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Luis Francisco Oviedo con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C2885-16

Consejo para la Transparencia, 20/12/2016

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) "Archivos (W01-aamm.ext) o archivo de servicios obligatorios enviados por las AFP a la superintendencia. Meses enero, marzo, junio, septiembre y diciembre desde el 2008 al 2013. En defecto de los archivos solicitados, requiero informes respectivos (Circular 1518). b) Ídem anterior para contratos de prestación de servicios (contprestservaaaamm.ext) (circular 1539). c) Oficios No. 12.458,12.312, 13.194 de fechas 5 de septiembre de 2000, 21 de agosto de 2002 y 27 de agosto de 2008, respectivamente". El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de secreto del artículo 21 n°2 de la Ley de transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2885-16

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones (SP).

Requirente: Luis Francisco Oviedo.

Ingreso Consejo: 25.08.2016.

En sesión ordinaria N° 762 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de diciembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C2885-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 01 de julio de 2016, don Luis Francisco Oviedo, solicitó a la Superintendencia de Pensiones, la siguiente información:

a) "Archivos (W01-aamm.ext) o archivo de servicios obligatorios enviados por las AFP a la superintendencia. Meses enero, marzo, junio, septiembre y diciembre desde el 2008 al 2013. En defecto de los archivos solicitados, requiero informes respectivos (Circular 1518).

b) Ídem anterior para contratos de prestación de servicios (contprestservaaaamm.ext) (circular 1539).

c) Oficios No. 12.458,12.312, 13.194 de fechas 5 de septiembre de 2000, 21 de agosto de 2002 y 27 de agosto de 2008, respectivamente".

2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: El 29 de julio de 2016, mediante oficio N° 19.087, el órgano notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, por medio de oficio N° 20.804, de fecha 12 de agosto de 2016, notificado con fecha 17 de mismo mes, el órgano indicó en resumen, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, se encuentra impedido de hacer entrega de lo requerido, debido a la oposición de los terceros interesados, quienes alegaron la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, por afectación a sus derechos económicos y comerciales.

3) OPOSICION DE TERCEROS INTERESADOS: Mediante ordinario N° 19.384, de fecha 04 de agosto de 2016, la Superintendencia de Pensiones, comunicó a las respectivas administradoras de fondo de pensiones, la referida solicitud de información, quienes en resumen, indicaron lo siguiente:

a) AFP Habitat S.A: Se opone a la entrega de lo pedido, por tratarse de archivos que incluyen información confidencial y que podrían ser mal utilizadas como base de información de transacciones realizadas en su sitio web, perjudicando, además, eventualmente los derechos de terceros.

Atendido lo anterior, estima que su accesibilidad debería ser sólo para aquellas personas y/o entidades exclusivamente autorizadas, dentro de las cuales no están los requirentes.

b) AFP Modelo S.A: Se opone a la entrega, alegando la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en la medida de que existe un deber de resguardo de la información que obra en su poder de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, quedando sujetas a las responsabilidades que en dicho cuerpo legal se establecen.

Asimismo, lo requerido comprende información privada y datos sensibles cuya divulgación afectaría tales derechos, así como también comprometería los derechos de terceros. Así, dado que la documentación precisada en el requerimiento de acceso a la información reviste el carácter de privada y no ha sido divulgada oficialmente al mercado por cuanto detalla las formas de actuar y estrategias de su compañía, ésta podría ser utilizada por algún agente o competidor del mercado en beneficio propio o de terceros.

En efecto, de acuerdo a la jurisprudencia reiterada del Consejo para la Transparencia, la información no divulgada debe ser protegida cuando: (i) tiene valor comercial por ser secreta, proporcionando una ventaja competitiva a su titular; (ii) ha sido objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en secreto; y (iii) no es conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza.

c) AFP Cuprum S.A: Se opone a la entrega de dicha información, en atención a que se trata de documentación sensible y material, cuya publicidad, comunicación o conocimiento afecta gravemente a su esfera de derechos de carácter comercial o económica, de gestión interna y estrategia de negocios.

d) AFP Capital S.A: Se opone a la entrega, atendido que lo requerido contiene datos de carácter personal que tiene el carácter de información confidencial y reservada, que se encuentra protegida por la ley N° 19.628.

