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Alex Díaz Loayza con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C2749-16

Consejo para la Transparencia, 21/10/2016

Se dedujo amparo en contra de la Tesorería General de la República, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a las "bases de datos en formato Excel, de deudores fiscales de la Tesorería Regional Metropolitana y Regional Metropolitana Santiago Oriente (incluye Tesorerías Provinciales), con deuda neta sobre 2 millones de pesos, con el detalle que se indica: Deudores personas jurídicas: razón social, RUT (con DV), comuna, dirección, tipo de formulario, folio, período y/o vencimiento, fecha giro, monto neto deuda, reajuste, intereses, rol expediente administrativo, estado cobranza TGR; Deudores personas naturales: RUT (con DV), comuna, tipo formulario, folio, período y/o vencimiento, fecha giro, monto neto deuda, reajuste, intereses, rol expediente administrativo, estado cobranza TGR". El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto del artículo 21 N°2 de la Ley de transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentos electrónicos.Otros 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Decisiones o sentencias citadas en documento:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2749-16

Entidad pública: Tesorería General de la República.

Requirente: Alex Díaz Loayza.

Ingreso Consejo: 17.08.2016

En sesión ordinaria N° 748 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de octubre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C2749-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de julio de 2016, don Alex Díaz Loayza solicitó a la Tesorería General de la República, en adelante e indistintamente, la Tesorería, la siguiente información: "bases de datos en formato Excel, de deudores fiscales de la Tesorería Regional Metropolitana y Regional Metropolitana Santiago Oriente (incluye Tesorerías Provinciales), con deuda neta sobre 2 millones de pesos, con el detalle que se indica: Deudores personas jurídicas: razón social, RUT (con DV), comuna, dirección, tipo de formulario, folio, período y/o vencimiento, fecha giro, monto neto deuda, reajuste, intereses, rol expediente administrativo, estado cobranza TGR; Deudores personas naturales: RUT (con DV), comuna, tipo formulario, folio, período y/o vencimiento, fecha giro, monto neto deuda, reajuste, intereses, rol expediente administrativo, estado cobranza TGR".

2) RESPUESTA: El 29 de julio de 2016, mediante Ord. N° 3.670, el órgano otorgó respuesta al solicitante, señalando en síntesis, que "la publicidad, comunicación o conocimiento del registro de personas en nóminas de deudores morosos y de antecedentes relacionados con su morosidad tributaria, compromete su capacidad para operar en el mercado y su reputación o prestigio comercial, que se sustenta en el debido cumplimiento de sus obligaciones, lo que indudablemente -por una parte- afecta sus derechos de carácter comercial o económicos y -por otra- según corresponda, se refiere a información de carácter personal de los contribuyentes, siendo ésta reservada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo previsto en la ley N° 19.628".

Asimismo, agrega que "de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la citada ley y lo previsto en el punto 2.4 de la Instrucción General N° 10 del CPLT, procede que la autoridad (...) comunique por carta certificada a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega", y que notificar a los 28.477 contribuyentes morosos configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por la distracción indebida de sus funcionarios, denegando la entrega de la información solicitada.

3) AMPARO: El 17 de agosto de 2016, don Alex Díaz Loayza dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. Agrega, además, que "en el presente caso, la información requerida tiene como fuente los datos contenidos en actos administrativos, revestidos de presunción de legalidad, de imperio y de exigibilidad frente a sus destinatarios, como son las liquidaciones de impuestos emanados del Servicio de Impuestos Internos y los giros u órdenes de ingreso que por causa de las liquidaciones o sin dicho antecedente (en los casos que la ley autoriza) son emitidos por ese mismo organismo".

Asimismo, indica que "tales actos administrativos, a su vez, dan lugar a otro acto administrativo, ahora de Tesorerías, en que se contienen todas las acreencias fiscales que dan lugar al cobro administrativo. Tal acto es la nómina de deudores morosos, la que exhibe la naturaleza jurídica de los actos administrativos de mera constancia".

Acto seguido, reclama que "la individualización completa del deudor que se contiene en la nómina no es arbitraria, sino que ella arranca de los actos del órgano girador (Servicio de Impuestos Internos) en virtud de datos que recaba en virtud de normas imperativas, como son, entre otras, los artículos 66, 67, 68 y siguientes del Código Tributario (...) por consiguiente, lo solicitado se refiere plenamente al contenido de registros o bases de datos creadas con fondos públicos para el cumplimiento de la función administrativa (rol único tributario), actos administrativos ejecutables y revestidos de presunción de legalidad y los expedientes de procedimientos administrativos de cobro de impuestos incoados en virtud de aquéllos. No se ha preguntado por antecedentes comerciales, financieros o económicos de los deudores, ni se inquiere acerca de hechos de su vida privada, sino que acerca de su comportamiento en el espacio público, su cumplimiento de la ley tributaria y la satisfacción de sus cargas públicas", en relación con los principios que establece la Ley de Transparencia y alegando la condición pública de los tributos, haciendo mención a lo resuelto por el Excmo. Tribunal Constitucional, en sentencia de fecha 15 de abril de 2014, causa rol N° 2489-13-INA.

