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Larry Robinson Faúndez Sáez con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C3039-16

Consejo para la Transparencia, 25/11/2016

Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones, fundado en haber dado respuesta parcial referente a: a) "Copia de informe médico de fecha 11 de abril de 2016, suscrito por la Comisario (S) Cecilia Roldán Valenzuela, mencionado en Informe Técnico ® N°160, de fecha 04 de mayo de 2016, de la Jefatura de Sanidad de la PDI. b) Copia de currículum vitae de los profesionales médicos: Comisario (S) Cecilia Roldán Valenzuela, médico familiar (medicina interna); Comisario (S) Samuel Alfaro Jury, traumatólogo y Subprefecto (S) Pablo Carreño Ortega, cirujano, conforme a la jurisprudencia administrativa establecida por el Consejo Para la Transparencia en C-279-2010. c) Copia del documento (resolución, circular, orden general, etc.) que regula el procedimiento ante maltrato o acoso laboral al interior de la Policía de Investigaciones de Chile. El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de la información reclamada en las letras j) y k) de la solicitud de información, por configurarse la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 38 de la ley N° 19.974 y al artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, y respecto de lo reclamado en la letra i) de la solicitud de información, por resultar plausible la inexistencia del certificado cuya copia se solicitó.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:



Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3039-16

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Larry Robinson Faúndez Sáez

Ingreso Consejo: 06.09.2016

En sesión ordinaria N° 758 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de noviembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3039-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 10 de julio de 2016, don Larry Robinson Faúndez Sáez formuló ante la Policía de Investigaciones, en adelante e indistintamente PDI, una solicitud de información, requiriendo lo siguiente:

a) "Copia de informe médico de fecha 11 de abril de 2016, suscrito por la Comisario (S) Cecilia Roldán Valenzuela, mencionado en Informe Técnico ® N°160, de fecha 04 de mayo de 2016, de la Jefatura de Sanidad de la PDI.

b) Copia de currículum vitae de los profesionales médicos: Comisario (S) Cecilia Roldán Valenzuela, médico familiar (medicina interna); Comisario (S) Samuel Alfaro Jury, traumatólogo y Subprefecto (S) Pablo Carreño Ortega, cirujano, conforme a la jurisprudencia administrativa establecida por el Consejo Para la Transparencia en C-279-2010.

c) Copia del documento (resolución, circular, orden general, etc.) que regula el procedimiento ante maltrato o acoso laboral al interior de la Policía de Investigaciones de Chile.

d) Copia del documento (resolución, circular, orden general, etc.) que regula la protección del personal diagnosticado con alguna enfermedad al interior de la Policía de Investigaciones de Chile.

e) Copia del documento (resolución, circular, orden general, etc.) que faculta a un Jefe de Unidad a interrumpir el reposo médico de un subordinado, sin requerir la autorización previa al médico que lo ordenó.

f) Copia del documento que regula la cantidad de talonarios de licencias médicas que se confeccionan e imprimen en la Sección Imprenta de la Policía de Investigaciones de Chile.

g) Copia del documento que regula la cantidad de talonarios de licencias médicas que se entregan a los diferentes servicios que los demandan, como son la Clínica Institucional, Sanidad Regiones y el Hospital de Carabineros.

h) Copia de oficio ® N° 523, de fecha 15 de mayo de 2001, de la Jefatura de Jurídica, que propone modificar el Reglamento de licencias médicas, permisos y feriados de la PDI.

i) Copia de certificado de registro electrónico de calificaciones de la Subcomisario ® Patricia Cabrera Solís, de la Policía de Investigaciones de Chile.

j) Copia del respaldo de la información consultada por la Subcomisario ® Patricia Cabrera Solís al Sistema Computacional de Gestión Policial (GEPOL) de la PDI, el día 06 de Marzo de 2014.

k) Copia del respaldo de la información consultada por la Subcomisario ® Patricia Cabrera Solís en el Sistema Biométrico del Registro Civil, el día 06 de marzo de 2014.

l) Copia del documento que autoriza a funcionarios de la PDI a consultar en sus bases de datos a civiles que acompañan a funcionarios a las fiestas aniversario, realizadas en establecimientos comerciales.

