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Nancy Nicul Lincoleo con MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Rol: C3549-16

Consejo para la Transparencia, 31/01/2017

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Servicios Sociales, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a la Comisión de Seguimiento Legislativo con el objeto de velar por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el proceso de consulta previa que dio origen a los proyectos de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas y el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, oficio al que se habría adjuntado una minuta de plan de trabajo para la citada comisión. Requiriendo información que se especifica en la solicitud. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acredita la causal de secreto invocada por el órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3549-16

Entidad pública: Subsecretaría de Servicios Sociales

Requirente: Nancy Nicul Lincoleo

Ingreso Consejo: 17.10.2016

En sesión ordinaria N° 772 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3549-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 09 de septiembre de 2016, doña Nancy Nicul Lincoleo formuló una solicitud de información ante la Subsecretaria de Servicios Sociales, señalando que por oficio ord. N° 670, de fecha 09 de marzo de 2016 del Ministerio de Desarrollo Social, se creó una Comisión de Seguimiento Legislativo con el objeto de velar por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el proceso de consulta previa que dio origen a los proyectos de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas y el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, oficio al que se habría adjuntado una minuta de plan de trabajo para la citada comisión. Por lo anterior, requiere en particular:

a) Actuales integrantes de dicha comisión.

b) Actas o registros de las sesiones de trabajo y de los acuerdos alcanzados.

c) Detalle del trabajo realizado en función de los objetivos establecidos para la comisión de seguimiento legislativo.

d) Plan de trabajo ejecutado hasta fecha con el respaldo correspondiente en cada caso, incluyendo por cierto el uso de recursos públicos.

2) RESPUESTA: La Subsecretaria de Servicios Sociales respondió a dicho requerimiento de información mediante carta N° 11/2.672, de fecha 26 de septiembre de 2016, señalando, en síntesis, que:

En relación a los integrantes de la Comisión de Seguimiento, informa que la Comisión está conformada por aquellos delegados de cada región del país que participaron de la Jornada Nacional de Cierre del proceso de Consulta Previa de las medidas legislativa de creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y del Consejo Nacional y de los Consejos de Pueblos Indígenas, que se desarrolló los días 30 y 31 de enero de 2015, en la localidad de San Esteban, Región de Valparaíso. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, no es posible entregar los nombres de las personas pertenecientes a pueblos indígenas y que integran la referida Comisión de Seguimiento.

En cuanto, a las actas o registros de las sesiones de trabajo, de los acuerdos alcanzados, así como el detalle del trabajo realizado en función de los objetivos establecidos para la Comisión de Seguimiento Legislativo, señala que el desarrollo de las sesiones de trabajo y las decisiones acordadas por dicha Comisión son plenamente autónomas, lo cual se enmarca en hacer seguimiento activo de los acuerdos alcanzados durante la tramitación legislativa de las medidas legislativas consultadas de creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y del Consejo Nacional y de los Consejos de Pueblos Indígenas, en ese sentido, y por consiguiente, la Subsecretaría no posee dicha información.

Respecto al plan de trabajo pedido, informa que se han transferido fondos fiscales por la suma de $ 92.990.990, a las Regionales Ministeriales de Desarrollo Social de las 15 regiones del país, con la finalidad de facilitar el desarrollo de las reuniones y traslados de los integrantes de la referida Comisión de Seguimiento, en el periodo de los meses de abril a diciembre del año 2016. Del total de recursos transferidos a regiones al 31 de agosto de 2016, se han ejecutado $ 39.660.625. Se acompaña matriz de recursos fiscales que dan cuenta de lo transferido a las Secretarías Regionales Ministeriales de Desarrollo y los montos ejecutados.

En relación a las invitaciones a participantes de la Comisión de seguimiento a las diversas sesiones de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización realizadas en el Congreso Nacional, se hace presente que los gastos relacionados a estas actividades, así como también, a jornadas temáticas conexas, han sido financiadas mediante un Convenio de transferencias de recursos suscrito con la Universidad de La Frontera. En tal sentido, al 31 de agosto de 2016 los gastos incurridos por estas invitaciones ascienden a la suma de $ 45.400.625. Acompaña listado que da cuenta de las diversas sesiones, especialmente de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados, a la que han sido invitado miembros de la Comisión de Seguimiento, así como también, el número de representantes invitados.

