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Mariano Díaz Martin con INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE (ISP) Rol: C2684-16

Consejo para la Transparencia, 11/11/2016

Se dedujo amparo en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) "Informar si existe disposición legal que mencione la importancia de consultar en las farmacias al profesional farmacéutico como el especialista de los fármacos antes de automedicarse (...) b) Copia de los informes técnicos emitidos producto de la fiscalización de las unidades de farmacia de la comuna de Recoleta en los últimos dos años. c) Copia de los informes técnicos de las unidades de farmacia emitidos como resultados de fiscalización de las unidades de farmacia en los dos últimos años de la comuna de Las Condes. d) Informar quién es el profesional responsable de verificar el cumplimiento de las normas que debe cumplir una receto, especialmente aquellas que indican psicotrópicos, estupefacientes o recetas sobre preparaciones magistrales que no representan seguridad para el paciente." El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acreditó la causal de secreto invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2684-16

Entidad pública: Instituto de Salud Pública de Chile

Requirente: Mariano Díaz Martin

Ingreso Consejo: 11.08.2016

En sesión ordinaria N° 753 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de noviembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2684-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de julio de 2016, don Mariano Díaz Martin solicitó al Instituto de Salud Pública de Chile la siguiente información:

a) "Informar si existe disposición legal que mencione la importancia de consultar en las farmacias al profesional farmacéutico como el especialista de los fármacos antes de automedicarse (...)

b) Copia de los informes técnicos emitidos producto de la fiscalización de las unidades de farmacia de la comuna de Recoleta en los últimos dos años.

c) Copia de los informes técnicos de las unidades de farmacia emitidos como resultados de fiscalización de las unidades de farmacia en los dos últimos años de la comuna de Las Condes.

d) Informar quién es el profesional responsable de verificar el cumplimiento de las normas que debe cumplir una receto, especialmente aquellas que indican psicotrópicos, estupefacientes o recetas sobre preparaciones magistrales que no representan seguridad para el paciente."

2) RESPUESTA: El 10 de agosto de 2016, el Instituto de Salud Pública de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante comprobante de respuesta, señalando, en síntesis, que:

a) Indica que existe una disposición legal que obliga a tener la presencia de un químico farmacéutico durante todo el horario de funcionamiento de una farmacia, debiendo estar disponible siempre para el público en caso de duda o consulta. Aclara que no se puede obligar a las personas a consultar, dado que se trata de una decisión personal.

b) Indica que en Recoleta se realizaron fiscalizaciones a 4 establecimientos: CESFAM Quinta Bella, CESFAM Dr. Patricia Hevia; CESFAM Recoleta; CESFAM Dr. Juan Petrinovic;

c) Respecto de la comuna de Las Condes, indica que se ha visitado el CESFAM Apoquindo, debido a que actualmente están en un proceso intermedio de fiscalización, previo a la adopción de decisión, señalando que considera que tras finalizar este proceso (durante el año 2016), dicha documentación podrá ser facilitada.

d) Deniega la información requerida en los literales b) y c) debido a que se encuentra en un proceso intermedio de fiscalización que aún no ha finalizado y por tanto concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. Agrega que los antecedentes solicitados son relevantes en el proceso de fiscalización que aún se está llevando a cabo por parte de los funcionarios fiscalizadores del Subdepartamento de Farmacia.

e) Señala que el profesional que debe verificar el cumplimiento de una receta es el Director Técnico del Establecimiento, pudiendo ser un profesional de la salud en un botiquín o un químico farmacéutico de una farmacia. Afirma que en el caso de los preparados magistrales sólo el químico farmacéutico puede realizar esta gestión. Asimismo, indica que el decreto supremo N° 79 norma los recetarios magistrales, ya que le otorga al químico farmacéutico una evaluación de la receta, pudiendo ser corregida o rechazada si no cumple con la normativa vigente.

3) AMPARO: El 11 de agosto de 2016, don Mariano Díaz Martin dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta negativa a su solicitud de información en aquella parte que invoca la afectación al debido cumplimiento de sus funciones.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: De acuerdo a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, este Consejo mediante Oficio N° 8.313 de 24 de agosto de 2016, solicitó a la recurrente subsanar su amparo, acompañando copia de la respuesta y aclarando el fundamento de su reclamación. Mediante correo electrónico de 4 de septiembre de 2016, el requirente acompañó el documento solicitado y precisó que su amparo se refiere a los literales b) y c) de su solicitud.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado del presente amparo al Sr. Director del Instituto de Salud Pública mediante Oficio N° 9.036 de 9 de septiembre de 2016, autoridad que presentó sus descargos y observaciones a través de Oficio N° 1631 de 4 de octubre de 2016, señalando, en síntesis que:

a) Las actas de fiscalización constituyen el medio mediante el cual los funcionarios de este Instituto dejan constancia de la visita realizada tanto a Farmacias, como a otros establecimientos bajo los cuales se encuentra radicada la competencia del Instituto de Salud Pública, en razón de lo establecido en el artículo 96 del Código Sanitario, y los reglamentos que lo desarrollan, detallando en ellas las circunstancias de hecho que puedan involucrar incumplimientos a la normativa sanitaria.