m) Copia de Orden General N° 594, de fecha 25 de marzo de 1982, sobre reclamos de particulares contra funcionarios de la institución.

n) Copia de Oficio ® N° 377, de fecha 20 de julio de 2015, de la jefatura de jurídica de la PDI.

o) Copia de Orden General N° 2085, de fecha 03 de enero de 2006, que en su artículo 9, letra n) faculta a los jefes de unidad a visitar al personal enfermo.

p) Copia de Orden General N° 1817, de fecha 08 de junio de 2001, que regula constancias sobre salidas y llegadas de personal que realiza diligencias en vehículos policiales.

q) Copia del documento (resolución, circular, orden general, etc.) que regula la proporción entre infracción y sanción cometida por funcionarios de la PDI.

r) Copia de las constancias del Libro N° 1-A Novedades del turno del departamento de informaciones, de la jefatura nacional de inteligencia policial, del día 04 de octubre de 2013, entre las 10:00 a 12:30 horas.

s) Copia de las constancias del Libro N° 1-A Novedades de la guardia o Libro 1-A novedades del turno de la brigada de inteligencia policial Valdivia, del día 05 de agosto de 2013, que consigna las salidas del funcionario, Sr. Iván Roberto Gallardo Santana".

2) RESPUESTA: La Policía de Investigaciones de Chile, previa comunicación de la prórroga para formular respuesta, respondió a dicho requerimiento de información mediante carta de fecha 19 de agosto de 2016, señalando, en síntesis, que se otorgó respuesta a cada uno de los numerales de la solicitud, denegando lo requerido en los literales j), k), r) y s), consistentes, en términos generales, en respaldos de la información consultada por funcionaria individualizada en los sistemas GEPOL y Biométrico del Registro Civil, junto con las constancias en el libro que indican. Lo anterior, por configurarse las causales del artículo 21 N° 3 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, sobre sistema de inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia.

En efecto, a través de la resolución exenta N° 9, el órgano requerido en síntesis, que se deniega el acceso a lo pedido en las letras j), k), r) y s) de la solicitud de información, en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia de acuerdo a las causales de reserva contempladas en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, y al artículo N° 3 de la citada ley, en relación con lo que dispone el artículo 38 de la ley N° 19.974, que reúne el requisito consagrado por la disposición cuarta transitoria, pudiéndose afectar la seguridad de la Nación, el orden público, la seguridad interior del Estado, puesto que se requiere copia de los registros de la actividad de inteligencia desarrolladas por la ex servidora Patricia Cabrera Solís, es decir, copia de registros de actuaciones policiales de inteligencia destinadas a recabar antecedentes de personas o grupos de ellas y organizaciones vinculadas a hechos que pudieran afectar el orden público y con ello la seguridad pública interior de la Nación, que se hicieron accediendo a bases de datos con los datos personales de individuos plenamente identificados, ajenos al peticionario Sr. Larry Faúndez.

3) AMPARO: El 06 de septiembre de 2016, don Larry Robinson Faúndez Sáez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en haber recibido respuesta parcial a su requerimiento, por cuanto no se hizo entrega de lo requerido en los literales j), k), r) y s), de la solicitud de información.

Asimismo, alega poca claridad a la respuesta dada respecto a la copia de certificado requerida en el literal i) de la solicitud de información, toda vez que se indicó que dicho certificado no se confecciona, no siendo clara su explicación.

Finalmente, agrega el solicitante, que es apoderado de la ex funcionaria Patricia Cabrera Solís, como consta en instrumento público de fecha 03 de junio de 2014, acompañado en numerosas oportunidades ante el órgano requerido.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante oficio N° 9.339, de fecha 21 de septiembre de 2016.

La PDI, a través de Ord. N° 906, de fecha 11 de octubre de 2016, presentó sus descargos u observaciones, reiterando, en síntesis, que respecto a lo pedido en los literales j), k), r) y s) de la solicitud de información, referidas a unas actuaciones efectuadas por los funcionarios Patricia Cabrera Solís e Iván Gallardo Santana, quienes cumplían funciones en estamentos dependientes de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, se estimó que se configuran las causales de secreto señaladas en el artículo 21 N° 3 y 5, de la Ley de Transparencia, razón por la cual se emitió resolución denegatoria, conforme a las normas citadas y a lo dispuesto en el artículo 8° y disposición cuarta transitoria, ambas de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el la ley N° 19.974, sobre Inteligencia del Estado.

