logo
 

Agustín Fernández Castro con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C3217-16

Consejo para la Transparencia, 22/12/2016

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en que no dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) "Copia de reportes de operaciones sospechosas (ROS) enviados por las AFP desde el año 2008 al 2014, según consta en información estadística publicada por la UAF (...)". b) "Copia de las 7 fiscalizaciones realizadas por la UAF a las AFP en terreno, en mismo periodo anterior". c) "Indicar cuál es el plazo que tiene la AFP para ingresar un ROS luego de detectada una operación sospechosa por parte de la misma administradora". El Consejo acoge el amparo, toda vez que el órgano reclamado no logró acreditar la causal de secreto invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3217-16.

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones.

Requirente: Agustín Fernández Castro.

Ingreso Consejo: 20.09.2016.

En sesión ordinaria N° 763 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de diciembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3217-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 18 de julio de 2016, don Agustín Fernández Castro, solicita a la Unidad de Análisis Financiero, lo siguiente:

a) "Copia de reportes de operaciones sospechosas (ROS) enviados por las AFP desde el año 2008 al 2014, según consta en información estadística publicada por la UAF (...)".

b) "Copia de las 7 fiscalizaciones realizadas por la UAF a las AFP en terreno, en mismo periodo anterior".

c) "Indicar cuál es el plazo que tiene la AFP para ingresar un ROS luego de detectada una operación sospechosa por parte de la misma administradora".

2) DERIVACIÓN: La Unidad de Análisis Financiero, mediante oficio N° 653, de fecha 16 de agosto de 2016, deriva la solicitud de información a la Superintendencia de Pensiones, específicamente, en lo relativo al literal b), con respecto a la fiscalización efectuada a la AFP Plan Vital S.A., en el año 2011. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: Con fecha 20 de septiembre de 2016, don Agustín Fernández Castro deduce amparo a su derecho de acceso en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° 9.899, de fecha 5 de octubre de 2016, para que formule sus descargos y observaciones. El órgano reclamado, por medio de oficio ordinario N° 27.392, de fecha 21 de octubre de 2016, señala, en síntesis, lo siguiente:

a) Por medio de oficio ordinario N° 25.967, de fecha 6 de octubre de 2016, dieron respuesta a la solicitud, informando las razones por las cuales no es procedente hacer entrega de lo pedido, lo que se debe a que contiene un nivel de detalle acorde al objetivo que se persigue, esto es, observar las deficiencias de control interno de la entidad y las vulnerabilidades de los procesos que se evalúan. Por ello, dejaría expuestas las debilidades de la institución sujeto de análisis y también revelaría su estrategia de supervisión. Agregan que revelar la estrategia de fiscalización podría causar daño al ejercicio de sus labores, traduciéndose en una afectación del debido cumplimiento de sus funciones, en particular, considerando que el documento pedido contiene el enfoque de fiscalización y los objetivos de control, además de un relato detallado de las observaciones que se hicieron a la A.F.P respecto al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que implementara.

b) Por lo expuesto, estiman que resulta aplicable la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el inciso tercero del artículo 50 de la ley N° 20.255, que establece la Reforma Previsional - en adelante ley N° 20.255-. De este modo, concluyen que los actos realizados en cumplimiento de sus funciones, como en la especie lo constituye la realización de una fiscalización y su respectivo informe, son secretos y reservados desde el momento que cumplen los supuestos de las causales del artículo 8 de la Constitución Política de la República. De hecho, la entrega de la información solicitada afecta el debido cumplimiento de sus funciones. En efecto, la publicidad del resultado de la fiscalización practicada supone revelar el modo y criterios de evaluación utilizados los que de ser conocidos previamente por las entidades supervisadas podría permitir incluso la elusión de la acción fiscalizadora. El conocimiento de la información solicitada tendría por efecto hacer fracasar los controles establecidos para detectar actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

c) Por otra parte, el resultado de la fiscalización expone en detalle las vulnerabilidades de la Administradora y podría afectar también sus derechos comerciales o económicos, en el evento que tal información llegue a las entidades competidoras. Por ello, se estiman también aplicable la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

5) PRESENTACIÓN DEL RECLAMANTE: El reclamante, mediante correos electrónicos de fecha 11 y 28 de octubre de 2016, hace presente respecto a la denegación realizada por la Superintendencia de Pensiones, que el órgano fiscalizador de lavado de activos es la Unidad de Análisis Financiero, y aquella no tuvo inconvenientes en entregarle los documentos relacionados a las fiscalizaciones efectuadas a las otras seis Administradora de Fondos de Pensiones. Sin embargo, el órgano no fiscalizador de lavado de activos - Superintendencia de Pensiones-, no le proporciona la documentación respecto a la Administradora Planvital S.A.

6) GESTIÓN OFICIOSA: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo, este Consejo solicita al órgano reclamado, mediante correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2016, remita copia de la fiscalización requerida. La Superintendencia de Pensiones, por igual medio, con fecha 7 de diciembre de 2016, acompaña la documentación pedida.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en atención a los antecedentes tenidos a la vista, se concluye que la solicitud de información objeto del presente amparo no fue contestada dentro del término legal, por la Superintendencia de Pensiones, lo que constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo normativo, razón, por la cual, se representará dicha infracción al órgano reclamado en lo resolutivo del presente acuerdo.

