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Petromagallanes Operaciones Limitada, representada por don Alberto Harambour Giner con SUBSECRETARIA DE ENERGÍA Rol: C3518-16

Consejo para la Transparencia, 03/02/2017

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Energía, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "copia de toda la información relacionada con las declaraciones de Yacimiento Comercialmente Explotable en el Contrato Especial de Operación para la Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos bloque Coirón y, en particular, sin que constituya limitación, todos los antecedentes relacionados con la determinación de Áreas de Explotación de Yacimiento". El Consejo rechaza el amparo, por configurarse las causales de reserva del artículo 21 N° 4 y N° 2, de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Servicios Básicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3518-16

Entidad pública: Subsecretaría de Energía

Requirente: Petromagallanes Operaciones Limitada, representada por don Alberto Harambour Giner

Ingreso Consejo: 13.10.2016

En sesión ordinaria N° 777 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de febrero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol 3518-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de agosto de 2016, la empresa Petromagallanes Operaciones Limitada, representada por don Alberto Harambour Giner, solicitó a la Subsecretaria de Energía "copia de toda la información relacionada con las declaraciones de Yacimiento Comercialmente Explotable en el Contrato Especial de Operación para la Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos bloque Coirón y, en particular, sin que constituya limitación, todos los antecedentes relacionados con la determinación de Áreas de Explotación de Yacimiento".

2) TRASLADO: Por medio de carta N° 885, de 30 de agosto de 2016, la Subsecretaría de Energía, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicó a la Empresa Nacional de Petroleo S.A. (en adelante también ENAP) y a la Sociedad Conocophillips Chile Ventures SpA la solicitud de acceso del requirente, y su derecho a oponerse a la entrega de la información en ella pedida.

3) OPOSICIÓN DE LOS TERCEROS INTERESADOS: Mediante comunicación recibida por la Subsecretaría con fecha 06 de septiembre de 2016, los terceros interesados, de forma conjunta, se opusieron a la entrega de la información, argumentando al efecto, en síntesis:

a) Que el propio Contrato Especial de Operación (en adelante también CEOP) establece el estatuto detallado del tratamiento de la información técnica que se desarrolle u obtenga durante su vigencia, definiendo derechos y obligaciones para ambas partes. Al respecto dicho tratamiento depende de la circunstancia de que esté o no vigente el contrato respecto de una o más áreas de operación, pudiendo ser usada -durante su vigencia- por las partes, pero manteniendo confidencialidad sobre la misma (salvo autorización de la otra parte). Luego, una vez que el área respectiva sea entregada, o una vez expirado el contrato en su integralidad, la información entregada o toda la información, según sea el caso, ya no estará afecta a reserva alguna, pudiendo el Estado usarla y transmitirla libremente (artículos 6 y 17 del CEOP).

b) La justificación de las cláusulas de los CEOP que limitan los derechos del Estado a divulgar información técnica y comerciales no es otra que, por un lado, otorgarle al contratista la garantía de que la información obtenida producto de su inversión y esfuerzo empresarial no será aprovechada por terceros, a fin de no desincentivar gravemente dichas inversiones, y por otro, permitirle al Estado el uso interno de esa información.

c) Del tenor de la solicitud, la información requerida es extremadamente amplia, lo que incluiría información comercial sensible, estratégica y costosa. Al efecto, indica que de acuerdo al CEOP, en una declaración de comercialidad se entrega al Estado información técnica detallada acerca del o los yacimientos de hidrocarburos descubiertos por el contratista y los futuros planes de desarrollo asociado. Información que incluye datos técnicos precisos e interpretación geológica acerca de la ubicación, tamaño, profundidad de las acumulaciones de hidrocarburos y las características del fluido y del reservorio, además de estimaciones de reservas y recursos descubiertos, caudales de producción y planes de desarrollo con sus consiguientes planes de inversión.

d) En consecuencia, la información solicitada es de aquella que define el negocio de las compañías que conforman el consorcio, ya que de ella se puede extraer conclusiones comerciales relevantes, tales como el valor del activo, los flujos de caja, costos e ingresos esperados y el potencial hidrocarburífero del área. Asimismo, se trataría de información no generalmente conocida, ni mucho menos de fácil acceso y que es producto de procesos complejos diseñados y ejecutados por profesionales altamente capacitados a través de costosos equipamientos, maquinarias y software con licencias propietarias.

