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Ernesto Pino Cortés con SEREMI DE SALUD REGIÓN DE ATACAMA Rol: C2079-16

Consejo para la Transparencia, 21/10/2016

Se dedujo amparo en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región de Atacama, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: "datos presentes en el RETC, como: Tipo de fuente, GEORREFERENCIA, tipo de combustible, consumo anual y variación estacional, altura de chimenea, diámetro, sistema de abatimiento. Estos datos corresponden a fuentes fijas, de igual manera si existen datos para fuentes areales, los requiero". El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se logró acreditar de manera suficiente la causal de secreto alegada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2079-16

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región de Atacama.

Requirente: Ernesto Pino Cortés.

Ingreso Consejo: 28.06.2016

En sesión ordinaria N° 748 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de octubre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C2079-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) CONTEXTO PREVIO: El 11 de mayo de 2016, don Ernesto Pino Cortés solicitó al Ministerio del Medio Ambiente, información relacionada con el registro de emisiones y transferencia de contaminantes para su tesis de doctorado. Con fecha 8 de junio, mediante Of. Ord. N° 162.146, el Ministerio notificó al solicitante la derivación de su requerimiento a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud de las 15 regiones del país. En la especie, la SEREMI de Salud de la Región de Atacama ingresó la derivación con fecha 13 de junio de 2016.

2) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de junio de 2016, don Ernesto Pino Cortés solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, de la Región de Atacama, en adelante e indistintamente, la Secretaría o la SEREMI, respecto al registro de emisiones y transferencias de contaminantes, lo siguiente: "datos presentes en el RETC, como: Tipo de fuente, GEORREFERENCIA, tipo de combustible, consumo anual y variación estacional, altura de chimenea, diámetro, sistema de abatimiento. Estos datos corresponden a fuentes fijas, de igual manera si existen datos para fuentes areales, los requiero".

3) RESPUESTA: Mediante Ord. BS3 N° 1156, de fecha 17 de junio de 2016, la Secretaría Regional informó al solicitante que "la información respecto del tipo de fuente (...) son considerados por este Ministerio de Salud sensible desde el punto de vista industrial y comercial, toda vez que, dicha información corresponde a datos propios de cada fuente y de su operación y pueden develar los costos de operación, tecnologías utilizadas y prácticas de operación que pueden atentar contra la libre competencia entre industriales o el comercio del mismo rubro o rubros similares".

Acto seguido, agregó que "la normativa que obliga a declarar (D.S. N° 138 /2005 del Ministerio de Salud) establece que los regulados deben entregar los antecedentes para que se realicen las estimaciones de las emisiones atmosféricas de cada establecimiento regulado, siendo información de uso público sólo las estimaciones (artículo N°5), pero en ningún caso los antecedentes para realizar el cálculo".

Por último, señaló que "El D.S. N° 138 no es una norma de emisión ni tampoco obliga a los declarantes a comparar sus emisiones con algún estándar, razón por la cual, las estimaciones de las emisiones que se entregan son sólo de carácter informativo para la población que reside en el entorno de los establecimientos que declaran sus emisiones", denegando la entrega de la información solicitada, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

4) AMPARO: El 28 de junio de 2016, don Ernesto Pino Cortés dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, de la Región de Atacama, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, agrega que "es lamentable que información tan importante para realizar modelación de la calidad del aire no pueda ser utilizada para ello. No pretendo descubrir o investigar acerca de los costos ni tecnología de información de las fuentes fijas existentes en Chile. Solo pretendo mejorar la calidad de las modelaciones para la búsqueda de alternativas de solución que puedan ser implementadas en un futuro (...) Si no es posible que me sea otorgada toda la información, al menos facilíteme parte de ella, como por ejemplo, altura y diámetro de chimenea, que considero no tiene nada que ver con la información tecnológica, al igual que el combustible empleado (...) El estudio que realizaré se centra en cambio climático, tema que hoy en día Chile debe informar a la comunidad internacional (...) No digo que se abran todos los archivos, solo argumento que al menos debe existir un mecanismo de acceso a la información que busco para generar mejores inventarios de emisiones".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° 6.793, de fecha 12 de julio de 2016, confirió traslado a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Ord. N° 1561, de fecha 4 de agosto de 2016, la SEREMI solicitó a este Consejo un aumento de plazo para evacuar el traslado, atendido a que la respuesta al recurrente fue realizada por el Nivel Central la respuesta a este reclamo debe ser elaborada y/o revisada por el Ministerio de Salud, requiriendo un mayor plazo dada la complejidad del caso y la cantidad de información correspondiente a la nómina de los terceros afectados. Con fecha 5 de agosto, este Consejo otorgó al órgano una prórroga del plazo adicional, hasta el día 11 de agosto de 2016.

