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Josefina Eckholt Goldenberg con SERVICIO ELECTORAL (SERVEL) Rol: C2661-16 / C2662-16 / C2663-16 / C2665-16 / C2666-16 /C2668-16

Consejo para la Transparencia, 21/10/2016

Se dedujeron seis amparos en contra del Servicio Electoral, fundados en la denegación de parte de la información referente a la copia de las donaciones recibidas por los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Demócrata Cristiano (DC), Comunista (PC) y Socialista (PS), respecto de los años 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 y 2013. Asimismo, y sólo respecto del Partido Unión Demócrata Independiente requirió la contabilidad acompañada por dicho partido al Servel respecto del período 1998 y 2015. Conjuntamente con lo anterior, hizo presente que la información le fuera remitida a su correo electrónico y aplicando el principio de divisibilidad de ser necesario en conformidad a la normativa vigente. El Consejo acoge parcialmente los amparos, rechazándolo respecto de las copias de las donaciones recibidas por los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Demócrata Cristiano (DC), Comunista (PC) y Socialista (PS), respecto de los años 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 y 2013.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C2661-16, C2662-16, C2663-16, C2665-16, C2666-16 y C2668-16.

Entidad pública: Servicio Electoral

Requirente: Josefina Eckholt Goldenberg

Ingreso Consejo: 10 de agosto de 2016

En sesión ordinaria N° 748 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de octubre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles Nos C2661-16, C2662-16, C2663-16, C2665-16, C2666-16 y C2668-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 3 de junio de 2016, mediante similares presentaciones, doña Josefina Eckholt Goldenberg solicitó al Servicio Electoral - en adelante e indistintamente Servicio o Servel-, copia de las donaciones recibidas por los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Demócrata Cristiano (DC), Comunista (PC) y Socialista (PS), respecto de los años 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 y 2013. Asimismo, y sólo respecto del Partido Unión Demócrata Independiente requirió la contabilidad acompañada por dicho partido al Servel respecto del período 1998 y 2015. Conjuntamente con lo anterior, hizo presente que la información le fuera remitida a su correo electrónico y aplicando el principio de divisibilidad de ser necesario en conformidad a la normativa vigente.

2) RESPUESTA: El 15 de julio de 2016, el Servel informó a la reclamante, que en aplicación de la ley N° 19.884, vigente a partir de 2003, que contemplaba la existencia de donaciones anónimas y reservadas, no le es posible acceder a la entrega de dichas donaciones, en conformidad a dicho texto normativo, especialmente lo previsto en el artículo 19 inciso segundo. No obstante lo señalado, aquellas donaciones que tengan carácter público en el período consultado, pueden ser revisadas en sus dependencias en el horario y previa coordinación con el funcionario que singulariza.

Asimismo, respecto de la contabilidad requerida respecto de la UDI, aquella información referida a la afiliación política, estaba protegida por la ley N° 19.628. Agregó, en este punto que igualmente cierta información contable referida a depósitos y captaciones, están sujetas al secreto bancario previsto en el artículo 154 del DFL N° 3.

No obstante lo señalado, permitió el acceso a toda la documentación de los libros de ingresos, egresos, inventario y balance de dicho partido en el período requerido.

3) AMPAROS: El 10 de agosto de 2016, doña Josefina Eckholt Goldenberg dedujo amparo -respecto de los requerimientos ya enunciados en el numeral 1° precedente- a su derecho de acceso a la información en contra del Servel, fundado en la denegación de parte de la información.

Lo anterior, por cuanto no se le permitió revisar la totalidad de la información. Agregó, que respecto de la información anterior a 2003 no se invocó norma legal alguna. Respecto al período 2003 hasta 2016, el bien protegido es el anonimato del donante por lo que corresponde que el tercero sea notificado conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia y consienta o se oponga a la entrega de la información.

Respecto de la contabilidad solicitada de la UDI, señala que se habría censurado información en aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales no obstante no pedir dato alguno sobre afiliados a los partidos y el secreto bancario.

Por último, indicó que no se le hizo entrega de la información mediante la remisión de esta en formato digital a su correo electrónico.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación los citados amparos, confiriendo traslado a la Directora Subrogante del Servel, mediante oficios de 24 de agosto del presente año.

Mediante Oficios Nos 2548 y 2635 de fechas 8 y 16 septiembre de 2016, respectivamente, la referida funcionaria presentó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis, que a su juicio el Servicio ha cumplido con su obligación de informar, por cuanto permitió el acceso a la reclamante a aquella información de carácter pública. En efecto, puso a disposición la información que obra en poder del Servicio en conformidad a lo previsto en el artículo 34 inciso cuarto de la ley N° 18.603.

Por último, hizo presente que la requirente mantuvo un intenso intercambio de correos, cuyas copias acompaña, con el funcionario a cargo de los antecedentes consultados, a fin de permitirle el acceso a la información financiera requerida.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos Roles Nos C2661-16, C2662-16, C2663-16, C2665-16, C2666-16 y C2668-16 existe identidad respecto del requirente y órgano requerido consultado, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.

