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Cristián Cruz Rivera con CARABINEROS DE CHILE Rol: C1626-16

Consejo para la Transparencia, 02/09/2016

Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a dos funcionarios. El Consejo acoge parcialmente el amparo. Respecto al literal a), se acoge el amparo debiendo el órgano reclamado tarjar aquellos datos sensible y asimismo, los datos personales de contexto contenidos en el expediente. Respecto a los literales b)y c), se acoge el amparo, debiendose tarjar aquellos datos relacionados con la vida privada de los funcionarios. Respecto al literal d), se rechaza el amparo se rechaza el amparo en el sentido que los correos electrónicos en cuestión no existen respecto a la funcionaria Dina Petric Meneses. Además los correos electronicos son de caracter personal. Son comunicaciones que se transmiten por canales cerrados, no abiertos y tienen emisores y destinatarios acotados, y el hecho de que esos correos sean de funcionarios públicos no constituye por ello una excepción de tutela. En efecto, lo que se protege con esta garantía es la comunicación, sin distinguir si se hace por canales o aparatos financiados por el Estado. HAY VOTO DISIDENTE


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos  Documentos Operacionales.Documentos electrónicos.Correos electrónicos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Disidente)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1626-16

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Cristián Cruz Rivera

Ingreso Consejo: 19.05.2016

En sesión ordinaria N° 735 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de septiembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1626-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de abril de 2016, don Cristián Cruz Rivera solicitó a Carabineros de Chile información respecto de doña Dina Petric Meneses y don Iván Andrusco Aspe, ambos funcionarios de esa entidad. En particular requirió:

a) "Copia de toda investigación, indagación, investigación sumaria administrativa o símil que se haya seguido en contra uno o ambos, como de toda denuncia del orden administrativo en contra de uno o ambos;

b) Copia, con toda secuencia previa que justifique los mismos, de toda resolución, contrato o cualquier acto administrativo mediante el cual uno o ambos hayan sido propuestos, considerados o postulados para prestar, de manera directa o indirecta, cualquier tipo de labor, trabajo, función, servicio, actividad o símil para cualquier periodo del año 2016 en Carabineros de Chile o sus órganos dependientes;

c) Ligado al numeral anterior, copia de todo contrato, resolución, disposición u acto administrativo que implique o haya implicado que efectivamente la Sra. Petric y/o el Sr. Aspé presten, total o parcialmente, funciones, labores, servicios, trabajos o afines para Carabineros de Chile o sus órganos dependientes en todo o parte del año 2016;

d) Copia de todo correo electrónico dirigido desde las casillas de correo electrónico institucional de uno o los dos referidos a la Corporación Cultural de Carabineros de Chile y viceversa;

e) Copia de todo documento firmado, redactado, propuesto, visado o de responsabilidad total o parcial de la Sra. Petric y/o del Sr. Aspe dirigido (de manera única o como uno de los destinatarios) a la Corporación Cultural de Carabineros de Chile y viceversa."

2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Mediante carta de 2 de mayo de 2016, el órgano requerido comunicó al solicitante la prórroga del plazo para dar respuesta a esta solicitud, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

El 5 de mayo de 2016 Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 146 de 5 de mayo de 2016, señalando, en síntesis, que:

a) En relación a lo solicitado en el literal a) informa que solo se encontró un sumario administrativo que involucra a la Capitán (E.F) (R) Dina Petric Meses. En relación con lo antes señalado, informa que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 20 de la Ley de Transparencia comunicó dicha solicitud a la aludida funcionaria ésta se opuso a la entrega de dicha información.

b) Respecto de los literales b) y c), adjunta las resoluciones que indica, haciendo presente que en cada uno de los actos administrativos remitidos, se hace expresa mención en los "vistos" de cada uno de ellos, a la necesidad de la contratación y/o nombramiento y a las facultades respecto de quien realiza dicho acto. Sin perjuicio de lo anterior, se han tarjado de los documentos remitidos, antecedentes protegidos por la ley N° 19.628.

c) En cuanto a la información solicitada en el literal d) señala que el Departamento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Carabineros de Chile, chequeó las cuentas de correo solicitadas, logrando determinar que los correos entrantes de la cuenta del General (R) Iván Andrusco Aspe, se encuentran registrados, sin embargo respecto a los correos salientes de la cuenta como los correos entrantes y salientes de la Capitán (E.F) (R) Dina Petric Meses no se encuentran en el servidor institucional. Lo anterior, responde a dos causales posibles: envío de correos mediante Microsoft Outlook, el cual no deja copia en el servidor o el usuario ha borrado los correos de su cuenta. En cuanto a los correos entrantes y salientes de los servidores de la Corporación Cultural de Carabineros, informa que dicha corporación es una persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro, la cual es administrada por un directorio y que no integra la estructura orgánica de Carabineros de Chile. Dicha Corporación no está sujeta a las normas de transparencia establecidas por la Ley de Transparencia.