e) Por la misma razón, se trata de información con un enorme valor comercial para terceros que operan proyectos petroleros en la región y demás empresas interesadas en su potencial hidrocarburífero, especialmente dada la gran extensión y continuidad territorial de las trampas geológicas existentes en la cuenca y que constituyen el objeto de búsqueda de los exploradores de hidrocarburo. En relación a esto, tiene especial consideración que el solicitante también realiza operaciones petroleras en la región XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

4) RESPUESTA: La Subsecretaria de Energía, el 21 de septiembre de 2016, mediante Resolución Exenta N° 08, de 13 de septiembre de 2016, denegó el acceso a la información requerida por existir oposición expresa de terceros, y concluir, luego de citar jurisprudencia de este Consejo, que en la especie concurren las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 4 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

5) AMPARO: El 13 de octubre de 2016, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Al efecto, el reclamante hizo presente que es de su interés conocer los criterios que se han utilizado para determinar la forma y tamaño de las áreas de explotación de yacimientos.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°10781, de 27 de octubre de 2016, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Energía, quien mediante Of. Ord. N° 1412, de 15 de noviembre de 2016, reiteró lo señalado en su respuesta, así como en la oposición de los terceros interesados. Agregó que en particular los antecedentes requeridos se refieren a información sobre superficies del área del contrato que no han sido devueltas al Estado, por lo que éste no puede usar y disponer de esa información de forma libre en su traspaso a terceros, por lo que, contractualmente, de entregarse dicha información, dicha Secretaría de Estado incurriría en un grave incumplimiento contractual, el que daría pie a un término de contrato y su respectiva responsabilidad contractual, de acuerdo al Decreto Supremo N° 73, de fecha 10 de abril de 2007, del Ministerio de Minería, que establece requisitos, términos y condiciones del Contrato Especial de Operación, Bloque Coirón,-.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de esta Corporación, mediante oficio N° 10.782, de fecha 27 de octubre de 2016, notificó a los terceros interesados el presente amparo, a fin de que presentasen sus descargos u observaciones del caso.

Por medio de presentación de fecha 22 de noviembre de 2016, los terceros interesados junto con reiterar la argumentación esgrimida en su escrito de oposición, agregó, en resumen:

a) Que el amparo interpuesto resulta formalmente improcedente por cuanto el reclamante habría extendido el mismo a un objeto distinto o adicional al de la solicitud de acceso, esto es, los criterios que se habrían utilizado para determinar las áreas de explotación de yacimientos. Situación que, a su juicio, constituiría una nueva solicitud de acceso a la información.

b) Que en la especie también resultaría aplicable la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, pues la divulgación de la información requerida afectaría los intereses económicos o comerciales del país, toda vez que: i) El Estado incurriría en un incumplimiento grave del CEOP al infringir su cláusula 6.6.1; ii) se produciría un grave desincentivo comercial para las inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos en Chile; y iii) el daño o afectación patrimonial que se provocaría a ENAP -en cuanto a miembro del consorcio- repercute en el Estado de Chile habida cuenta del carácter de empresa pública de la primera.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer lugar, resulta necesario que este Consejo se pronuncie sobre la alegación de forma a que se refiere la letra a) del N° 7 de lo expositivo, planteada por los terceros interesados. Al efecto, a juicio de este Consejo el reclamante en su amparo no modifica o amplia la información originalmente requerida sino que, por el contrario, delimita el objeto del mismo, manifestando que aquel se circunscribe únicamente a la denegación de información por parte de la Subsecretaría en lo que dice relación con la "determinación de las áreas de explotación de yacimiento" (parte final de la solicitud), específicamente, aquella en que conste los criterios que se han utilizado para determinar las áreas de explotación de yacimientos, renunciando, en consecuencia, a su pretensión de obtener toda la restante información relacionadas con las declaraciones de yacimiento comercialmente explotable a que se refiere la solicitud. Por tanto, se rechaza la alegación de forma planteada, en razón de los fundamentos antes expuestos. Lo anterior, es sin perjuicio de lo que se señalará más adelante sobre el objeto específico del presente amparo.

