expone a una "desventaja o desprotección frente a terceros interesados en el desarrollo y condiciones especiales, tales de precio y otras".

e) La Gerente General de AFP Modelo, Sra. Verónica Guzmán mediante GC N° 1826 de 30 de agosto de 2016, evacuó sus descargos señalando en síntesis que la entrega de lo requerido afectaría sus derechos comerciales y económicos, y de terceros. Lo solicitado detalla las formas de actuar y estrategias de la compañía, la cual podría ser utilizada por algún agente o competidor del mercado en beneficio propio o de terceros. Las personas jurídicas son titulares de derechos de datos personales y pueden oponerse válidamente a su entrega, así lo ha reconocido la Corte de Apelaciones de Santiago, en Reclamo de Ilegalidad, Rol: 448-2013.

f) El Gerente General de AFP Cuprum, Sr. Pedro Atria Alonso, GC/869/16 de 26 de agosto de 2016, evacuó sus descargos señalando en síntesis que los documentos solicitados son contratos celebrados entre particulares y constituyen documentación sensible, confidencial y estratégica, relativa a los fondos de pensiones que administra Cuprum y a su proceso de inversión, respecto de lo cual, la AFP por mandato legal debe velar por su confidencialidad y reserva. La entrega de lo requerido podría afectar gravemente la esfera de derechos de carácter comercial o económico, de gestión interna y estrategia de negocios.

7) GESTIÓN OFICIOSA: El Consejo, mediante correo electrónico de fecha 25 de agosto de 2016, solicitó a la Superintendencia de Pensiones lo siguiente: a) Señalar expresamente cómo lo solicitado en el literal f), de la solicitud de acceso a la información, afectaría los derechos de los terceros; b) Remitir por esta vía o por la que estime pertinente la copia de los contratos requeridos en el literal f), del requerimiento de acceso a la información; c) Señalar expresamente como lo solicitado en el literal h) de la solicitud de acceso a la información, afectaría el debido cumplimiento de sus funciones.

Mediante oficio N° 22816 de 8 de septiembre de 2016, el Sr. Superintendente de Pensiones respondió lo requerido adjuntando copia de los contratos solicitados, y señalando en síntesis lo siguiente:

a) Los contratos requeridos son documentos de entidades privadas que no son sujetos pasivos de la Ley de Transparencia, no han sido financiados con fondos públicos, no han servido de fundamento para la dictación de un acto administrativo, no son de acceso público, y sólo se encuentran en poder de la Superintendencia para efectos de la fiscalización de las AFP. La divulgación del contenido de los contratos afectaría los intereses comerciales de las compañías que los han suscrito, pues en ellos se establecen las condiciones de contratación de los respectivos servicios, que no son conocidas por otras compañías del sector.

b) Respecto del literal h) del requerimiento, se señala que lo solicitado corresponde a una aplicación informática desarrollada por la Superintendencia para el cumplimiento de sus funciones de fiscalización, que no es de conocimiento de las entidades reguladas.

c) Se reitera que la Superintendencia entiende que lo requerido se refiere a las transmisiones entre el Depósito Central de Valores y ésta, las que están publicadas en el sitio web, tal como señaló en la respuesta extemporánea al requerimiento de información. La consulta está referida a un procedimiento específico que forma parte de la fiscalización que la Superintendencia realiza respecto de la custodia de documentos, por lo que la entrega de lo solicitado pondría en evidencia la estrategia utilizada para llevar a cabo ésta, que no es conocida por los regulados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado, el cual vencía el 11 de abril de 2016, por cuanto la prórroga fue notificada al reclamante con fecha 12 de abril de 2016. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Superintendente de Pensiones en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado.

2) Que, respecto del fondo, el objeto de este reclamo se circunscribe a la insatisfacción del reclamante con la respuesta de la Superintendencia de Pensiones a su solicitud de acceso a la información, respecto de lo requerido en los literales f) y h) del requerimiento de acceso a la información.

