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Cristián Cruz Rivera con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C3089-16

Consejo para la Transparencia, 05/01/2017

Se dedujo amparo en contra del Ejército de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) "Copia del Decreto Supremo y demás normas y actos jurídicos, como sus antecedentes, por medio del cual ‘faculta a las instituciones para dar seguridad en casos eventuales, si la situación de riesgo lo acredita, para prestar seguridad a los ex Comandantes en Jefe’, ello en relación a los medios institucionales o con cargo a la institución usados para trasladar al imputado Sr. Fuente-Alba Poblete cuando debió declarar en la respectiva Fiscalía del Ministerio Público. b) Ligado a lo anterior, en razón que la justificación fue una situación de riesgo acreditada, lo que debió ser planificado, requiero copia de todos los antecedentes (informes, solicitud de esos informes, etc.) que sirvieron para entender que habría una situación de riesgo al ir a declarar el imputado Sr. Fuente-Alba Poblete. c) Se me acredite los montos, por arriendo, compra, combustible, pago de peajes, horas hombre, etc, que han significado para el Ejército las medidas de seguridad, traslado y afines debido a las declaraciones ante la Fiscalía del Ministerio Público o instituciones policiales que ha debido prestar el Sr. Fuente-Alba en cualquier momento del año 2015 y 2016". El Consejo acoge parcialmente el amparo, por la correcta derivación de lo pedido en la letra a), y por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 38 de la ley N° 19.974, respecto de lo pedido en la letra b).


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3089-16

Entidad pública: Ejército de Chile.

Requirente: Cristián Cruz Rivera.

Ingreso Consejo: 12.09.2016.

En sesión ordinaria N° 767 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C3089-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de agosto de 2016, don Cristián Cruz Rivera solicitó al Ejército de Chile, en adelante e indistintamente, el Ejército, respecto de los dichos del Comandante en Jefe de la institución, en la prensa, la siguiente información:

a) "Copia del Decreto Supremo y demás normas y actos jurídicos, como sus antecedentes, por medio del cual ‘faculta a las instituciones para dar seguridad en casos eventuales, si la situación de riesgo lo acredita, para prestar seguridad a los ex Comandantes en Jefe’, ello en relación a los medios institucionales o con cargo a la institución usados para trasladar al imputado Sr. Fuente-Alba Poblete cuando debió declarar en la respectiva Fiscalía del Ministerio Público.

b) Ligado a lo anterior, en razón que la justificación fue una situación de riesgo acreditada, lo que debió ser planificado, requiero copia de todos los antecedentes (informes, solicitud de esos informes, etc.) que sirvieron para entender que habría una situación de riesgo al ir a declarar el imputado Sr. Fuente-Alba Poblete.

c) Se me acredite los montos, por arriendo, compra, combustible, pago de peajes, horas hombre, etc, que han significado para el Ejército las medidas de seguridad, traslado y afines debido a las declaraciones ante la Fiscalía del Ministerio Público o instituciones policiales que ha debido prestar el Sr. Fuente-Alba en cualquier momento del año 2015 y 2016".

2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 1 de septiembre de 2016, el Ejército notificó al solicitante, la prórroga del plazo de respuesta, según lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, mediante Oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800 / 5655, de fecha 6 de septiembre de 2016, el órgano otorgó respuesta a la solicitud de acceso a la información, señalando respecto de lo pedido en la letra a), en síntesis, que "como le fuera notificado por documento JEMGE DETLE (P) N° 6800 / 4897, de 08 de agosto pasado, el Decreto Supremo que aludiera el Comandante el Jefe es el (G) N° 15 (R), de 14 de enero de 1998, que ‘Faculta a organismos que indica para proporcionar protección y seguridad a personas que señala’ suscrito por el Presidente de la República y los Ministros del Interior y de Defensa Nacional (...) por tratarse de un acto administrativo de carácter reservado emanado del Ministerio de Defensa Nacional, y en conformidad a lo dispuesto por el Artículo 13 de la ley N° 20.285, el numeral 1° de su petición, en su totalidad, fue derivado para su atención y respuesta a dicha Secretaría de Estado, lo que se materializó por oficio JEMGE DETLE (R) N° 1000/16485/SSFFAA, de 8 de agosto dirigido al Sr. Subsecretario para las Fuerzas Armadas".

