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Carlos Figueroa González con SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES Rol: C2963-16

Consejo para la Transparencia, 27/12/2016

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referida al "Listado pormenorizado de la totalidad de las auditorías internas realizadas en la Subsecretaría de Telecomunicaciones desde el 2010 a la fecha y las copias de los informes de aquellas que se encontraren finalizadas. La información se solicita en formato digital, de preferencia en una planilla tipo Excel y los documentos en un CD". El Consejo acoge el amparo, toda vez que la publicidad de la información solicitada no tiene méritos suficientes para afectar alguno de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Telecomunicaciones
Materia Presupuesto y Finanzas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2963-16

Entidad pública: Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL).

Requirente: Carlos Figueroa González.

Ingreso Consejo: 02.09.2016.

En sesión ordinaria N° 764 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de diciembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C2963-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de julio de 2016, don Carlos Figueroa González, solicitó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones -en adelante e indistintamente SUBTEL-, la siguiente información: "Listado pormenorizado de la totalidad de las auditorías internas realizadas en la Subsecretaría de Telecomunicaciones desde el 2010 a la fecha y las copias de los informes de aquellas que se encontraren finalizadas. La información se solicita en formato digital, de preferencia en una planilla tipo Excel y los documentos en un CD".

2) RESPUESTA: La SUBTEL, mediante ordinario N° 7420/GN° 379, de fecha 11 de agosto de 2016, señaló en síntesis, que los documentos requeridos son de carácter interno. Lo anterior se ratifica al definirse estos documentos como: "aquellos destinados exclusivamente a circular en el interior del ente productor en cuanto pueden contener resultados positivos o negativos o datos confidenciales, por lo cual no pueden darse a conocer al exterior".

3) AMPARO: El 02 de septiembre de 2016, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Adminstracion del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones, mediante oficio N° 9.101, de fecha 14 de septiembre de 2016.

Posteriormente, por medio de ordinario N° 11116/G N° 576, de fecha 29 de noviembre de 2016, el órgano señaló en resumen, lo siguiente:

a) Se alegó la falta de fundamento del amparo, por cuanto en el formulario presentado sólo se indica de manera interrogativa, "¿los documentos son de carácter interno?".

b) Asimismo, indicó que el presente reclamo fue presentado por Rogers Communications, pero suscrito por el Sr. Carlos Figueroa González, sin acompañar mandato que acredite su personería, ni escritura de constitución de la sociedad en donde conste su calidad de gerente. Por lo anterior, se solicitó que se rechace el amparo por no acreditarse legitimación activa para comparecer en representación de la referida empresa, o bien, que se tenga por no presentada en plazo y forma, por los motivos antes señalados.

c) En cuanto al fondo, señaló que las auditorías internas tienen el carácter de "informes", los cuales no tienen la calidad de actos administrativos según lo define el artículo 3° de la ley N° 19.880, y que tampoco están mencionados en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, cuando explica el concepto de "información pública".

Una auditoría interna es sólo un "informe" (así lo señala el auditor de la presidencia y el supuesto reclamante), por lo tanto, no tendría la calidad de acto administrativo, el cual debe ser una decisión con efectos jurídicos, o sea, con una intención que supere la mera recomendación o declaración de voluntad de un funcionario auditor, que es la definición que ha otorgado el auditor de la presidencia al calificar los "informes de auditoría".

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Con fecha 13 de diciembre de 2016, se procedió a solicitar a la SUBTEL copia de las auditorias solicitadas, las que fueron enviadas por el órgano con fecha 19 de diciembre del año en curso.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega del listado e informes de auditorías internas de la SUBTEL, singularizadas en el numeral 1°, de la parte expositiva de la presente decisión.

2) Que, en un primer orden de ideas, el órgano efectuó alegaciones de forma, anotadas en las letras a) y b), del numeral 4°, de lo expositivo. El primero de ellos, dice relación con una falta de fundamentos del amparo. Sin embargo, este Consejo aprecia que el formulario presentado por el requirente detalla la infracción cometida por el servicio, refiriendo que el amparo se deduce por la respuesta negativa a la solicitud de información. Luego, al señalar las razones entregada por la SUBTEL para no entregar lo requerido, indicó en forma interrogativa, que los documentos no se pueden entregar porque son de carácter interno. Luego, teniendo en cuenta que el artículo 24 de la Ley de Transparencia, dispone que todo amparo debe contener la infracción cometida y los hechos que la configuran, es que se concluye que el requirente cumplió con los requisitos formales para deducir el amparo respectivo.