3) AMPARO: El 17 de octubre de 2016, doña Nancy Nicul Lincoleo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Servicios Sociales, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

Agregó, que respecto de la negativa de entregar los nombres de quienes forman parte de la Comisión, no fundamentan debidamente dicha denegación, y asimismo no le resultan convincentes ni verosímil las razones esgrimidas por el órgano para justificar el desconocimiento de la existencia de actas o registros de las sesiones de trabajo.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Servicios Sociales, mediante oficio N° 10.780, de fecha 27 de octubre de 2016,

El órgano requerido, a través de oficio Ord, N° 40/3.202, de fecha 17 de noviembre de 2016, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:

En cuanto a otorgar los datos que permiten la identificación de los miembros de la Comisión de Seguimiento Legislativo, señala que no resulta posible, toda vez que sus 152 integrantes pertenecen a pueblos indígenas reconocidos por la normativa vigente. En este contexto, la pertenencia a un pueblo indígena o etnia de una persona determinada, por tratarse de información propia de su vida privada o intimidad, que da cuenta de su "origen racial" (en los términos de la letra g) del artículo 2° de la ley N° 19.628), constituye un dato sensible, cuya comunicación a terceros se encuentra prohibida expresamente por el legislador, precisando que el concepto etnia denota un grupo humano que comparte una cultura, una historia y costumbres y cuyos miembros están unidos por una conciencia de identidad, por tanto, cualquier divulgación respecto de los datos concernientes a la pertenencia de una etnia o pueblo indígena determinado, importaría vulnerar lo prescrito en el artículo 2° de la Ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada.

Por otra parte, respecto a las actas o registros de las sesiones de trabajo y de los acuerdo alcanzados por la Comisión de Seguimiento Legislativo, reitera que dicha Comisión surge de un acuerdo de carácter autónomo por parte de los representantes de los pueblos indígenas participantes de la Jornada de Cierre del Proceso de Consulta Indígena realizada los días 30 y 31 de enero de 2015, en la Comuna de San Esteban, Región de Valparaíso, cuya finalidad es en primer lugar, velar por el cumplimiento en la tramitación legislativa de los proyectos acordados en el referido proceso de consulta mediante la participación en las diferentes sesiones de las comisiones que se encuentran avocadas al estudio de ambos proyectos en el Congreso Nacional, esto es, el proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas y el que crea el Consejo o Consejos de Pueblos Indígenas; y en segundo lugar, la realización de reuniones en cada una de las regiones con el propósito de programar posteriormente actividades que permitan informar a los miembros de las comunidades y asociaciones indígenas respecto de los proyectos de ley mencionados.

Agrega, que a diferencia de lo que sostiene la recurrente, la Comisión de Seguimiento no fue creada mediante el Oficio Ord. N° 670, de fecha 9 de marzo de 2016, sino que fue producto de un compromiso adoptado en la citada Jornada de Cierre del Proceso de Consulta Indígena, y dicho acto administrativo, sólo considera una propuesta del plan de trabajo que se debe desarrollar, sin que exista una obligación de generar y entregar a la Subsecretaría actas que den cuenta de lo realizado por dicha comisión. Lo anterior, tiene una estrecha relación con los compromisos internacionales que ha adoptado el Estado de Chile, considerando especialmente, el principio de Autogobierno reconocido en el Convenio N° 169, de la OIT. De esta manera, la Comisión de Seguimiento como representante de los Pueblos Indígenas, busca conservar y reforzar las instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales de dichos Pueblos, por ende, la Comisión se configura como un importante avance en el ejercicio del derecho a la participación, por conducto de representantes elegidos por los respectivos Pueblos Indígenas, en la adopción de decisiones que afecten sus derechos e intereses de conformidad con sus procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones.

En este orden de ideas, señala que le corresponde garantizar el principio de autogobierno, para lo cual, es relevante no inmiscuirse en las decisiones y acciones que autónomamente realizan los miembros de la Comisión de Seguimiento, aclarando que su única misión es ayudar en el traslado y logística necesarios para que la Comisión pueda materializar su objetivo de velar porque los acuerdos adoptados en el proceso de consulta indígena se mantengan durante la tramitación legislativa de ambos proyectos de ley.

Respecto a los acuerdos o decisiones adoptados por la "Comisión de Seguimiento", indica que dicha comisión no tiene facultades resolutivas, sino como su nombre lo indica sólo tiene como finalidad realizar el seguimiento respecto de la tramitación de los indicados proyectos de ley, de manera que no resulta posible entregar información respecto de hechos que no han acontecido, como se informó en la respuesta. Hace presente en todo caso, que respecto de las sesiones de trabajo de dicha Comisión, si bien existen actas de las mismas, estás se circunscriben al registro de asistencia de dichas sesiones, por parte de los miembros de la Comisión, por lo que tampoco resulta factible entregarlas, en función de lo previsto en el artículo 2° de la ley N° 19.628, ya referida, haciendo presente que en todo caso de estimarse procedente su entrega, deberá tarjarse los datos personales, dejando sólo lo referido a la fechas, lugar y rúbricas de los asistentes.