Asimismo, la entrega de lo solicitado, vulnera sus derechos de propiedad, ya que revela parte de su estrategia de negocios y el derecho a desarrollar libremente una actividad económica lícita, derechos que se encuentran garantizados por la Constitución Política.

e) AFP Planvital S.A: Se opone a la entrega de lo requerido, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, en tanto se trata de información de propiedad de esta Administradora, que fue elaborada con recursos de la Sociedad y que contiene aspectos estratégicos de la compañía, cuya revelación a terceros afectaría gravemente su derecho de propiedad. Asimismo, la reserva de dicha información se encuentra amparada en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley N° 20.255, que obliga al Superintendente y a los funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, a guardar reserva y secreto absoluto de la información que tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores.

A mayor abundamiento, la información que esta Administradora remitió a esa Superintendencia conforme a la circular N° 1518, se encuentra amparada en lo dispuesto en el artículo 50 ya citado, y es en ese entendido que esta administradora proporciona información sensible al órgano regulador, en la confianza del respeto a la reserva y confidencialidad de la misma. Dicha información revela aspectos técnicos del sitio web de propiedad de esta empresa, dotación de personal en sucursales e información detallada de las compañías publicitarias realizadas, toda información que es de propiedad de la empresa, y cuya revelación afecta ese derecho de propiedad, puesto que: i) pone en riesgo la seguridad del portal web de la compañía; ii) contiene información estratégica de transacciones de clientes cuya cantidad, frecuencia y características particulares, son información comercial reservada de la sociedad y de los clientes que confían en la seguridad y confidencialidad de la web; iii) contiene información estratégica de dotaciones de personal a lo largo del país; iv) Contiene información estratégica de las campañas publicitarias realizadas por la administradora.

Por otra parte, también la información que esta empresa remitió a la Superintendencia, relativa al listado de contratos de prestación de servicios que ha suscrito, se encuentra amparado por el ya señalado 50 de la ley N° 20.255. En efecto, ya que como cualquier compañía que se desenvuelve en un ambiente competitivo, resulta estratégica su información de proveedores y contratos de servicios, puesto que los acuerdos comerciales son el resultado de la gestión de la gerencia, y por ende, un activo esencial de cualquier organización económica. Además, numerosos contratos contienen cláusulas de confidencialidad.

f) AFP Provida S.A: se opone a la entrega, puesto que lo solicitado se refiere archivos que contienen información sobre contratos de prestación de servicios suscritos por la empresa, muchos de los cuales contemplan información reservada y estratégica de la Compañía.

4) AMPARO: El 25 de agosto de 2016, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido Órgano de la Adminstracion del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

Al efecto, señaló que el órgano ha estado fuera de plazo en todo el procedimiento y que no se justifica la oposición de las empresas en cuestión.

Finalmente, circunscribió el amparo a los archivos W01-aamm.ext y contprestservaaaamm.ext, respecto a los meses de enero, marzo, junio, septiembre y diciembre, años 2008 al 2013.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° 8.836, de fecha 06 de septiembre de 2016.

Posteriormente, por medio de ordinario N° 24.205, de 22 de septiembre de 2016, el órgano señaló en síntesis, lo siguiente:

a) El día viernes 12 de agosto de 2016, último día del plazo prorrogado, esta Superintendencia emitió el Oficio Ord. N° 20.804, en el que se informa al señor Oviedo la oposición de las administradoras de fondos de pensiones a la entrega de la información solicitada. Sin embargo, debido al excesivo número de presentaciones que recibe este organismo invocando la Ley de Transparencia y a la consecuente sobrecarga de trabajo del área a cargo del despacho de los oficios de respuesta, ésta fue comunicada al señor Oviedo el día miércoles 17 de agosto. Se adjunta comprobante de despacho.