Posteriormente, mediante Ord. N° 1612, de fecha 11 de agosto de 2016, dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta al solicitante, agregó en síntesis, que "la Constitución asegura a todos los individuos el respeto y protección de su vida privada (artículo 19 N° 4) y consagra que derechos como éste sean acatados y promovidos por los órganos públicos (artículo 5 inciso 2°). Sobre el particular, esta causal se invocó debido a que la información solicitada se vincula con asuntos de propiedad intelectual o industrial o de competitividad en el mercado. Ello, por cuanto técnicamente el Ministerio de Salud ha señalado que el nivel de actividad de la fuente se convierte en un dato sensible desde el punto de vista industrial o comercial, toda vez que dicho nivel depende directamente de factores propios de la actividad, es decir, de la forma en que se realiza la actividad productiva o de servicios. En efecto, el nivel de actividad de la fuente se define a partir de distintos datos, como por ejemplo, a través de las características de las materias primas utilizadas o alimentadas al proceso y, en otros casos, la actividad depende del nivel tecnológico de los equipos, o bien, del consumo de energía o de combustibles utilizados".

Acto seguido, indica que "cuando el declarante entrega al Estado los datos relacionados con la cantidad de materias primas utilizadas, el consumo de combustibles, el tipo de equipo empleado, los períodos en que usa los equipos o procesos, entrega sin duda información que devela la forma en que opera su negocio o actividad y, por tanto, si es de conocimiento público, sus proyecciones comerciales y económicas, ejercidas legalmente, pueden verse afectadas más aún si dicha información está disponible tanto para la competencia nacional como internacional".

Asimismo, complementa que "la obligación de declarar las emisiones de contaminantes del aire se basa en el hecho que los ciudadanos tienen el derecho a saber qué elementos o sustancias están siendo vertidos al ambiente, y por tal motivo es que el artículo 5 del D.S. N° 138 establece que ‘Las estimaciones de emisiones realizadas por el sector salud o por los titulares de las fuentes, previa validación de esta última por parte del Ministerio de Salud, tendrá el carácter de pública según corresponda conforme a la ley’, sin embargo, lo anterior, en ningún caso significa que la información sensible entregada por el declarante sea de uso público".

Luego, señala el órgano que "el Ministerio de Salud utiliza la información entregada por los declarantes para estimar las emisiones de 16 contaminantes atmosféricos, que es entregada anualmente al Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes RETC, que administra el Ministerio del Medio Ambiente. Para realizar el proceso de cálculo de las estimaciones de los contaminantes atmosféricos, el Ministerio de Salud utiliza una metodología usada y validada internacionalmente, y que corresponde a calcular las emisiones a partir de la multiplicación del factor de emisión por el nivel de actividad de la fuente".

Por último, la SEREMI informa que "la respuesta entregada al usuario fue elaborada por el Ministerio de Salud y remitida con orientaciones a nuestra Unidad de Salud Ambiental (...), indicándose que no se habría dado lugar a la comunicación al tercero afectado por cuanto era evidente el carácter sensible o de afectación a los derechos de carácter comercial o económico del tercero", remitiendo planilla con los nombres y datos de contacto de los más de 200 terceros que, según el órgano, podrían ver afectados sus derechos con la publicidad de la información solicitada.

6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Con la finalidad de resolver de mejor manera el amparo de la especie, el Consejo Directivo de esta Corporación, mediante Oficio N° 10.001, de fecha 11 de octubre de 2016, acordó solicitar a la SEREMI de Atacama que indicara las variables que forman parte del registro de emisiones en relación con los aspectos requeridos por el reclamante, y señalar detalladamente de qué manera la entrega de dichos antecedentes podría afectar los derechos de terceros.

Mediante Ord. N° 2218, de fecha 18 de octubre de 2016, el órgano señaló en síntesis, respecto de las variables que componen el RETC, que "las estimaciones de emisiones se realizan por la Autoridad Sanitaria con 2 tipos de información entregada por los declarantes, sin embargo, en ambos casos se requiere la total identificación de la fuente, el nivel de actividad de la misma (consumo de combustible o nivel de producción) y si existe algún o algunos equipos de abatimiento de contaminantes. Lo anterior, debido a que la ecuación utilizada para realizar el cálculo de las emisiones al aire de los contaminantes, requiere dicha información", explicando la estructura de la ecuación y sus diversos componentes.