Señala que de acuerdo al artículo 5° de la ley N° 19.974, el Sistema de Inteligencia se encuentra integrado por: la Agencia Nacional de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional, las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Agrega el inciso final de dicho artículo, "que las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente". La inteligencia policial es una función que corresponde exclusivamente a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 20° de la citada ley. Dichas actividades comprende el procesamiento de información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior.

Hace presente que el Título VII denominado "De la Obligación de Guardar Secreto", de la citada ley, establece en su artículo 38° que "Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Continua indicando que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique". Por otra parte, señala el inciso final del artículo antes mencionado, que "los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".

Sin embargo, se exceptúan de lo anterior de conformidad al artículo 39° de la ley, "la entrega de antecedentes e informaciones que fueren solicitadas por la Cámara de Diputados o el Senado, o que requieran los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público a través del Fiscal Nacional, o la Contraloría General de la República, en uso de sus respectivas facultades, los que se proporcionarán sólo por intermedio de los Ministros del Interior, de Defensa Nacional y del Director de la Agencia, en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 9° de la ley N° 18.818, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, o por medio de oficios reservados dirigidos al organismo competente, según el caso".

De forma tal, a la luz de las normas citadas en la letra a), no es posible acceder a los antecedentes que obran en el referido Sistema de Inteligencia, ya que de acuerdo a lo señalado precedentemente, éstos no son públicos, debido a que son recopilados a través de las acciones, operaciones y actividades, cuyos resultados obtenidos durante el ciclo de la inteligencia, tienen que ser conocidos por personas muy concretas.

Hace presente que lo solicitado corresponde a acceso a las bases de datos que individualiza como GEPOL y el Sistema Biométrico, que son bases de datos personales de personas individualizados con sus antecedentes personales, tales como nombre completo, estado civil, cédula de identidad, órdenes de aprehensión, arraigos, registro de detenciones, inclusive domicilio. Respecto de la última de las bases mencionadas, no es de elaboración ni mantención por parte de la Policía de Investigaciones, puesto que le pertenece al Servicio de Registro Civil e Identificación, accediendo la Policía de Investigaciones de Chile a ella en virtud de un convenio existente entre ambas Instituciones, para los efectos del cumplimiento de los fines de este organismo policial.

Al tenor de lo descrito, lo que requiere el peticionario es una copia de las actuaciones policiales que realizó la ex Subcomisario Patricia Cabrera Solís, en el marco de las investigaciones de inteligencia que le correspondió desarrollar como oficial policial, de una unidad de inteligencia, para lo cual accedió y utilizó bases de datos, con información de terceros ajenos al peticionario, en un tiempo específico y determinado, emitiendo informes al respecto, es decir, un registro de una actividad de inteligencia, según lo define el artículo 38 de la ley N° 19.974, no siendo el requirente ninguna de las autoridades con facultades legales para requerir de los registros de inteligencia, al amparo del artículo 39 del mismo texto legal, y respecto de quien se contempla un procedimiento especial para alzar dicho secreto.

Acceder a la información de las actividades de inteligencia que desarrolló la ex subcomisario Cabrera Solís, puede afectar los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Inteligencia, esto es, la soberanía nacional, la seguridad del Estado, la defensa nacional, puesto que tales indagaciones constituyen "el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior", según lo expresa el inciso 2° de artículo 22, de la citada ley N° 19.974, dejando al descubierto a la o las personas o grupos que fueron indagados por la ex servidora.

