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Christophe Lan con MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES Rol: C1402-16

Consejo para la Transparencia, 05/07/2016

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Las Condes, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente al listado de teléfonos institucionales y mail de la totalidad del personal municipal de su municipalidad. El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de reserva o secreto establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentos electrónicos.Correos electrónicos  Documentos Operacionales.Documentos electrónicos.Otros 



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1402-16

Entidad pública: Municipalidad de Las Condes

Requirente: Christophe Lang

Ingreso Consejo: 28.04.2016

En sesión ordinaria N° 719 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de julio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1402-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de abril de 2016, don Christophe Lang solicitó a la Municipalidad de Las Condes la siguiente información:

El listado de teléfonos institucionales y mail de la totalidad del personal municipal de su municipalidad.

2) RESPUESTA: El 26 de abril de 2016, la Municipalidad de Las Condes respondió a dicho requerimiento de información mediante INF. N° 636, de 20 de abril de 2016, señalando, en síntesis, que:

La municipalidad en su página web institucional publica determinados números telefónicos y direcciones de correos electrónicos para canalizar el flujo de comunicaciones entre las personas y las distintas unidades municipales según su competencia. Para realizar dicha tarea el municipio destina recursos y personal al efecto, estableciendo para los llamados telefónicos horarios de atención. Sin embargo, existen números telefónicos y direcciones de correos electrónicos que no están publicados en la página web municipal y que no cuentan con el mecanismo de canalización precedentemente señalado, se trata de números telefónicos y correos electrónicos internos, asociados a determinadas autoridades y funcionarios municipales, para el cumplimiento regular de sus funciones habituales. Publicar dicha información obligaría a las autoridades y/o a los funcionarios municipales atender comunicaciones telefónicas y correos electrónicos alejándolos del cumplimiento regular de sus labores habituales, para las cuales fueron elegidos y/o contratados en su caso.

Por tanto, se deniega esta información fundada, por una parte en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, pues su entrega afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, distrayéndolos del cumplimiento regular de sus labores habituales, conforme al criterio sostenido por este Consejo en las decisiones de amparo C611-10 y C136-13, y por otra parte, en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la misma ley, estimándose que su entrega afectaría el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile e infringiría los derechos funcionarios contemplados en la ley N° 18.883.

En consecuencia, se accede a la entrega de la información de los números telefónicos y correos electrónicos municipales publicados en la página web municipal, indicando el link para tales efectos y se deniegan aquellos números telefónicos y correos electrónicos internos, no publicados en la página web municipal, los cuales están asociados a autoridades y/o funcionarios municipales en los términos antes indicados.

3) AMPARO: El 28 de abril de 2016, don Christophe Lang dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 4716, de 11 de mayo de 2016, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, solicitándole que al formular sus descargos: se refiera a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante ordinario n° 3/157, de 30 de mayo de 2016, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que:

La primera causal de reserva invocada, a saber, el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se fundamentó en que los números de teléfonos y las cuentas de correos electrónicos asignados a los funcionarios municipales están al servicio del personal para el cumplimiento regular de sus labores habituales, por lo que su divulgación a terceros, sin que exista un sistema de control en estas comunicaciones, eventualmente, podría afectar el correcto desempeño de sus labores, por cuanto dichos funcionarios verían interrumpido su trabajo para contestar llamados teléfonos o correos electrónicos de particulares. Ello, evidentemente, repercutirá negativamente en el ejercicio de la función pública municipal y en los procedimientos administrativos formales establecidos en la ley, para la resolución de los asuntos de interés particular o comunal, existiendo canales formales contemplados en la ley, que regulan la interacción pública-privada a fin de asegurar los principios de imparcialidad, transparencia y publicidad en el desempeño de la función pública, como es la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los

Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Asimismo, tal como se señaló anteriormente, el municipio en la página web institucional publica determinados números telefónicos y direcciones de correos electrónicos, a fin de canalizar el flujo de comunicaciones, destinando recursos y personal para ello, por lo que entregar la información solicitada tornaría ineficaz e ineficiente el sistema implementado por el Municipio. A mayor abundamiento, cabe señalar que existen unidades municipales dedicadas especialmente a la atención de público, como es el caso de la Oficina de Atención al Vecino y la Oficina de Partes. Además, el municipio contrata secretarias, a fin de regular tanto la comunicación interna como externa de las distintas unidades.

