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Francisco Cañas Sepúlveda con DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C3556-16

Consejo para la Transparencia, 03/02/2017

Se dedujo amparo en contra de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, fundado en la denegación de la información referente a: a) Copia del acto jurídico (contrato, convenio o convención) celebrado entre Autopista Los Libertadores S.A e Inmobiliaria AGSA/Inmobiliaria Santa Elena u otra, relativo a la construcción de un nuevo enlace Santa Elena/Autopista Los Libertadores. b) Cualquier otro documento, acto administrativo o contrato que tenga relación, directa o indirecta, con la construcción de dicho enlace u acceso". El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto del artículo 21 n°2 de la Ley de transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3556-16

Entidad pública: Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas

Requirente: Francisco Cañas Sepúlveda

Ingreso Consejo: 19.10.2016

En sesión ordinaria N° 776 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de febrero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3556-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de agosto de 2016, don Francisco Cañas Sepúlveda solicitó a la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, unidad integrante de la Dirección General de Obras Públicas, en adelante e indistintamente DGOP, del Ministerio de Obras Públicas, "la siguiente información:

a) Copia del acto jurídico (contrato, convenio o convención) celebrado entre Autopista Los Libertadores S.A e Inmobiliaria AGSA/Inmobiliaria Santa Elena u otra, relativo a la construcción de un nuevo enlace Santa Elena/Autopista Los Libertadores.

b) Cualquier otro documento, acto administrativo o contrato que tenga relación, directa o indirecta, con la construcción de dicho enlace u acceso".

2) SOLICITUD DE PRÓRROGA: Mediante correo electrónico de 23 de septiembre de 2016, la DGOP informó al solicitante la necesidad de ampliar el plazo de respuesta a su requerimiento y hacer uso de la prórroga contemplada en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: El 7 de octubre de 2016, la DGOP respondió a dicho requerimiento de información mediante Resolución Exenta N° 3608 de la misma fecha, señalando en síntesis que:

a) La solicitud se refiere al acuerdo que habría firmado la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. con la Inmobiliaria AGSA o Santa Elena u otra, en lo relativo a la construcción de un nuevo enlace denominado Santa Elena /Autopista Los Libertadores, en el marco del contrato concesionado "Camino Santiago - Colina - Los Andes", adjudicado a la citada Sociedad Concesionaria, por decreto supremo MOP N° 1076, de 19 de diciembre de 1996.

b) En cumplimiento de los artículos 20 y 21, N° 2 de la Ley de Transparencia, se remitió el requerimiento a la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A., la que se opuso a la entrega de lo solicitado. En dicha oposición señaló: "(...) mi representada es una Sociedad Anónima que se rige por sus estatutos y por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las sociedades anónimas abiertas, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2° de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, que cumple con lo dispuesto en el numeral 1.6.4.2 de las Bases de Licitación del contrato de concesión, que no tiene participación accionaria del Estado, por lo que no constituye un Órgano de la Administración del Estado (...), y por ende no le resultan aplicables las normas que regulan el principio de transparencia de la función pública de aquéllos (...) A su vez, es menester señalar que el acceso a la información (...) es respecto al acceso a la información contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público (...) salvo las excepciones legales, requisitos que consideramos que no cumple el contrato solicitado (...) el antecedente solicitado es un documento privado, que contempla condiciones de carácter comercial entre particulares, que no solo se encuentran amparados y protegidos por la Garantía Constitucional consagrada en el artículo 19 N° 5 de nuestra Carta Fundamental, sino que, además, es información cuya publicidad, comunicación o conocimiento afecta los derechos de carácter comercial o económico de mi representada (...). En virtud de lo expuesto, se deniega el literal a) requerido, por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

c) El Consejo para la Transparencia ha establecido criterios que deben considerarse para determinar si lo que se solicita, contiene información cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, señalando que ésta debe: a) ser secreta, lo que se produce toda vez que se trata de información que constituye la base del negocio desarrollado; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto, lo que en la especie se ve reflejado en la circunstancia que el tercero involucrado se haya opuesto a su entrega; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva y, por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo.

d) Sobre la información requerida en el literal b), se adjunta archivo magnético que contiene lo siguiente:

i) Carpeta: Prov. 01116 Carta S-N Valle Nuevo 18-12-2015

i.1) Carpeta CD: Carpeta: Presupuesto; Carpeta: Proyecto AP; Carpeta: Viaducto; Carpeta: Vol-I-Antecedentes; Carpeta: Vol-II-Memoria; Carpeta: Vol-III-Planos

i.2) Carta SC GG-IF N° 057 Aprueba Viaducto (29.03.2012)

i.3) Oficio If Ord. N° 257 Aprobación Viaducto (28.07.2011)

ii) Proyecto de Mitigación Vial Santa Elena.