Por otra parte, en relación al reclamo referido a la denegación de las copia de las constancias del Libro N° 1-A Novedades del Turno del Departamento de Informaciones, de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, del día 04 de octubre de 2013, entre las 10:00 a 12:30 horas, y copia de las constancias del Libro N° 1-A Novedades de la Guardia o Libro 1-A Novedades del Turno de la Brigada de Inteligencia Policial Valdivia, del día 05 de agosto de 2013, que consigna las salidas del funcionario, Sr. Iván Roberto Gallardo Santana, la PDI señala que según la Orden General N° 1506, de fecha 14 de mayo de 1997, que aprueba el "Reglamento de Documentación y Archivo", que en su Capítulo Cuarto "De los Libros", en su artículo 57 dice relación con el Libro 1-A "Novedades de la Guardia", prescribe en lo pertinente "Todas las Unidades o reparticiones del país, que no mantengan servicios de guardia, deberán llevar un libro de "NOVEDADES DEL TURNO", que tendrá el mismo número y estructura que el libro de "NOVEDADES DE LA GUARDIA", en este libro se consignarán todas las actividades y novedades que se produzcan diariamente en la Unidad o Repartición".

Correspondiendo este libro, donde el organismo que realiza actividades propias del área de inteligencia, como sucede en la especie, consigna sus actividades y novedades diarias, formando éste organismo parte del sistema de inteligencia, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la ley N° 19.974, ya citado.

Acceder a la entrega de los antecedentes requeridos produce una afectación al debido cumplimiento de las funciones, puesto que en aquellos libros tal como se indicó, se plasman todas las novedades y actividades que se producen diariamente en los estamentos dependientes de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial.

A mayor abundamiento, indica que se solicita acceder a los registros de las actuaciones que realizó un funcionario específico de la Institución, esto es, el Inspector Iván Roberto Gallardo Santana, en un día preciso, quien ejecutaba a la fecha del requerimiento funciones en la Brigada de Inteligencia Policial Valdivia, siendo el Libro 1-A en donde se registran las actuaciones que realizan los funcionarios en este caso del Inspector Gallardo Santana, de todas las actividades de inteligencia que realizó en el marco de sus funciones como oficial policial.

Por otra parte, respecto a las alegaciones del reclamante, relativas a la respuesta dada por la Policía de Investigaciones de Chile, respecto de lo pedido en la letra i) del requerimiento de información, referido copia de certificado de registro electrónico de calificaciones de la Subcomisario ® Patricia Cabrera Solís, de la Policía de Investigaciones de Chile, en la carta del respuesta se le informó al solicitante que consultado el Departamento de Archivo y Registro de la Jefatura del Personal informó textualmente "que no se confeccionan certificado de registro electrónico de calificaciones", no obstante lo cual de igual modo se le informó en la citada carta de respuesta, las calificaciones anuales que registra la requerida ex funcionaria.

Lo anterior, toda vez que siendo efectivo que las calificaciones anuales de los funcionarios se ingresan al sistema denominado SIAPER, el cual administra como medida de control la Contraloría General de la República, dicho sistema no genera "Certificado De Registro Electrónico" como pretende el reclamante, sino que es un registro electrónico de las mencionadas calificaciones anuales, razón por la cual no se emite certificado de dicha actuación, no obstante como se señaló se le informaron las calificaciones anuales de la ex funcionaria, que corresponde a la información que se ingresa a dicho registro. Además, citando el caso C919-12 de este Consejo, señala que "una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la reclamada a emitir uno de los certificados solicitados", no correspondiendo esto último.

Finalmente, respecto a lo indicado por el reclamante en su "anexo amparo por denegación de información", que es apoderado de la ex funcionaria de la cual requiere la información, de acuerdo a instrumento público de fecha 03 de junio del año 2014, pretendiendo que la PDI deba tenerlo por conocido en cada una de las solicitudes que efectúe ante este servicio, situación que no se condice con la normativa que rige la materia, toda vez que, en todo requerimiento que sea necesario acreditar la calidad de apoderado en el procedimiento administrativo, tal como lo señala el artículo 22 de la ley N° 19.880, que "Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado", más aún cuando se trata de información de carácter personal y calificada como sensible de conformidad con las normas de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

Por lo anterior, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 38, de la ley N° 19.974, a juicio de la PDI procede en la especie la aplicación de la causal de reserva del artículo 21 Nos 3 y 5 de la Ley de Transparencia, puesto que la solicitud requiere de copia de los registros de la actividad de inteligencia desarrolladas por la ex servidora Patricia Cabrera Solís, es decir, copia de registros de actuaciones policiales de inteligencia destinadas a recabar antecedentes de personas o grupos de ellas y organizaciones vinculadas a hechos que pudieran afectar el orden público y con ello la seguridad pública interior de la Nación, que se hicieron accediendo a bases de datos con los datos personales de individuos plenamente identificados, ajenos al solicitante.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Este Consejo mediante correo electrónico de fecha 09 de noviembre de 2016, solicitó al órgano requerido señalar expresamente si obra en su poder la información reclamada, y en caso de respuesta afirmativa, remitir los antecedentes; y en caso de respuesta negativa, justificar detalladamente dicha circunstancia.