d) Respecto a los correos electrónicos entrantes a la cuenta del General (R) Iván Andrusco Aspe los cuales están en poder de Carabineros, hace presente que dichas comunicaciones no sirven de sustento a un acto o resolución administrativa y por lo tanto no pueden catalogarse de información pública, sino son comunicaciones de carácter personal del funcionario. Al efecto, se refiere al artículo 19 Nos 4 y 5 de la Constitución Política, concluyendo que, los correos electrónicos son comunicaciones personales y privadas, protegidas por dichas normas, en relación con el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

e) Por último, en lo que atañe a la información requerida en el literal e), cita lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y concluye que el solicitante deberá subsanar su solicitud dentro de un plazo de cinco días precisando cuál es la información que requiere, indicando el número de resolución y/o ordinario, año de los mismos y/o materia sobre la que versa.

3) AMPARO: El 19 de mayo de 2016, don Cristián Cruz Rivera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, que:

a) Respecto del literal a) señala que en la respuesta le indican que remiten la oposición de la funcionaria Dina Petric, lo que no ocurrió, por lo que no le consta esa oposición, la que además no puede ser suficiente para inhibir la publicidad íntegra del sumario. Tampoco le indican que no existan denuncias respecto a los referidos oficiales, ni acompañan certificado de búsquedas de rigor.

b) En cuanto a los literales b) y c) le entregaron copia tarjada de actos administrativos en que no sólo se ha reservado el RUT sino también los montos a recibir por el Sr. Andrusco Aspe, como otros aspectos, sin que exista causa legal para ello.

c) En relación al literal d), Carabineros sólo responde respecto del Sr. Andrusco Aspe, y nada dice sobre la Sra. Petric Meneses; en cuanto a aquél indica que esos mail son personales, lo que no es efectivo, ya que pidió desde la casilla institucional (enviados y recibidos), también indica la recurrida que los mail no sirven de sustento a un acto o resolución, etc.

d) Finalmente, respecto del literal e), no resulta procedente la solicitud de subsanación efectuada por el órgano reclamado.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° 6.165 de 31 de mayo de 2016 . El Jefe del Departamento de Información Pública y Lobby presentó sus descargos y observaciones mediante Oficio N° 135 de 13 de junio de 2016, señalando, en síntesis que:

a) Del examen del sumario referido a doña Dina Petric Meneses, consta que tuvo su fundamento en un accidente en actos del servicio y se determinó que su entrega podría afectar los derechos de la mencionada funcionaria, por consiguiente le fue comunicada tal solicitud de información, conforme a lo dispuesto en artículo 20 de la Ley de Transparencia. La funcionaría antes referida, al tomar conocimiento de este requerimiento, hizo presente que no accedía a la petición individualizada por tratarse de información de carácter personal.

b) La información solicitada en los literales b) y c) fue entregada en los términos solicitados por este, sin perjuicio de lo cual se tarjaron nombres, Rut, y las remuneraciones de personas individualizadas en dichos instrumentos y respecto de los cuales el señor Cruz Rivera no había efectuado petición de información de ninguna especie, por lo que resultaba improcedente entregar tales datos y por cuanto son datos protegidos por la ley N° 19.628.

c) Debe hacerse presente en la situación en análisis que, por tratarse de renovaciones de contratos, no existe más antecedentes que la resolución que las dispone.

d) En lo relativo a los correos electrónicos solicitados, debe tenerse presente que el Departamento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Carabineros de Chile, chequeó las cuentas de correo solicitadas, logrando determinar que los correos entrantes de la cuenta del General (R) Iván Andrusco Aspé, se encuentran registrados, sin embargo respecto a los correos salientes de la cuenta como los correos entrantes y salientes de la Capitán (E.F) (R) Dina Petric Meneses, no se encuentran en el servidor Institucional. Lo anterior, responde a dos causales posibles: envío de correos mediante Microsoft Outlook, el cual no deja copia en el servidor o el usuario ha borrado los correos de su cuenta. Por consiguiente no se mantiene respaldo de los correos entrantes y salientes de la Capitán (E.F) (R) Dina Petric Meneses. Lo anterior demuestra claramente que se efectuaron las búsquedas pertinentes.

