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Evelyn Tamara Bravo Correa con DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C1440-16

Consejo para la Transparencia, 06/09/2016

Se dedujo amparo en contra de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente al estudio "Análisis desembocadura Estero de Llico", comuna de Vichuquén, región del Maule. La solicitante hace presente que dicho estudio se habría presentado en conjunto con la Secretaría Ministerial Regional del Maule, el 15 de diciembre en de 2015 en la localidad de Llico. El Consejo acoge el amparo, por cuanto no se configura en la especie la causal de reserva alegada por el órgano, esto es, aquella prescrita en el artículo 21 N° 1 literal b) de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1440-16

Entidad pública: Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas

Requirente: Evelyn Tamara Bravo Correa

Ingreso Consejo: 03.05.2016

En sesión ordinaria N° 736 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de septiembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1440-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de marzo de 2016, doña Evelyn Tamara Bravo Correa solicitó a la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas el estudio "Análisis desembocadura Estero de Llico", comuna de Vichuquén, región del Maule.

La solicitante hace presente que dicho estudio se habría presentado en conjunto con la Secretaría Ministerial Regional del Maule, el 15 de diciembre en de 2015 en la localidad de Llico.

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta DOP N° 0723, de 12 de abril de 2016, del Sr. Director Regional de Obras Portuarias, Región del Maule, Biobío y La Araucanía, el órgano denegó la entrega de la información fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

Agregó, en síntesis, que el estudio básico requerido, que fuere contratado por medio de licitación pública, se encuentra en etapa de ejecución del Informe Final, por lo que el estudio de Consultoría no se encuentra terminado ni aprobado oficialmente por la Dirección de Obras Portuarias del MOP, de acuerdo al artículo 81° del Reglamento para la Contratación de Trabajos de Consultoría. Dichos documentos serán públicos, una vez que estén totalmente terminados y aprobados por la Unidad Técnica. Agrega que se espera dar por terminado el estudio de consultoría el segundo semestre de 2016.

3) AMPARO: El 3 de mayo de 2016, doña Evelyn Tamara Bravo Correa dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa otorgada a su solicitud. La reclamante reitera que el estudio requerido habría sido presentado a la comunidad, mediante una invitación pública y difundida por la Municipalidad de Vichuquén (adjunta copia de la invitación).

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional de Obras Portuarias, mediante Oficio N° 4.928, de 18 de mayo de 2016. Mediante ORD. DOP N° 683, de 01 de junio de 2016, del Sr. Director Nacional de Obras Portuarias (S), el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

a) Al momento de presentarse la solicitud, la consultoría en comento se encontraba en plena ejecución, no existiendo a la fecha Informe Final de la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 81 del Reglamento para Contratos de Consultoría.

b) El citado artículo del Reglamento indica: "Terminada la Consultoría, lo que deberá certificar el Inspector Fiscal, éste la remitirá a la autoridad correspondiente, para su aprobación final, quien deberá en un plazo de 20 días, pronunciarse sobre el contenido del trabajo".

c) Por tanto, no encontrándose terminada la consultoría con el Informe Final respectivo, no procede su entrega, ya que la información no es oficial ni tiene carácter pública, hasta que encuentre entregado y aprobado por la autoridad correspondiente el informe final.

d) La entrega de la información podría afectar las funciones del órgano, debido a que constantemente la información extraída de las consultorías contratadas por el Servicio es fundamental al momento de generar los documentos integrantes de un contrato de obra pública licitado por este mismo Servicio como unidad técnica; por ende, la entrega de datos e información de consultorías que aún se encuentran en proceso, y no totalmente afinadas con la entrega del informe final, podría generar especulación e información que no constituye la definitiva, atendido que las diversas etapas de las consultorías requieren contar con un plazo de revisión por parte del inspector fiscal.

e) Finalmente, hace presente que, consultado el repositorio de la Sección de Contratos de la Dirección de Obras Portuarias, cabe señalar que el estado actual de la consultoría en análisis, se encuentra actualmente terminada satisfactoriamente y en conformidad con lo solicitado en los Términos de Referencia, según consta en ORD. IFC CFH N° 09/2016, del Inspector Fiscal de la Consultoría, dirigido al Director Regional de Obras Portuarias de las Regiones del Maule, del Biobío y de la Araucanía, con el fin que autorice el empaste definitivo de todas las etapas de la consultoría. Efectuado dicho empaste y encontrándose aprobado por la autoridad correspondiente, se está en condiciones de entregar la información requerida.

5) COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ÓRGANO: Mediante correo electrónico de 15 de junio de 2016, el órgano informó que a esa fecha aún no procedía la entrega de la información requerida, dado que estaría pendiente el documento final que se desprende de la consultoría, que corresponde a un protocolo de manejo de la desembocadura del estero, instrucciones que deben ser presentadas a diversos Servicios, razón por la cual, a la fecha, no se encuentra el empaste final aprobado por la Autoridad pertinente, según lo prescrito en el artículo 81 del citado Reglamento. Por lo anterior, mantiene la denegación, hasta que se verifique el cumplimiento del empaste final aprobado por la autoridad correspondiente.

6) GESTIÓN OFICIOSA: Por correos electrónicos de 23 y 24 de agosto de 2016, respectivamente, este Consejo requirió a la reclamada remitir copia de la información requerida, como asimismo, precisar en qué etapa exacta de ejecución se encontraba la consultoría a la fecha de la solicitud de información. Por correo electrónico de 24 de agosto de 2016, la reclamada informó que la etapa 2 de la consultoría se encontraba aprobada con observaciones menores (mediante Ord. IFC CFH 04/2016, de 21 de marzo de 2016). Así, se dio un plazo a la consultora de 10 días para corregir dichas observaciones, según lo dispuesto en las Bases Administrativas de la licitación por lo que la nueva y última versión de la etapa 2 fue entregada por el consultor a la Autoridad el 01 de abril de 2016 (fecha posterior a la solicitud de información). Luego, mediante ORD. DOP N° 1027, de 26 de agosto de 2016, del Sr. Director Nacional de Obras Portuarias (S), la reclamada remitió copia de CD que contiene el informe final del estudio "Análisis Desembocadura Estero Llico, comuna de Vichuquén, Región del Maule".

Y CONSIDERANDO:

1) Que lo requerido corresponde a la copia de la consultoría "Análisis desembocadura Estero Llico", que fuere licitada públicamente por parte de la Dirección de Obras Portuarias del MOP y adjudicada a una determinada empresa consultora. Al efecto, atendida la naturaleza de la información requerida, especialmente, el hecho que se trata de información que fuere elaborada con cargo al presupuesto público, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva.

2) Que el órgano denegó la entrega de la información requerida, atendido que se configuraría la causal de reserva del artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia. Particularmente, la reclamada ha hecho presente que, a la fecha de la solicitud de información, la consultoría aún se encontraba en ejecución, sin existir a esa fecha el Informe Final de la Consultoría aprobado por la Autoridad (según lo prescrito en el artículo 81 del Reglamento para Contratos de Consultoría). Por lo anterior, el objeto del presente amparo se circunscribirá a determinar la procedencia de la entrega o no de la información, atendida la concurrencia de la causal legal de reserva invocada.

3) Que para efectos de resolver el presente amparo, este Consejo tuvo a la vista las Bases Administrativas y Términos de Referencia de la Licitación Pública ID Mercado Público 1268-2-LP15, denominada "Consultoría DOP Análisis Desembocadura Estero Llico", Comuna de Vichuquén, Región del Maule. Cabe hacer presente que el objeto de la consultoría fue la elaboración de un estudio que realizara un análisis conceptual de posibles soluciones a las problemáticas de inundaciones y navegabilidad en la zona, por medio de un estudio de las condiciones de oleaje y su relación con el comportamiento morfodinámico de la costa. Así, el estudio comprende dos etapas, a saber: Etapa I, Recopilación de Antecedentes Existentes y Campaña de Terreno; y, Etapa II, Modelación Transporte de Sedimentos y Análisis Conceptual de Solución. Cabe hacer presente que, de los antecedentes tenidos a la vista, especialmente, las bases administrativas y los términos de referencia, consta que a la fecha de la solicitud de información, se encontraba aprobada la etapa 2 y final del estudio, con observaciones menores, por parte del Inspector Fiscal de la Dirección de Obras Portuarias.

