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Matías Rojas Medina con CARABINEROS DE CHILE Rol: C2917-16

Consejo para la Transparencia, 22/12/2016

Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) Copia digital de todas las investigaciones internas aludidas como reservadas en respuesta a anterior solicitud AD009W 0033106 y, b) Acceso en formato digital a todas las peticiones de información internas y comunicaciones que hayan involucrado a la DIPOLCAR en el proceso de análisis y confección de la respuesta que se entregó en relación a la solicitud AD009W 0033106. El Consejo acoge parcialmente el amparo. Respecto al literal a), los funcionarios públicos se encuentras sometidos a un escrutinio público mayor al de cualquier personas, por lo que no basta la simple mención de la causal de reserva para no entregar la información, debiendo ser debidamente fundamentada. Respecto al literal b), se rechaza el amparo, pues no consta la existencia de la información solicitada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2917-16

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Matías Rojas Medina

Ingreso Consejo: 29.08.2016

En sesión ordinaria N° 763 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de diciembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2917-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de julio de 2016, don Matías Rojas Medina solicitó a Carabineros de Chile la siguiente información

a) Copia digital de todas las investigaciones internas aludidas como reservadas en respuesta a anterior solicitud AD009W 0033106 y,

b) Acceso en formato digital a todas las peticiones de información internas y comunicaciones que hayan involucrado a la DIPOLCAR en el proceso de análisis y confección de la respuesta que se entregó en relación a la solicitud AD009W 0033106.

2) RESPUESTA: El 19 de agosto de 2016, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 285, señalando, en síntesis, que deniega la entrega de la información en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, en relación con las causales contempladas en el artículo 21 N° 1 y 5 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 29 de agosto de 2016, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado del presente amparo al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° 9.057 de 13 de septiembre de 2016. Mediante Oficio N° 238 de 26 de septiembre de 2016 el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, reiterando lo señalado en su respuesta respecto de la reserva de la información requerida.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo se solicitó al órgano reclamado la información cuya denegación fundó su reclamación, esto es:

i. Copia digital de todas las investigaciones internas respecto de procesos vinculados a los funcionarios Eduardo Pena Parra, Jorge Larenas Escalona, Israel Navarrete Fuentes y Néstor Concha Inalaf.

ii. Copia de todas las peticiones de información internas y comunicaciones que hayan involucrado a la Dirección de Inteligencia de Carabineros DIPOLCAR en el proceso de análisis y confección de la respuesta que se entregó al solicitante singularizada con el folio AD009W 0033106.

Mediante Oficio N° 321 de 5 de diciembre de 2016, el órgano reclamado remitió las peticiones de información internas y comunicaciones requeridas, en las que consta que no existen investigaciones internas respecto de los funcionarios Eduardo Pena Parra, Jorge Larenas Escalona, e Israel Navarrete Fuentes.

Posteriormente, y conforme a lo requerido, el órgano reclamado remitió mediante correo electrónico, en lo pertinente a la solicitud, copia de investigación interna instruida respecto Néstor Concha Inalaf.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de la copia de peticiones de información internas y comunicaciones que hayan involucrado a la DIPOLCAR referidas a una solicitud de acceso del requirente y de las investigaciones internas instruidas en contra de los funcionarios señalados en el referido requerimiento de acceso. El órgano reclamado denegó la entrega de dichos antecedentes fundado en lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974.

2) Que, conforme a los antecedentes tenidos a la vista se advierte que la única información que obra en poder de la reclamada referida al literal a) corresponde a la investigación instruida mediante orden N° 406 de 3 de mayo de 2012 de la Prefectura de Carabineros de Coyhaique a fin de establecer la forma y circunstancias en que resultó con daños fiscales un vehículo de cargo de la Sipolcar de Aysén mientras era conducido por el Sgto. 1° Néstor Concha Inalaf.

3) Que según ha sostenido reiteradamente este Consejo, la reserva establecida en el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, de Hacienda, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, de modo que una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado, entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010).

4) Que, este Consejo ha sostenido que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.

