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Sebastián Araya Salanitri con SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Rol: C3385-16

Consejo para la Transparencia, 25/01/2017

Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Aduanas, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, agregando que "la información del mes de agosto no corresponde al formato de los meses anteriores y carece de datos de RUT e identificación del importador/exportador". El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto del artículo 21 N°2.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3385-16

Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas.

Requirente: Sebastián Araya Salanitri.

Ingreso Consejo: 04.10.2016.

En sesión ordinaria N° 771 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C3385-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de octubre de 2016, don Sebastián Araya Sala solicitó al Servicio Nacional de Aduanas, en adelante e indistintamente, el Servicio o el SNA, la siguiente información: "información completa de Importaciones y Exportaciones con los datos de junio a agosto 2016".

2) RESPUESTA: El 4 de octubre de 2016, mediante correo electrónico, el Servicio Nacional de Aduanas otorgó respuesta a la solicitud de acceso, señalando que "a partir del mes de septiembre opera en forma exclusiva y en régimen, el nuevo acceso a la información pública de Aduanas a través del sistema de Datos Abiertos, el que pone a disposición de todos los interesados, la información ampliada de comercio exterior desde el 1° de enero de 2016. Estos datos no incluyen el nombre ni el RUT de las personas naturales y jurídicas que realizan transacciones comerciales", indicando un link a la página web que lleva a la mencionada información de dato abiertos.

3) AMPARO: El 4 de octubre de 2016, don Sebastián Araya Salanitri dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, agregando que "la información del mes de agosto no corresponde al formato de los meses anteriores y carece de datos de RUT e identificación del importador/exportador".

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: El Consejo Directivo de esta Corporación, mediante Oficio N° 10.320, de fecha 18 de octubre de 2016, solicitó al reclamante subsanar su amparo, dada la falta de correspondencia entre el nombre del solicitante y el nombre del reclamante, acreditando su poder de representación respecto del primero o aclarando si se hubiera cometido un error de transcripción. Mediante correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2016, el reclamante señaló que, al parecer se trataría de un error, indicando su nombre completo, y que se debió truncar su segundo apellido como Sala en vez de Salanitri.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° 10.675, de fecha 26 de octubre de 2016, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante escrito remitido a este Consejo por correo electrónico de fecha 22 de noviembre de 2016, el Servicio presentó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agrego en síntesis, lo siguiente:

a) Respecto al fundamento del amparo, indica que "el recurrente no señala cuál sería la infracción que el Servicio (...) habría cometido, requisito que torna al Amparo en inadmisible, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 de la ley N° 20.285".

b) Acto seguido, informa que "en relación al primer motivo del reclamo (...) cabe señalar que según se nos ha informado, se trata del mismo formato. Con todo, la eventual diferencia de formato, no constituye ninguna anomalía ni menos una infracción a la Ley de Transparencia, ya que se entiende que la Administración ha cumplido con su obligación de informar cuando la información esté permanentemente a disposición del público, cualquiera sea su formato, impreso o electrónico, en cuyo caso basta comunicar al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, siendo así que se desprende del reclamo, que el requirente accedió a la información indicada"

c) Asimismo, señala que "en lo que concierne al segundo reparo, esto es, que la información no contiene el RUT y la identificación de los importadores y exportadores, se trata de un hecho efectivo, cuya exclusión encuentra su fundamento en la ley N° 19.628, pues se trata de datos personales, que son reservados de los operadores personas naturales; y en lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, conforme ha sido resuelto de manera reiterada y uniforme por este H. Consejo para la Transparencia, por cuanto la vinculación de la identificación del importador o exportador en relación a los restantes campos de información develarían información de carácter secreta o no divulgada".

d) Por último, el órgano también comenta que "los datos correspondientes al nombre y RUT de los importadores y exportadores constituye un dato que debe ser resguardado por el Servicio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Organización Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que nuestra legislación interna recoge en la ley N° 19.996, que modificó la Ley de Propiedad Industrial", mencionando lo resuelto en el amparo rol C191-2016 de este Consejo.

Posteriormente, este Consejo, mediante correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2016, solicitó al SNA complementar sus descargos. Con fecha 29 de noviembre, el órgano respondió, señalando que "el número de importaciones y exportaciones del período consultado superan las 500.000 declaraciones (...) no existe un registro de cuales de estos operadores importaron o exportaron, por mes o año (...) tampoco se cuenta con los datos de contacto de aquellos importadores y exportadores específicos que operaron en el período de consulta (...) atendido el alto número de operaciones del período consultado -más de 500.000- no se procedió conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia".