3) Que, en lo tocante a lo alegado en la letra b), se debe señalar que el amparo se dedujo por Rogers Communications, pero suscrito por el Sr. Carlos Figueroa González, sin acompañar mandato, lo que obligaría en principio a este Consejo, a rechazar el amparo en la medida de que el solicitante de información fuera efectivamente la mencionada empresa. Sin embargo, el requirente en la especie es don Carlos Figueroa González, según se aprecia del acuse de recibo de solicitud de acceso -AN002T0000664-. Luego, si comparece ante esta Corporación, don Carlos Figueroa González, actuando en representación de una empresa, sin acompañar mandato alguno, este Consejo entiende que el amparo lo presenta a su propio nombre, lo que en este caso no constituye un vicio formal, por cuanto, como se dijo, fue él mismo quien presentó la solicitud de información ante la SUBTEL, existiendo de este modo, identidad legal entre requirente y reclamante. En este orden de ideas, el reclamante no necesita actuar a nombre de ninguna empresa, por cuanto la solicitud de información fue deducida en su calidad de persona natural. Por este motivo, la alegación del órgano en esta parte será desestimada.

4) Que, en cuanto al fondo del asunto, la SUBTEL con ocasión de su respuesta y descargos, negó la entrega de dicha información, señalando únicamente que lo requerido constituyen documentos internos, que pueden tener resultados positivos o negativos o datos confidenciales del órgano y que además, no constituyen actos administrativos, y por lo tanto, no son públicos. Al respecto, cabe sostener que los principios de transparencia y publicidad se aplican a toda la actuación administrativa y no exclusivamente a la actuación formal expresada en actos administrativos, sino más bien, a toda manifestación documental, cualquiera sea el soporte en que estos se encuentren. En tal sentido, las auditorías internas realizadas en la SUBTEL, son de carácter público, en la medida que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone expresamente que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen", declaración constitucional que constituye la base del artículo 10, inciso 2°, de la Ley de Transparencia, que dispone que el acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.

5) Que, en este orden de ideas, la auditoría interna, en tanto herramienta de control interno y gestión, busca resguardar el principio de probidad, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política y que, de acuerdo al artículo 52, inciso 2°, del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de SEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado "(...) consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular", agregando el artículo 53 del mismo cuerpo legal que "el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz (...)". Precisamente la auditoría interna es uno de estos medios. A su turno, el artículo 9 N° 2 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción compromete a los Estados Parte, en sus letras c) y d), a tomar medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública, incluyendo la adopción de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente y la implementación de sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno. En la misma línea el artículo III N° 11 de la Convención Interamericana contra la Corrupción exige fortalecer el rol que puede cumplir la sociedad civil en la prevención de la corrupción, lo que exige un alto grado la transparencia administrativa para permitir que se activen mecanismos de accountability -o rendición de cuentas-.

6) Que, asimismo, este Consejo, por medio de medida para mejor resolver, anotada en el numeral 5°, de lo expositivo, tuvo acceso a los informes de auditorías solicitadas en este amparo, las que luego de ser analizadas, se pudo constatar que su publicidad no tiene el mérito suficiente como para afectar alguno de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

7) Que, en mérito de lo anterior, y teniendo en consideración que lo solicitado constituye información pública, respecto de la cual el órgano no alegó la configuración de causal de reserva alguna de las señalas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, es que es que este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de lo requerido en el numeral 1°, de lo expositivo de la presente decisión, tarjando, aquellos datos personales de contexto incorporados en los informes respectivos -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

8) Que, finalmente, cabe señalar que el artículo 25, inciso 2°, de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad reclamada, podrá presentar descargos u observaciones al reclamo dentro del plazo de diez días hábiles, adjuntando los antecedentes y los medios de prueba de que dispusieren. No obstante ello, en el presente caso el traslado no fue evacuado por el órgano dentro del plazo legal indicado. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Carlos Figueroa González en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente decisión.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones que:

a) Entregue al solicitante, el listado pormenorizado de la totalidad de las auditorías internas realizadas en la Subsecretaría de Telecomunicaciones desde el 2010 a la fecha y las copias de los informes de aquellas que se encontraren finalizadas, tarjando, si es que los hubiera, aquellos datos personales de contexto incorporados en los informes respectivos -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Representar al Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones la infracción al artículo 25 inciso 2°, de la Ley de Transparencia, al no haber evacuado sus observaciones y descargos dentro del plazo legal. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere dicha infracción.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Carlos Figueroa González y al Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.