4) Que respecto a la causal de reserva alegada, según se desprende de la jurisprudencia sostenida por este Consejo, contenida en las decisiones recaídas en los amparos Roles C12-09, C79-09 y C95-09, entre otras, al invocar la causal del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, los organismos deben demostrar esencialmente, y de forma copulativa, las siguientes circunstancias:

a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito, según ha establecido la misma jurisprudencia de este Consejo, supone, a su vez, la concurrencia de otros presupuestos, a saber:

i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen.

ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Con ello se ha buscado impedir que la causal pueda invocarse de manera permanente sin más, pues de lo contrario cualquier antecedente podría ser considerado posible fuente de una futura resolución y, por lo mismo, estimarse reservado; y,

b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

5) Que respecto a la concurrencia de los presupuestos mencionados, la jurisprudencia posterior de este Consejo ha formulado ciertas precisiones interpretativas, con el objeto de atribuir un alcance restringido a la hipótesis de reserva en cuestión. En particular, a partir de las decisiones de amparo Roles C1653-12 y C1393-12, ha establecido que en el caso de procesos decisionales que comprenden etapas sucesivas, la eventual configuración del privilegio deliberativo como motivo de reserva exige aplicar una suerte de separación del proceso, según las etapas que éste comprende. Lo anterior implica que la calificación de cierta información como antecedentes o deliberaciones previas protegidas por dicho privilegio, no debe tener lugar sin más por el sólo hecho que no haya concluido en su integridad el proceso decisional en que incide tal información, sino que se precisa atender específicamente a la vigencia o no de la etapa del proceso a que se refiere la misma, y especialmente, a la circunstancia de haber sido ésta ya debidamente ponderada o no en la fase respectiva, de lo cual dependerá, a su vez, que pueda o no presumirse una incidencia significativa de la misma en la adopción de la decisión final o de la respectiva medida o política. Esto significa -como contrapartida a la reserva- la eventual publicidad de los antecedentes asociados a etapas del proceso ya concluidas, aun cuando existan otras posteriores pendientes, y de cuya ejecución dependa la culminación del proceso en su totalidad.

6) Que de la revisión de los antecedentes acompañados en esta sede, esta Corporación verificó que mediante Ord. IFC CFH 04/2016, de 21 de marzo de 2016 (fecha previa a la solicitud de información), el Inspector Fiscal asignado a la Consultoría, en representación de la Dirección de Obras Portuarias, informó al Jefe de Proyecto de GHD S.A. (consultora contratada), que revisada la versión corregida del informe correspondiente a la etapa 2 de la consultoría, se decidió aprobar la etapa en cuestión con observaciones menores (énfasis agregado). Al efecto, se le concedió al Consultor un plazo de 10 días corridos como máximo para hacer las correcciones, según lo dispuesto en las Bases Administrativas del contrato. Asimismo, consta que mediante Carta N° 85/11712/32058, de GDH S.A., de 30 de marzo de 2016, se entregó al Servicio el Informe de la Etapa 2 con correcciones incorporadas. Por su parte, mediante ORD. IFC CFH N° 09/2016, de 26 de abril de 2016, el Inspector Fiscal DOP, informa al Director Regional de Obras Portuarias de las Regiones del Maule, Biobío y de la Araucanía - Concepción, que a esa fecha la consultoría se encontraba terminada satisfactoriamente y en conformidad con lo solicitado en los términos de referencia. Por lo anterior, ha quedado establecido en este procedimiento que, a la fecha de ingreso de la solicitud de información (22 de marzo de 2016) obraba en poder de la reclamada del informe la versión corregida del informe correspondiente a la etapa 2 de la consultoría, con lo que concluye dicha etapa, quedando pendiente la incorporación y corrección de las observaciones menores informadas por el Inspector Fiscal. Específicamente, revisada la minuta de observaciones de la etapa 2, ésta contiene 5 puntos, a saber: tres (3) observaciones relativas a un anexo referido al Estudio Hidrológico del proyecto, en que se requiere rectificaciones de errores de hecho (un índice de figuras y corrección de una frase), como asimismo la aclaración de dónde se obtienen determinadas series referidas a una figura. Una observación relativa a la indicación de una estimación de tiempo necesario para el transporte de una excavadora indicada en el proyecto, y finalmente, un requerimiento de guardar archivos en formato .dwg determinados en un software licenciado.