2) Que, antes de resolver, a modo de contexto, cabe tener presente lo siguiente:

a) La Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 24, inciso 6°, dispone: «El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas (...) los depósitos de carbón e hidrocarburos(...)», estableciendo su inciso 7° que: «Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación». A su turno, el inciso 10 establece: «La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo» (énfasis agregado).

b) Por su parte, el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1986, de Minería, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del decreto ley N° 1.089, de 1975, que establece normas sobre contratos especiales de operación para la exploración y explotación o beneficio de yacimientos de hidrocarburos, en su artículo 1° define el contrato especial de operación como «aquel que el Estado celebra con un contratista para la exploración, explotación o beneficio de yacimientos de hidrocarburos, con los requisitos y bajo las condiciones que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso décimo del número 24° del artículo 19 de la Constitución Política, fije por decreto supremo el Presidente de la República», mientras que en su artículo 2°, establece que «Los contratos especiales de operación no afectarán en caso alguno el dominio del Estado sobre los yacimientos de hidrocarburos y demás elementos y compuestos químicos que los acompañan, no constituirán concesiones, no conferirán ningún derecho sobre dichos hidrocarburos, elementos y compuestos, ni concederán facultades de apropiación o aprovechamiento sobre los mismos».

3) Que, el CEOP a que se refiere el requerimiento, corresponde a aquel suscrito entre el Estado de Chile y el Contratista formado a la fecha por la Empresa Nacional del Petróleo y la Sociedad Conocophillips Chile Ventures SpA, para la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, en el Bloque Coirón, Duodécima Región de Magallanes y Antártica Chilena, aprobado por resolución N° 15 de 04 de junio de 2008, del Ministerio de Minería. En él se define Área de Exploración de Yacimiento como "el área territorial de cada Yacimiento Comercialmente Explotable, cuyos límites establecidos por el Comité de Coordinación, corresponderán a la extensión definida por la proyección vertical del respectivo contacto agua-hidrocarburo, u otro limite estructural de la acumulación en el subsuelo, más un Halo de Protección." (artículo 1.10); y Declaración de Yacimiento Comercialmente Explotable, como "la comunicación escrita del Contratista al Ministro mediante la cual se declara un Descubrimiento de Hidrocarburos en el Área de Contrato como Yacimiento Comercialmente Explotable, produciéndose los efectos estipulados en el presente contrato" (artículo 1.17). Igualmente, se dispone expresamente que la ejecución del contrato será supervisada por un Comité de Coordinación, formado por tres representantes de cada una de las partes, correspondiendo a uno de los representantes del Estado presidir las reuniones del Comité (artículo 10.1), y que a será parte de sus funciones y responsabilidades "definir el Área de Explotación de Yacimiento de cada Descubrimiento de Hidrocarburo que el Contratista declare ser un Yacimiento Comercialmente Explotable" (artículo 10.5). El secretario del Comité llevará actas y minutas completas y detalladas de todas las discusiones y de las determinaciones tomadas por el Comité (artículo 10.3).

4) Que, el objeto del amparo está circunscrito a obtener copia de todos los documentos en que conste información relativa a la determinación o definición de cada una de las áreas de explotación de yacimiento del descubrimiento de hidrocarburo declarado por el Contratista como yacimiento comercialmente explotable, en la especie, la o las actas del Comité de Coordinación del CEOP en que conste dicha definición, así como los informes técnicos que le sirvan de antecedente o fundamento.

5) Que, la reclamada denegó el acceso a la información requerida por existir oposición expresa de terceros interesados, y concurrir a su juicio, las causales de secreto o reserva del artículo 21 N° 4 y N° 2 de la Ley de Transparencia. A su respecto, tanto los terceros interesados como el organismo alegaron que la información técnica desarrollada durante la vigencia del CEOP consultado está sujeta a un estatuto especifico tratamiento y divulgación que regula el propio contrato, y que establece que mientras aquel esté vigente tanto el Estado como el Contratista debe guardar confidencialidad a su respecto, salvo autorización de la contraria, la que en la especie no concurre. Luego, de acceder el órgano a la entrega de la información requerida se incurriría en un incumplimiento grave del CEOP que podría significar el término del mismo y su consecuente responsabilidad contractual, afectando ello los intereses económicos o comerciales del país. Por su parte, el tercero justificó su oposición a la divulgación de la información requerida, por estimar que aquella es de carácter sensible, estratégica y costosa puesto que los antecedentes entregados al Estado al momento de una declaración de yacimiento comercialmente explotable corresponde a información técnica, detallada acerca del o los yacimientos de hidrocarburos descubiertos, así como futuros planes de desarrollo asociados, incluyendo esa información datos técnicos precisos e interpretación geológica sobre ubicación, tamaño, profundidad de las acumulaciones de hidrocarburos y las características del fluido y del repertorio, estimaciones de reservas, causales de producción y planes de desarrollo con sus respectivos planes de inversión. Por tanto, la divulgación afectaría los derechos comerciales o económicos de los terceros interesados, ya que de ellas se puede extraer conclusiones comerciales relevantes del negocio.

