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Alberto González Palma con CARABINEROS DE CHILE Rol: C3180-16

Consejo para la Transparencia, 20/12/2016

Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente al "detalle del gasto, licitaciones si las hubiera y registro de proveedores de los elementos disuasivos, bombas lacrimógenas y balines de goma usados durante manifestaciones". El Consejo acoge el amparo, toda vez que el órgano reclamado no presentó antecedentes tendientes a determinar el modo en que la entrega de la información producía una afectación al debido cumplimiento de las funciones de sus funciones.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3180-16

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Alberto González Palma

Ingreso Consejo: 15.09.2016

En sesión ordinaria N° 762 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de diciembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3180-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 23 de agosto de 2016, don Alberto González Palma solicitó a Carabineros de Chile "el detalle del gasto, licitaciones si las hubiera y registro de proveedores de los elementos disuasivos, bombas lacrimógenas y balines de goma usados durante manifestaciones".

2) RESPUESTA: Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante, resolución exenta N° 343, de fecha 15 de septiembre, señalando, en síntesis, que se deniega la entrega de la información pedida por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar.

Señala que respecto a las licitaciones y proveedores de elementos disuasivos, bombas lacrimógenas y balines de goma, en virtud de la Resolución Exenta N° 314, de la Dirección Nacional de Logística, de fecha 04 de junio de 2008, se declaró como elementos estratégicos para Carabineros de Chile, constituyendo una excepción al conocimiento público, entre otras, los procesos de compra de los dispositivos lacrimógenos y aquellos elementos disuasivos para el control de muchedumbre.

Señala, además, que los elementos disuasivos como son los dispositivos lacrimógenos y balines de goma, entendido como "instrumentos necesarios para cualquier operación" de acuerdo a la segunda acepción de la palabra pertrecho, según el Diccionario de la Real Academia Española, quedarían comprendido en el artículo 436 N° 4 del Código de Justicia Militar, por lo cual se configuraría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

Por ello sostiene que el artículo 436 del Código de Justicia Militar al indicar materias que son objeto de reserva o secreto, debe entenderse que sus regulaciones, en virtud de la ficción creada por la disposición transitoria de la Constitución Política de la República, lo hace con el estatus de ley aprobada mediante quórum calificado, quedando amparada por tanto en el secreto prescrito por la ley N° 20.285 en su artículo 21 N° 5.

Finalmente, señala que Carabineros de Chile se encuentra impedido de entregar cualquier información en relación a los gastos y adquisición de elementos disuasivos como son las lacrimógenas y los balines de goma, ya que en la práctica, la entrega de este tipo de información produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros, particularmente en materias de restablecimiento del orden público. Cita sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en Recurso de Ilegalidad Rol 4366-2012, y sentencia de recurso de Queja Rol 21.377-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, que apoyaría su respuesta.

3) AMPARO: El 15 de septiembre de 2016, don Alberto Gonzalez Palma dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante oficio N° 9.747, de fecha 29 de septiembre de 2016.

El órgano requerido, a través de oficio N° 259, de fecha 13 de octubre de 2016, presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo señalado en su respuesta, en orden a que se denegó la información solicitada en virtud de lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar.

Agregó, que de acuerdo al artículo 3° de la ley N° 19.886, sobre bases de los contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, más conocida como ley de Compras Públicas, y conforme a su artículo 3°, letra f), quedan excluidos de la aplicación de dicha normativa las contrataciones sobre bienes y servicios necesarios para prevenir riesgos excepcionales a la seguridad pública, calificados por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional a proposición del Comandante en Jefe que corresponda o, en su caso, del General Director de Carabineros o del Director de Investigaciones. De modo que los contratos indicados en este artículo se regirán por sus propias normas especiales.

Por otro lado, en atención a que el artículo 20 de la referida ley dispone que "Los organismos públicos regidos por esta ley, estarán exceptuados de publicar en el sistema de información señalado precedentemente, aquella información sobre adquisiciones y contrataciones calificada como de carácter secreto, reservado o confidencial en conformidad a la ley. Las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad cumplirán con esta obligación, en conformidad a su legislación vigente sobre manejo, uso y tramitación de documentación", se procedió a dictar la Resolución Exenta N° 314, de 04.06.2008, de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile, la cual establece, entre otras materias, que las licitaciones y proveedores de determinados elementos, entre los cuales se encuentran los disuasivos, bombas lacrimógenas y balines de goma, tienen el carácter de elementos estratégicos para Carabineros de Chile, constituyendo una excepción al conocimiento público. Se adjunta copia de la Resolución Exenta N° 314, para mayor claridad de lo indicado.