4) AMPARO: El 19 de octubre de 2016, don Francisco Cañas Sepúlveda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la DGOP, fundado en lo siguiente:

a) El contrato requerido es información pública por varias razones. En primer lugar, porque dicho contrato fue celebrado para autorizar un acceso o enlace a la autopista concesionada Los Libertadores (Ruta 57 CH) y por tanto, es complemento directo y esencial del contrato de concesión. En segundo lugar, dicha información es pública pues obra en poder de la Administración del Estado. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas, en adelante e indistintamente MOP, se encuentra en tramitación un procedimiento administrativo destinado a autorizar una modificación del contrato de concesión de la Autopista Los Libertadores, para así permitir el acceso directo de vehículos hacia el ZUDC Santa Elena de Colina. Pues bien, si lo anterior es así, el referido contrato se encuentra en poder de la administración del Estado, razón suficiente, de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Transparencia, para entregarlo. En tercer lugar, el contrato constituye información pública puesto que es y debe ser el documento que servirá de sustento o fundamento para el acto administrativo terminal, que declinará el procedimiento administrativo destinado a autorizar el acceso o enlace del ZUDC Santa Elena de Colina hacia la Autopista Los Libertadores.

b) El contrato solicitado a la DGOP, en caso de autorizarse el acceso o enlace, pasará a formar parte del propio contrato de concesión, de conformidad al artículo 19 de la ley de concesiones de obra pública. La Autopista considera que la información solicitada puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de la sociedad, sin embargo, no explica dicha circunstancia.

c) La denegación parcial de la DGOP infringe el artículo 17 de la ley N° 19.880, puesto que se ha negado conocer un documento incluido en el expediente administrativo que lleva y debe llevar el MOP, con el fin de autorizar el acceso o enlace del Camino Diagonal Santa Elena a la Autopista Los Libertadores. Este derecho, señala el reclamante, proviene del hecho de ser el representante convencional de un sujeto interesado, como es Inmobiliaria Las Brisas, cuyos derechos pueden verse afectados con la dictación del acto terminal, que autoriza el enlace antes mencionado. Dicha empresa se ha apersonado debidamente en el procedimiento administrativo antes referido.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Obras Públicas mediante Oficio N° 010925 de 2 de noviembre de 2016.

Mediante Ordinario N° 1236 de 18 de noviembre de 2016, el Sr. Director General de Obras Públicas presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta.

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó conferir traslado del presente amparo a Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A., a Agrícola Valle Nuevo S.A. y a Inmobiliaria AIVSE S.A. en su calidad de terceros en este procedimiento, lo que se realizó mediante los Oficio N° 010926, de fecha 2 de noviembre de 2016, y 000958 y 000959, de fecha 20 de enero de 2017, con el objeto que presentaran sus descargos y observaciones, solicitándoles que hicieran expresa mención a los derechos que les asistirían y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. A la fecha del presente acuerdo, no consta que Agrícola Valle Nuevo S.A. e Inmobiliaria AIVSE S.A., hubieren presentado descargos u observaciones en esta sede.

Mediante presentación de 23 de noviembre de 2016, la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. presentó sus descargos, señalando en síntesis que:

a) Respecto de lo requerido sobre el literal a), cabe señalar que en realidad se refiere al contrato entre la concesionaria, Autopista Los Libertadores S.A, y las sociedades Agrícola Valle Nuevo S.A. e Inmobiliaria AIVSE S.A.

b) Los actos o contratos que la concesionaria celebra con terceros, se encuentran excluidos de la aplicación de la Ley de Transparencia. Al respecto, la ley de concesiones establece que la concesionaria es una sociedad anónima que en sus relaciones con terceros se rige íntegramente por las reglas del derecho privado.

c) Cuando el legislador ha pretendido hacer pública información respecto de la relación del concesionario con terceros, lo ha señalado de manera expresa, como cuando indica: "(...) las concesionarias deberán, mensualmente, presentar al Ministerio de Obras Públicas información sobre los pagos realizados a los contratistas. La misma obligación pesará sobre los contratistas respecto de los subcontratistas. Esta información deberá ser publicada en el sitio electrónico del Ministerio de Obras Públicas y actualizada mensualmente".