Acto seguido, con relación a lo solicitado en las letras b) y c), indica que "toda la documentación forma parte de los análisis, planificación y posterior ejecución de dicho procedimiento que llevó a cabo, debidamente autorizada, la Dirección de Inteligencia del Ejército. Su planificación y puesta en práctica consideró estudios de seguridad y de área, así como información de contrainteligencia que concluyeron en la necesidad de brindar la protección y seguridad solicitada. Todos los antecedentes (...) como de igual modo, los montos por cualquier concepto (...) que pudiera haber incurrido la Institución para la implementación y el éxito de dicha operación de protección (...) forman parte y son inherentes a la labor de inteligencia y por consecuencia, de carácter secreto de acuerdo a lo estipulado por los artículos 38 y 42 inciso 2° de la Ley N° 19.974, sobre ‘Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia’ (Ley de Inteligencia) que otorga ese carácter a ‘los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema...’, como asimismo, a ‘los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia’ y a ‘la información que recopilen, elaboren o intercambien los organismos que conforman el Sistema’, la que ‘deberá utilizarse exclusivamente para el cumplimiento de sus respectivos cometidos’", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en el amparo rol A45-09 y al pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Talca en reclamo de ilegalidad rol 891-2011, denegando la entrega de la información solicitada fundado en las causales de reserva del artículo 21 N° 2, N° 3 y N° 5, en relación con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, y el artículo 38 de la ley N° 19.974.

3) AMPARO: El 12 de septiembre de 2016, don Cristián Cruz Rivera dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Ejército de Chile, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, respecto a lo pedido en la letra a), agrega que "el órgano me negó el acceso a un Decreto Supremo (el que necesariamente tienen en su registro, ya que en mérito del mismo obraron en favor del Sr. Fuente-Alba). El acceder a ello en nada afecta la actividad propia del Ejército, la seguridad nacional ni otro de los presupuestos señalados por la ley para impedir el acceso a la información".

Acto seguido, con relación a lo consultado en el literal b), reclama que "solicité, en definitiva, los antecedentes fácticos previos a la toma de decisiones. Es decir, lo previo a la actuación, que en lo concreto fue impedir que la prensa entrevistase o mostrase imágenes de un imputado, lo que no es el papel propio del Ejército, no fue ordenado por un Tribunal de la República. El acceder a ello en nada afecta la actividad propia del Ejército, la seguridad nacional ni otro de los presupuestos señalados por la ley para impedir el acceso a la información".

Por último, respecto de lo solicitado en la letra c), alega que "lo que solicité son los gastos o costos de la actividad que indiqué. El acceder a ello en nada afecta la actividad propia del Ejército, la seguridad nacional ni otro de los presupuestos señalados por la ley para impedir el acceso a la información".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° 9.357, de fecha 21 de septiembre de 2016, confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/6368/CPLT, de fecha 3 de octubre de 2016, el órgano presentó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis, en relación con lo pedido en la letra a), que "el antecedente al cual se refiere el peticionario corresponde al Decreto Supremo SSG. DEPTO.II/S2 N° 15 (R), de 14 de enero de 1998 (...) se notificó al reclamante que, por tratarse de un acto administrativo de carácter reservado emanado del Ministerio de Defensa Nacional, su solicitud de información, en esta parte, fue derivada a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, conforme a lo dispuesto por el art.13 de la Ley N° 20.285. Lo anterior fue materializado por oficio JEMGE DETLE (R) N° 1000/16485/SSFFAA, de igual fecha", adjuntando copia de dicho oficio.

Acto seguido, agrega que "en el oficio de derivación (...) expresamente se señala que ‘por referirse lo solicitado a un Decreto Supremo emanado de esa Secretaría de Estado, el que por su carácter de reservado carece la Institución de atribuciones para develarlo y, en que la protección y seguridad que faculta proporcionar (...) trasciende al Ejército de Chile, se procede a su derivación parcial".