Posteriormente, señala que "Por consiguiente, cuando del pago de los impuestos se trata, y especialmente, cuando del NO PAGO de impuestos se trata, no estamos en presencia de lo privado, ni puede recibir aplicación, por tanto la Ley de Protección de la Vida Privada de las Personas N° 19.628, porque no se está frente a hechos que legítimamente puedan ser extraídos de la mirada de los conciudadanos, pues son asuntos comunes a todos, en los que todos son obligados y recíprocamente acreedores a través del Estado y sus órganos (...) el incumplimiento de los deberes impositivos, cargas públicas constitucionalmente establecidas, regidas por normas de derecho público, que se refieren a deberes contributivos sociales de las personas naturales y jurídicas y que, en último término, no miran al interés privado; son actos o conductas esencialmente públicas, que no pueden ser amparados por la protección de la órbita de la intimidad de las personas, pues tales incumplimientos, son conductas que causan daño a la colectividad, alteran la igualdad tributaria, privan al erario de los recursos para la satisfacción de las necesidades públicas y, en suma, son contravenciones al orden público económico constitucional, de manifiesto interés social".

Luego, respecto a la respuesta de la Tesorería, señala que "tratándose de personas jurídicas, les hace extensiva la garantía del artículo 19 N° 4 de la Constitución, en la forma de fama o reputación. Respecto de las personas naturales, junto con el derecho a la honra en toda su extensión, aduce que los datos sobre su morosidad tributaria son de naturaleza privada y, como tales, ajenos al escrutinio público, por así garantizarlo la Ley de Protección de la Vida Privada, N° 19.628. Sin embargo esto no es así, ya que no estamos ante hechos propios de la privacidad de las personas, ni la entrega de la información solicitada lesiona la honra de las personas naturales o la reputación, fama o buen nombre comercial de los deudores de impuestos, sean personas naturales o morales".

Por último, finaliza reclamando que "conocer quiénes no cumplen sus obligaciones tributarias, al punto que Tesorerías ha elaborado por mandato legal la nómina de deudores morosos, título ejecutivo que da inicio a la ejecución forzada del tributo, dando cuenta de una obligación líquida y actualmente exigible, no conlleva por sí mismo ninguna amenaza o lesión a los derechos constitucionales de orden económico que amparan al deudor, pues la divulgación de esa información no limita ni restringe la libertad de realizar cualquier actividad económica conforme a las leyes que la regulan, ni tampoco afecta la igualdad de trato que el Estado y sus organismos deben prodigar a los agentes económicos, ni afecta el derecho de propiedad, ni la libertad para adquirir toda clase de bienes" y que "tratándose lo pedido de información pública, de evidente interés social, contenida en actos, expedientes administrativos y bases de datos creadas para el cumplimiento de la función administrativa, respecto de obligaciones que constituyen cargas públicas de los deudores, cuya divulgación no está sujeta a reserva por causal legal de secreto alguna, resulta improcedente que el órgano requerido excuse su deber de entrega recurriendo al expediente de notificar a los deudores para proceder a la entrega de lo solicitado, especialmente, porque el artículo 20, de la ley N° 20.285, resulta aplicable ‘cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros’, situación que no se verifica en la especie".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° 8.686, de 1 de septiembre de 2016, confirió traslado al Sr. Tesorero General de la República, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Oficio N° 3.972, de fecha 14 de septiembre de 2016, dicha autoridad presentó sus descargos, señalando en síntesis, que "la solicitud de acceso (...) se ha denegado, en primer término, de conformidad a la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia (...) la información requerida corresponde a datos de carácter personal, de conformidad a lo previsto en la letra f) del artículo 2° de la ley 19.628 (...) siendo improcedente entregar la información solicitada, aplicando preferentemente por especialidad la normativa de la citada ley", haciendo mención al libro "Transparencia y Sociedad" N° 3, respecto a la afectación de la vida privada, en relación con el efecto del silencio del tercero ante la notificación de su derecho de oposición, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 19.628, señalando que "no ha existido la manifestación de consentimiento expreso que demanda la Ley (...) para que un tercero pueda acceder a esos datos", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C1269-16 y a la decisión de la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 4681-2013.

Acto seguido, en relación con lo dispuesto en los artículos 20, 7 y 9 de la mencionada ley N° 19.628, agrega que "el almacenamiento de datos personales efectuado por la Tesorería General de la República se encuentra amparado por el artículo 20 ya mencionado, siendo improcedente la divulgación o publicidad de estos datos para fines diversos al señalado (...) considerando que el Servicio de Tesorerías extrae del sistema de cuenta única tributaria -de que trata el artículo 31 del decreto ley N° 1263 Orgánico de Administración Financiera del Estado- la información requerida para cumplir con la función establecida en el estatuto orgánico de este servicio, de efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa, entre otros, de los impuestos fiscales en mora, con sus intereses y sanciones".