6) Que, en cuanto a la causal de secreto del artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia alegada por la reclamada, fundada en el régimen de obligaciones contenida en el CEOP y especialmente la existencia de una cláusula de confidencialidad, cabe tener presente, primeramente, lo siguiente: a) de acuerdo al artículo 17.4. el Contratista deberá entregar oportunamente al Estado copia de toda la información técnica que vaya obteniendo durante la ejecución de las operaciones petroleras en su área de contrato, incluyendo sin que ello importe limitación datos geológicos y geofísicos, entre otros; y, b) el Estado tendrá derecho a usar todos los datos relativos al área de contrato que le entregue el Contratista conforme al artículo 17.4, con todo mientras el contrato esté en vigencia dicha información no podrá ser transmitida a terceros sin la anuencia del Contratista. Una vez que el área haya sido devuelta parcial o totalmente, el Estado podrá usar libremente y traspasar a terceros la información técnica sobre el área devuelta por el Contratista.

7) Que, si bien este Consejo ha razonado que la existencia de cláusulas de confidencialidad en contratos públicos no transforma estos, per se, en secretos, pues no se enmarcan en los supuestos de reserva que establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política; atendidas las particularidades del CEOP a que se refiere el requerimiento, es posible concluir que la cláusula de confidencialidad contenida en el contrato constituye una especial forma de resguardar las funciones del Estado de Chile relativas a la exploración, explotación o el beneficio de los yacimientos que contienen hidrocarburos líquidos, sustancias que tienen un tratamiento especial en la Constitución Política de la República, como ya se ha señalado en atención a su relevancia estratégica. En efecto, dicha cláusula se ha incorporado en virtud de la atribución competencial que la Carta Fundamental atribuye al Presidente de la República a efectos de establecer las condiciones generales y requisitos de los contratos de operación para la exploración y explotación de hidrocarburos, y parece lógico entender que constituye un factor que contribuye a consolidar el régimen especial de los CEOP. Siendo así, se estima que divulgar la información reclamada -la cual es de evidente contenido técnico y por tanto se encuentra precisamente cubierta por la cláusula de confidencialidad alegada por las partes-, vulneraría una obligación que integra un estatuto definido por el Jefe de Estado en virtud de la Constitución, desincentivando la suscripción de estos contratos y arriesgando la responsabilidad civil del Estado, lo que afectaría de manera cierta o probable y con suficiente especificidad el interés nacional en lo referido a los intereses económicos o comerciales del país, configurándose en definitiva la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia.

8) Que, por lo mismo, el régimen de confidencialidad que contempla el CEOP constituye un estatuto especial que protege la actividad del tercero que contrata con el Estado, en este caso, la actividad comercial que ejecuta el consorcio formado por la Empresa Nacional de Petróleo S.A. y la Sociedad Conocophillips Chile Ventures SpA. Por ello, divulgar la información reclamada implicaría quebrantar este régimen de protección afectando sus derechos de naturaleza económica o comercial de manera cierta o probable y con suficiente especificidad, en los términos exigidos por el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que concurrirían los requisitos que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, esto es: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información. En efecto tal como se señaló, se trata de información protegida contractualmente por medio de cláusulas de confidencialidad; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto, pues se trata de información que no ha sido difundida por las partes involucradas, ha existido oposición a la entrega tanto en sede administrativa como ante este Consejo y se ha argumentado de manera sistemática y consistente las diversas circunstancias que hacen inviable la entrega de la información; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo), condición que se cumple al tratarse de información relativa a la ubicación geográfica de las áreas de exploración de yacimientos, la que de divulgarse otorgaría a terceros que están interesados en operar proyectos en la zona una ventaja económica al conocer de antemano especificaciones técnicas del detalle geográfico de descubrimientos con potencial hidrocarburífero.

9) Que, en consecuencia y por todo lo dicho, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por Petromagallanes Operaciones Ltda., representado por don Alberto Harambour Giner, en contra de la Subsecretaria de Energía, por configurarse las causales de reserva del artículo 21 N° 4 y N° 2, de la Ley de Transparencia, conforme a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General de este Consejo y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a Petromagallanes Operaciones Ltda., representado por don Alberto Harambour Giner, a la Sra. Subsecretaria de Energía, y a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y la Sociedad Conocophillips Chile Ventures SpA, estos últimos en su calidad de terceros interesados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.