d) El reclamante se funda en que el contrato privado y confidencial serviría de sustento o complemento directo y esencial, para la dictación de un acto y resolución de la Administración, consistente en una autorización del MOP, motivo por el cual dicho contrato privado pasaría a tener el carácter de información pública. Dicha situación resulta incomprensible considerando que el acto o resolución que emitiría el MOP, que supuestamente es complementado por el contrato, aún no se ha dictado.

e) La información solicitada contiene secretos de carácter comercial. Los tres requisitos establecidos por el Consejo para la Transparencia, para determinar dicha calidad, se cumplen en este caso. Primero, los contratos que celebra la concesionaria en relación a materias asociadas a la construcción, operación y mantenimiento de la concesión, contienen información comercial y estratégica de relevancia para ésta. Dicha información sirve de base para la definición del modelo de negocios de la compañía, y sus empresas relacionadas en el mercado chileno. Dichos contratos contienen información estratégica en lo que se refiere a la estructura de garantías que habitualmente requiere la concesionaria a sus contrapartes, protecciones contractuales en materia de responsabilidad, coberturas en materia de seguro, indemnidades y otras materias de gran relevancia comercial y legal.

f) El dar a conocer el contenido del contrato, implica que sus competidores puedan conocer detalladamente el valor de cada una de las prestaciones o márgenes comerciales de la concesionaria, incluyendo, los costos de construcción, operación y mantenimiento que maneja y sus políticas en materia contractual. Tal información puede dar cuenta de aproximaciones concretas respecto a la estrategia comercial que utiliza la concesionaria, lo cual puede ser considerado como una importante ventaja competitiva.

g) Según consta en el contrato privado y confidencial, las partes han incorporado una cláusula de confidencialidad, en virtud de la cual se obligan a mantener en total reserva cualquier información relativa al mismo acuerdo.

7) GESTIONES OFICIOSAS: El Consejo efectuó las siguientes gestiones oficiosas:

a) Mediante correo electrónico de 20 de enero de 2017, el Consejo solicitó al reclamante lo siguiente: i) Aclarar contra qué parte del requerimiento se dirige el amparo; ii) Remitir el mandato, en virtud del cual representaría a Inmobiliaria Las Brisas; iii) Remitir algún documento que acredite que Inmobiliaria Las Brisas sería interesado en el procedimiento administrativo que lleva el MOP.

Mediante correo electrónico de la misma fecha, el reclamante respondió el requerimiento señalando lo siguiente:

i) El reclamo es por lo requerido en el literal a).

ii) Se adjunta copia del mandato judicial y extrajudicial, de fecha posterior a la solicitud de acceso a la información que motivó el presente amparo.

iii) Las Brisas de Chicureo tiene un proyecto inmobiliario en el sector de Chicureo, que se conecta con la ruta 57, el cual será gravemente perjudicado de construirse el proyecto presentado por Agrícola Valle Nuevo, AGSA o la respectiva filial, pues impide que las Brisas de Chicureo ingrese como lo hace hoy a la referida autopista. Cuenta de ello da la solicitud de dictamen N° 223267, que aún se encuentra pendiente de resolución en la Contraloría, y el procedimiento administrativo vigente que se inició por parte de Las Brisas de Chicureo ante el MOP para que se deje sin efecto el proyecto de Agrícola Valle Nuevo.

b) Mediante correos electrónicos de 25 y 31 de enero, y 1 de febrero de 2017, el Consejo solicitó a la DGOP, entre otros, lo siguiente: a) Remitir el contrato requerido; b) Indicar si las obras efectuadas por Agrícola Valle Nuevo S.A. e Inmobiliaria AIVSE S.A., son de aquellas que, según lo dispuesto en las Bases de licitación de la concesión "Camino Santiago-Colina-Los Andes", le correspondería realizar y ejecutar a la sociedad concesionaria; c) Detallar las labores de fiscalización que ejerce el MOP respecto del cumplimiento de las obras que Agrícola Valle Nuevo S.A. e Inmobiliaria AIVSE S.A, efectúan para la sociedad concesionaria.