Por lo anterior sostiene, que el artículo 436 del Código de Justicia Militar y el artículo 20 de la ley N° 19.886, al indicar materias que son objeto de reserva o secreto, debe entenderse que sus regulaciones, en virtud de la ficción creada por la disposición transitoria aludida, lo hacen con el estatus de ley aprobada mediante quórum calificado, quedando amparada por tanto en el secreto prescrito por la ley N° 20.285 en su artículo 21 N° 5.

Que finalmente, señala Carabineros de Chile que se encuentra impedido de entregar cualquier información en relación a los gastos y adquisición de elementos disuasivos como son las bombas lacrimógenas y los balines de goma, ya que en la práctica, la entrega de este tipo de información produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros, particularmente en materias de restablecimiento del orden público.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, con fecha 23 de agosto de 2016, don Alberto González Palma solicitó a Carabineros de Chile el detalle del gasto, licitaciones si las hubiera y registro de proveedores de los elementos disuasivos, bombas lacrimógenas y balines de goma usados durante manifestaciones, obteniendo respuesta denegatoria, fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar.

2) Que, en efecto, tanto en su respuesta como descargos Carabineros de Chile señaló que la información referida a las licitaciones y proveedores de elementos disuasivos, bombas lacrimógenas y balines de goma, en virtud de la resolución exenta N° 314, de la Dirección Nacional de Logística, de 2008, se declaró como elementos estratégicos para Carabineros de Chile, constituyendo una excepción al conocimiento público, entre otras, los procesos de compra de los dispositivos lacrimógenos y aquellos elementos disuasivos para el control de muchedumbre. Agregó, que los elementos disuasivos como son los dispositivos lacrimógenos y balines de goma, quedarían comprendido en la categoría de pertrechos, esto es, "instrumentos necesarios para cualquier operación", de acuerdo a la segunda acepción de la palabra, según el Diccionario de la Real Academia Española, razón por la cual sostiene dichos antecedentes serían secretos de conformidad al artículo 436 N° 4 del Código de Justicia Militar, configurando la causal prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

3) Que, además en sus descargos Carabineros de Chile sostuvo que también se configuraría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en atención a lo dispuesto en el artículo 3, letra f), de la ley N° 19.886, sobre bases de los contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, conocida como ley de compras públicas. A modo de contexto cabe tener presente que el referido artículo 3, letra f), señala que quedan excluidos de la aplicación de dicha normativa "Los contratos que versen sobre material de guerra; los celebrados en virtud de las leyes números 7.144, 13.196 y sus modificaciones; y, los que se celebren para la adquisición de las siguientes especies por parte de las Fuerzas Armadas o por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública: vehículos de uso militar o policial, excluidas las camionetas, automóviles y buses; equipos y sistemas de información de tecnología avanzada y emergente, utilizados exclusivamente para sistemas de comando, de control, de comunicaciones, computacionales y de inteligencia; elementos o partes para la fabricación, integración, mantenimiento, reparación, mejoramiento o armaduría de armamentos, sus repuestos, combustibles y lubricantes". Agrega el inciso 2° del citado literal, que "Asimismo, se exceptuarán las contrataciones sobre bienes y servicios necesarios para prevenir riesgos excepcionales a la seguridad nacional o a la seguridad pública, calificados por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional a proposición del Comandante en Jefe que corresponda o, en su caso, del General Director de Carabineros o del Director de Investigaciones. Los contratos indicados en este artículo se regirán por sus propias normas especiales, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 20 de la presente ley".

