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Carlos Durán Berríos con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C3584-16

Consejo para la Transparencia, 03/02/2017

Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la copia de sumario administrativo N° 321-2011. El Consejo acoge el amparo, toda vez que el alcance de la expresión "obrar en poder" no debe limitarse únicamente a la información existente físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración del Estado, sino que también comprende aquélla que el órgano debe mantener bajo su órbita de control o bajo su disposición, especialmente cuando se trata de expedientes sumariales, que implican la materialización objetiva del ejercicio de las facultades disciplinarias por parte del órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3584-16.

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Requirente: Carlos Durán Berríos.

Ingreso Consejo: 20.10.2016.

En sesión ordinaria N° 776 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de febrero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3584-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 25 de agosto de 2016, don Carlos Durán Berríos solicita a la Policía de Investigaciones de Chile - en adelante también PDI-, copia de sumario administrativo N° 321-2011.

2) RESPUESTA: La Policía de Investigaciones de Chile, mediante carta de fecha 4 de octubre de 2016, informa que el sumario administrativo solicitado fue remitido mediante oficio (R) N° 5165, de fecha 8 de agosto de 2016, de la Jefatura del Personal, a la Contraloría General de la República, para que dicho órgano tome razón de lo resuelto en la investigación administrativa. Por esta razón, esto es, que el expediente no se encuentra en sus dependencias, no les es posible acceder a la entrega de copias de la encuesta, ni informarle de los costos de reproducción de la misma. Finalmente, hacen presente, que una vez que el órgano contralor tome razón de lo resuelto, al ser el solicitante uno de los afectados le será notificada la resolución de término de aquella investigación administrativa.

3) AMPARO: Con fecha 20 de octubre de 2016, don Carlos Durán Durán deduce amparo a su derecho de acceso en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo, mediante oficio N° 10.897, de fecha 2 de noviembre de 2016, solicita al reclamante subsanar su amparo, en los siguientes términos: (1°) acompañe poder que acredite su facultad de representar a don Carlos Durán Berríos; y (2°) en el caso que haya cometido un error en la transcripción de su nombre aclare tal situación. El reclamante, por medio de correo electrónico de fecha 6 de noviembre de 2016, señala que existió un error en la transcripción de su apellido, solicitando que se modifique éste.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante oficio N° 11.566, de fecha 22 de noviembre de 2016, para que formule sus descargos y observaciones. El órgano reclamado, por medio de ordinario N° 1067, de fecha 12 de diciembre de 2016, reiterando que no se otorgó acceso a lo pedido por no obrar el expediente sumarial en su poder, aclarando que, en este caso, no procedieron en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, puesto que ellos siguen siendo el órgano competente para conocer de la solicitud. En efecto, la circunstancia de encontrarse la encuesta ante la Contraloría General de la República de manera transitoria, para el sólo efecto del cumplimiento del trámite de razón de la misma, no lo hace la autoridad competente para determinar por ejemplo, causales denegatorias de información ante peticiones al respecto. Agregan que no invocaron ninguna causal denegatoria de información, puesto que el reclamante sería involucrado en la encuesta sumarial pedida, de forma que a su respecto no resulta procedente ninguna causal de excepción.

Por otra parte, en cuanto a la etapa actual de tramitación del sumario administrativo, la investigación se encuentra ante el órgano contralor, para el trámite de toma de razón, acto que corresponde al último que se realiza en un sumario administrativo. Antes de esta etapa, el inculpado fue notificado de cargos, dispuso del plazo para formular descargos, ofrecer y rendir, prueba, emisión y notificación de dictamen, en caso desfavorable interponer recurso de apelación, resolución del recurso, envío de expediente a Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón. De este modo, sostienen que de todas estas actuaciones previas el inculpado en la encuesta sumarial, tomó conocimiento de todo lo obrado, porque es notificado personalmente y pudo pedir copia de todo lo obrado en la referida investigación que le afectó.

Finalmente, solicitan, a fin de exponer sus puntos de vista en el presente amparo, se decrete audiencias para oír su defensa.

6) GESTIÓN OFICIOSA: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo, este Consejo solicita al órgano reclamado, mediante correo electrónico de fecha 27 de enero de 2017, informe la ubicación actual del expediente sumarial cuya copia se requiere y en el estado procesal que éste se encuentra. La Policía de Investigaciones de Chile, por igual medio, con fecha 31 de enero de 2017, informa que el sumario requerido fue remitido mediante oficio N° 111, de fecha 11 de enero de 2017, a la Contraloría General de la República, "para el correspondiente trámite de legalidad".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo solicitado es el expediente sumarial N° 321-2011, cuyo acceso fue denegado por el órgano reclamado, debido a que, al momento de la solicitud de acceso, obraba en poder de la Contraloría General de la República, para el trámite de toma de razón. Posteriormente, con ocasión de gestión oficiosa informan que aquel, actualmente, se encuentra en dicha entidad contralora.