2) Que, cabe hacer presente que la solicitud de información fue realizada, en primer lugar a la Unidad de Análisis Financiero, la que mediante resolución exenta N° 20-2016, de fecha 10 de agosto de 2016, otorga respuesta al requirente, otorgando acceso a seis de las siete fiscalizaciones pedidas, lo anterior debido a que "una de las fiscalizaciones realizadas el año 2011, fue desarrollada conjuntamente con la Superintendencia de Pensiones, quien fue la institución que emitió el informe respectivo a través del oficio ordinario N° 1.452, de 18 de enero de 2012". Razón por la cual derivan en dicho punto el requerimiento, a la Superintendencia de Pensiones, la que por medio oficio ordinario N° 25.967, de fecha 6 de octubre de 2016, deniega el acceso, por configurarse respecto a lo pedido las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, con relación, al artículo 50 de la ley N° 20.255; y del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

3) Que lo solicitado es copia del oficio ordinario N° 1.452, de 18 de enero de 2012, que informa resultados de evaluación año 2011 del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo implementado por la A.F.P. Planvital S.A. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, lo requerido tendría el carácter de información pública, pues se trata de acto administrativo que obra en poder de la Superintendencia de Pensiones. Lo anterior, salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva legal, las que, por ser de derecho estricto y una excepción, deben aplicarse en forma restrictiva, debiendo ser acreditada por aquel que la invoca.

4) Que, según lo alegado por el órgano reclamado, respecto de lo pedido se configuraría, en primer lugar, la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, con relación a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley N° 20.255. Esta norma dispone la obligación que recae, tanto sobre el Superintendente de Pensiones, como de los funcionarios de la Superintendencia, de guardar reserva y secreto absoluto de la información que tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores.

5) Que, respecto del artículo 50 de la ley N° 20.255, este Consejo ha sostenido que posee el carácter de ley de quórum calificado para estos efectos. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Corporación ha señalado que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 50 de la ley N° 20.255, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

6) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, al respecto, la Superintendencia de Pensiones se ha limitado a señalar que la entrega de la información solicitada afecta el debido cumplimiento de sus funciones, puesto que la publicidad del resultado de la fiscalización practicada supone revelar el modo y criterios de evaluación utilizados, los que de ser conocidos previamente por las entidades supervisadas podría permitir incluso la elusión de la acción fiscalizadora; sin aportar antecedente alguno que permita a este Consejo establecer el modo en que proporcionar acceso a lo pedido, pueda producir una afectación presente o probable al debido cumplimiento de sus funciones. Más aún si se tiene en cuenta que el documento solicitado está dirigido, precisamente, a la institución fiscalizada, en este caso, la A.F.P. Planvital S.A.

7) Que, en consecuencia, tal argumentación no señala ni acredita de manera concreta, el daño que provocaría la entrega de la información requerida. El criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Tal parámetro no se satisface en este caso, razón por la cual no se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

8) Que, en segundo lugar, el órgano reclamado argumenta la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, debido a que estiman que la divulgación del documento solicitado, podría afectar los derechos comerciales o económicos de la Administradora a quien se refiere la fiscalización. Sin embargo, no da cuenta de haber realizado el procedimiento establecido en el artículo 20 de la ley mencionada, relativo a las solicitudes que se refieran a documentos que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros. Razón por la cual, los argumentos esgrimidos para configurar dicha causal de excepción, no serán considerados, por carecer de la titularidad para esgrimirla. En este punto, además, cabe tener presente que, en su oportunidad, la Unidad de Análisis Financiero, hizo entrega de las fiscalizaciones solicitadas respecto a seis Administradoras de Fondo de Pensiones, sólo tarjando los datos personales de contexto que aquellas contenían, no estimando que el contenido de éstas podía afectar los derechos de terceros.

9) Que, de la revisión del oficio ordinario N° 1452 requerido, se constata que da cuenta de una serie de observaciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo implementado por la A.F.P. Planvital S.A., las que debían ser analizadas por ésta, adoptando las medidas correspondientes que permitieran superarlas, para lo cual debía remitir un informe dentro de los 15 días hábiles a contar de la fecha del oficio - 18 de enero de 2011-, que contemplara las medidas a implementar al respecto. De esta forma, lo pedido se refiere a una fiscalización realizada hace más de 5 años, que no debería dar cuenta del estado actual del Sistema de Prevención de la Administradora en cuestión. En consecuencia, se acogerá el presente amparo requiriendo la entrega de lo solicitado, debiendo el órgano reclamado tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la Resolución mencionada, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Agustín Fernández Castro en contra de la Superintendencia de Pensiones, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones:

a) Hacer entrega al reclamante oficio ordinario N° 1.452, de 18 de enero de 2012, debiendo el órgano reclamado tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Superintendente de Pensiones, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al haber otorgado respuesta fuera del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Agustín Fernández Castro y al Sr. Superintendente de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.