e) Respecto a los correos electrónicos entrantes a la cuenta del General (R) Iván Andrusco Aspe, los cuales están en poder de Carabineros, cabe hacer presente que dichas comunicaciones no sirven de sustento a un acto o resolución administrativa pues no constan en algún expediente y por lo tanto no puede catalogarse de información pública, sino que son comunicaciones de carácter personal del funcionario. De este modo, Carabineros de Chile se encuentra impedido de entregar la información que a este respecto solicitara el señor Cruz Rivera.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Este Consejo acordó trasladar el presente amparo a los terceros interesados, a través de los Oficios NOS 6.165 y 6.166 de 23 de junio de 2016 quienes se pronunciaron en los siguientes términos:

a) Doña Dina Petric Meneses mediante presentación de fecha 7 de julio de 2016 manifestó su oposición a la entrega de la información solicitada. Al efecto, indicó que el sumario administrativo en el cual estoy involucrada y que requiere el reclamante, dice relación con la calificación de una lesión que sufrió en un accidente en acto del servicio y todos los antecedentes que obran en dicho proceso sumarial son datos personales y sensibles protegidos por la ley N° 19.628.

b) Don Iván Andrusco Aspe a través de presentación de 7 de julio de 2016 señaló que en los años de carrera en la Institución, no ha sido objeto de sumario administrativo alguno. Seguidamente, se opuso a la entrega de cualquier dato relacionado con su vida privada, tanto al solicitante como a otro que lo solicite, en virtud de lo dispuesto en la ley N° 19.628.

6) GESTIÓN OFICIOSA: Para una más acertada resolución de la controversia planteada, este Consejo, mediante Oficio N° 8.240 de 22 de agosto de 2016, solicitó al órgano reclamado lo siguiente:

a) Remitir copia del expediente sumarial referido a doña Dina Petric Meneses.

b) Referirse a la existencia de una "denuncia del orden administrativo en contra" de los funcionarios mencionados en la solicitud, y, de ser procedente, señalar si concurre alguna causal de reserva aplicable a dicha información.

Mediante Oficio N° 207 de 24 de agosto de 2016, Carabineros de Chile remitió copia del expediente solicitado. Por otra parte, indicó que se efectuaron las búsquedas en el Departamento de Personal de Nombramiento Supremo con el objeto de verificar en sus registros la existencia de denuncias que dieran lugar a Investigaciones Administrativas o Sumarios Administrativos respecto de la Capitán (E.F) (R) Dina Petric Meneses y del General (R) Iván Andrusco Aspe, y se determinó que respecto de la Capitán (E.F) (R) Dina Petric Meses, existía un expediente sumarial que es el que se remite a ese Consejo en este acto, y respecto del General (R) Iván Andrusco Aspe no se encontraron registros de denuncias ni Investigaciones Administrativas o Sumarios Administrativos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que atendido el tenor del presente amparo, corresponde verificar la suficiencia de la información entregada por la reclamada y los aspectos controvertidos por el reclamante.

2) Que, en cuanto al literal a) de la solicitud conforme con lo señalado por el órgano reclamado en su respuesta y sus descargos, así como en la gestión oficiosa efectuada por este Consejo, se advierte que la única información que obra en su poder referida a dicho literal es la copia de un sumario administrativo instruido con fecha 16 de febrero de 1990. Dicho procedimiento disciplinario tuvo por objeto establecer las causas y circunstancias del accidente que ahí se señala, los beneficios legales y reglamentarios a que tendría derecho el personal afectado -entre otros doña Dina Petric Meneses- como asimismo posibles responsabilidades que pudieran derivarse del hecho.

3) Que según ha sostenido reiteradamente este Consejo, la norma de secreto de los sumarios administrativos consagrada en el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En efecto, el expediente sumarial, en su etapa indagatoria, contiene los antecedentes de una investigación que son previos a la adopción de una resolución, medida o política respecto de ella, conforme a la letra b) del precitado numeral. Con todo, el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado, entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010).

4) Que, este Consejo ha sostenido que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma. En consecuencia, se acogerá el presente amparo respecto del mencionado expediente sumarial, sin perjuicio de lo que a continuación se indica respecto de la aplicación del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia.