2) Que, lo alegado por la reclamada para denegar el acceso a lo pedido no resulta plausible para este Consejo, por cuanto el expediente sumarial en cuestión constituye un procedimiento instruido y tramitado por la Policía de Investigaciones de Chile, en su integridad, en ejercicio de sus facultades disciplinarias, y que, incluso, aún tendría pendiente su fase de cumplimiento. En este punto, cabe tener presente la obligación del órgano, respecto del debido resguardo de la integridad de los documentos que gestiona y, principalmente, de aquellos que, temporalmente, pudieran salir de su órbita de control directo. En consecuencia, se rechazará dicha alegación.

3) Que, cabe hacer presente que la Contraloría General de la República, en su dictamen N° 7.355, de 2007, afirma que la "la autoridad se encuentra obligada a proporcionar a los interesados copia de los actos que emita en ejercicio de sus potestades públicas, aún en el caso de aquellos sujetos a toma de razón cuyo trámite ante este Órgano Fiscalizador se encuentre pendiente. Ello, por cuanto dicho control de juridicidad constituye una mera presunción de legalidad de los actos administrativos que no guarda relación con la existencia de la actuación administrativa de la cual emanan, ni con las causales que podrían motivar la reserva o secreto de los actos y resoluciones, sino que se establece como requisito de validez de los mismos, es decir se relaciona con sus efectos y obligatoriedad". Además, agrega que esta entrega de información debe realizarse sin perjuicio de que se ponga en conocimiento de los interesados que dicho acto administrativo no produce efectos mientras no se haya cumplido su total tramitación, dentro de lo cual debe considerarse, en este caso, la toma de razón (aplica dictámenes N° 33.659, de 2000, y N° 10.246, de 2006).

4) Que, al respecto, el alcance de la expresión "obrar en poder" no debe limitarse únicamente a la información existente físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración del Estado, sino que también comprende aquélla que el órgano debe mantener bajo su órbita de control o bajo su disposición, especialmente cuando se trata de expedientes sumariales, que implican la materialización objetiva del ejercicio de las facultades disciplinarias por parte del órgano reclamado. En consecuencia, tratándose de información, respecto de la cual la Policía de Investigaciones, debió mantener bajo la esfera de su control, a lo menos una copia de la misma, considerando que aún queda pendiente la ejecución de lo resuelto y al tratarse de información pública que debe obrar en poder del órgano reclamado, se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de lo solicitado tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que ésta pueda contener.

5) Que, no obstante lo resuelto, cabe hacer presente respecto a la argumentación del órgano reclamado para denegar el acceso a lo pedido, que una adecuada política de gestión documental y de manejo de archivos o de registros en sistemas informáticos, debiera tener, entre otras finalidades, la de garantizar y materializar el derecho de acceso de los ciudadanos a dicha información. Por ello, resulta relevante, tanto para este Consejo, como para el solicitante, conocer los sistemas de gestión documental y de gestión informática que implementó o ha implementado el órgano respecto de la documentación que contiene la información solicitada, con énfasis en el ciclo de vida de los documentos desde su creación hasta que se disponga su digitalización, su archivo o su envío a otras instancias, o su eliminación, según sea el caso, en virtud del cual se permita un control ciudadano más eficiente, facilitando su acceso, por cuanto la falta de una política integral de automatización de los procesos o documentos, no debiese justificar la imposibilidad de hacer entrega de la información requerida, lo que será recomendado en lo resolutivo de esta decisión.

6) Que, finalmente, respecto de la solicitud de audiencia efectuada por la Policía de Investigaciones de Chile, cabe rechazar la misma, por ser suficientes los antecedentes existentes para la resolución del presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Carlos Durán Berríos en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia del expediente sumarial N° 321-2011. tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que éste pueda contener.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a lo ordenado precedentemente en tiempo y forma.

III. Recomendar al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, informar al solicitante y a este Consejo el sistema de gestión documental que utiliza para el tratamiento de la información, como la solicitada en el presente amparo, explicitando el ciclo de vida de los documentos que la contengan, desde su creación hasta que se disponga su archivo, digitalización, remisión o eliminación, según sea el caso.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Carlos Durán Berríos y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.