Acto seguido, agrega que "el sistema de declaración de emisiones F138 solicita la información detallada para usar la fórmula anterior, y por lo tanto, el declarante debe entregar todos los detalles técnicos de la fuente o proceso, entendiendo por estos la marca, modelo, año de fabricación, año de instalación, consumo nominal del equipo, potencia nominal del equipo, entre otros datos que permita identificar los factores de emisión adecuados para ese equipo o proceso. Por otro lado, y en forma copulativa se debe entregar en la declaración: el tipo de combustible utilizado (petróleo, gas, carbón, leña, bio-gas, etc.), el consumo de combustible pormenorizado por mes, horas de funcionamiento de la fuente por mes y días de operación por mes. Además el declarante debe entregar los detalles de los equipos de abatimiento de contaminantes usados si es que corresponde, el detalle de los ductos y chimeneas por donde se conducen los gases que son evacuados a la atmósfera, y finalmente, un diagrama de descarga que represente en forma esquemática lo anterior".

Asimismo, complementa su información, indicando que "una parte de la información solicitada por la Autoridad Sanitaria no es usada directamente en la ecuación, es decir, en la estimación de las emisiones, como por ejemplo, marca y modelo de la fuente, año de instalación, potencia nominal, consumo nominal, detalle de los ductos o chimeneas, detalle pormenorizado de las horas de funcionamiento al mes, consumo de combustible pormenorizado por mes, etc., ya que la ecuación sólo utiliza el Fe y el nivel de actividad que puede consolidarse en forma anual", agregando que "se considera que esta información es sensible, toda vez que no solo sirve para realizar análisis de consistencia de la declaración de emisiones sino que también sirve para realizar otros análisis de costos de operación, nivel tecnológico de las fuentes u obsolescencia de los equipos o procesos, ciclos de consumo de materias primas, entre otros".

Luego, con relación a la manera en que la entrega de los datos requeridos podría afectar la competitividad de los terceros, señala que "dependerá del análisis que el usuario haga con ella, sin embargo, es evidente que mientras más detallada la información, mejores y más análisis se pueden realizar con ella. (...) la información que es de uso público es aquella que puede representar un riesgo para la salud, es decir, las emisiones de contaminantes del aire, pero en ningún caso los antecedentes que se utilizan para estimar el riesgo o realizar el diagnóstico que señala el aludido Decreto Supremo (...) El RETC no permite obtener información específica de una fuente, distinta a las emisiones o transferencias de sus emisiones, es decir, permite conocer la ubicación del establecimiento y las descargas del mismo a los distintos medios y para distintos contaminantes, pero no permite saber el detalle señalado precedentemente", en relación con lo dispuesto en el decreto supremo N° 138, y agregando que la información requerida puede afectar los derechos económicos o comerciales de las personas, según lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a los datos presentes en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes (RETC) como tipo de fuente, georeferenciación, tipo de combustible, consumo anual, variación estacional, altura de chimenea, diámetro, y sistema de abatimiento, que corresponden tanto a fuentes fijas como para fuentes areales. Al respecto, en su respuesta, el órgano denegó la entrega de la información fundado en la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, en la especie, y a modo de contexto, el Decreto Supremo N° 1, del año 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del RETC, en su artículo primero señala que dicho registro "es una base de datos accesible al público, destinada a capturar, recopilar, sistematizar, conservar, analizar y difundir la información sobre emisiones, residuos y transferencias de contaminantes potencialmente dañinos para la salud y el medio ambiente que son emitidos al entorno, generados en actividades industriales o no industriales o transferidos para su valorización o eliminación". Luego, cabe tener presente que las letras a) y b) del artículo 2 de dicho decreto, disponen que "Son objetivos del RETC, los siguientes: a) Facilitar el acceso a la información sobre emisiones, residuos y transferencias de contaminantes; b) Promover el conocimiento de la información, por parte de la ciudadanía". En el mismo sentido, el artículo 4 del aludido decreto, establece que "Corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente, en adelante "el Ministerio", la administración del RETC, el que será de acceso público". Luego, el artículo 23 determina que "La información que contiene el RETC será de carácter público, pero podrá restringirse su entrega y publicación, si corresponde a alguna de las causales establecidas en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública".

4) Que, asimismo, el artículo 5 del mencionado decreto supremo N° 138, impone que "Las estimaciones de emisiones realizadas por el sector salud o por los titulares de las fuentes, previa validación de esta última por parte del Ministerio de Salud, tendrá el carácter de pública según corresponda conforme a la ley", y que en la página web www.retc.cl es posible verificar el registro de emisiones por región o por "división política y administrativa", donde se informa el RUT, establecimiento, dirección, comuna, emisiones, transferencia de residuos, unidad y mapa de ubicación de cada uno de los establecimientos sujetos a fiscalización.