Se hace presente a ese Consejo que esta Superintendencia está tomando las medidas necesarias para evitar que los retrasos en la respuesta a las solicitudes invocando la Ley de Transparencia se reiteren a futuro.

En este punto es preciso señalar que el reclamante ha ingresado múltiples presentaciones de acceso a la información ante este organismo. Es así que desde el mes de abril de 2016 a la fecha, ha presentado 5 solicitudes ante esta Superintendencia y un reclamo ante el Consejo.

b) Reitera lo señalado en su respuesta en orden a que se negó la entrega de lo requerido por oposición de los terceros interesados, en aplicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia.

c) Consultado por este Consejo, respecto a cómo la publicidad de la información reclamada afectaría derechos de las administradoras de fondo de pensiones, la Superintendencia precisó que los archivos requeridos contienen información privada de las administradoras, por cuanto detallan la forma de actuar y el modelo de negocios de cada AFP, cuya divulgación podría dar lugar a su utilización por un agente competidor u ocasionar perjuicios a terceros. Para una administradora, como respecto de toda sociedad, la información sobre proveedores y contratos de servicios es de carácter estratégico puesto que los acuerdos comerciales que celebre son el resultado de la gestión de su gerencia y, por ende, un activo esencial; ello sin perjuicio que, además, muchos de los contratos suscritos contienen cláusulas de confidencialidad que obligan a las partes a guardar reserva de sus condiciones.

Los archivos solicitados no sólo contienen información que podría afectar la gestión interna y la estrategia de negocios de las administradoras, sino que también podría debilitar los mecanismos de seguridad de los sitios web de las AFP, exponiendo las transacciones que realizan los afiliados a través de ese canal.

A este respecto es importante tener presente que por su naturaleza, esta información no es de acceso público y cuando se ha dado a conocer por este organismo fiscalizador, se ha hecho de forma agregada, como una estadística global o procesada como un indicador, como ocurría con el derogado Índice de Calidad de Servicios de las Administradoras, que contenía diversos indicadores de servicio. Sin embargo, la información no ha sido solicitada de manera agregada, sino que individualmente para cada AFP y para cada mes comprendido en el periodo indicado por el requirente.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario mencionar que de los archivos que contemplaba la Circular N° 1518, a que alude el señor Oviedo en su solicitud, no se tiene información disponible sobre agencias, sitio web y contratos, puesto que para el desarrollo de las funciones de fiscalización de esta Superintendencia sólo se mantiene la información más reciente. En tanto, en el evento improbable que pese a la oposición de las administradoras de fondos de pensiones y a la naturaleza de la información de que se trata, se estimara que debe ser puesta a disposición del señor Oviedo, esta Superintendencia no puede establecer con certeza la posibilidad de recuperarla, pues no cuenta con los mecanismos tecnológicos necesarios para efectuar su tratamiento y supondría destinar personal al desarrollo de una tarea exclusiva por largo tiempo, en desmedro de las funciones ordinarias de este organismo. También se configura entonces, la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la ley N° 20.285.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros involucrados, esto es, a AFP Habitat S.A, AFP Cuprum S.A., AFP Planvital S.A., AFP Provida S.A., AFP Capital S.A. y AFP Modelo S.A., mediante los oficios respectivos Nos 8837, 8838, 8839, 8840, 8841 y 8842, todos el 06 de septiembre de 2016. Los precitados terceros, formularon sus observaciones y descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) AFP Habitat S.A: Se opone a la entrega de lo requerido, por la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, por los siguientes motivos:

i. En cuanto al archivo solicitado, denominado W01aamm.ext, esta contiene información de sus afiliados relativos a servicios obligatorios por internet, que la Superintendencia pedía se le enviara para su fiscalización. Cabe informar, que actualmente esa información no se envía al Organismo Fiscalizador.