Mediante correos electrónicos de 26 de enero y 2 de febrero de 2017, la DGOP respondió lo requerido, remitiendo el contrato requerido, y señalando lo siguiente:

i) Las obras efectuadas por Agrícola Valle Nuevo S.A. e Inmobiliaria AIVSE S.A., no están contempladas en el contrato de concesión de obra pública denominada "Camino Santiago-Colina-Los Andes", ya sea en las bases de licitación o en sus modificaciones posteriores. Estas obras deben ejecutarse por la empresa Agrícola Valle Nuevo, para efectos de dar cumplimientos a las obras de mitigación del Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), aprobado mediante Ord. N° 4356 de 19 de noviembre de 2002 de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a raíz de un proyecto inmobiliario.

ii) Estas obras se enmarcan dentro del proyecto de ingeniería denominado "Acceso a Camino Diagonal Etapa 1" y contemplan un enlace que se materializará en un paso sobre nivel que cruzará la ruta concesionada ya mencionada, por tanto, se intervendrá el área de concesión. De esta manera, dada la interrupción y con el objeto de mantener el estándar de la infraestructura concesionada, se requiere incorporar dicho enlace al contrato de concesión de obra pública, lo que implica realizar una modificación de contrato, en virtud del artículo 19 de la ley de concesiones de obras públicas. A la fecha, se encuentra en estudio de la Inspección Fiscal del contrato y la Unidad Jurídica de Análisis de Contrato de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, la realización de una modificación del contrato de concesión, que implique que la Sociedad Concesionaria asuma la obligación de la ejecución y conservación de las obras, conforme a las bases de licitación.

iii) El contrato requerido es un acto celebrado entre privados, del cual el MOP no está obligado a tener conocimiento, como tampoco la sociedad concesionaría está obligada a presentar a conocimiento o aprobación por parte del MOP. La interpretación señalada, está refrendada por el hecho que la ley N° 20.410, no aplicable a este contrato, modificó el artículo 22 de la ley de concesiones de obras públicas, agregando el siguiente inciso segundo: "Sin perjuicio de lo anterior, los contratistas de la concesionaria deberán estar inscritos en los Registros de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas. No podrán ser contratistas ni subcontratistas de un concesionario aquellas personas que se encuentren en la situación señalada en el artículo 28 bis de esta ley. Tanto los contratistas como sus subcontratistas no podrán iniciar obras sin que sus respectivos contratos se encuentren formalizados, registrándose, por el concesionario, una copia de ellos ante el Ministerio.".

iv) En definitiva, las obras no son parte del contrato de concesión de obra pública, y el contrato requerido es un instrumento entre privados del cual el MOP no está obligado a tener conocimiento. Sin embargo, dicho contrato fue enviado por la sociedad concesionaria a la DGOP, por medio de la carta AGVANVO-012/16 de fecha 12 de mayo de 2016, con el objeto de solicitar al MOP, la incorporación de la obra "Acceso Camino Diagonal Etapa I" al contrato de concesión de obra pública denominado "Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes".

v) Las bases de licitación no contemplan que la sociedad concesionaria pueda subconcesionar sus servicios. Sin embargo, conforme al artículo 21 de la ley de concesiones, las relaciones de la concesionaría con terceros se rigen por el derecho privado y no requieren autorización por parte del MOP. A lo que se debe agregar que se trata de obras que en la actualidad no son parte del contrato de concesión.

vi) En aplicación del artículo 21 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, la sociedad concesionaria tiene la libertad de realizar cualquier tipo de actividad lícita con terceros sin la autorización del MOP, salvo excepciones estipuladas en el contrato y la ley, que no es el caso. De esta manera, no procede y tampoco es necesario que el MOP otorgue ningún tipo de autorización. Lo anterior no obsta a que se analice la realización de una modificación contractual en el futuro, para efectos de incluir las obras en el contrato de concesión de obra pública, por razones de eficiencia e interés público.

vii) Para efectos que el MOP ejecute su labor fiscalizadora se requiere que las obras y las obligaciones de ejecución y conservación de la concesionaría, sean parte del contrato de concesión de obra pública, y para que ello ocurra es necesario una modificación contractual, en virtud de los artículos 19 o 20 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, la que a la fecha solamente se encuentra en análisis y no ha iniciado su tramitación administrativa.

viii) Adicionalmente, es importante hacer presente que la Contraloría General de la República pronunció el dictamen N° 60.075, de 29 de julio 2015, relativo a modificaciones de las medidas de mitigación de proyectos inmobiliarios de la comuna de Colina, entre los que se incluyen las obras objeto de la solicitud, "Acceso al Camino Diagonal Etapa 1", de la Agrícola Valle Nuevo S.A. y proyecto alternativo elaborado por la Inmobiliaria Paseo Las Brisas, denominado "Estudio de Ingeniería de Detalle, Atravieso Santa Elena - Las Brisas, Ensanche P.S. San José, y C.S. poniente, km. 15, Plan Maestro Ruta 57". En dicho dictamen, la Contraloría manifiesta que no se habría actuado conforme a derecho, lo que derivó en que ordenara al MOP, instruir la aplicación de un procedimiento disciplinario, para efectos de determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren concurrir.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto de este amparo se circunscribe a la insatisfacción del reclamante con la respuesta de la DGOP a su solicitud de acceso a la información, en lo relativo al literal a) de ésta, por cuanto le habría sido denegada.