La PDI, a través de oficio Ord. N° 1005, de fecha 14 de noviembre de 2016, señalando en síntesis, que efectivamente la información reclamada obra en sus poder, sin embargo, no será remitida por ser secreta conforme lo expresa el artículo 38 de la ley N° 19.974, que establece el sistema nacional de inteligencia, configurándose a su juicio la causal de reserva del artículo 21 N° 3 y 5 de la Ley de Transparencia, reiterando la alegación formulada en sus descargos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, con fecha 10 de julio de 2016, don Larry Robinson Faúndez Sáez formuló ante la Policía de Investigaciones, en adelante e indistintamente PDI, una solicitud de información al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo respuesta estimada como insatisfactoria por el requirente, por cuanto no se le entregó lo pedido en los literales j), k), r) y s), de la solicitud de información, como asimismo la respuesta respecto a la copia requerida en el literal i) sería poco clara, limitándose a dichos puntos el presente amparo.

2) Que, en efecto, tanto en su respuesta como descargos la PDI señaló que denegaba la información solicitada en las letras j), k), r) y s) del requerimiento, esto es, copia del respaldo de la información consultada por la Subcomisario ® Patricia Cabrera Solís al Sistema Computacional de Gestión Policial (GEPOL) de la PDI, el día 06 de Marzo de 2014; copia del respaldo de la información consultada por la Subcomisario ® Patricia Cabrera Solís en el Sistema Biométrico del Registro Civil, el día 06 de marzo de 2014; copia de las constancias del Libro N° 1-A Novedades del turno del departamento de informaciones, de la jefatura nacional de inteligencia policial, del día 04 de octubre de 2013, entre las 10:00 a 12:30 horas; y copia de las constancias del Libro N° 1-A Novedades de la guardia o Libro 1-A novedades del turno de la brigada de inteligencia policial Valdivia, del día 05 de agosto de 2013, que consigna las salidas del funcionario, Sr. Iván Roberto Gallardo Santana, respectivamente, por configurarse las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 Nos 3 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, sobre Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia.

3) Que de acuerdo al artículo 5° de la ley N° 19.974, el Sistema Nacional de Inteligencia estará integrado, entre otros, por las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad, como es el caso, de la Jefatura de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones. Al respecto el artículo 38 del cuerpo normativo citado prescribe que se considerarán secretos, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman dicho Sistema o de su personal, cualquiera sea su cargo o naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Sobre este punto se debe precisar que la funcionalidad de la regla de reserva establecida en dicha norma se encuentra determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen aquellos órganos, las que comprenden necesariamente los registros de las actividades y novedades referentes al personal que ejecutó o que actualmente ejecuta dichas labores.

4) Que, según el decreto supremo N° 41, de 1987, de Defensa Nacional, que fija reglamento orgánico de la Policía de Investigaciones, la Jefatura de Inteligencia Policial es el organismo encargado de reunir y procesar la información de inteligencia policial, coordinando y controlando la acción a nivel nacional en esta materia (Artículo 92), de la cual depende, entre otros, el Departamento de Informaciones e Inteligencia (Artículo 93). Por su parte, la Orden General N° 2422, de 06 de julio de 2015, que establece el nuevo Reglamento de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial y de sus unidades dependientes, establece que dicha jefatura es un órgano directivo e integrante del Sistema de Inteligencia del Estado (artículo 1°) y que el Departamento de Informaciones será la repartición encargada de la recepción, procesamiento, archivo y custodia de la información que proporcionen fuentes institucionales o extrainstitucionales en materia del área de Inteligencia, como también, el control y administración del procesamiento de información que realicen las Unidades dependientes en las plataformas informáticas de sistematización de la información (artículo 14, inciso primero).

5) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que además, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien artículo 38 de la ley N° 19.978, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

6) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, acerca del fundamento y procedencia de las causales de reserva invocadas por el órgano reclamado para denegar la información pedida, para lo cual se distinguirá por una parte lo reclamado en las letras j) y k) del requerimiento, por otra parte lo pedido en los literales r) y s), y finalmente lo referido a la información pedida en la letra i) de la solicitud.

7) Que, respecto de lo pedido en los literales j) y k) del requerimiento de información, esto es, copia de los respaldos de la información consultada por la Subcomisario Patricia Cabrera Solís, en el Sistema computacional de gestión policial, y en el Sistema Biométrico del Registro Civil, el día 06 de marzo de 2014, la PDI señaló que lo requerido son actuaciones policiales realizadas por la funcionaria señalada, en el marco de las investigaciones de inteligencia que le correspondió desarrollar como oficial policial de una unidad de inteligencia, para lo cual accedió y utilizó bases de datos, con información de terceros ajenos al peticionario, en un tiempo específico y determinado, emitiendo informes al respecto, es decir, un registro de una actividad de inteligencia, según lo define el artículo 38 de la ley N° 19.974, indagaciones que constituyen "el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior", según lo expresa el inciso 2° de artículo 22, de la citada ley N° 19.974, dejando al descubierto a la o las personas o grupos que fueron indagados por la ex servidora.

8) Que, de los antecedentes examinados, y si bien no fue señalado expresamente por la Policía de Investigaciones, a juicio de este Consejo acceder a la entrega de los antecedentes requeridos en las letras j), k), de la solicitud de información, produce una afectación al debido cumplimiento de sus funciones, puesto los antecedentes pedidos se refieren a actuaciones específicas de consulta por parte de una funcionaria a las bases de datos de que dispone la PDI. Luego, considerando que el artículo 38 de la ley N° 19.974, dispone la reserva de toda aquella información que conste en registros de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado, dentro de los cuales se encuentra dicha Jefatura y su personal, cabe concluir que la información solicitada está protegida por la reserva consagrada en la norma legal referida.

9) Que, de este modo, a juicio de este Consejo se verifica la exigencia de afectación dispuesta por el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, con relación con los artículos 21 y primero transitorio de la Ley de Transparencia, toda vez que en sí mismas, las actividades de inteligencia son el objetivo de las labores desarrolladas por los organismos que constituyen el Sistema de Inteligencia del Estado, en las que, por definición, el secreto posibilita el éxito de su ejecución, y por consiguiente, la reserva de sus actividades también tiene por objeto resguardar el debido cumplimiento de las funciones de los órganos que integran dicho Sistema de Inteligencia. Luego, en virtud de lo expuesto, habiéndose configurándose la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 38 de la ley N° 19.974 y al artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, y sin necesidad de pronunciarse sobre las demás causales de reserva alegadas por el órgano requerido, este Consejo rechazará el presente amparo en esta parte.

10) Que, en relación a lo reclamado en las letras r) y s) de la solicitud de información, esto es, copia de las constancias del Libro N° 1-A Novedades del turno del departamento de informaciones, de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, del día 04 de octubre de 2013 entre las 10:00 a 12: 30 horas, y del Libro N° 1-A Novedades de la guardia o Libro 1-A novedades del turno de la Brigada de Inteligencia Policial Valdivia, del día 05 de agosto de 2013, que consigna las salidas del funcionario que indica, la PDI señaló que en el libro donde obran las constancias que se requieren, se consigna las actividades y novedades diarias, en este caso por parte de los estamentos dependientes de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, formando éste organismo parte del sistema de inteligencia, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Ley N° 19.974, por lo que entregar la información pedida afecta el debido cumplimiento de sus funciones, particularmente si se refiere a los registros de las actuaciones que realizó un funcionario específico, en un día preciso.