Asimismo, respecto de las alegaciones sobre lo requerido en las letras b) y c), reiteró lo señalado en su respuesta al solicitante, agregando que "todos los antecedentes solicitados por el reclamante, es decir, aquellos previos a la implementación de dicha operación de protección, como de los costos en que hubiera incurrido la institución para su ejecución, forman parte y son inherentes a la labor de inteligencia y, por consiguiente, de carácter secreto de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 38 y 42 inciso 2° de la ley N° 19.974", y reiterando la decisión de este Consejo y del fallo de la Corte de Apelaciones de Talca.

Luego, complementa lo anterior indicando que "cabe hacer presente que la legislación es tan rigurosa y restrictiva en esta materia, que el artículo 39 del cuerpo legal citado sólo permite al Senado, la Cámara de Diputados, los Tribunales de Justicia, Ministerio Público a través del Fiscal Nacional o a la Contraloría General de la República acceder a dicha información a través del Ministerio del Interior, del de Defensa Nacional y del Director de la Agencia, estando penalmente sancionada la violación de esa obligación de secreto por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas" y que "las actividades de inteligencia tienen por objeto resguardar el debido cumplimiento de las funciones de los órganos que integran dicho sistema, y una de sus mayores responsabilidades es precaver y mantener la eficiencia y resguardo de la información que de ella se desprenda", denegando la entrega de la información, basado en las mismas causales alegadas en su respuesta al solicitante.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por parte del Ejército de Chile, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a decreto o normativa que faculta a las instituciones para dar seguridad en casos de riesgo, a los ex Comandantes en Jefe, copia de todos los antecedentes o informes que sirvieron para entender que habría una situación de riesgo al ir a declarar el imputado Sr. Fuente-Alba Poblete a la Fiscalía del Ministerio Público, y documentos que acrediten los montos por arriendo, compra, combustible, pago de peajes, horas hombre, etc., que significó para el Ejército, las medidas de seguridad y de traslado del ex funcionario aludido. Al respecto, el órgano señaló que derivó parte de la solicitud y denegó la otra, fundado en las causales de reserva del artículo 21 N° 2, N° 3 y N° 5, en relación con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, y el artículo 38 de la ley N° 19.974.

2) Que, respecto de lo pedido en la letra a) de la solicitud de información, esto es, decreto, acto o normativa que faculta a las instituciones para dar seguridad en casos de riesgo, a los ex Comandantes en Jefe, el órgano derivó la solicitud de información, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, mediante oficio JEMGE DETLE (R) N° 1000/16485/SSFFAA, de fecha 8 de agosto de 2016, dirigido al Sr. Subsecretario para las Fuerzas Armadas.

3) Que, al respecto, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario (...)". Por su parte, el numeral 2.1, literal a), de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, si el órgano es incompetente para conocer de la solicitud, "Cuando sea posible individualizar al órgano competente, por existir una autoridad que deba conocer la solicitud de información según el ordenamiento jurídico, ya sea porque se desprende claramente de ella o de la subsanación correspondiente, en su caso, el sujeto requerido deberá derivar la solicitud de inmediato, e informar al peticionario de todo lo anterior, mediante notificación efectuada de acuerdo a lo indicado en su solicitud. De esta forma, el órgano dará por terminado el procedimiento administrativo de acceso iniciado ante él. La notificación al solicitante incluirá una copia del acto administrativo en virtud del cual se efectuó la derivación y la indicación de su fecha de envío al órgano competente" (énfasis agregado).

4) Que, en la especie, y según lo expuesto por el propio órgano, por tratarse de un acto administrativo de carácter reservado, emanado del Ministerio de Defensa Nacional, derivó la solicitud de información, respecto de este punto, a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, acompañando el respectivo oficio de derivación. Al respecto, para este Consejo, resulta plausible concluir que, efectivamente, la mencionada Subsecretaría resulta ser el organismo competente para atender la solicitud de información objeto del presente amparo, pudiendo alegar una eventual reserva o protección de la información contenida en el decreto supremo señalado por el Ejército, o por el contrario, acceder a su publicidad, facultades que escaparían del ámbito de competencia del Ejército de Chile, no obstante dicho decreto pudiera obrar en su poder.