2) Que, de acuerdo documento tendido a la vista por esta Corporación, el contrato requerido corresponde al suscrito por la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A, Agrícola Valle Nuevo S.A. e Inmobiliaria AIVSE S.A.

3) Que, según informa la reclamada, las obras a efectuar en virtud del contrato requerido corresponden a las obras de mitigación que debe llevar a efecto Agrícola Valle Nuevo, a causa de un proyecto inmobiliario de ésta. Esta obra, que contempla un paso sobre nivel que cruzará la ruta concesionada, requeriría eventualmente su incorporación al contrato de concesión de obra pública, lo que implicaría efectuar una modificación de contrato. A la fecha, se encuentra en estudio por parte de la DGOP dichas circunstancias.

4) Que, el contrato requerido, señala la reclamada, corresponde a un acto celebrado entre privados, el cual el MOP no está obligado a fiscalizar, pues para proceder a ello, las obras referidas en éste requerirían ser parte del contrato de concesión de obra pública, lo que a la fecha no ocurre, por cuanto no se ha procedido a efectuar una modificación de dicho contrato de concesión. Luego, el hecho de que el instrumento requerido obre poder de la reclamada, obedece al ejercicio del derecho de petición de la concesionaria respecto del MOP, lo que aún no se ha resuelto.

5) Que, en dichas circunstancias, el contrato requerido, tenido a la vista por este Consejo, no constituye el fundamento de un acto o resolución por parte de la DGOP, sino el documento adjunto a una petición efectuada a dicho organismo, que aún no se ha resuelto.

6) Que, dicho lo anterior, cabe señalar que el tercero interesado, esto es, Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A, alegó que lo solicitado contiene secretos de carácter comercial. Sobre lo anterior, es menester recordar que en lo que atañe a la referida causal, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo):

a) Que, en cuanto al primer requisito anotado en la letra a), cabe señalar que, lo requerido, comprende el contrato celebrado entre la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A, Agrícola Valle Nuevo S.A. e Inmobiliaria AIVSE S.A. Luego, en atención a que éste obra en poder de la reclamada, como documento adjunto a una petición que aún no se habría resuelto, se concluye que dicho instrumento no resulta fácilmente conocido por personas ajenas a dichas empresas.

b) En lo tocante al requisito expuesto en la letra b), se debe precisar que dichos esfuerzos se ven reflejados en la circunstancia de que el tercero interesado, Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A, se ha opuesto a la entrega del documento requerido, oposición que se ha manifestado tanto ante el procedimiento de acceso ante el órgano requerido, como ante este Consejo.

c) Finalmente, sobre el tercer requisito, que se lee en la letra c), la sociedad concesionaria señala que los contratos contienen información comercial y estratégica de relevancia, lo cual sirve de base para la definición del modelo de negocios de la compañía, y sus empresas relacionadas en el mercado chileno. Dichos contratos, indica la concesionaria, contienen información estratégica en lo que se refiere a la estructura de garantías que habitualmente requiere la concesionaria a sus contrapartes, protecciones contractuales en materia de responsabilidad, coberturas en materia de seguro, indemnidades y otras materias de gran relevancia comercial y legal, por lo que dar a conocer el contenido del contrato, implicaría que sus competidores puedan conocer detalladamente el valor de cada una de las prestaciones o márgenes comerciales de la concesionaria. Tenido a la vista por este Consejo el contrato requerido, consta que efectivamente algunas de las circunstancias que alega la sociedad concesionaria se encuentran incorporadas a éste.

7) Que, en consecuencia, tratándose de un instrumento privado y habiéndose cumplido con las condiciones o criterios fijados por este Consejo respecto del resguardo de los derechos económicos o comerciales, se rechazará el presente amparo, por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Francisco Cañas Sepúlveda en contra de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director General de Obras Públicas; a don Francisco Cañas Sepúlveda y a la Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A.; a la Inmobiliaria AIVSE S.A. y a Agrícola Valle Nuevo S.A., todos estos últimos en su calidad de terceros interesados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.