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Vicente Lihn con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C3572-16

Consejo para la Transparencia, 03/02/2017

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información hecha a la Unidad de Análisis Financiero: a) "Base de datos correspondiente a Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) enviados por las AFP A la UA desde el año 2008 al 2014 (...)" b) "Ídem lo anterior para reportes enviados por la Superintendencia de Pensiones y SVS que guarden relación con a las AFP según artículo 3° de ley N° 19.913". c) "Copia de las 7 fiscalizaciones realizadas a las AFP en terreno durante igual periodo". El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acredito de manera suficiente la causal de secreto invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3572-16.

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones.

Requirente: Vicente Lihn.

Ingreso Consejo: 19.10.2016.

En sesión ordinaria N° 776 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de febrero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3572-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 21 de julio de 2016, don Vicente Lihn, solicita a la Unidad de Análisis Financiero, lo siguiente:

a) "Base de datos correspondiente a Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) enviados por las AFP A la UA desde el año 2008 al 2014 (...)"

b) "Ídem lo anterior para reportes enviados por la Superintendencia de Pensiones y SVS que guarden relación con a las AFP según artículo 3° de ley N° 19.913".

c) "Copia de las 7 fiscalizaciones realizadas a las AFP en terreno durante igual periodo".

2) DERIVACIÓN: La Unidad de Análisis Financiero, mediante oficio N° 656, de fecha 17 de agosto de 2016, deriva la solicitud de información a la Superintendencia de Pensiones, específicamente, en lo relativo al literal c), con respecto a la fiscalización efectuada a la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., en el año 2011. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: La Superintendencia de Pensiones, mediante oficio ordinario N° 26.230, de fecha 11 de octubre de 2016, responde la solicitud de acceso, denegando la entrega de lo pedido por configurarse a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el inciso tercero del artículo 50 de la ley N° 20.255, que establece la Reforma Previsional - en adelante ley N° 20.255-. De este modo, concluyen que los actos realizados en cumplimiento de sus funciones, como en la especie lo constituye la realización de una fiscalización y su respectivo informe, son secretos y reservados desde el momento que cumplen los supuestos de las causales del artículo 8° de la Constitución Política de la República. De hecho, la entrega de la información solicitada afecta el debido cumplimiento de sus funciones, puesto que la publicidad del resultado de la fiscalización practicada supone revelar el modo y criterios de evaluación utilizados los que de ser conocidos previamente por las entidades supervisadas podría permitir incluso la elusión de la acción fiscalizadora. El conocimiento de la información solicitada tendría por efecto hacer fracasar los controles establecidos para detectar actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por otra parte, el resultado de la fiscalización expone en detalle las vulnerabilidades de la Administradora y podría afectar también sus derechos comerciales o económicos, en el evento que a ella tengan acceso las entidades competidoras, por lo que, estiman, además, aplicable la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

4) AMPARO: Con fecha 19 de octubre de 2016, don Vicente Lihn deduce amparo a su derecho de acceso en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° 10.893, de fecha 2 de noviembre de 2016, para que formule sus descargos y observaciones. El órgano reclamado, por medio de oficio ordinario N° 29.975, de fecha 23 de noviembre de 2016, reitera lo señalado en su respuesta, en orden a que a su juicio respecto de lo pedido se configuran las causales de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, éste último con relación a lo prescrito en el inciso tercero del artículo 50 de la ley N° 20.255.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, cabe hacer presente que la solicitud de información fue realizada, en primer lugar, a la Unidad de Análisis Financiero, la que mediante resolución exenta N° 21-2016, de fecha 16 de agosto de 2016, otorga respuesta al requirente, otorgando acceso a seis de las siete fiscalizaciones pedidas, lo anterior debido a que "una de las fiscalizaciones realizadas el año 2011, fue desarrollada conjuntamente con la Superintendencia de Pensiones, quien fue la institución que emitió el informe respectivo a través del oficio ordinario N° 1.452, de 18 de enero de 2012". Razón por la cual derivan en dicho punto el requerimiento, a la Superintendencia de Pensiones, la que por medio oficio ordinario N° 26.230, de fecha 11 de octubre de 2016, deniega el acceso, por configurarse respecto a lo pedido las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, con relación, al artículo 50 de la ley N° 20.255; y del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

2) Que lo solicitado es copia del oficio ordinario N° 1.452, de 18 de enero de 2012, que informa resultados de evaluación año 2011 del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo implementado por la A.F.P. Planvital S.A. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, lo requerido tendría el carácter de información pública, pues se trata de acto administrativo que obra en poder de la Superintendencia de Pensiones. Lo anterior, salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva legal, las que, por ser de derecho estricto y una excepción, deben aplicarse en forma restrictiva, debiendo ser acreditada por aquel que la invoca.