El archivo referido, contiene información respecto al número de solicitudes de clave de seguridad, de emisiones de cartola cuatrimestral detallada y resumida, de certificados de afiliación, de movimientos de las cuentas personales, de certificados de saldos de las cuentas personales, de traspasos de nuestros afiliados a otra AFP, de cambios de fondo de pensiones, de opción de fondos de pensiones para excedente de libre disposición, de adhesión y traspaso de ahorro previsional voluntario colectivo, de suspensión de ahorro previsional voluntario colectivo, de reanudación de ahorro previsional voluntario colectivo, de selección de ahorro previsional voluntario ley N° 19.768; de revocación de alternativas de ahorro previsional voluntario ley N° 19.768, de suscripción de formulario revocación de alternativas de ahorro previsional voluntario ley N° 19.768, de cambio de régimen tributario de cotizaciones voluntarias, de suscripción de formulario de ahorro previsional voluntario colectivo, de recepción de reclamos que planteen los afiliados o empleadores a través del sitio.

Como puede advertirse, este archivo contiene información comercial y económica cuya divulgación evidentemente podría afectar los derechos de la AFP Habitat, lo que constituye una causal de excepción a la entrega de información conforme al N° 2 del artículo 21 de la ley N° 20.285, que contiene las situaciones que - conforme lo ordena el artículo 8° de la Constitución Política de la Republica- el órgano requerido puede negarse a la entrega de la información.

En efecto, esta información no ha sido divulgada al mercado, es privada y contiene información sensible para nuestra Compañía

ii. Por otra parte, es importante dejar constancia de las obligaciones de resguardo que tienen las administradoras respecto de la información de sus afiliados, de lo cual consta en diversas disposiciones del decreto ley N° 3.500, entre otras, el artículo 61 bis que contiene la obligación de reserva de datos personales de las AFP, que expresa: "Las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Compañías de Seguros de Vida y los asesores previsionales que participen en el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión, serán responsables de la transmisión íntegra de la información de dicho Sistema. Asimismo, deberán resguardar la privacidad de la información que manejen de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, y quedarán sujetas a las responsabilidades que en dicha ley se establecen".

iii. Es así como la carta fundamental si bien consagra dentro de la más alta jerarquía la publicidad de los actos de administración pública en su mismo texto constitucional garantiza en el artículo 19 el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, protege en el N° 21 del artículo 19, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

iv. Que, respecto al archivo contprestservaaaamm.ext, éste contiene información propia del ejercicio comercial de la administradora, que conforme a lo establecido en el inciso 23 del artículo 23 del D.L. N° 3.500 celebra contratos para la prestación de servicios relacionados con su giro, ciñéndose a las normas generales dictadas por la Superintendencia de Pensiones, las que se encuentran contenidas en el Libro V Título V del Compendio.

En síntesis, las administradoras pueden subcontratar con entidades públicas o privadas, la prestación de servicios relacionados con su giro los cuales comprenderán las funciones de administración de cuentas individuales, la administración de carteras de los recursos que componen los fondos de pensiones conforme con el artículo 23 bis de este mismo texto legal, los servicios de información y atención de consultas referidas al funcionamiento del sistema de pensiones, la recepción de las solicitudes de pensión y su remisión a la administradora para el trámite correspondiente, y la recepción y transmisión de la información a que se refieren las letras a) y c) del inciso octavo del artículo 61 bis del D.L. N° 3.500.

v. Como se puede observar del detalle del contenido de la información solicitada, recae en documentación suscrita por particulares y contiene datos personales de sus proveedores como lo son sus representantes legales, su Rut, su actividad, identificación de personas funcionarias de AFP Habitat, lo que constituye una razón suficiente para denegar la información solicitada porque su conocimiento afectaría los derechos de las persona, particularmente de su vida privada.

vi. Asimismo, su publicidad afectaría los derechos de AFP Habitat, en lo que dice relación con sus derechos de carácter económico y comercialmente sensible. La información relacionada con la externalización de los servicios es materia de decisiones estratégicas de la Compañía y su difusión también afecta su derecho de propiedad considerando entre otros aspectos, las condiciones competitivas del mercado.