5) Que, en consecuencia, habiéndose derivado fundada y correctamente la solicitud de información, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de este punto.

6) Que, con relación a lo consultado en los literales b) y c) del requerimiento, esto es, copia de todos los antecedentes o informes que sirvieron para entender que habría una situación de riesgo al ir a declarar el imputado Sr. Fuente-Alba Poblete a la Fiscalía del Ministerio Público, y de los documentos que acrediten los montos por arriendo, compra, combustible, pago de peajes, horas hombre, etc., que significó para el Ejército, las medidas de seguridad y de traslado del ex funcionario mencionado, el órgano denegó la entrega de la información fundado en las causales de reserva del artículo 21 N°2, N°3 y N°5, en relación con los artículos 38 y 42 de la ley N° 19.974 sobre "Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia".

7) Que, el artículo 38 de la ley N° 19.974, contiene una hipótesis de secreto o reserva en los siguientes términos: "Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Dicho precepto agrega que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique". Finaliza señalando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".

8) Que, según dispone el artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, sólo podrá denegarse el acceso a la información "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido" y "cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política". En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, en lo pertinente, establece que "(...) sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Con todo, la aplicación de normas de secreto previas a la reforma constitucional que incorporó el principio de publicidad en el artículo 8°, inciso 2°, a la Constitución (ley N° 20.050, de 2005) fue regulada por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, según el cual, "de conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050 (de 2005), que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política".

9) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que además, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental.. Por tanto, si bien el artículo 38 de la ley N° 19.974, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

10) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional, en el presente caso, y según lo argumentado por el Ejército de Chile, sus alegaciones se dirigen a afirmar que se produciría una afectación al debido funcionamiento del propio órgano y al sistema de inteligencia regulado en la ley N° 19.974, al divulgarse la información solicitada, por tratarse ésta, en definitiva, de antecedentes relacionados con las labores de análisis, planificación y posterior ejecución de las gestiones de seguridad, así como también, tener en consideración información de contrainteligencia, que concluyeron en la necesidad de brindar la protección y seguridad solicitada, y respecto del personal que realiza labores y/o actividades de inteligencia, todo lo cual se encontraría cubierto por la reserva prevista en el artículo 38 de la mencionada ley N° 19.974, por la circunstancia de obrar o ser generada por un organismo que conforma el Sistema Nacional de Inteligencia. Del tenor de lo solicitado, puede concluirse que la documentación solicitada constituye, efectivamente, información relativa a actividades de inteligencia, propiamente tales, cuya publicidad pueda poner en riesgo el interés nacional, los derechos de las personas y, particularmente en este caso, el funcionamiento del órgano.

11) Que, no obstante lo anterior, la entrega de los costos o gastos, con el detalle desagregado de los montos en combustible, horas hombre, peajes, traslados, etc., para este Consejo, no reúne las condiciones que permitan justificar la reserva de la información solicitada, por cuanto, la entrega de dichos montos en ningún caso permitirá dar a conocer el procedimiento o las actividades de inteligencia desplegadas por la institución.

12) Que, en consecuencia, este Consejo, respecto de lo pedido en la letra b), tendrá por configurada la causal de reserva del órgano reclamado, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 38 de la ley N° 19.974, por lo que procederá a rechazar el presente amparo, respecto de este literal, no obstante lo cual, se acogerá el amparo respecto de lo requerido en la letra c), ordenando la entrega de dicha información.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Cristián Cruz Rivera, en contra del Ejército de Chile, por la correcta derivación de lo pedido en la letra a), y por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 38 de la ley N° 19.974, respecto de lo pedido en la letra b), en virtud de lo expuesto precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante los antecedentes respecto de los gastos o montos por arriendo, compra, combustible, pago de peajes, horas hombre, etc., que han significado para el Ejército las medidas de seguridad, traslado y afines debido a las declaraciones ante la Fiscalía del Ministerio Público o instituciones policiales que ha debido prestar el Sr. Fuente-Alba, en el año 2015 y 2016.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a lo ordenado precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristián Cruz Rivera y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu, y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.