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Rodrigo Fluxá Nebot con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C2074-16

Consejo para la Transparencia, 21/10/2016

Se dedujo amparo en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la oposición de un tercero, referente a "el informe técnico que Gendarmería elaboró para el interno (...) quien recibió el beneficio de libertad condicional a principios de mayo de 2016". El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de aquellos elementos que forman parte del "Informe Social y Psicológico Unificado Postulación Beneficio Libertad Condicional", por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 33, letra m), de la misma ley y la ley N° 19.628.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2074-16

Entidad pública: Gendarmería de Chile.

Requirente: Rodrigo Fluxá Nebot.

Ingreso Consejo: 24.06.2016.

En sesión ordinaria N° 748 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de octubre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C2074-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 16 de mayo de 2016, don Rodrigo Fluxá Nebot, solicita a Gendarmería de Chile, "el informe técnico que Gendarmería elaboró para el interno (...) quien recibió el beneficio de libertad condicional a principios de mayo de 2016".

2) OPOSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO: Mediante declaración, de fecha 23 de junio de 2016, el interno a quien se refiere la información se opone a la entrega de ésta, debido a "haber dado por terminada su etapa de recluso".

3) RESPUESTA: Gendarmería de Chile, por medio de carta N° 1406/16, de fecha 23 de junio de 2016, responde la solicitud de acceso señalando que los antecedentes solicitados se entienden ser parte de los "Datos de Carácter Personal" del interno consultado, por lo que, atendida su oposición a la entrega, deniegan el acceso por configurarse las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia. En relación a la primera causal alegada, indican que es posible concluir que la comunicación o divulgación de lo pedido, provoca un menoscabo al derecho a la intimidad y a la vida privada, que la Constitución Política de la República reconoce a todas las personas, por el sólo hecho de ser tales. Por su parte, la otra causal de reserva argumentada, esto es, la establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, se debe relacionar con lo consignado en los artículos 2, letra f) y g), 7 y 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-, puesto que estiman que no existe, para el caso concreto, autorización legal ni convencional que permita la entrega de la información que mediante el presente acto se protege. En tal sentido, concluyen que los antecedentes solicitados no son accesibles al público en general, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley antes mencionada, no hará entrega de lo requerido.

4) AMPARO: Con fecha 24 de junio de 2016, don Rodrigo Fluxá Nebot deduce amparo a su derecho de acceso en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, por oposición de un tercero.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante oficio N° 6.775, de fecha 12 de julio de 2016, para que formule sus descargos y observaciones. El órgano reclamado, por medio de ordinario N° 1205, de fecha 27 de julio de 2016, reitera que atendida la oposición a la entrega de la información que se ha verificado por parte del interno, se denegó ésta, por configurarse las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con lo establecido en el artículo 7, 2, letra f) y g), y 10 de la ley N° 19.628, por lo que, estiman que no existe para el caso concreto, autorización legal ni convencional que permita la entrega de la información pedida.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: El Consejo Directivo de esta Corporación, mediante oficio N° 7.745, de fecha 8 de agosto de 2016, notifica el amparo y confieren traslado al tercero a quien se refiere la información solicitada, con el fin de que presente sus descargos y observaciones, especialmente, hacer mención expresa de los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de lo requerido; sin que a la fecha de la presente decisión, esto haya sucedido.

7) GESTIÓN OFICIOSA: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo, este Consejo solicita al órgano reclamado, mediante correo electrónico de fecha 12 de octubre de 2016, remita acto o documento, mediante el cual se le concede la libertad condicional a la persona consultada, sin que a la fecha de la presente decisión, esto haya ocurrido.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la denegación de la información solicitada, esto es, el "Informe Social y Psicológico Unificado Postulación Beneficio Libertad Condicional", elaborado en marzo de 2016, respecto de condenado a pena privativa de libertad por doble homicidio simple (12 y 15 años, respectivamente), impuesta por sentencia judicial firme y ejecutoriada (de fecha 05 de octubre de 2005); al que, en abril del presente año, le fue concedido el beneficio de libertad condicional por resolución de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

2) Que, el beneficio de la libertad condicional está regulado en el decreto ley N° 321 (1925), que establece la libertad condicional para los penados - en adelante DL N° 321-en el que aquella se establece "como un medio de prueba de que el delincuente condenado a una pena privativa de libertad y a quien se le concede, se encuentra correjido y rehabilitado para la vida social. La libertad condicional (...) no estingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad (...)" (artículo primero). Para postular a ésta, el interno debe haber sido incluido en una lista que los Tribunales de Conducta que existen en cada centro penitenciario del país, confeccionan los 25 de marzo y 25 de septiembre de cada año; la que estará integrada por aquellos que cumplen con los requisitos correspondientes (artículo 24, inciso primero del decreto N° 2442 (1926), del Ministerio de Justicia, que fija el texto del Reglamento de la Ley de Libertad Condicional - en adelante decreto N° 2442- ). Posteriormente, el primer día de abril y de octubre de cada año, dichas listas, todos los antecedentes que se tengan respecto de los condenados que figuren en ellas y el informe del Jefe de los establecimientos penitenciarios respectivos, serán entregados por éste a la Comisión de Libertad Condicional (artículo 25, incisos 1° y 2). Finalmente, el beneficio será concedido por resolución de la Comisión mencionada que funcionará en la Corte de Apelaciones respectiva, durante los meses de abril y octubre de cada año (artículo 4 del DL N° 321).