11) Que, sobre este punto cabe tener presente, la orden general N° 1.506, de la institución policial reclamada, que aprueba el reglamento de documentación y archivo, en el capítulo relativo a "Los Libros", y que en su artículo 57 indica que todas las unidades o reparticiones del país que no mantengan servicios de guardia, deberán llevar un libro de "Novedades de Turno", que tendrá el mismo número y estructura que el libro de "Novedades de Guardia", en el cual se consignarán todas las actividades y novedades que se produzcan diariamente en la unidad o repartición. Por su parte, en el referido artículo se establece que el libro "Novedades de Guardia" está destinado a registrar todos los hechos referidos al servicio, especialmente la presentación de funcionarios al servicio, lista del personal, salidas o retornos de comisiones u otros cometidos autorizados, licencias médicas y toda otra circunstancia que afecte a la unidad, su dotación, o a los detenidos si los hubiere.

12) Que, como se señaló precedentemente, no basta con invocar una causal de reserva para justifica la denegación de la información requerida, sino que también la fundamentación de la misma debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, lo requerido se trata específicamente, por una parte, de copia de las constancias consignadas en Libro N° 1 - A de Novedades del Turno de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, del día 04 de octubre de 2013, en un periodo muy preciso, esto es, entre las 10:00 a las 12:30 horas, y por otra, de las copia de las constancias en el Libro N° 1 - A de Novedades del Turno de la Brigada de Inteligencia Policial Valdivia, del día 05 de agosto de 2013 sólo respecto de las salidas que consigne del funcionario que indica, antecedentes que serían secretos en virtud del citado artículo 38 de la ley N° 19.974.

13) Que, de acuerdo a la jurisprudencia contenida en los amparos roles C2283-13, C2284-13 y C21-16, una interpretación de contexto del mencionado artículo 38 de la Ley N° 19.974 permite establecer que la funcionalidad del secreto consagrado en dicha norma está determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. En efecto, según disponen los artículos 1°, 4° y 5° de la ley N° 19.974, el objeto de dicho cuerpo legal es precisamente la regulación de las actividades de inteligencia, y lo que determina la pertenencia de una unidad de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad Pública al citado Sistema es la dirección, ejecución o realización de dichas actividades de inteligencia. Además, a igual conclusión debe arribarse de la lectura del propio artículo 38, el cual confiere carácter secreto a "(...) otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas. Dichas normas dan cuenta que es la actividad de inteligencia lo que determina el ámbito de regulación de dicho cuerpo legal y, consecuentemente, la esfera protegida por ella a través del secreto. Por tanto, la referencia a "los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de (...)" que emplea el artículo 38 de la ley N° 19.974, en tanto hace alusión a la tenencia o control de la información de que se trata, debe entenderse restringida a aquella información que, conforme a sus competencias, puede y debe controlar el Sistema de Inteligencia del Estado, esto es, a la información relativa a las actividades de inteligencia, y no a la información cuya materia o naturaleza resulte ajena a dichas actividades, pues una interpretación en este sentido, superaría el ámbito de protección de las actividades de inteligencia desarrolladas por dichos organismos, para extenderse a otras materias o esferas de actuación, en forma indefinida e ilimitada.

14) Que, para efectos de verificar la aplicación del artículo 38 de la ley N° 19.974 es menester determinar si lo solicitado en el caso de la especie constituye información relativa a actividades de inteligencia. Luego, en el presente amparo, de acuerdo a la PDI dichos antecedentes no podrían ser entregados, por cuanto aquellos se consideran secretos en virtud del citado artículo 38 de la ley N° 19.974, limitándose a indicar al respecto su entrega afecta el debido cumplimiento de sus funciones, por cuanto se plasman en aquellos libros todas las novedades y actividades que se producen diariamente en los estamentos dependientes de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial en el caso de lo pedido en la letra r), y respecto de las actividades desarrolladas por un funcionario determinado, en el caso de lo pedido en la letra s) del requerimiento de información.

