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Maximiliano Chávez Rodríguez con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C3722-16

Consejo para la Transparencia, 31/01/2017

Se dedujo amparo en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) El número de alarmas generadas por el departamento telemático, con respecto al total de condenados supervisados en los meses de agosto y septiembre del año 2016, divididas por comuna y en porcentaje a qué tipo de infracción correspondían. b) El número de alarmas entregadas a Carabineros en los meses de agosto y septiembre del año 2016. El Consejo acoge el amparo, toda vez que lo solicitado dice relación con datos estadísticos, no pudiendo ser asociados a un titular identificado o identificable.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3722-16

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: Maximiliano Chávez Rodríguez

Ingreso Consejo: 03.11.2016

En sesión ordinaria N° 772 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3722-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 17 de octubre de 2016, don Maximiliano Chávez Rodríguez formuló una solicitud de información ante Gendarmería de Chile, requiriendo en particular:

a) El número de alarmas generadas por el departamento telemático, con respecto al total de condenados supervisados en los meses de agosto y septiembre del año 2016, divididas por comuna y en porcentaje a qué tipo de infracción correspondían.

b) El número de alarmas entregadas a Carabineros en los meses de agosto y septiembre del año 2016.

2) RESPUESTA: Gendarmería de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante carta N° 2.539/16, de fecha 27 de octubre de 2016, señalando, en síntesis, que se adjunta Ord. N° 14.20.04.686/16, de fecha 25 de octubre de 2016, por el cual se denegó la entrega de la información pedida, fundado en que se trata de antecedentes relativos al ámbito privado de las personas, de conformidad a los artículos 32 y 33 del decreto N° 515 que aprueba el reglamento de monitoreo telemático de condenados de penas sustitutivas a las penas privativas de libertad, en relación a lo dispuesto en el artículo 23 quinquies de la ley N° 20.603 que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad.

3) AMPARO: El 03 de noviembre de 2016, don Maximiliano Chávez Rodríguez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Gendarmería de Chile, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante oficio N° 11.273, de fecha 15 de noviembre de 2016.

El órgano requerido, a través de Ord. N° 14.00.00.1716/16, de fecha 02 de diciembre de 2016, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que se denegó la información pedida, por estimar que concurre la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 7 de la ley N° 19.628.

Agrega que el decreto N° 515, que aprueba reglamento de monitoreo telemático de condenados a penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, en su artículo 32 prescribe que el uso de la información del monitoreo telemático, sólo podrá ser utilizada para controlar el cumplimiento de la pena sustitutiva de que se trate, sin perjuicio que pueda ser utilizada por un fiscal del Ministerio Público que se encontrare conduciendo una investigación en la cual el condenado sometido a monitoreo apareciere como imputado. A su vez el artículo 33 establece la autorización del uso de los antecedentes obtenidos por la aplicación del sistema de monitoreo telemático, en el contexto de una investigación penal en que se sospeche la participación del condenado.

Además, sostiene que la ley N° 20.603, que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, prescribe en su artículo 23 quinquies, que la información obtenida en la aplicación del sistema de monitoreo telemático sólo podrá ser utilizada para controlar el cumplimiento de la pena de que se trate., sin perjuicio de su utilización por un fiscal del Ministerio Público que se encontraré conduciendo una investigación en la cual el condenado a monitoreo telemático apareciere como imputado, debiendo en todo caso solicitar previamente autorización al juez de garantía competente. Además, cuando se pusiere término a la utilización del monitoreo telemático, y transcurridos dos años desde el cumplimiento de la condena, Gendarmería de Chile procederá a la destrucción de la información proporcionada por este sistema, en la forma que determine el reglamento a que se refiere el artículo 23 octies.

Por otra parte, sostiene que de acuerdo al artículo 246 del Código Penal, los funcionarios públicos se encuentran sometido a una sanción penal para el caso que revelen los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados. Por lo expuesto, sostiene que no existe autorización legal ni convencional que permita la entrega de la información pedida, la que proviene de fuentes no accesibles al público.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, con fecha 17 de octubre de 2016, don Maximiliano Chávez Rodríguez formuló una solicitud de información ante Gendarmería de Chile, requiriendo el número de alarmas generadas por el departamento telemático, con respecto al total de condenados supervisados en los meses de agosto y septiembre del año 2016, divididas por comuna y en porcentaje a qué tipo de infracción correspondían, como también el número de alarmas entregadas a Carabineros en los meses de agosto y septiembre del año 2016, obteniendo respuesta denegatoria fundado en que se trata de antecedentes relativos al ámbito privado de las personas, lo que constituye el fundamento del presente amparo.

2) Que, en efecto, Gendarmería de Chile señaló en su respuesta que denegaba la información pedida por tratarse de antecedentes relativos al ámbito privado de las personas, citando los artículos 32 y 33 del decreto N° 515, de 2013, de justicia, que aprueba el reglamento de monitoreo telemático de condenados de penas sustitutivas a las penas privativas de libertad, en relación a lo dispuesto en el artículo 23 quinquies de la ley N° 20.603 que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. En sus descargos, el órgano requerido precisó que se denegó lo pedido, por estimar que concurre la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 7 de la ley N° 19.628, antecedentes que provienen de fuentes no accesibles al público, no existiendo autorización legal ni convencional que permita la entrega de la información requerida.

3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, acerca del fundamento y procedencia de la causal de reserva invocada por el órgano reclamado.

4) Que, de conformidad a lo previsto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada en su artículo 2°, letra e), son datos estadísticos aquellos que «en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable». Luego, del tenor del requerimiento de información, se colige de modo claro que los antecedentes consultados son datos estadísticos referidos al número de alarmas generadas por el departamento telemático con respecto al total de condenados supervisados en los meses de agosto y septiembre del año 2016, divididas por comuna y en porcentaje al tipo de infracción, como también al número de alarmas entregadas a Carabineros en el mismo periodo. Por consiguiente, atendido el carácter estadístico de la información pedida, la cual no permite determinar la identidad de sus titulares, no resulta aplicable la protección que el citado cuerpo legal dispone de modo preciso para los datos personales.

5) Que, en concordancia con lo anterior, la hipótesis de reserva invocada por la reclamada, prevista en el artículo 21 N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual debe reservarse toda aquella información cuya divulgación pueda afectar los derechos de sus titulares, no resulta aplicable en el caso concreto, por cuanto la publicidad de información como la pedida, no permite determinar la identidad de los condenados a que se refiere el requerimiento de información, debiendo por tanto desestimarse dicha alegación, particularmente considerando que el órgano requerido no aportó elemento alguno que permita acreditar que la entrega de la información pedida produzca una afectación presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva sobre alguno de los derechos los involucrados. Por lo anterior, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando a Gendarmería de Chile entregar a don Maximiliano Chávez Rodríguez la información reclamada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Maximiliano Chávez Rodríguez, en contra de Gendarmería de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile:

a) Hacer entrega al reclamante la información referida a:

i. El número de alarmas generadas por el departamento telemático, con respecto al total de condenados supervisados en los meses de agosto y septiembre del año 2016, divididas por comuna y en porcentaje a qué tipo de infracción correspondían.

ii. El número de alarmas señaladas precedentemente, entregadas a Carabineros de Chile en los meses de agosto y septiembre del año 2016.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Maximiliano Chávez Rodríguez y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.