3) Que, para el caso, el órgano reclamado, más específicamente, el Área Técnica del Complejo Penitenciario de Valparaíso, con fecha marzo de 2016, realizó el "Informe Social y Psicológico Unificado Postulación Beneficio Libertad Condicional" del interno consultado, insumo necesario tanto para la elaboración de las listas de postulación confeccionadas por el Tribunal de Conducta, según lo dispone el artículo 20 del decreto N° 2442, como para el informe que debe presentar cada Jefe de establecimiento respecto de los postulados al beneficio de libertad condicional, a la Comisión de Libertad Condicional. De este modo, en atención a lo establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República y en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se trata de información pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva, las que, por ser de derecho estricto y una excepción al principio de publicidad, deben aplicarse en forma restrictiva.

4) Que, el órgano reclamado argumenta, en primer lugar, la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por la eventual afectación del derecho a la intimidad y a la vida privada del condenado a quien le fue realizado informe psicosocial. Al respecto, cabe señalar que aquella causal está establecida en forma exclusiva en favor de los terceros a quienes se refiere la información, contando con un procedimiento de oposición establecido en el artículo 20 de la ley señalada, el cual fue aplicado en este caso. Razón por la cual, los argumentos esgrimidos por Gendarmería de Chile para configurar dicha causal de excepción, no serán considerados, por carecer de la titularidad para esgrimirla.

5) Que, respecto de la oposición presentada por el tercero a quien se refiere la información ante el órgano reclamado, en ésta sólo manifiesta haber dejado atrás su etapa de recluso, sin señalar, al menos, los derechos afectados con la divulgación de lo pedido, ni la forma en que éstos se verían vulnerados, por lo tanto, este Consejo estima que no se logra acreditar causal de reserva alguna que justifique la excepción al principio general de publicidad.

6) Que, finalmente, el órgano reclamado argumenta que se configura con respecto al informe pedido la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia con relación a los artículos 2, letras f) y g), 7 y 10 de la ley N° 19.628. En este punto, se debe tener presente lo razonado en el considerando tercero de la presente decisión, además, de considerar que el informe pedido, fue realizado en cumplimiento de la función de dirigir todos los establecimientos penales del país, así como, de contribuir a la reinserción social de las personas privadas de libertad, que el artículo 3, letras a) y f), respectivamente, del decreto ley N° 2.859, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile - en adelante decreto ley N° 2.859-, le otorga a dicho órgano.

7) Que, siguiendo lo razonado en los considerandos anteriores, el informe psicosocial pedido, en general, resulta una herramienta útil para conocer la forma en que se está ejecutando la política penitenciaria del país, en particular, en lo concerniente a cómo se califican a los postulantes al beneficio de la libertad condicional. Por lo tanto, debido a que en ejercicio de sus funciones, Gendarmería de Chile, es quien cuenta con el mayor conocimiento técnico y empírico respecto de los internos que incluye en las listas y de los cuales debe evacuar los informes pertinentes, que constituyen antecedentes esenciales para la Comisión de Libertad Condicional. Los que, en definitiva, incidirán indirectamente, en el re-establecimiento del ejercicio del derecho a la libertad personal, del que se es privado por sentencia firme y ejecutoriada de un tribunal de justicia de la República, por la comisión de uno o más hechos que la ley y, por ende, la sociedad ha estimado como punible. Además, se debe tener presente que el propio ordenamiento jurídico considera a dicho beneficio como "un medio de prueba de que el delincuente condenado (...) se encuentra correjido y rehabilitado para la vida social". Por lo tanto, si bien se reconoce que el informe en cuestión contiene datos personales e incluso sensibles, reglados por el régimen de protección a que se refiere la ley N° 19.628, este Consejo estima que el potencial del contenido de aquel, ya sea de forma total o parcial, como insumo del control social de la adecuada calificación para, en este caso, el otorgamiento del beneficio en cuestión, de suyo excepcional, constituye un fundamento suficiente para justificar su divulgación a terceros.

8) Que, sin perjuicio de lo razonado anteriormente, de la revisión del contenido del informe psicosocial solicitado y que da cuenta de los siguientes aparatados: Antecedentes Personales; Historia Social (estudio de antecedentes socio-familiares asociados a la comisión del delito); Vida Penitenciaria (análisis e interpretación del impacto en la intervención, de la experiencia de reclusión y/o uso de los beneficios de salida al medio libre); Situación Social Actual (situación grupo familiar al egreso: estructura y dinámica familiar, redes sociales de apoyo); Proyecto de Vida en el Medio Libre (planificación sociofamiliar); Fuentes de Información; Antecedentes Psicológicos (funciones intelectuales, características de personalidad, conciencia del delito, conciencia del daño y mal causado, disposición para el cambio, elementos psicopatológicos); Síntesis Criminológica y Pronóstico Psicosocial; finalizando con la firma de los profesionales que lo suscriben. Este Consejo concluye que se cumple con el necesario control social, en virtud de lo razonado en el considerando anterior, proporcionando acceso sólo al Pronóstico Psicosocial, que es en definitiva, la recomendación planteada, por el órgano reclamado, por medio de su personal técnico, a la Comisión de Libertad Condicional, que, en definitiva, para este caso, será la que otorgó el beneficio al condenado en cuestión. En consecuencia, se acogerá parcialmente el presente amparo, requiriendo la entrega del apartado señalado del informe psicosocial pedido; rechazándolo en lo demás por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 33, letra m), de la misma ley y la ley N° 19.628.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Rodrigo Fluxá Nebot en contra de Gendarmería de Chile, rechazándolo respecto de aquellos elementos que forman parte del "Informe Social y Psicológico Unificado Postulación Beneficio Libertad Condicional", por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 33, letra m), de la misma ley y la ley N° 19.628, por los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile que:

a) Entregue al reclamante copia del apartado titulado "Pronóstico Psicosocial" del "Informe Social y Psicológico Unificado Postulación Beneficio Libertad Condicional", elaborado en marzo de 2016, respecto de la persona consultada.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Rodrigo Fluxá Nebot, al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile y al tercero interesado en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.