Finalmente, en relación a la asistencia de miembros de la Comisión de Seguimiento a las sesiones de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados, la Subsecretaría acompaña las actas de las sesiones celebradas los días 8 de marzo, 22 de marzo, 5 de abril, 7 de junio, 14 de junio, 21 de junio, 5 de julio, todas de 2016, obtenidas desde el sitio web de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.

Por otra parte, señala que la letra h) del artículo 61 del Estatuto Administrativo, establece que serán obligaciones de cada funcionario, guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la ley, y su incumplimiento podrá dar lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan. Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se refiere el artículo 23 la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en materia de tratamiento de datos personales.

Sostiene que los datos que permiten la identificación de los miembros de la Comisión de Seguimiento, corresponden a datos sensibles conforme a la ley N° 19.628, cuya comunicación importaría contravenir la prohibición establecida en los mencionados preceptos legales, ya que sus integrantes pertenecen a los pueblos indígenas reconocidas por el Estado de Chile, configurando al respecto la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Hace presente que en atención al elevado número de integrantes del Comité de Seguimiento, esto es, 152 miembros, se omitió comunicar la solicitud de información a los terceros conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, por cuanto de haberla realizado se hubiera afectado el debido cumplimiento de sus funciones, amparando para ello en el numeral 2.4 de la Instrucción General N° 10, del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información pública.

En otro orden de consideraciones, respecto a las actas o registros de las sesiones de trabajo y de los acuerdos alcanzados, indica que no se puede requerir la entrega de información que no obra en poder del órgano reclamado, señalando al respecto que la Comisión de Seguimiento no tiene obligación alguna de generar o entregar actas ni insumo alguno a la Subsecretaría de Servicios Sociales en relación a su labor realizada, no pudiendo por tanto, requerirse la entrega de información que no obra en su poder.

Lo anterior, tiene su vinculación con el principio de Autogobierno reconocido en el Convenio N° 169, de la OIT, señalando que en este sentido, en el Preámbulo de dicho instrumento internacional, se insta a que los Estados puedan colaborar con el mencionado principio, el cual busca que los pueblos indígenas puedan mantener o asumir la gestión de sus vidas y destinos propios, así como también, lograr que se reconozca más ampliamente el carácter particular de sus culturas, tradiciones y costumbres, por ende, un mayor control de su propio desarrollo económico, social y cultural.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, con fecha 09 de septiembre de 2016, doña Nancy Nicul Lincoleo formuló una solicitud de información ante la Subsecretaria de Servicios Sociales, requiriendo el nombre de los actuales integrantes, las actas o registros de sesiones, el detalle de trabajo realizado y el plan de trabajo, de la Comisión de Seguimiento Legislativo que indica, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo respuesta estimada como negativa por la solicitante, por cuanto no se le entregó el nombre de los integrantes pedidos, como también por parecerle inverosímil la inexistencia alegada de las actas o registros de las sesiones y decisiones requeridas, lo que constituye el fundamento del presente amparo.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, acerca del fundamento y procedencia de la causal de reserva invocada por el órgano reclamado respecto a la información no entregada, haciendo presente que de acuerdo al tenor del amparo deducido, éste se limita a los nombres de los integrantes, y las actas o registros sobre las sesiones de trabajo adoptadas por la Comisión de Seguimiento Legislativo sobre la cual versa el requerimiento.

3) Que, a modo de contexto, cabe tener presente que el Convenio N° 169, de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que se encuentra suscrito y ratificado por nuestro país, señala en su artículo 6, numeral 1, que "Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin". Agrega el numeral 2, del citado artículo, que "Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas".

4) Que, por su parte, el decreto N° 66, de 2013, de Desarrollo Social, que aprueba reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena en virtud del artículo 6 n° 1, letra a), y n° 2 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y deroga normativa que indica, a propósito de los principios de la consulta, señala en su artículo 9°, que "La buena fe es un principio rector de la consulta, en virtud del cual todos los intervinientes deberán actuar de manera leal y correcta con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento previo, libre e informado en el marco del procedimiento establecido en el Título III, mediante un diálogo sincero, de confianza y de respeto mutuo, sin presiones, de manera transparente, generando las condiciones necesarias para su desarrollo y con un comportamiento responsable"; agregando el inciso 2° que, "Para el Estado la buena fe también implicará actuar con debida diligencia, entendiéndose por tal la disposición de medios que permitan la generación de condiciones para que los pueblos indígenas puedan intervenir en un plano de igualdad según lo dispuesto en el artículo siguiente"; señalando finalmente el inciso 3° de la citada norma, que "Los intervinientes no podrán realizar conductas, acciones u omisiones que obstaculicen el normal desarrollo del proceso de consulta previa o impidan alcanzar su finalidad, así como aquellas que pretendan burlar o desconocer los acuerdos alcanzados.".