5) Que, en otro orden de cosas, no basta con invocar una causal de reserva para justifica la denegación de la información requerida, sino que también la fundamentación de la misma debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, lo requerido se trata específicamente de una investigación instruida mediante orden N° 406 de 3 de mayo de 2012 de la Prefectura de Carabineros de Coyhaique a fin de establecer la forma y circunstancias en que resultó con daños fiscales un vehículo de cargo de la Sipolcar de Aysén mientras era conducido por el Sgto. 1° Néstor Concha Inalaf, antecedentes que serían secretos en virtud del citado artículo 38 de la ley N° 19.974.

6) Que, de acuerdo a la jurisprudencia contenida en los amparos roles C2283-13, C2284-13, C21-16 y C3039-16, una interpretación de contexto del mencionado artículo 38 de la ley N° 19.974 permite establecer que la funcionalidad del secreto consagrado en dicha norma está determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. En efecto, según disponen los artículos 1°, 4° y 5° de la ley N° 19.974, el objeto de dicho cuerpo legal es precisamente la regulación de las actividades de inteligencia, y lo que determina la pertenencia de una unidad de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad Pública al citado Sistema es la dirección, ejecución o realización de dichas actividades de inteligencia. Además, a igual conclusión debe arribarse de la lectura del propio artículo 38, el cual confiere carácter secreto a "(...) otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas. Dichas normas dan cuenta que es la actividad de inteligencia lo que determina el ámbito de regulación de dicho cuerpo legal y, consecuentemente, la esfera protegida por ella a través del secreto. Por tanto, la referencia a "los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de (...)" que emplea el artículo 38 de la ley N° 19.974, en tanto hace alusión a la tenencia o control de la información de que se trata, debe entenderse restringida a aquella información que, conforme a sus competencias, puede y debe controlar el Sistema de Inteligencia del Estado, esto es, a la información relativa a las actividades de inteligencia, y no a la información cuya materia o naturaleza resulte ajena a dichas actividades, pues una interpretación en este sentido, superaría el ámbito de protección de las actividades de inteligencia desarrolladas por dichos organismos, para extenderse a otras materias o esferas de actuación, en forma indefinida e ilimitada.

7) Que, para efectos de verificar la aplicación del artículo 38 de la ley N° 19.974 es menester determinar si lo solicitado en el caso de la especie constituye información relativa a actividades de inteligencia. Luego, en el presente amparo, de acuerdo a Carabineros dichos antecedentes no podrían ser entregados, por cuanto aquellos se consideran secretos en virtud del citado artículo 38 de la ley N° 19.974, limitándose a indicar al respecto su entrega afecta el debido cumplimiento de sus funciones, sin otra argumentación.

8) Que, establecido lo anterior, cabe desestimar la causal de secreto invocada por la reclamada -artículo 38 de la ley N° 19.974- toda vez que en el expediente investigativo solicitado no consta antecedente alguno que permita obtener información acerca de informes de inteligencia u otra documentación que pueda estimarse comprendida en la hipótesis de reserva mencionada por la reclamada.

9) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo respecto del mencionado literal, y se requerirá a la reclamada que haga entrega del señalado expediente sumarial al solicitante, sin perjuicio de lo cual deberá previamente tarjar los datos personales de contexto contenidos en el expediente -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros- en aplicación del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia.

10) Que, por último, se rechazará el presente amparo respecto del literal b) de la solicitud atendido que de la revisión de los antecedentes proporcionados por la reclamada a este Consejo no consta la existencia de peticiones de información internas y comunicaciones que hayan involucrado a la DIPOLCAR en el proceso de análisis y confección de la respuesta que se entregó en relación a la solicitud de información a que se refiere el requerimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Matías Rojas Medina, en contra de la Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile:

a) Hacer entrega al reclamante de copia de la investigación instruida mediante orden N° 406 de 3 de mayo de 2012 de la Prefectura de Carabineros de Coyhaique, sin perjuicio de lo cual deberá previamente tarjar los datos personales de contexto contenidos en el expediente -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros- en aplicación del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.