4) Que, por su parte el artículo 20 de la ley N° 19.886, señala que "Los organismos públicos regidos por esta ley, estarán exceptuados de publicar en el sistema de información señalado precedentemente, aquella información sobre adquisiciones y contrataciones calificada como de carácter secreto, reservado o confidencial en conformidad a la ley. Las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad cumplirán con esta obligación, en conformidad a su legislación vigente sobre manejo, uso y tramitación de documentación", razón por la cual el órgano requerido sostuvo que se procedió a dictar la resolución exenta N° 314, de 2008, de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile, que entre otras materias establece que las licitaciones y proveedores de determinados elementos, entre los cuales se encuentran los disuasivos, bombas lacrimógenas y balines de goma, tienen el carácter de elementos estratégicos para Carabineros de Chile, constituyendo una excepción al conocimiento público.

5) Que, dicho lo anterior, corresponde señalar que el citado artículo 436 del Código de Justicia Militar prescribe que se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, N° 4: "Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales"..

6) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a titulo ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

7) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, al respecto, Carabineros de Chile se ha limitado a señalar que se encuentra impedido de entregar cualquier información en relación a los gastos y adquisición de elementos disuasivos como son las lacrimógenas y los balines de goma, ya que en la práctica la entrega de este tipo de información produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros, sin aportar antecedente alguno que permita a este Consejo establecer el modo en que entregar la información del gasto, licitaciones y proveedores de los elementos disuasivos a que se refiere el requerimiento, que obra en su poder, ha sido elaborado con presupuesto público y se refiere justamente al uso de recursos públicos, pueda producir una afectación presente o probable al debido cumplimiento de las funciones de sus funciones, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o interés nacional, para así justificar la reserva invocada.

8) Que, en consecuencia, tal argumentación no señala ni acredita de manera concreta, el daño que provocaría la entrega de la información requerida. El criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Tal parámetro no se satisface en este caso, razón por la cual no se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Por lo demás, la interpretación sostenida por Carabineros de Chile con respecto al artículo 436 del Código de Justicia Militar pugna con el sentido restrictivo con que deben ser aplicadas las disposiciones de excepción, como lo son las normas de secreto o reserva, pues, de esta forma, se entregaría la determinación de tal carácter a la pura discrecionalidad del órgano que toma conocimiento de la información comprendida en dicha norma sin argumentar, ni menos acreditar de manera concreta, específica y detallada, el detrimento que provocaría la publicidad de la información requerida, privando a este Consejo de elementos relevantes para ponderar si la afectación dañosa alegada tiene la magnitud y especificidad suficientes como para justificar la reserva.

9) Que, en sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 23 de noviembre de 2010, causa Rol 2275-2010, que rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ejército de Chile, en contra de la decisión de este Consejo (amparo rol C512-09), el tribunal razonó en su considerando sexto, que "siendo la publicidad de los actos de la administración un principio de rango constitucional, las excepciones a él deben ser interpretadas en forma restrictiva. Dichas excepciones en este caso, establecidas en el inciso 2° del mismo artículo 8° de la Carta Fundamental y en el artículo 21 N° 3 de la ley N° 20.285 exigen, además de declaración de reserva o secreto mediante ley de quórum calificado, la afectación de la seguridad de la Nación o del interés nacional". Asimismo, en el considerando séptimo, ilustra que "resulta ser efectivo que las normas del Código de Justicia Militar constituyen ley de quórum calificado, y que los capellanes y pastores que ejercen funciones en las Fuerzas Armadas forman parte de la dotación institucional. Sin embargo, tales circunstancias no logran configurar, por sí solas, una excepción al acceso a la información que ha requerido el señor Narváez Almendras y que le ha reconocido el Consejo para la Transparencia en la decisión adoptada en el Amparo C512-09. En efecto, para configurar dicha excepción ha de estar, además, afectada la seguridad de la Nación o el interés nacional, y respecto de esta materia no existen antecedentes de que ello pueda razonablemente producirse de proporcionarse la información solicitada. Las afirmaciones del reclamante de que los antecedentes denegados, en conocimiento de potenciales adversarios, les permitiría diseñar estrategias defensivas u ofensivas que dañen gravemente al país, a sus intereses y a su población, por no estar respaldadas en antecedentes concretos, constituyen sólo apreciaciones personales y subjetivas".