3) Que, a modo de contexto, el Capítulo III del Libro IV, Título I, letra d), Custodia de Títulos y Valores de los Fondos de Pensiones y Encaje, denominado "Normas Generales de Custodia en el Mercado Nacional y en el Extranjero, señala en su punto 1, respecto de las entidades privadas de depósito en el mercado nacional, que las AFP deben celebrar un contrato con la entidad privada de depósito de valores para los fondos que administre, copia del cual debe remitirse a la Superintendencia de Pensiones, y en su punto 2, relativo a las entidades privadas de custodia en el mercado extranjero, se señala que se debe remitir una copia de los contratos de custodia y cuentas corrientes traducidos al castellano. Por su parte, el decreto supremo N° 734, de 1991, de Hacienda, que aprueba reglamento sobre depósito de valores del Ministerio de Hacienda, señala en su artículo 10° que el contrato de depósito de valores se otorgará por escrito y debe contener, a lo menos, y entre otros, la individualización de las partes, la indicación del tipo de título que se entregarán en depósito, el objeto del contrato y los derechos y obligaciones de las partes, y el precio del servicio prestado por la empresa y su forma de pago.

4) Que, respecto del literal f) de lo solicitado, es decir, "Copia íntegra castellano/inglés de contratos suscritos entre cada administradora y custodio/banco extranjero, dando cuenta de las clausulas referidas en oficio n° 43072", el reclamante acotó mediante correo electrónico de 3 de julio de 2016, según consta en el numeral 4°) de lo expositivo, que lo alegado corresponde a la "Cláusula específica del contrato relacionada exclusivamente a la Superintendencia de Pensiones, y no el resto del contrato que describe toda la relación entre bancos custodios y las AFP". En su respuesta extemporánea y en sus descargos, la reclamada denegó la entrega de lo requerido fundada en que los contratos son celebrados entre privados que no son sujetos pasivos de la Ley de Transparencia, y no han servido de sustento o complemento directo o esencial para la dictación de un acto administrativo, ni han sido elaborados con presupuesto público.

5) Que, respecto de lo requerido, este Consejo comunicó lo solicitado a las AFP y a la entidad custodia de valores que indica, todas las cuales se opusieron a la entrega de lo requerido, según consta en el numeral 6°) de lo expositivo. Sobre lo anterior, es menester recordar que en lo que atañe a la referida causal, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, los que deben ser acreditados por los eventualmente afectados. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

6) Que, la alegación de los terceros interesados se basa en general en que la entrega de la información amparada afectaría sus derechos de carácter comercial y económico, vulnerando su estrategia de negocios por lo que la entrega de determinadas cláusulas atentarían contra la seguridad de un porcentaje relevante de sus operaciones, y su desenvolvimiento frente a sus competidores y otras entidades de custodia, que podrían utilizar dicha información en beneficio propio o de terceros.

7) Que, de las de las alegaciones de las AFP y de la entidad de custodia de valores con quien éstas contrataron, se colige que estas se fundamentaron en la afectación de sus derechos en cuanto a sus competidores, a la seguridad de sus operaciones, y respecto de los derechos y obligaciones de las partes contratantes, sin embargo no se señaló cuestión alguna relativa a la cláusula específica del contrato referida a la Superintendencia de Pensiones, cual es lo reclamado por don Daniel Bustamante Salgado. Al respecto, este Consejo tuvo a la vista los convenios respecto de los cuales se ampara el reclamante, , y constató que en éstos se estipula una cláusula relativa al examen de los libros y registros de la entidad custodia, parte de la cual se refiere a las atribuciones de la Superintendencia de Pensiones en relación a éstos. , En dichas circunstancias, no se advierte que pudiera existir en lo reclamado, información relevante cuya publicidad pueda afectar los derechos económicos y comerciales de los terceros interesados. Luego, este Consejo estima que la entrega de lo requerido no supondría una afectación a las AFP ni a la entidad custodia de valores, en el entendido que ello se refiera sola y exclusivamente a la cláusula específica del contrato relativa a la Superintendencia de Pensiones.

8) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo en este punto y se ordenará a la Superintendencia de Pensiones entregar a don Daniel Bustamante Salgado, la copia de la cláusula específica del contrato suscrito entre cada AFP y custodio/banco extranjero, en castellano y en inglés, relativa exclusivamente a la Superintendencia de Pensiones, específicamente en la parte referida al examen de los libros y registros de la entidad custodia por parte de la Superintendencia de Pensiones.

