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Leslie Meneses Contreras con UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (UMCE) Rol: C3163-16

Consejo para la Transparencia, 05/01/2017

Se dedujo amparo en contra de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, fundado en la denegación de la información solicitada referente a la «copia de las solicitudes de comisión de servicios y de comisión de cometido, tanto aquellas solicitudes que hayan sido aprobadas como rechazadas, presentadas a través de formulario único de comisiones (...) entre los años 2003 a 2016 (...)». El Consejo acoge el amparo, por estimarse improcedente la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3163-16

Entidad pública: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Requirente: Leslie Meneses Contreras

Ingreso Consejo: 15.09.2016

En sesión ordinaria N° 767 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3163-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de agosto de 2016, doña Leslie Meneses Contreras, solicitó a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación -en adelante e indistintamente Universidad o UMCE- «copia de las solicitudes de comisión de servicios y de comisión de cometido, tanto aquellas solicitudes que hayan sido aprobadas como rechazadas, presentadas a través de formulario único de comisiones (...) entre los años 2003 a 2016 (...)».

2) RESPUESTA: La Universidad, mediante Oficio N°47/2016 de 9 de septiembre de 2016, indicó al solicitante que no le era posible acceder a la entrega de los antecedentes solicitados. Lo anterior, en aplicación de la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 15 de septiembre de 2016, doña Leslie Meneses Contreras, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad, fundado en la denegación de la información solicitada.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°9.749, de 29 de septiembre de 2016, confirió traslado al Sr. Rector de la Universidad reclamada, quien mediante presentación de 4 de noviembre del año en curso, reiteró lo ya señalado en su respuesta al reclamante.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo tiene por objeto, la entrega por parte de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de información relativa a comisiones de servicios de sus funcionarios.

2) Que al efecto, la reclamada señaló que respecto de la información solicitada, no procedía su entrega por cuanto resultaba aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

3) Que en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales».

4) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.

6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, este estándar no ha sido demostrado por el órgano reclamado.

7) Que en el procedimiento de acceso a la información en comento, la requerida no ha acompañado antecedente suficientes que permitan a este Consejo estimar plausible su alegación y sostener de dicho modo, que por el hecho de divulgarse la información pedida en los términos planteados, se distraerá a sus funcionarios del debido cumplimiento de sus funciones. En efecto, dicho organismo se ha limitado únicamente a esbozar la causal de reserva. En consecuencia, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, se requerirá a la reclamada que entregue a doña Leslie Meneses Contreras la información pedida.

8) Que sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se hace presente a la Universidad que en forma previa a la entrega de dichos antecedentes, deberá tarjar todos los datos personales de contexto contenidos en los antecedentes consultados, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

9) Que, por último, este Consejo estima necesario hacer presente a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación que las obligaciones previstas en la Ley de Transparencia, forman parte de aquellas que habitualmente debe cumplir en razón de su calidad de órgano de la Administración del Estado, razón por la cual, debe arbitrar las medidas necesarias e indispensables para satisfacerlas en los mismos términos que la restantes funciones ejecutadas por su personal.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Leslie Meneses Contreras, en contra de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, por estimarse improcedente la causal de reserva invocada por dicho organismo para denegar la entrega de la información consultada.

II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación que:

a) Entregue a la reclamante la información correspondiente a copia de las solicitudes de comisión de servicios y de comisión de cometido, tanto aquellas solicitudes que hayan sido aprobadas como rechazadas, presentadas a través de formulario único de comisiones entre los años 2003 a 2016, debiendo tarjar todos los datos personales de contexto contenidos en los antecedentes consultados, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Leslie Meneses Contreras y al Sr. Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.