5) Que, en la especie, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, señalando que la publicidad de dichos antecedentes afectaría a los terceros o sujetos obligados a informar sus emisiones, por tratarse de información sensible desde el punto de vista industrial y comercial , y que corresponde a datos propios de cada fuente y de su operación y pueden develar los costos de operación, tecnologías utilizadas y prácticas de operación que pueden atentar contra la libre competencia entre industriales o el comercio del mismo rubro o rubros similares.

6) Que, en tal sentido, y en respuesta a la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, la SEREMI señaló que, para el cálculo o estimaciones que la Autoridad Sanitaria realiza respecto de las emisiones, requiere de cada una de las fuentes de contaminantes, más información que la utilizada, específicamente, en el cálculo. En efecto, la información requerida por el órgano a cada uno de los agentes se ingresa mediante el sistema de declaración de emisiones en el Formulario 138, debiendo entregar el nivel de actividad, unidades de emisión (si se trata de calderas industriales, generación eléctrica y calefacción; fuentes tipo hornos de panadería; procesos con y sin combustión), equipos de control, todos los detalles técnicos de la fuente o proceso, como por ejemplo, la marca, modelo, año de fabricación, año de instalación, consumo nominal y potencia nominal de los equipos utilizados, entre otros datos que permitan identificar los factores de emisión adecuados para ese equipo o proceso, así como también, se debe entregar en dicha declaración, el tipo de combustible utilizado (petróleo, gas, carbón, leña, bio-gas, etc.), el consumo de combustible por mes, horas de funcionamiento de la fuente por mes, y días de operación por mes, los detalles de los equipos de abatimiento de contaminantes usados, de los ductos y chimeneas por donde se conducen los gases que son evacuados a la atmósfera, y finalmente, un diagrama de descarga que represente en forma esquemática lo anterior.

7) Que, en virtud de lo anterior, resulta plausible para este Consejo, concluir que la entrega de la totalidad de la información contenida en la declaración realizada por medio del Formulario 138 podría generar afectación a la competitividad de los terceros, pudiendo develar sus costos y procesos de producción, tecnologías utilizadas y prácticas de operación. No obstante lo anterior, en atención a lo señalado por el reclamante en su amparo, la información reclamada se limita a la entrega de la altura y diámetro de la chimenea, y el tipo de combustible empleado, lo cual, a juicio de esta Corporación, por sí solo, no tendría la entidad suficiente para ocasionar las afectaciones alegadas, debiendo rechazarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

8) Que, del mismo modo, cabe tener presente que lo requerido se refiere a la información contenida en el RETC, esto es, información recopilada de las emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes, proveniente de los reportes de emisión, planes de prevención y/o descontaminación, resoluciones de calificación ambiental u otra norma o regulación que establezca obligación de informar emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes, entregada por los órganos de la Administración del Estado competentes para su fiscalización, como asimismo, la información de igual naturaleza proveniente de las labores de control o inspección de los organismos aludidos, según lo expuesto en el artículo 7 del decreto supremo N° 1 aludido, luego, no se ha solicitado por el requirente copias de cada uno de los reportes, declaraciones, formularios o informes emitidos por cada uno de los titulares de fuentes fijas de emisión de contaminantes atmosféricos y demás obligados, según lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 138, del año 2005, del Ministerio de Salud, que establece la obligación de declarar las emisiones que indica, motivo por el cual no se advierte de qué manera la información solicitada podría generar la afectación alegada por el órgano.

9) Que, finalmente, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente y respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, alegada por el órgano reclamado, es menester señalar que la titularidad de las alegaciones planteadas por la SEREMI corresponderían a cada uno de los más de 200 terceros fiscalizados y no al propio órgano, por cuanto el artículo 20 de la Ley de Transparencia dispone que "cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros (...)" el servicio requerido deberá comunicar a los terceros su derecho de oposición a la entrega de los antecedentes requeridos, y únicamente, en caso de oposición expresa, oportuna y fundada, el órgano quedará impedido de proporcionar la información solicitada, pudiendo denegar su entrega en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 2 de la citada ley. Asimismo, cabe tener presente que el Servicio no alegó ninguna de las otras causales de secreto o reserva contempladas en el artículo 21 del mismo cuerpo legal.

10) Que, en consecuencia, teniendo en consideración que la información reclamada constituye sólo una parte de la información solicitada originalmente, al no concurrir a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de los antecedentes requeridos por el solicitante en su amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Ernesto Pino Cortés, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante los datos presentes en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes (RETC), en particular, la altura y diámetro de chimenea, y el tipo de combustible empleado por las fuentes sujetas a su fiscalización.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ernesto Pino Cortés y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.