9) Que, respecto de lo solicitado en el literal h), es decir, "Procedimientos escritos detallados dando cuenta de cómo se procesan y almacenan los informes electrónicos diariamente recibidos por la Superintendencia. (Procedimientos, no normativas disponibles en la web que no requieren solicitud de transparencia)", el reclamante mediante correo electrónico de 3 de julio de 2016, según consta en el numeral 4°) de lo expositivo, señaló respecto de lo requerido, lo alegado corresponde a "Cualquier documento que describa clara y detalladamente como se realiza el procesamiento de datos recibidos por la Superintendencia y la publicación de datos realizada por la Superintedendencia". A este respecto, se debe señalar que en la presentación del reclamante de 3 de julio de 2016 referida, éste al intentar acotar su requerimiento de acceso a la información, lo amplía, por lo que este Consejo se remitirá al tenor del requerimiento de acceso a la información de 11 de marzo de 2016, rechazándolo respecto de todo aquello que no fue objeto de la solicitud original.

10) Que, en su respuesta extemporánea y en sus descargos, la reclamada señaló que entendía que lo requerido se refería a las transmisiones entre el DCV y la Superintendencia, las que están publicadas en el sitio web en la sección regulación /Transferencia electrónica de archivos. En particular, señala, en el número 8 se encuentra la "Descripción de archivos con registros de largo fijo" y en el número 11 se encuentra el archivo "Intercambio de archivos entre la Superintendencia de pensiones y el DCV". Luego, señaló que en la especie se configura la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por cuanto de dicha forma se sirve mejor al interés público al permitir que la Superintendencia pueda ejercer su función fiscalizadora con mayor eficiencia y eficacia, ya que la publicidad del modo y criterios de evaluación utilizados por la Superintendencia de ser conocidos previamente por las entidades fiscalizadas, incluso podría permitir la elusión de la acción de la reclamada.

11) Que, de acuerdo a lo que ha señalado reiteradamente por este Consejo en su jurisprudencia, los organismos de la Administración del Estado para denegar un requerimiento de acceso a la información, deben acreditar una afectación que debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. En el caso de la especie, este Consejo estima que la Superintendencia de Pensiones no ha acreditado de modo suficiente la afectación de la cual sería objeto a consecuencia de la divulgación de la información solicitada. En efecto, lo requerido se refiere al procedimiento interno de procesamiento y almacenamiento de informes electrónicos que recibe la Superintendencia, por lo cual no se ve cómo ello podría afectar o entorpecer el proceso de fiscalización de dicho organismo.

12) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo en este punto, y se ordenará a la Superintendencia de Pensiones entregar a don Daniel Bustamante Salgado el procedimiento escrito detallado que dé cuenta de cómo se procesan y almacenan los informes electrónicos diariamente recibidos por la Superintendencia de Pensiones.

13) Que, finalmente cabe señalar que se representará al Sr. Superintendente de Pensiones no haber procedido a comunicar a los terceros interesados en este requerimiento de acceso a la información en los términos exigidos por el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Daniel Bustamante Salgado en contra de la Superintendencia de Pensiones, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones, respecto de don Daniel Bustamante Salgado:

a) Entregarle copia de la cláusula específica del contrato suscrito entre cada AFP y custodio/banco extranjero, en castellano y en inglés, relativa exclusivamente a la Superintendencia de Pensiones, específicamente en la parte referida al examen de los libros y registros de la entidad custodia por parte de la Superintendencia de Pensiones.

b) Entregarle el procedimiento escrito detallado que dé cuenta de cómo se procesan y almacenan los informes electrónicos diariamente recibidos por la Superintendencia de Pensiones.

c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Superintendente de Pensiones la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, toda vez que no dio respuesta al requerimiento de información que se le formulara en el plazo previsto en la referida del cuerpo legal precitado. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que ante nuevas solicitudes de información la referida infracción vuelva a reiterarse.

IV. Representar al Sr. Superintendente de Pensiones no haber procedido a comunicar a los terceros interesados en este requerimiento de acceso a la información en los términos exigidos por el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que ante nuevas solicitudes de información la referida infracción vuelva a reiterarse.

V. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Daniel Bustamante Salgado, al Sr. Superintendente de Pensiones, y a los terceros interesados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.