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Julio Acuña Leiva con MINISTERIO DE EDUCACION Rol: C1533-16

Consejo para la Transparencia, 26/08/2016

Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Educación, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente al nombre del Banco y el número de la cuenta corriente del Instituto Educacional Rural, donde se le depositaria a dicho establecimiento educacional la subvención escolar. El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto del artículo 21 n°2 de la Ley de transparencia. En efecto, «(...) se trata de información que sólo su titular o personas autorizadas poseen, para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para la realización de operaciones bancarias de diversa índole. Por lo anterior, es posible afirmar que la difusión pública de la misma, podría facilitar que cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del titular de la cuenta, realizara conductas tendientes a tal fin, tipificadas como delitos de fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros, con lo que se ocasionaría un serio perjuicio a las actividades comerciales».


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Subsidios y Beneficios
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1533-16

Entidad pública: Ministerio de Educación

Requirente: Julio Acuña Leiva

Ingreso Consejo: 12.05.2016

En sesión ordinaria N° 733 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de agosto de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1533-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de marzo de 2016, don Julio Acuña Leiva solicitó al Ministerio de Educación, en adelante también Ministerio o Mineduc, el nombre del Banco y el número de la cuenta corriente del Instituto Educacional Rural, donde se le depositaria a dicho establecimiento educacional la subvención escolar.

2) RESPUESTA: El 9 de mayo de 2016, el Ministerio respondió a dicho requerimiento de información, indicando al requirente que no le era posible acceder a la entrega de la información pedida, por cuanto su divulgación podría afectar los derechos de un tercero. Lo anterior, en conformidad a la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 12 de mayo de 2016, don Julio Acuña Leiva dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Educación, mediante Oficio N° 5.229, de 25 de mayo de 2016, quien mediante presentación de 8 de junio del año en curso, reiteró lo ya expuesto en su respuesta al requerimiento de información.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo, tiene por objeto la entrega por parte del Mineduc del nombre de la entidad bancaria como el número de cuenta corriente del Instituto Educacional Rural, en el cual depositaría los montos asignados a dicho establecimiento por concepto de subvención.

2) Que, en tal sentido, la reclamada denegó la publicidad de dicha información por estimar aplicable la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

3) Que sobre el particular, este Consejo se pronunciado rechazando la divulgación de información como la solicitada, por entender que la comunicación del nombre y número de cuenta corriente de una persona jurídica, puede exponerla a sufrir ilícitos de naturaleza financiera. En efecto, en la decisión recaída en el amparo C2099-15 (de 27 de noviembre de 2015), se razonó que «(...) se trata de información que sólo su titular o personas autorizadas poseen, para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para la realización de operaciones bancarias de diversa índole. Por lo anterior, es posible afirmar que la difusión pública de la misma, podría facilitar que cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del titular de la cuenta, realizara conductas tendientes a tal fin, tipificadas como delitos de fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros, con lo que se ocasionaría un serio perjuicio a las actividades comerciales».

4) Que en aplicación de lo señalado precedentemente, se rechazará el presente amparo. En tal sentido, cabe además señalar que en el procedimiento de acceso a la información en análisis, no se han acompañado antecedentes suficientes que permitan justificar el ejercicio de un control social sobre información de carácter privado como la requerida.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Julio Acuña Leiva, en contra del Ministerio de Educación, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Julio Acuña Leiva y a la Sra. Subsecretaria de Educación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.