5) Que, respecto de la individualización de los integrantes de la Comisión de Seguimiento sobre la cual versa el requerimiento, el órgano requerido tanto en su respuesta como descargos, señaló que la información solicitada constituye datos sensibles de acuerdo al artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al referirse al origen racial de una persona determinada, como ocurre en el presente caso. Sin embargo, el órgano requerido no comunicó la solicitud de información a los terceros involucrados de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, en atención a que son 152 personas las involucradas, circunstancia que este Consejo estima como razonable justificación para explicar no haber realizado la respectiva comunicación. No obstante, en atención a la función que se le confiere por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, este Consejo analizará si la entrega de la información afecta o puede afectar la esfera de la vida privada de los integrantes de la comisión de seguimiento en cuestión.

6) Que, cabe tener presente, que el nombre de los integrantes de la Comisión de Seguimiento Legislativo que surgió por acuerdo de carácter autónomo por parte de los representantes de los pueblos indígenas participantes de la Jornada de Cierre del Proceso de Consulta Indígena realizada los días 30 y 31 de enero de 2015, ha sido calificado como dato personal, a la luz de la definición prevista en el artículo 2°, letra g), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, toda vez que se refiere a hechos de su vida privada, incluso de dato sensible si se considera la pertenencia y representación de un pueblo indígena que deberían tener los participantes de la Comisión de Seguimiento Legislativo en cuestión.

7) Que, sin embargo, a juicio de este Consejo, a partir de los antecedentes examinados, particularmente la normativa citada, y considerando que la información pedida se produce en el marco de la realización de una consulta indígena a propósito de los proyectos legislativos relativos a la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, y del Consejo o Consejos de Pueblos Indígenas, todo ello en cumplimiento de las obligaciones que le impone al Estado de Chile el Convenio N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo.

8) Que, si bien la Comisión de Seguimiento Legislativo sobre la que versa el requerimiento de información, surge de un acuerdo por parte de los representantes de los pueblos indígenas participantes de la jornada de cierre del proceso de consulta indígena realizada los días 30 y 31 de enero de 2015, en la comuna de San Esteban, y por tanto el nombre de sus integrantes podría estimarse dato personal, a juicio de este Consejo resulta insoslayable considerar que la referida jornada y la Comisión de Seguimiento Legislativo, se originaron a propósito de la realización de una consulta indígena, por lo que en virtud del principio de buena fe que exige el Convenio N° 169 de la OIT, y que reglamenta el decreto supremo N° 66, de 2013, de Desarrollo Social, citado en el considerando 4° de la presente decisión, la transparencia y publicidad del procedimiento de la referida consulta indígena, incluido el nombre de quienes participan, resulta fundamental para garantizar la validez del mismo.

9) Que, a juicio de este Consejo no se ha logrado acreditar que entregar la información referida al nombre de los integrantes de la Comisión de Seguimiento Legislativo, produce una afectación presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, particularmente considerando que por la naturaleza del proceso de consulta indígena, la participación en el mismo conlleva hacer pública su relación con el pueblo indígena al que se representa, en términos simples, la sola circunstancia de participar en el proceso de consulta previa, implica el reconocimiento de la calidad de miembro de un pueblo originario y ello será más evidente al momento en que participen dentro del proceso legislativo propiamente tal, concurriendo a las diversas comisiones o reuniones propias de dicha tramitación, de las cuales se levantarán actas y por lo tanto el nivel de publicidad se hará mayor en dicha instancia, de modo que serán desestimadas las alegaciones formuladas por el órgano requerido en dicha materia.