10) El criterio anterior ha sido ratificado por la Iltma. Corte de Apelaciones en la sentencia pronunciada con fecha 3 de marzo de 2015, en virtud de la cual rechazó el Reclamo de ilegalidad Rol N° 5080-2015, señalando al efecto que: "12°) Sin embargo, en lo que sí concuerda esta Corte con lo que sostiene el Consejo para la Transparencia es que no basta esa aseveración para dar por establecida la causal invocada. Para ello, pese a que la mentada carpeta se encuentra ubicada en la Dirección de Inteligencia del Ejército, lo que le concede al mentado registro el carácter de secreto, en los términos del artículo 38 de la Ley 19.974, lo que interesa es que pueda demostrarse que su divulgación atenta, en este caso, contra la Seguridad de la Nación." (énfasis agregado).

11) En consecuencia, los argumentos del órgano reclamado no cumplen con el juicio necesario de afectación, ponderación y proporcionalidad, sino que se sustentan sobre la base de meras aseveraciones, apartándose de la exigencia contenida en el mandato constitucional del inciso 2° del artículo 8° de la Carta Fundamental, de modo que la revelación de lo requerido, en el período consultado, no tiene la virtud de afectar ninguno de los bienes jurídicos protegidos por el estatuto constitucional, que excepcionalmente permite reservar información pública.

12) Que, además Carabineros de Chile, nuevamente sin aportar antecedente alguno que permita determinar cómo se produce la afectación a los bienes jurídicos señalados precedentemente, alegó que se configuraba la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación a los artículos 3 y 20 de la ley N° 19.886, razón por la cual dictó la resolución exenta N° 314, de 2008, de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile, que entre otras materias establece que las licitaciones y proveedores de determinados elementos, entre los cuales se encuentran los disuasivos, bombas lacrimógenas y balines de goma, tienen el carácter de elementos estratégicos para Carabineros de Chile, constituyendo una excepción al conocimiento público.

13) Que, en efecto, en esta parte el órgano requerido invoca la causal de reserva alegada fundado en los artículos 3 y 20 de la ley N° 19.886, normas legales que en ningún caso confieren carácter secreto a la información pedida, sino que simplemente excluyen la adquisición de ciertos de bienes del sistema de compras públicas y del sistema de información fijado por la referida ley, sin hacer referencia expresa a los antecedentes que en este amparo se reclaman. Además, se basa en el carácter estratégico otorgado por una resolución administrativa, a los elementos disuasivos utilizados por Carabineros de Chile, desconociendo el principio de la jerarquía normativa que rige en el ordenamiento jurídico chileno, según el cual no es posible hacer prevalecer una norma reglamentaria por sobre normas de mayor jerarquía normativa, en la especie, el artículo 8 de la Constitución Política de la República y la Ley de Transparencia, razón por la cual sólo cabe desestimarla.

14) Que, cabe hacer presente, como se ha indicado precedentemente, que Carabineros de Chile no argumentó ni presentó antecedentes tendientes a determinar el modo en que la entrega de la información producía una afectación al debido cumplimiento de las funciones de sus funciones, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o interés nacional, para así justificar la reserva invocada, limitándose a realizar un remisión meramente formal del artículo 436 del Código de Justicia Militar y de los artículo 3 y 20 de la ley N° 19.886, al artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, citando jurisprudencia judicial que apoyaría su posición.

15) Que, por consiguiente, de los antecedentes examinados, particularmente considerando que Carabineros de Chile pese a invocar causales de secreto o reserva no aportó ningún antecedente específico y concreto para fundamentarlas, a juicio de este Consejo no se ha logrado acreditar que concurren los hechos que permitan su configuración, y que por tanto, la entrega de la información pedida que obra en su poder, ha sido elaborado con presupuesto público y se refiere al uso de recursos públicos, pueda producir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de sus funciones, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o interés nacional, razón por la cual se desestimarán dichas causales, y en definitiva, se acogerá el presente amparo, ordenando a Carabineros de Chile entregar a don Alberto González Palma el detalle del gasto, licitaciones si las hubiera y registro de proveedores de los elementos disuasivos, bombas lacrimógenas y balines de goma, de modo global, sin dar cuenta del volumen y características de los referidos elementos disuasivos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Alberto Gonzalez Palma, en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile:

a) Hacer entrega al reclamante el detalle del gasto, licitaciones si las hubiera y registro de proveedores de los elementos disuasivos, bombas lacrimógenas y balines de goma, de modo global, sin dar cuenta del volumen y características de los referidos elementos disuasivos.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alberto Gonzalez Palma y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.