b) AFP Cuprum S.A: Reiteran en síntesis, lo señalado en su respuesta.

c) AFP Planvital S.A: Reiterando lo alegado en su respuesta, refirió que lo solicitado revela aspectos técnicos del sitio web, dotación de personal en sucursales e información detallada de las campañas publicitarias realizadas por mi representada, toda información que es de propiedad de esta empresa, y cuya revelación afecta ese derecho de propiedad, puesto que (i) pone en riesgo la seguridad del portal web de la compañía, (ii) contiene información estratégica de transacciones de clientes cuya cantidad frecuencia y características particulares, son información comercial reservada de la sociedad y de los clientes actuales y potenciales que confían en la seguridad y confidencialidad de nuestro sitio web, (iii) contiene información estratégica de dotaciones de personal a lo largo del país; y, (iv) contiene información estratégica de las campañas publicitarias realizadas por la administradora. Asimismo, respecto al archivo que contiene información relativa a los contratos de prestación de servicios, resulta estratégica su información de proveedores y contratos de servicios, puesto que los acuerdos comerciales son el resultado de la gestión de la gerencia, y por ende, un activo esencial de cualquier organización económica.

d) AFP Provida S.A: Se opone a la entrega, en virtud del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, alegando en resumen que el conocimiento de lo pedido por parte de terceros afectaría derechos de carácter comercial y económicos de ProVida así como la seguridad de los fondos que administra para sus cotizantes.

La información solicitada por el reclamante se trata de información no divulgada respecto de la cual ProVida tiene derechos de carácter comercial y económico que deben ser protegidos. En efecto, de acuerdo a la jurisprudencia reiterada de este H. Consejos, la información no divulgada debe ser protegida cuando: (i); es secreta, es decir no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza; (ii) ha sido objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en secreto; y (iii) tiene valor comercial por ser secreta, proporcionando una ventaja competitiva a su titular.

Así, con respecto al punto (ii), queda claro que ProVida ha mantenido la solicitada información en secreto, y que por dicha causa concurre a presentar sus observaciones en esta oportunidad. En efecto, el reclamante ha intentado esta vía para su consecución toda vez que, precisamente, esta información reservada no se encuentra disponible para el público. Hacemos presente que la única razón por la que se los ha proporcionado a la SP es porque está obligado normativamente a hacerlo.

En ningún caso la ley N° 20.285 puede ser instrumentalizada para obtener ventajas comerciales por parte de terceros u otros competidores, que es lo que ocurriría en caso que se divulgue la información pedida en el requerimiento el reclamante.

e) AFP Capital S.A: Reiteran en resumen, lo señalado en su respuesta.

f) AFP Modelo S.A: Reiteran en síntesis, lo señalado en su respuesta.

7) PRESENTACION DE INTERESADO: El reclamante, por medio de correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2016, señaló en resumen que requiere para el presente reclamo:

a) Archivos mensuales (W07-aamm.ext) desde enero de 2009 a diciembre de 2013, de todas las AFP.

b) Archivos mensuales (contprestsentoooamm.ext) exclusivamente de diciembre del 2008, y que no presenten relación contractual vigente, para todas las AFP.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado, notificando la respuesta una vez vencido el plazo. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Superintendente de Pensiones en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.