15) Que, de los antecedentes examinados en esta parte, particularmente lo acotado de la información pedida en las letras r) y s) de la solicitud de información, donde en un caso se refiere a las constancias del Libro N° 1 - A en un lapso de 2 horas y media de un día determinado, y en otro, de las constancias referidas a un funcionario específico en un día preciso, a juicio de este Consejo, el órgano requerido no ha logrado acreditar de qué manera el conocimiento o divulgación de dicha información, en primer lugar, implique revelar actividades propias del sistema de inteligencia y, en segundo lugar, ello pueda generar una afectación presente y probable y con suficiente especificidad sobre alguno de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia, de modo tal que justifique la reserva, por afectarse el debido cumplimiento de las funciones de la PDI, o la seguridad de la Nación, ya sea que se refiera a la defensa nacional, la mantención del orden público o la seguridad pública.

16) Que, en este sentido, el solo hecho que una determinada información se encuentre bajo la tenencia o control de una unidad que forma parte del sistema de inteligencia no basta por sí mismo para erigirse en causal de secreto o reserva. Luego, una alegación de secreto abstracta, carente de elementos que permitan ponderar a este Consejo, en concreto, cómo la reserva de la información consignada en los documentos requeridos es necesaria para asegurar la eficacia de actuaciones específicas desplegadas por el Departamento de Informaciones de la Policía de Investigaciones, resulta insuficiente. Además, se hace presente en virtud de la gestión oficiosa señalada en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, se solicitó a la PDI tener a la vista la información reclamada para la resolución del presente amparo, denegándose la remisión de la misma.

17) Que, en virtud de lo expuesto, este Consejo estima que no resulta aplicable al caso en concreto la causal del artículo 38 de la ley N° 19.974, en relación con el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia y artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política, ni la contemplada en el N° 3 de citada Ley de Transparencia, razón por la cual las desestimará, y en definitiva acogerá el amparo en esta parte, ordenando a la Policía de Investigaciones entregar a don Larry Faúndez Sáez la información pedida en las letras r) y s) de la solicitud de información.

18) Que, finalmente, respecto del amparo en su parte referida a que la respuesta proporcionada a lo pedido en el literal i) de la solicitud de información, esto es, copia de certificado de registro electrónico de calificaciones de la Subcomisario Patricia Cabrera Solís, la PDI informó que no se confecciona el certificado pedido, no obstante lo cual se le proporcionó las calificaciones anuales de la referida funcionaria, precisando en sus descargos, que si bien las calificaciones anuales de los funcionarios se ingresan al sistema denominado SIAPER, el cual administra como medida de control la Contraloría General de la República, dicho sistema no genera "Certificado De Registro Electrónico" como pretende el reclamante, sino que es un registro electrónico de las mencionadas calificaciones anuales, razón por la cual no se emite certificado de dicha actuación.

19) Que, al respecto debe tenerse presente que conforme ha resuelto previamente este Consejo, en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente.

20) Que, en el presente caso, de los antecedentes examinados, particularmente las circunstancias expuestas por el órgano requerido para explicar porque no existe el certificado cuya copia se pide, sin perjuicio de haber entregado la información requerida acerca de las calificaciones anuales de la funcionaria señalada, a juicio de este Consejo es posible determinar que la Policía de Investigaciones de Chile ha sido consistente en señalar que no obra en su poder el certificado requerido en la letra i) de la solicitud de información, por lo que no existiendo elementos que controviertan dicha situación, este Consejo rechazará en esta parte los amparos deducidos, sin necesidad de pronunciarse acerca si la Ley de Transparencia es la vía idónea para requerir un certificado como el pedido.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Larry Robinson Faúndez Sáez, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile; rechazándolo respecto de la información reclamada en las letras j) y k) de la solicitud de información, por configurarse la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 38 de la ley N° 19.974 y al artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, y respecto de lo reclamado en la letra i) de la solicitud de información, por resultar plausible la inexistencia del certificado cuya copia se solicitó.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:

a) Hacer entrega al reclamante de copia de las constancias del Libro N° 1-A Novedades del turno del departamento de informaciones, de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, del día 04 de octubre de 2013, entre las 10:00 a 12:30 horas, como asimismo de copia de las constancias del Libro N° 1-A Novedades de la guardia o Libro 1-A novedades del turno de la Brigada de Inteligencia Policial Valdivia, del día 05 de agosto de 2013, que consigna las salidas del funcionario, Sr. Iván Roberto Gallardo Santana.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Larry Robinson Faúndez Sáez y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.