5) Que, en efecto, tratándose de la información referida a las lesiones sufridas por los funcionarios así como sus estados de salud que se consignan en diversas fojas del expediente solicitado, a juicio de este Consejo dichos datos deben ser tarjados por la reclamada previo a la entrega de la información al tener éstos el carácter de datos sensibles conforme con la definición contenida en el artículo 2°, letra g), de la Ley N° 19.628, y, además, atendido que éstos no constituyen un elemento gravitante para el acertado escrutinio de dicho procedimiento investigativo.

6) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo respecto de dicha información y se requerirá a la reclamada que haga entrega del expediente sumarial solicitado al reclamante, tarjando los mencionados datos sensibles y, asimismo, los datos personales de contexto contenidos en el expediente -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros-,de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

7) Que, enseguida, en lo que atañe a los literales b) y c) de la solicitud, el reclamante aduce que el órgano tarjó indebidamente determinados antecedentes de los documentos que le proporcionó en respuesta a la información solicitada en tales literales. Sobre el particular, cabe tener presente que Carabineros de Chile reservó la identidad, RUT, número de documento y monto, de las resoluciones conforme con las cuales renovó los contratos del personal C.P.R que ahí se indica. Al efecto, cabe consignar que el artículo 1° de la Orden General de la Directiva del Personal C.P.R. N° 1.957 de 2010, dispone que el personal contratado por resolución -C.P.R.- es aquél que desempeñe determinadas funciones en Carabineros de Chile, en forma transitoria, por el lapso o período que la resolución respectiva determine o mientras sean necesarias sus funciones, pudiendo durar como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año. En dicho contexto, atendido que la información solicitada dice relación con la identidad de los mencionados funcionarios públicos y el monto de sus remuneraciones -de acuerdo al criterio expresado precedentemente acerca del acceso a información relativa a funcionarios públicos-, se acogerá el presente amparo respecto de los antedichos literales, procediendo únicamente tarjar el RUT de los servidores que en tales se resoluciones e individualiza.

8) Que, a su turno, respecto del literal d) de la solicitud -"copia de todo correo electrónico dirigido desde las casillas de correo electrónico institucional de uno o los dos referidos a la Corporación Cultural de Carabineros de Chile y viceversa"- tratándose de los correos electrónicos de doña Dina Petric Meneses el órgano reclamado señaló tanto en su respuesta como en sus descargos, que de acuerdo a lo informado por el Departamento Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de esa entidad, "los correos entrantes y salientes de la Capitán (E.F) (R) Dina Petric Meneses no se encuentran en el servidor institucional." En tal contexto, se advierte que la reclamada señaló expresamente haber efectuado las gestiones pertinentes a fin de hallar la documentación solicitada sin que ésta haya sido habida, y comunicó esa dicha circunstancia al solicitante. En consecuencia, cabe rechazar el amparo respecto de las comunicaciones referidas a doña Dina Petric Meneses, habiendo cumplido la reclamada su obligación de informar sobre el particular. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al órgano reclamado que el modo idóneo para determinar la existencia de dicha información se perfecciona confiriendo traslado al titular de dicha información, esto es, la funcionaria respecto de la cual dichas comunicaciones se refieren, a fin de que se pronuncie específicamente sobre la existencia de tales antecedentes.

9) Que, enseguida, en lo que respecta a los correos electrónicos relativos a don Iván Andrusco Aspe, el órgano reclamado manifestó que dichas comunicaciones no sirven de fundamento a un acto o resolución administrativa. Asimismo, cabe tener presente que habiéndosele conferido traslado por este Consejo, el referido tercero se opuso a la entrega de cualquier dato relacionado con su vida privada en virtud de lo dispuesto en la ley N° 19.628.

10) Que, en tal contexto, y atendida la naturaleza de los mencionados correos electrónicos cabe tener presente respecto de dichas comunicaciones que, tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, son interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que dichos correos electrónicos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decantados en casillas institucionales. En efecto, se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la administración del Estado y que no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social.

11) Que, los correos electrónicos son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo, por lo tanto, deben ser protegidos por el derecho a la vida privada, garantía que es base y expresión de la libertad individual y que está íntimamente ligada a la dignidad de las personas, valores fundamentales consagrados en el artículo 1° de la Constitución Política.