Enseguida señala que si bien la información solicitada ha sido elaborada con presupuesto público, esta reviste el carácter de dato personal, en virtud del artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, ya que ésta se encuentra asociada a una persona natural. El tratamiento de la información antes indicada, tiene por finalidad que el personal desempeñe de mejor forma las funciones o tareas municipales, encontrándose en consecuencia limitado el tratamiento de estos datos a ese fin específico, conforme al artículo 20 de la ley N° 19.628. Por lo anterior, la entrega de la información solicitada alteraría dicha finalidad para un uso no previsto en la ley, ya que nadie puede asegurar que la información entregada al solicitante no sea divulgada para otros fines particulares. Por lo anterior, los funcionarios municipales tienen el legítimo derecho o interés a no ser interrumpidos en su horario de trabajo, y a que no se divulguen sus datos personales, sin ningún tipo de control, ya que ello afectará o repercutirá en su desempeño laboral, pudiendo ser objeto de sanciones por este motivo, razón por la cual resulta aplicable en la especie, la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información consistente en el listado de teléfonos y correos electrónicos institucionales de la totalidad del personal de la Municipalidad de Las Condes. El municipio denegó dicha información en virtud de las causales de reserva del artículo 21 N°1, letra c), y N° 2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en relación con la causal de secreto contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, el órgano precisó que los números de teléfonos y las cuentas de correos electrónicos asignados a los funcionarios municipales están al servicio del personal para el cumplimiento regular de sus labores habituales, por lo que su divulgación a terceros, sin que exista un sistema de control en estas comunicaciones, eventualmente, podría afectar el correcto desempeño de sus labores, por cuanto dichos funcionarios verían interrumpido su trabajo para contestar llamados telefónicos o correos electrónicos de particulares. Ello, evidentemente, repercutirá negativamente en el ejercicio de la función pública municipal y en los procedimientos administrativos formales establecidos en la ley. En este sentido señaló que el municipio en la página web institucional publica determinados números telefónicos y direcciones de correos electrónicos, a fin de canalizar el flujo de comunicaciones, destinando recursos y personal para ello, por lo que entregar el listado requerido, además tornaría ineficaz e ineficiente el sistema implementado por el municipio.

3) Que de acuerdo a lo señalado por la reclamada, corresponde analizar si se configura en la especie la causal del artículo 21 N° 1, letra c), invocada. Sobre el particular este Consejo, ya en las decisiones de amparo Rol C611-10 y C 136-13, al pronunciarse sobre los números de teléfonos y correos electrónicos institucionales, utilizados por autoridades y funcionarios públicos para el cumplimiento de funciones, indicó que éstos son puestos por los órganos a disposición de sus funcionarios, siendo financiados con cargo a su presupuesto, constituyéndose en una herramienta para el ejercicio de sus funciones, motivo por el cual, tales antecedentes en principio corresponden a información pública, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, salvo la concurrencia de excepciones de aquellas indicadas en el artículo 21 del mismo cuerpo legal citado.

4) Que, respecto de los números de teléfonos en comento, el criterio de este Consejo, desarrollado en los considerandos 8° y 9° de la decisión de amparo Rol C611-10, - extendido luego a los correos electrónicos institucionales en la decisión de amparo C136-13 -, ha sido el de entender que "(...) la decisión de un órgano de la Administración de informar a través de su sitio electrónico determinados números telefónicos, obviando otros, tiene por objeto canalizar el flujo de comunicaciones recibidas por el organismo, permitiéndole sistematizar el ingreso de llamadas conforme a los criterios de prevalencia que éste haya determinado (...) y actuar en relación con dichos criterios (....) para lo cual el Municipio destina recursos y personal al efecto, mediante la contratación de cuentas telefónicas y secretarias. En consecuencia, conforme a lo anterior, divulgar aquellos números telefónicos respecto de los cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de canalización de comunicaciones precedentemente descrito o aquellos que permiten el acceso directo a autoridades o funcionarios respecto de los cuales, precisamente, se ha elaborado dicho mecanismo, permitiría a las personas sortear el sistema de acceso telefónico a las autoridades o funcionarios públicos dispuesto por el órgano, impidiendo a los funcionarios que ejecutan dicha labor cumplir regularmente con los fines por los cuales han sido contratados. Lo anterior obligaría a las autoridades o funcionarios cuya función regular no es la atención de comunicaciones telefónicas o de público en general, a atender éstos, distrayéndolos de sus labores habituales. Así, a juicio de este Consejo, respecto del requerimiento de la especie, resultan plenamente aplicables los criterios recién descritos.

5) Que, en cuanto a la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley en comento, invocada por el órgano, atendida la protección que ameritaría el número de teléfono y la casilla de correo electrónico institucional de sus funcionarios, en relación con una eventual afectación de la vida privada de su titular que provocaría su divulgación, por estimar que se trataría de un dato personal del funcionario, este Consejo estima que ello no resulta atendible. Lo anterior, en razón de que lo solicitado no es el número telefónico y ni el correo electrónico particular de sus funcionarios, por tanto, no se advierte de qué modo el conocimiento de dicha información tenga el mérito de afectar en alguna medida cierto ámbito de su vida personal. Por lo anterior, se descarta la concurrencia de la causal de secreto del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia alegada por la reclamada.

6) Que, en atención a lo precedentemente razonado, este Consejo rechazará el presente amparo, atendida la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Christophe Lang, en contra de la Municipalidad de Las Condes, por configurarse la causal de reserva o secreto establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, conforme los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General de este Consejo y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Christophe Lang y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.