10) Que, a mayor abundamiento, la publicidad del nombre de los integrantes de la Comisión de Seguimiento Legislativo se constituye como un elemento esencial para facilitar el debido control social acerca de quiénes son los representantes de los distintos pueblos indígenas, y las personas designadas por éstas para conformar la referida comisión de seguimiento a los proyectos de ley sobre la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, y del Consejo Nacional y de los Consejos de Pueblos Indígenas, pudiendo evidenciarse un interés público preponderante en el conocimiento y divulgación del nombre de los integrantes de la Comisión antes mencionada, lo que junto con la naturaleza del proceso legislativo antes mencionado, es un elemento de juicio suficiente para hacer ceder la regla de secreto del artículo 7° de la ley N° 19.628 y lo señalado en el artículo 10 del mismo cuerpo legal, excepción que en este último caso estaría consagrada en el Convenio N° 169, de la OIT. Por todo lo expuesto precedentemente, se acogerá el amparo en esta parte, y se ordenará entregar a doña Nancy Nicul Lincoleo el nombre de los integrantes de la Comisión de Seguimiento Legislativo a que se refiere la solicitud de información.

11) Que, respecto de las actas o registros de las sesiones de trabajo y decisiones adoptadas por la Comisión de Seguimiento Legislativo sobre la cual versa el requerimiento, el órgano requerido informó que dicha comisión no tiene facultades resolutivas, sino que sólo tiene como finalidad realizar el seguimiento respecto de la tramitación de determinados proyectos de ley, de manera que no resulta posible entregar información respecto de hechos que no han acontecido y que no obrarían en su poder. Sin embargo, con ocasión de sus descargos, la Subsecretaría reclamada agregó que, respecto de las sesiones de trabajo de dicha comisión, si bien existen actas de las mismas, estás se circunscriben al registro de asistencia de dichas sesiones, por parte de los miembros de la Comisión, por lo que tampoco resulta factible entregarlas, en función de lo previsto en el artículo 2° de la ley N° 19.628.

12) Que, conforme ha resuelto previamente este Consejo, en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio.

13) Que, en el presente caso, el órgano requerido en su respuesta señaló que la Comisión de Seguimiento Legislativo sobre la cual versa el requerimiento al ser autónoma, no existiría la materia reclamada en su poder. Luego, esta sola afirmación no resulta suficiente para acoger la alegación de inexistencia invocada, dado que el estándar exigido en torno a la búsqueda realizada con ocasión de esta solicitud de información, debe acreditarse mediante un acta de búsqueda que registre las diligencias efectivamente realizadas con ese fin.

14) Que, además, caso ha sido posible constatar una argumentación contradictoria por parte del órgano reclamado, en orden a que no tendría los antecedentes pedidos, pero reconociendo en sus descargos que tendría en su poder ciertos registros de asistencia de la referida Comisión de Seguimiento Legislativo, antecedentes sobre los cuales resulta plenamente aplicable lo expuesto en los considerandos 7° y siguientes de la presente decisión, siendo de naturaleza pública la información referida a quienes en representación de los pueblos indígenas componen la Comisión de Seguimiento Legislativo, como asimismo los registros de las actividades por ellos realizadas que obren en poder de la Administración del Estado, más aun cuando la propia Subsecretaría reclamada en su respuesta a la solicitante informó que para facilitar el desarrollo de sus reuniones y el traslado de sus integrantes se han asignado recursos públicos por alrededor de 92 millones de pesos, todo ello a fin de permitir el legítimo control social en el uso de dichos recursos.

15) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, este Consejo acogerá el amparo en esta parte, y ordenará a la Subsecretaría de Servicios Sociales entregar a doña Nancy Nicul Lincoleo, las actas o registros sobre las sesiones de trabajo y las decisiones adoptadas por la Comisión de Seguimiento Legislativo a que se refiere la solicitud de información, que obren en su poder, tarjando previamente aquellos datos personales de contexto incorporados en la información ordenada a entregar, por ejemplo número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. O en su defecto, certifique mediante el acta respectiva, las diligencias de búsqueda que ha realizado respecto de dicha información, así como de los resultados obtenidos en virtud de ellas, informando y otorgando copia de estos antecedentes al solicitante y a este Consejo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Nancy Nicul Lincoleo, en contra de la Subsecretaría de Servicios Sociales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Servicios Sociales:

a) Hacer entrega al reclamante:

i. El nombre de los integrantes de la Comisión de Seguimiento Legislativo a que se refiere la solicitud de información

ii. Las actas o registros sobre las sesiones de trabajo y las decisiones adoptadas por la Comisión de Seguimiento Legislativo a que se refiere la solicitud de información, que obren en su poder, tarjando previamente aquellos datos personales de contexto incorporados en la información ordenada a entregar, por ejemplo número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia; o en su defecto, certifique mediante el acta respectiva, las diligencias de búsqueda que ha realizado respecto de dicha información, así como de los resultados obtenidos en virtud de ellas, informando y otorgando copia de estos antecedentes al solicitante y a este Consejo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Nancy Nicul Lincoleo y al Sr. Subsecretario de Servicios Sociales.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.