12) Que, asimismo, los correos electrónicos se enmarcan dentro de la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N° 5 de la Constitución. Son comunicaciones que se transmiten por canales cerrados, no abiertos y tienen emisores y destinatarios acotados, y el hecho de que esos correos sean de funcionarios públicos no constituye por ello una excepción de tutela. En efecto, lo que se protege con esta garantía es la comunicación, sin distinguir si se hace por canales o aparatos financiados por el Estado. Por otra parte, no hay ninguna norma, ni en la Constitución ni en la ley, que pueda interpretarse para marginarlos de esta garantía. Si se aceptara que las comunicaciones de los funcionarios, por el hecho de ser tales, no están protegidas por el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, cualquiera podría interceptar, abrir o registrar esas comunicaciones, o cualquiera otra que se generara al interior de la Administración del Estado, como podría ser una comunicación telefónica. Eso sería peligroso no solo para los derechos de los ciudadanos, sino eventualmente también para el interés nacional y la seguridad de la Nación.

13) Que, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia ha sido especialmente protectora de ambas garantías. La Magistratura Constitucional ha destacado que "el respeto y protección de la dignidad y de los derechos a la privacidad de la vida y de las comunicaciones, son base esencial del desarrollo libre de la personalidad de cada sujeto, así como de su manifestación en la comunidad a través de los grupos intermedios autónomos con que se estructura la sociedad" (Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 389, de 28 de octubre de 2003, considerando 19). Enfatizando "el ligamen que existe entre la dignidad de la persona y el ejercicio de este derecho esencial (19 N° 5), pues la inviolabilidad de las comunicaciones privadas debe ser considerada una extensión, lógica e inevitable, sobre todo en la vida moderna, del carácter personalísimo o reservado que tienen ellas como base de la libertad individual y su proyección en los más diversos aspectos de la convivencia".

14) Que, en consecuencia, los correos electrónicos se encuentran protegidos por la garantía contenida en el artículo 19 N° 5 de la Constitución, lo que implica el deber positivo de protección de ese espacio de intimidad y, asimismo, prohíbe acciones u omisiones que puedan afectar el núcleo esencial de este derecho constitucional o su libre ejercicio, pues éstas contravendrían la seguridad que garantiza el numeral 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Por lo demás, la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que le exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular.

15) Que, a mayor abundamiento, este Consejo estima que los correos electrónicos más que reemplazar los memorándums, oficios u ordinarios, han venido a sustituir las conversaciones personales o telefónicas, las que, además de contener opiniones o juicios de carácter privado y expresiones coloquiales, muchas veces se encuentran referidas a la discusión de antecedentes y deliberaciones para adoptar decisiones, de tal suerte que el conocimiento de los correos electrónicos puede afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, al alterar sus procesos decisorios, lo que podría configurar, además, la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

16) Que, por lo anterior, a criterio de este Consejo, se configura respecto de los mails en cuestión, la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, se rechazará el amparo en esta parte.

17) Que, por otra parte, respecto de la información solicitada en el literal e) -copia de todo documento firmado, redactado, propuesto, visado o de responsabilidad total o parcial de la Sra. Petric y/o del Sr. Aspe dirigido (de manera única o como uno de los destinatarios) a la Corporación Cultural de Carabineros de Chile y viceversa- el órgano reclamado manifestó en su respuesta que el solicitante debía subsanar dicho requerimiento de acuerdo a lo prescrito en el artículo 12 de la Ley de Transparencia.

18) Que, el artículo 12, letra b), de la Ley de Transparencia, dispone que las solicitudes de información deben contener, entre otros, la identificación clara de la información que se requiere. Agrega su inciso segundo que si la solicitud no reúne dichos requisitos, se requerirá al solicitante para que en un plazo de cinco días, contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición. A juicio de este Consejo, luego de analizado el tenor de la solicitud del mencionado literal, es posible concluir que ésta identifica claramente la información solicitada, toda vez que contenía las características esenciales de la misma, al precisar la materia y origen. Por lo tanto, debe estimarse que la solicitud contenida en el literal e) cumplía con todos los requisitos exigidos por el mencionado precepto, de modo que no se justificaba el requerimiento de subsanación de la reclamada. En consecuencia, y no habiendo la reclamada invocado alguna causal de reserva respecto de lo allí solicitado se acogerá respecto de dicho literal el presente amparo y se requerirá la entrega de la misma al solicitante y en el evento de que alguno de los antecedentes requeridos no obre en su poder deberá informarlo expresa y fundadamente al peticionario.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, CON LA EXCEPCIÓN DE LO RELATIVO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS REFERIDOS A DON IVAN ANDRUSCO ASPE, MATERIA SOBRE LA CUAL EXISTE MAYORÍA, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, CON LA EXCEPCIÓN DE LO RELATIVO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS REFERIDOS A DON IVAN ANDRUSCO ASPE, MATERIA SOBRE LA CUAL EXISTE MAYORÍA, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Cristián Cruz Rivera, en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile:

a) Hacer entrega al reclamante de la siguiente información:

i. Copia del expediente del sumario instruido mediante orden N° 2 de fecha 16 de febrero de 1990, tarjando previamente todo dato referido a los estados de salud de los funcionarios mencionados en la investigación, y asimismo, los datos personales de contexto contenidos en el expediente -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros.