2) Que, en cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que de acuerdo a lo anotado en el numeral 5°, de lo expositivo, el presente amparo se circunscribe a lo requerido en las letras a) y b), de la solicitud de información, vale decir, a los archivos "W01-aamm.ext" y "contprestservaaaamm.ext", los que constituyen formularios electrónicos que las administradoras de fondo de pensiones tenían que informar a la Superintendencia, en forma mensual, y que contienen la siguiente información: El primer archivo singularizado, dice relación con los servicios obligatorios que debían brindar dichas administradoras, de acuerdo a lo expuesto en el anexo N° 2, de la circular N° 1518: i) código de clasificación del servicio; ii) código del servicio; iii) fecha de inicio del servicio; iv) tipo de operación; v) nivel de seguridad; vi) largo del servicio. Por otra parte, en lo tocante al segundo archivo, este contiene el detalle de los servicios contratados por las administradoras con terceros, en la cual se especifican, entre otras cosas, i) el tipo de servicio; ii) la entrada en vigencia del contrato; iii) datos de la empresa contratada; iv) datos personales del trabajador de la administradora a cargo del control; v) lugar donde se presta el servicio, etc.

3) Que, dicho lo anterior, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En cuanto a dicha hipótesis de reserva, cabe tener presente que esta causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento "requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

6) Que, de acuerdo a lo anterior, y analizando las alegaciones del órgano se advierte que sus fundamentos, precisamente, constituyen invocaciones generales, no resultando suficientes para acreditar ante este Consejo, el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En efecto, la reclamada sólo indicó que no puede establecer con certeza la posibilidad de recuperar la información pedida, pues no cuenta con los mecanismos tecnológicos necesarios para efectuar su tratamiento y supondría destinar personal al desarrollo de una tarea exclusiva por largo tiempo, en desmedro de las funciones ordinarias de este organismo. Por lo tanto, se desestimará la causal de reserva alegado por el órgano reclamado.

7) Que, por otra parte, los terceros interesados, alegaron la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. En este caso, es menester recordar que en lo que atañe a la referida causal, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

8) Que, en lo tocante al requisito que se lee en la letra a), precedente, cabe señalar que este Consejo advierte que lo solicitado efectivamente es de carácter secreto, en la medida que contiene entre otras cosas, los servicios que mensualmente prestó cada administradora a cada uno de los afiliados, el tipo de operación y el nivel de seguridad, como asimismo, información detallada relativa a los contratos de prestación de servicios contratados con terceros, todo lo cual, sólo es manejado por las propias administradoras, no siendo conocida por personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información. En efecto, dicha información, no ha sido divulgada oficialmente al mercado, ni por las administradoras ni por la Superintendencia, quien, a su vez, aclaró que únicamente se ha publicado estadísticas globales sobre la materia.

9) Que, en lo tocante al requisito expuesto en la letra b), se debe precisar que dichos esfuerzos se ven reflejados en la circunstancia de que los terceros interesados se han opuesto a la entrega de los antecedentes requeridos, oposición que se ha manifestado tanto ante el procedimiento de acceso ante el órgano requerido, como ante este Consejo.

10) Que, finalmente, sobre el tercer requisito, es relevante señalar que el mantenimiento en reserva de la información en virtud de lo expuesto en la letra a) anterior, no sólo es necesaria para efectos de proteger los derechos económicos y comerciales de las administradoras de fondo de pensiones, al detallarse las formas de actuar y estrategias de las compañías, sino además porque su publicidad podría debilitar los mecanismos de seguridad de los sitios web de las administradoras, exponiendo las transacciones que realizan los afiliados a través de ese canal.

11) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, este Consejo rechazará el presente amparo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

12) Que, finalmente, de acuerdo a lo anotado en el numeral 8°, el reclamante modificó su solicitud de información originalmente propuesta, lo que no corresponde realizar en esta sede, razón por la cual ésta será desestimará.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Luis Francisco Oviedo, en contra de la Superintendencia de Pensiones, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, conforme los fundamentos señalados precedentemente.

II. Representar al Sr. Superintendente de Pensiones la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, al no haber evacuado respuesta al presente requerimiento dentro del plazo legal. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere dicha infracción.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Luis Francisco Oviedo, al Sr. Superintendente de Pensiones, y a AFP Modelo S.A., AFP Provida S.A., AFP Planvital S.A., AFP Habitat S.A., AFP Cuprum S.A., AFP Capital S.A., todas estas últimas en su calidad de terceros interesados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.