7) Que establecido lo anterior, respecto al cumplimiento del primer requisito establecido por este Consejo respecto de la causal alegada, cabe hacer presente que el objeto del estudio contratado consistió en la elaboración de un análisis previo a nivel de ingeniería conceptual, y justificar la factibilidad técnica del manejo artificial de apertura y cierre de la barra, como de otras propuestas con controles en la desembocadura y aguas arriba del estero Llico. Lo anterior, con el objeto de abarcar posibles soluciones a la problemática de inundación de las riberas del estero Llico y las riberas del Lago Vichuquén, y de niveles mínimos para permitir la navegabilidad y evitar la eutroficación. En este sentido, el informe requerido podría ser el antecedente o insumo para que la Dirección de Obras Portuarias adoptase posteriormente eventuales decisiones sobre la mejor solución a las problemáticas indicadas (o bien desestime las sugerencias del consultor) como asimismo, respecto a la posibilidad de generar obras de apertura permanente y/o de apertura parcial en la zona. En ese sentido, el estudio requerido -de acogerse las recomendaciones del consultor- podría ser un insumo directo para la futura decisión de la Autoridad sobre inversión pública y contratos de obra pública en la zona, por lo que, en dicho contexto, se cumpliría en la especie el primer requisito para la configuración de la causal.

8) Que no obstante lo anterior, respecto al segundo de los requisitos establecido por este Consejo, y tras revisión de la respuesta otorgada a la solicitante, los descargos evacuados, y los antecedentes acompañados en esta sede, a juicio de esta Corporación, la revelación de aquella información que existía en poder de la reclamada a la fecha de la solicitud (esto es, el estudio objeto de la solicitud con la etapa 2 aprobada por el Inspector Fiscal) no producía un daño cierto o probable y con la suficiente especificidad y magnitud como para afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, cuestión que tampoco fue acreditada en la especie por la reclamada. En concreto, las eventuales modificaciones que podría sufrir el estudio en su versión final (rectificaciones de uno de sus anexos), la precisión del tiempo para el transporte de una excavadora y la recomendación de guardar los archivos en formato .dwg en un software licenciado, no representaban con certeza y determinada entidad una afectación al cumplimiento de las funciones del órgano sobre la materia, con una incidencia significativa en la supervigilancia, fiscalización y/o

aprobación del estudio objeto de análisis (artículo 19 del Decreto con Fuerza de Ley N° 850, de 1998, Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964 y DFL N° 206, de 1960, del Ministerio de Obras Públicas). En este sentido cabe señalar que el órgano fundó sus alegaciones en los descargos, en argumentos genéricos, indicando que "(...) constantemente la información extraída de las consultorías contratadas por el Servicio es fundamental al momento de generar los documentos integrantes de un contrato de obra pública licitado por este mismo Servicio como unidad técnica; por ende, la entrega de datos e información de consultorías que aún se encuentran en proceso, y no totalmente afinadas con la entrega del informe final, podría generar especulación e información que no constituye la definitiva, atendido que las diversas etapas de las consultorías requieren contar con un plazo de revisión por parte del inspector fiscal". Sobre dicha alegación, cabe advertir que, revisadas las Bases Administrativas de la licitación pública en que se enmarca el estudio objeto de análisis, especialmente la entrega de informes por etapas, el artículo 27° sobre Plazo de la Consultoría, en el punto 27.3 indica que "La Inspección Fiscal, podrá, si así lo considera, aprobar la etapa correspondiente del estudio con observaciones menores, lo que quedará establecido en el oficio de aprobación respectivo (...)". Al efecto y revisada la Tabla N° 1: Plazos de la Consultoría, precisamente, en éste se contemplan dos etapas, debiendo reiterarse que, a la fecha de la solicitud de información, se encontraba aprobada con observaciones menores la etapa 2 del estudio. Es decir, a la fecha del requerimiento, ya se encontraba concluida una de las etapas esenciales del estudio en cuestión, quedando pendiente la incorporación de observaciones menores. Por lo anteriormente expuesto, este Consejo estima que en la especie no se ha acreditado por la reclamada, ni se desprende de modo concluyente de los antecedentes tenidos a la vista, que la entrega del Informe hasta la etapa 2, aprobada ésta con observaciones menores, por parte del propio Inspector Fiscal de la Dirección de Obras Portuarias, produciría en la especie una afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, por lo que no se da cumplimiento a la segunda circunstancia que configuraría la causal invocada, debiendo desestimarse así las alegaciones de la reclamada sobre la materia.