ii. Copia de los actos administrativos entregados en respuesta a los literales b) y c) de la solicitud tarjando únicamente los RUT de los funcionarios que ahí se individualizan.

iii. Copia de todo documento firmado, redactado, propuesto, visado o de responsabilidad total o parcial de la Sra. Petric y/o del Sr. Aspe dirigido (de manera única o como uno de los destinatarios) a la Corporación Cultural de Carabineros de Chile y viceversa, y en el evento de que dicha información no obre en su poder deberá señalarlo expresa y fundadamente al solicitante y a este Consejo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristián Cruz Rivera y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

VOTO DISIDENTE

Decisión acordada con el voto disidente del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien no comparte lo razonado en los considerandos 10° al 16°, estimando que el amparo debe acogerse respecto a los correos electrónicos solicitados referidos a don Iván Andrusco Aspe, en base a las siguientes consideraciones:

1) Los correos electrónicos generados desde una casilla institucional son públicos en la medida que digan relación directa con el ejercicio de competencias públicas. En efecto, el ejercicio actual de la función pública, supone el uso de toda forma de comunicación para concretizar los fines que la Administración del Estado persigue, es por esto que a cada funcionario se le otorga una casilla institucional financiada con recursos del erario nacional, sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas.

2) Que, lo anterior es una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación consagrados en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del SEGPRES, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Luego, y siendo los correos electrónicos la herramienta que permite un intercambio eficaz de información, en tanto han venido a reemplazar, en parte, a los documentos administrativos contenidos en formato papel, tales como memorándums, oficios u ordinarios empleados por la Administración, no están ajenos al escrutinio y control social que la ciudadanía pueda hacer de ellos, en los términos dispuestos en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia y 8° de la Constitución Política de la República.

3) Que, en tal sentido, estos disidentes hacen presente que si se estimara que los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos por servidores públicos respecto de materias propias del desempeño de sus funciones son comunicaciones de carácter privado, se crearía un canal secreto que transformaría en reservados documentos esencialmente públicos por el puro hecho de ser remitidos por esa vía. Así ocurriría, por ejemplo, con los documentos adjuntos a un e-mail o con las respuestas que los órganos de la administración otorgan electrónicamente, como ocurre en la mayoría de las solicitudes presentadas conforme a la Ley de Transparencia. De esta manera, el secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente. Sólo así son posibles el control y la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión.

4) Que, como manifestación de lo expuesto precedentemente, los correos electrónicos, son empleados cada vez más, como fundamentos de actos o decisiones de los órganos de la Administración del Estado. Como ejemplo pueden verse las resoluciones N° 4.140 y 8.802, de 2009; N° 95, N° 270, N° 833, N° 1.178, N° 2.954, N° 2.957, N° 2.960, N° 3.084 y N° 3.787, de 2011; y N° 9.844, N° 9.920 y N° 9.951, todas de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, así como el decreto supremo N° 634/2011, del mismo Ministerio; las resoluciones N° 661/2007, y N° 429/2008, ambas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, así como los decretos supremos N° 84/2004, y N° 13, N° 30 y N° 170, de 2006, todos de la misma cartera; la resolución N° 109/2011, de la Subsecretaría de Transportes; las resoluciones N° 550/2003, y N° 28/2007, ambas de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción; y, el decreto supremo N° 157, de 2011, del Ministerio de Minería, todos ellos publicados en el Diario Oficial.

5) Que la práctica señalada precedentemente no hace sino reconocer que estos correos constituyen una forma de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional en cada uno de esos casos, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública. A mayor abundamiento, las entidades públicas ponen servidores de correo electrónico a disposición de sus funcionarios y les entregan cuentas de correo sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas. Se trata de una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación establecidos en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

6) Que, en consecuencia, estos disidentes estiman pertinente la entrega de los correos electrónicos solicitados relativos a don Iván Andrusco Aspe, al no concurrir una causal de secreto o reserva que así lo haga procedente.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.