Del mismo modo, con relación a la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, indica que "se requieren antecedentes de un elevado número de contribuyentes, que de acuerdo a lo informado por la División de Operaciones y Estudios y Desarrollo de la Tesorería General asciende a un total de 28.477 deudores fiscales (...) de manera tal que dar íntegra respuesta a la solicitud de información conlleva una carga de trabajo extraordinaria para los funcionarios del servicio, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la ley N° 20.285 y a lo señalado en el punto 2.4 de la Instrucción General N° 10 del CPLT", haciendo mención a lo resuelto por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago en Reclamo de Ilegalidad rol N° 448-2013, denegando la entrega de la información por cuanto "la atención del requerimiento implica para los funcionarios del servicio la utilización de un tiempo excesivo (...) para efectuar la recopilación de la información, a fin de entregarla en la forma solicitada".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Tesorería General de la República a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el solicitante requirió las bases de datos, en formato Excel, de los deudores fiscales de la Tesorería Regional Metropolitana y Regional Metropolitana Santiago Oriente con deuda neta sobre 2 millones de pesos, respecto de personas naturales y jurídicas, con el detalle que indica. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, fundado en las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), y N° 2, de la Ley de Transparencia.

2) Que, en base a lo requerido por el solicitante, respecto del nombre o razón social, RUT y domicilio de los deudores, información que el órgano denegó, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C2750-14 y C1269-16, cabe tener presente que la información requerida, esto es, antecedentes relacionados con los morosos de deudas tributarias, se refiere a información de carácter personal de los contribuyentes, motivo por el cual sería reservada según lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo preceptuado en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en causa sobre recurso de queja Rol N° 4681-2013, de 26 de noviembre de 2013.

3) Que, efectivamente, ante requerimiento de similar contenido, el máximo tribunal señaló que "es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información requerida (...) puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los deudores comprometidos". Agregó, que "la Municipalidad recurrente, en cuanto organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual no solo está habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, como para intentar una reclamación como la de autos, porque como se ha dejado apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico que pudieran afectar su honra" (considerandos 12° y 13°).

4) Que, a juicio de este Consejo, lo señalado por la referida magistratura, se aviene fielmente a la esfera de protección de la vida privada que el constituyente como el legislador han fijado en la Constitución Política de la República como en las Leyes de Transparencia y Protección de la Vida Privada. En efecto, dichos cuerpos normativos han establecido un régimen de protección de los datos personales que obran en poder de los órganos de la Administración, a partir de la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N° 4, sobre el respeto a la vida privada y la honra de la persona y su familia. Luego, la comunicación de los datos requeridos a la luz de lo dispuesto en los citados cuerpos normativos, resulta improcedente.

5) Que, en concordancia con lo señalado precedentemente, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia sobre reclamación de ilegalidad Rol N° 6.531-2014, de 26 de enero de 2015, indicó que "la vida privada es un atributo del individuo en sociedad, que deriva precisamente de la concepción de la privacidad como un atributo de la personalidad. De este modo, el derecho a la vida privada se traduce en una materialización u objetivación de la privacidad sustancial, del derecho al yo, de la persona. [Por tal razón] si se entiende la privacidad como una manifestación jurídica de la dignidad y respeto que se debe a todo individuo de la especie humana, es posible considerar que se traduce en la reserva del yo - con todas sus connotaciones - a espacios reducidos, seleccionados por el sujeto. De allí que pueda definírsela como ‘la posición de una persona o entidad colectiva personal en virtud de la cual se encuentra libre de intromisiones o difusiones cognoscitivas de hechos que pertenecen a su interioridad corporal y psicológica o a las relaciones que ella mantiene o ha mantenido con otros, por parte de agentes externos que, sobre la base de una valoración media razonable, son ajenos al contenido y finalidad de dicha interioridad o relaciones’".

6) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, por resultar aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo preceptuado en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.

7) Que, respecto de las personas jurídicas, el órgano alegó, asimismo, la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por tratarse de una fracción de los más de 28 mil deudores fiscales a quienes se le debiera notificar la solicitud objeto del presente amparo. Por lo tanto, haber utilizado el procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificándose el requerimiento a todos los morosos, generaría la afectación de distracción indebida de los funcionarios, respecto de sus labores habituales, alegada por Tesorería, por lo que, en consecuencia, este Consejo, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 33, letra j) y m), de la Ley de Transparencia, de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado, y de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, procederá a rechazar el presente amparo, teniendo por configurada la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Alex Díaz Loayza, en contra de la Tesorería General de la República, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alex Díaz Loayza y al Sr. Tesorero General de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.