9) Que por otra parte, respecto a las alegaciones referidas al hecho que, al no encontrarse terminada la consultoría con el Informe Final respectivo, se justificaría la reserva en tanto la información no es oficial ni tiene el carácter de pública, resulta pertinente hacer presente que este Consejo ya se ha pronunciado reiteradamente respecto de la alegación sobre falta de la correspondiente validación de la información requerida, en las decisiones de amparo Roles C544-13, C1202-13, y C1422-14, entre otras, indicando que dicha circunstancia no puede constituir un motivo plausible para denegar lo solicitado, por cuanto tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información que se ha pedido. En este sentido, si la información solicitada se encuentra en proceso de validación, procedería que el órgano requerido, al momento de hacer entrega de la misma, si lo estima necesario o conveniente, advierta al requirente de la falta de validez. A mayor abundamiento, resulta pertinente traer a la vista lo razonado por esta Corporación en la decisión Rol C1422-12, en orden a que "el derecho de acceso a la información pública consagrado en la Ley de Transparencia se extiende, en un sentido general, tanto a la documentación oficial como a la no oficial, que obre en poder de la Administración del Estado, toda vez que dicho cuerpo legal no la limita a la puramente oficial, no contemplando, por ende, dicha diferenciación. En efecto, la fórmula de publicidad que contempla el artículo 5° de la Ley de Transparencia no sólo comprende los actos o resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen para su dictación, sino también se extiende, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de la norma, a "(...) la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento (...), a menos que concurran las excepciones legales". Por lo anterior, y haciendo extensible dicho criterio a información que ha sido aprobada hasta su etapa final, con observaciones menores, y considerando las obligaciones de las partes y del consultor respecto de la entrega del informe, correspondía en la especie la entrega de aquella información que obraba en poder de la reclamada, advirtiéndose, si se estima pertinente, el carácter "no oficial" de la información entregada.

10) Que por todo lo anteriormente razonado, no configurándose en la especie las causal de reserva alegada, esto es, aquella prescrita en el artículo 21 N° 1, literal b, de la Ley de Transparencia, se procederá a acoger este amparo y se requerirá al órgano reclamado la entrega a la solicitante de copia de la versión del Estudio "Análisis desembocadura Estero de Llico", comuna de Vichuquén, región del Maule, que obraba en poder del órgano a la fecha de la solicitud, esto es el 22 de marzo de 2016, aprobada la etapa 2, con observaciones menores, advirtiendo, si se estima pertinente, el carácter "no oficial" de la información entregada.

11) Que con todo, y habiéndose informado por el órgano que, a la fecha del presente acuerdo, la consultoría que tuvo por objeto la elaboración del estudio, se encuentra terminada satisfactoriamente y en conformidad con lo solicitado en los Términos de Referencia, se recomendará a la Dirección de Obras Portuarias que, en virtud del principio de facilitación, consagrado en el artículo 11, literal f), de la Ley de Transparencia, entregue a la solicitante copia del estudio "Análisis Desembocadura Estero Llico, comuna de Vichuquén, Región del Maule", elaborado por GHD S.A.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Evelyn Tamara Bravo Correa, de 3 de mayo de 2016, en contra de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, por cuanto no se configura en la especie la causal de reserva alegada por el órgano, esto es, aquella prescrita en el artículo 21 N° 1 literal b) de la Ley de Transparencia.

II. Requerir a la Sra. Directora Nacional de Obras Portuarias:

a) Hacer entrega a la reclamante de copia de la versión del Estudio "Análisis desembocadura Estero de Llico", comuna de Vichuquén, región del Maule, que obraba en poder del órgano a la fecha de la solicitud, al 22 de marzo de 2016, esto es, aprobada la etapa 2, con observaciones menores, advirtiendo, si se estima pertinente, el carácter "no oficial" de la información entregada.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Recomendar a la Sra. Directora Nacional de Obras Portuarias entregar a la solicitante copia final del Estudio "Análisis Desembocadura Estero Llico, comuna de Vichuquén, Región del Maule", elaborado por GHD S.A. Lo anterior, en virtud del principio de facilitación, consagrado en el artículo 11, literal f), de la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Evelyn Tamara Bravo Correa y a la Sra. Directora Nacional de Obras Portuarias.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.