2) Que primeramente, y en cuanto a la forma de entrega de la información - remisión al correo electrónico de la reclamante-, cabe señalar que del análisis de una serie de correos intercambiados por el Servel y la solicitante, se advierte que esta accedió a la modalidad de cotejo de la información en las dependencias de la reclamada. En efecto, y ante la imposibilidad que la solicitante en un período pudiera acceder a la revisión de los archivos, ésta propuso al organismo requerido que un tercero distinto accediera a los antecedentes pedidos, todo lo cual fue aceptado por el Servicio. Por lo anterior, la alegación en análisis, será desestimada.

3) Que la reclamada al impedir el acceso a aquella información referida a donaciones anónimas y reservadas en conformidad a la normativa vigente a partir del 2003 - ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral-, procedió en cumplimiento de dicho cuerpo normativo. En efecto, y según lo previsto en el antiguo artículo 19 inciso segundo del cuerpo legal citado, «El Servicio establecerá un sistema electrónico mediante el cual el donante pueda destinar su aporte a uno o más candidatos o partidos, dentro de los límites establecidos en la presente ley y hasta el monto de su donación. Dicho sistema deberá además asegurar tanto la reserva de la identidad del donante, como garantizar que éste no obtendrá documento alguno que permita identificar su donación ante el donatario o terceros. El Servicio Electoral deberá transferir electrónicamente, el primer día hábil de cada semana, a la cuenta designada por el respectivo Administrador Electoral, la suma de todos los aportes que haya recibido en la semana anterior».

4) Que idéntica reserva a la prevista en la normativa citada, debe aplicarse a las donaciones anteriores al 2003. En efecto, si el legislador a partir del 2003 estableció la reserva como forma de incentivar los aportes privados y, de dicho modo, concretar una forma real de control sobre dichos aportes a la actividad política -el cual a la fecha de su publicación, se encontraba en la más absoluta desregulación-, debe concluirse que a similar realidad, esto es, el período anterior al 2003, debe obrarse con idéntico afán precautorio que el previsto en el cuerpo normativo citado. En tal sentido, es pertinente explicitar el mensaje de la ley N° 19.884, el cual señala que «Determinar con certeza el monto al que asciende una campaña política en Chile, resulta completamente imposible, dada la completa desregulación que existe sobre la materia y la inexistencia de normas mínimas de transparencia (...) El proyecto que presentamos tiene por propósito regular de un modo acabado los sistemas de financiamiento de campañas electorales, procurando que todos los candidatos y partidos participen en los actos electorales en un mínimo pie de igualdad (...)». Luego, deberá rechazarse el amparo en esta parte.

5) Que en nada altera lo resuelto precedentemente, la circunstancia de existir modificaciones al cuerpo normativo citado ni por la entrada en vigencia de los deberes de transparencia activa de los partidos políticos, ambos cambios dispuestos en las leyes Nos 20.900 y 20.915, de 14 y 15 de abril de 2016, toda vez que las reformas introducidas por estos cuerpos normativos, tienen efecto a partir de su entrada en vigencia, resultando inaplicable a períodos anteriores regidos por un estatuto jurídico diverso. En efecto, y según dispone el artículo 9° del Código Civil «La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo».

6) Que en lo referido a la necesidad de conferir traslado a los terceros, que en conformidad a la ley N° 19.884 formularon donaciones anónimas, cabe señalar que el procedimiento previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, no resulta oponible a la reclamada en el caso en comento, toda vez que la norma legal antes señalada, establecía per se la reserva de la información objeto del presente reclamo, motivo por el cual, no procede consultar a los titulares a fin de relevar la protección que el cuerpo normativo concede, tanto a su identidad como a la circunstancia de la donación.

7) Que finalmente, en lo relativo a la contabilidad de la Unión Demócrata Independiente, la requerida no acompañó antecedentes suficientes que permitan acreditar, los motivos que justificarían la reserva de la información contenida en esta, sobre la base de la Ley de Protección de la Vida Privada ni por resultar aplicable el secreto bancario, más aun considerando que, la reclamante precisó en su amparo que lo pedido no es información personal de ningún militante de dicha organización. En consecuencia, se acogerá el amparo en esta parte y conjuntamente con ello, se requerirá a la reclamada que permita el acceso a los libros contables del partido señalado que obren en su poder. Lo anterior, en conformidad a lo previsto en el artículo 34 de la ley N° 18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos, el cual dispone la publicidad de la información contable de los partidos. Disposición que ha mantenido idéntico espíritu, tanto en su versión original de 1987 como luego de la reforma de la ley N° 20.915, de 15 de abril de 2016, que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente los amparos deducidos por doña Josefina Eckholt Goldenberg, en contra del Servicio Electoral; rechazándolo respecto de las copias de las donaciones recibidas por los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Demócrata Cristiano (DC), Comunista (PC) y Socialista (PS), respecto de los años 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 y 2013, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Directora (S) del Servicio Electoral que:

a) Permita a la reclamante nuevamente el acceso a los libros contables del partido Unión Demócrata Independiente, que obren en su poder. Lo anterior, en conformidad a lo previsto en el artículo 34 de la ley N° 18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos, el cual dispone la publicidad de la información contable de aquellos.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste el acta de acceso de la reclamante a la información, al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Josefina Eckholt Goldenberg y a la Sra. Directora (S) del Servicio Electoral.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.