3) Que, según lo alegado por el órgano reclamado, respecto de lo pedido se configuraría, en primer lugar, la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, con relación a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley N° 20.255. Esta última norma dispone la obligación que recae, tanto sobre el Superintendente de Pensiones, como de los funcionarios de la Superintendencia, de guardar reserva y secreto absoluto de la información que tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores.

4) Que, respecto del artículo 50 de la ley N° 20.255, este Consejo ha sostenido que posee el carácter de ley de quórum calificado para estos efectos. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Corporación ha señalado que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 50 de la ley N° 20.255, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

5) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, al respecto, la Superintendencia de Pensiones se ha limitado a señalar que la entrega de la información solicitada afecta el debido cumplimiento de sus funciones, puesto que la publicidad del resultado de la fiscalización practicada supone revelar el modo y criterios de evaluación utilizados, los que de ser conocidos previamente por las entidades supervisadas podría permitir incluso la elusión de la acción fiscalizadora; sin aportar antecedente alguno que permita a este Consejo establecer el modo en que proporcionar acceso a lo pedido, pueda producir una afectación presente o probable al debido cumplimiento de sus funciones. Más aún si se tiene en cuenta que el documento solicitado está dirigido, precisamente, a la institución fiscalizada, en este caso, la A.F.P. Planvital S.A.

6) Que, en consecuencia, tal argumentación no señala ni acredita de manera concreta, el daño que provocaría la entrega de la información requerida. El criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Tal parámetro no se satisface en este caso, razón por la cual no se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

7) Que, en segundo lugar, el órgano reclamado argumenta la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, debido a que estiman que la divulgación del documento solicitado, podría afectar los derechos comerciales o económicos de la Administradora a quien se refiere la fiscalización. Sin embargo, no da cuenta de haber realizado el procedimiento establecido en el artículo 20 de la ley mencionada, relativo a las solicitudes que se refieran a documentos que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros. Razón por la cual, los argumentos esgrimidos para configurar dicha causal de excepción, no serán considerados, por carecer de la titularidad para esgrimirla. En este punto, además, cabe tener presente que, en su oportunidad, la Unidad de Análisis Financiero, hizo entrega de las fiscalizaciones solicitadas respecto a seis Administradoras de Fondo de Pensiones, sólo tarjando los datos personales de contexto que aquellas contenían, no estimando que el contenido de éstas podía afectar los derechos de terceros.

8) Que, de la revisión del oficio ordinario N° 1452 requerido, se constata que da cuenta de una serie de observaciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo implementado por la A.F.P. Planvital S.A., las que debían ser analizadas por ésta, adoptando las medidas correspondientes que permitieran superarlas, para lo cual debía remitir un informe dentro de los 15 días hábiles a contar de la fecha del oficio - 18 de enero de 2011-, que contemplara las medidas a implementar al respecto. De esta forma, lo pedido se refiere a una fiscalización realizada hace más de 5 años, que no debería dar cuenta del estado actual del Sistema de Prevención de la Administradora en cuestión. En consecuencia, se acogerá el presente amparo requiriendo la entrega de lo solicitado, tarjando previamente los datos personales de contexto que pueda contener, en cumplimiento de lo establecido en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-.

9) Que cabe hacer presente, que este Consejo resolvió en el mismo sentido amparo rol C3217-16, en el cual se requería la entrega de dicha fiscalización.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Vicente Lihn en contra de la Superintendencia de Pensiones, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones:

a) Hacer entrega al reclamante oficio ordinario N° 1.452, de 18 de enero de 2012, tarjando previamente los datos personales de contexto que éste pueda contener, en cumplimiento de lo establecido en la ley N° 19.628.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Vicente Lihn y al Sr. Superintendente de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.