b) Las actas de fiscalización constituyen el antecedente sobre el cual ha de iniciarse un procedimiento sanitario, el cual tendrá por objeto perseguir las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de la constatación a una infracción a la normativa sanitaria vigente, razón por la cual no procede la entrega si el procedimiento fiscalizador como sancionatorio no ha finalizado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

c) En las actas de fiscalización constan los nombres de los fiscalizadores, el nombre del establecimiento farmacéutico, y las eventuales infracciones que se han constatado por parte de los fiscalizadores de este Servicio, antecedentes, que como ya se indicó en el párrafo anterior, son primordiales para una decisión en procedimiento sancionatorio, o bien medidas que se adoptarán por parte de este Instituto.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de la información solicitada en los literales b) y c) de la solicitud, esto es, los informes técnicos evacuados por la reclamada con ocasión de la fiscalización a las unidades de farmacia que indica el reclamante. El órgano reclamado denegó la entrega de dicha información fundado en la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. De acuerdo a lo señalado en sus descargos, la reclamada funda la causal en que las actas de fiscalización constituyen un antecedente previo a la decisión que debe adoptar en el procedimiento fiscalizador y contienen los nombres de los fiscalizadores, el nombre del establecimiento farmacéutico, y las eventuales infracciones que se han constatado por parte de los fiscalizadores de este Servicio.

2) Que, conforme a lo razonado sostenidamente por este Consejo para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

3) Que, respecto al primero de los requisitos señalados en el considerando precedente, este Consejo ha estimado que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre los antecedentes o deliberaciones previas y la resolución o medida a adoptar por dicho órgano. En la especie, la reclamada ha manifestado que en la información requerida se constatan hechos que eventualmente pueden constituir infracciones y que inciden en una decisión en el procedimiento sancionatorio, o bien en medidas que se adoptarán por parte de este Instituto, por lo que se colige que tienen el carácter de antecedente previo.

4) Que, en relación al segundo de los requisitos, se constata que el órgano reclamado no ha señalado en qué medida la entrega de la información solicitada afectaría el desarrollo del procedimiento en comento, o si, eventualmente, se entorpecería la toma de la decisión que debe adoptar en el mismo. En consecuencia, el órgano reclamado no ha acreditado la concurrencia de la causal de reserva alegada en la especie, contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

5) Que, en este sentido, procede seguir lo resuelto por este Consejo en la decisión Rol C33-15 respecto de una solicitud de un acta de fiscalización a una Unidad de Farmacia en un procedimiento de fiscalización que aún se encontraba en curso. Al efecto, esta Corporación indicó que, por su naturaleza, el acta de fiscalización "sólo da cuenta de determinadas observaciones efectuadas por el ministro de fe y las acciones que el establecimiento debía realizar con el objeto de subsanar tales constataciones dentro del plazo que ahí se señala. En dicho contexto, y atendido que el documento en análisis sólo tiene por objeto dejar constancia de circunstancias objetivas de carácter fáctico percibidas por el fiscalizador, sin atribuirles una calificación jurídica determinada, no se advierte una afectación a los derechos del tercero en los términos alegados por la reclamada.".

6) Que, conforme con lo razonado precedentemente, se acogerá el presente amparo, y se requerirá a la reclamada que haga entrega al solicitante de los documentos solicitados en los literales b) y c) del requerimiento de acceso, debiendo, en su caso, tarjar previamente los datos personales que dicha información pueda contener, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia, así como por lo dispuesto por el principio de divisibilidad establecido por el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Mariano Díaz Martin, en contra del Instituto de Salud Pública de Chile en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr Director del Instituto de Salud Pública:

a) Hacer entrega al reclamante de copia de los informes técnicos emitidos producto de la fiscalización de las unidades de farmacia de la comuna de Recoleta y Las Condes en los últimos dos años, tarjando en su caso, los datos personales que dicha información pueda contener, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mariano Díaz Martin y al Sr. Director del Instituto de Salud Pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Presidente don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.