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en que la información entregada por parte del Servicio Nacional de Aduanas, no corresponde a la solicitada por el reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a la información completa de importaciones y exportaciones con los datos de junio a agosto del año 2016. Al respecto, en su respuesta, el órgano informó el enlace a la página web de datos abiertos donde se encuentra disponible la información solicitada, en los términos dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, el reclamante señaló, en su amparo, que dicha información no correspondía al formato de los meses anteriores y no contenía el nombre y RUT de los importadores y exportadores.

2) Que, en primer lugar, el reclamante alega que, en efecto, la información que se encuentra permanentemente a disposición del público, no contendría el mismo formato que la información de los meses anteriores. En tal sentido, cabe tener presente que dicha alegación tiene relación más bien con el contenido de la información, y con la forma o la manera en que los datos requeridos se encuentran almacenados y publicados en la página web indicada, y no se relaciona con una falta de entrega o denegación por parte del órgano reclamado. En consecuencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de este punto.

3) Que, en segundo lugar, respecto de la reclamación por la falta de entrega del RUT y la identificación del importador o exportador, el órgano denegó su entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628.

4) Que, al respecto, cabe tener presente que este Consejo ha establecido los requisitos que deben concurrir para estimar reservada la información asociada a la actividad de importación y exportación, en el sentido de considerar que ésta contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, para lo cual, debe: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ésta; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). Luego, en conformidad a la normativa internacional de la que Chile es parte y de la legislación nacional que adecuó nuestro sistema jurídico a sus disposiciones, debemos analizar si la información que está siendo solicitada tiene la calidad de información no divulgada en razón del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 39 de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

5) Que, sobre la base de lo expuesto, y lo razonado en las decisiones de los amparos rol C191-16, C2823-16 y C3031-16, entre otras, este Consejo entiende que los datos requeridos constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existen titulares que ejercen derechos de carácter comercial o económico, por corresponder al concepto internacionalmente aceptado de información no divulgada y, en concreto, al de secreto empresarial que recoge la legislación nacional, lo que exige a los órganos de la Administración del Estado otorgarle una protección adecuada para mantener ese carácter de secreto. Lo anterior, tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores, y en el derecho de propiedad, que se ejerce en este caso respecto de este cúmulo de información que es el objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los numerales 21 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

6) Que, asimismo, cabe señalar que el precedente análisis e interpretación de la legislación nacional en correspondencia con los tratados internacionales de los que Chile es parte, manifiesta la particular preocupación de este Consejo por dar aplicación a las normas internacionales y a las de adecuación de aquéllas, con la finalidad de evitar la afectación del interés nacional, en particular, de las relaciones internacionales y de los intereses económicos o comerciales del país, según lo dispone el artículo 21 N° 4 y lo exige el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, en la medida que esos acuerdos internacionales contemplan obligaciones de confidencialidad a las que el Estado de Chile debe dar justo cumplimiento al adecuar su legislación, en especial cuando se trata de materias que afectan derechos comerciales o económicos de los sujetos protegidos por éstas.

7) Que, al efecto, este Consejo estima que en el presente caso, resulta aplicable lo resuelto, en los amparos A114-09 y C654-16, entre otros, en el sentido que publicitar este tipo de información, asociada a la razón social y RUT de las personas que realizan ingresos y destinaciones aduaneras, develaría aspectos estratégicos acerca del desarrollo de su actividad económica, tales como el mercado específico en que se desenvuelven internacionalmente, las importaciones de mercancías que realizan en un rubro determinado y los valores en los cuales las adquieren, todo lo cual constituye un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce sobre ellos derechos de carácter comercial o económico, y una eventual divulgación podría afectar su capacidad competitiva, configurándose así, los requisitos señalados en el considerando 4° de la presente decisión.

8) Que, en el mismo sentido, y de manera sostenida, las I. Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel y de La Serena, han reservado la información solicitada, ante requerimientos de similar contenido, señalando que "(...) a juicio de estos sentenciadores resulta evidente que la información contenida en los documentos denominados "Documentos Únicos de Salida" (D.U.S.) y los "Informes de Variación de Valor" (I.V.V.), contienen información comercial relevante, altamente sensible en un mercado competitivo como el de la exportación de frutas, sobre cuya información el exportador detenta título de propiedad y merecen la reserva que se impugna por el reclamante. En efecto, respecto del D.U.S., éste contiene información desde el inicio de la tramitación hasta la etapa de legalización, hecho posterior a la fecha de embarque de las mercancías de exportación. En cuanto al I.V.V., que es un documento obligatorio para los exportadores con cláusula de venta "no a firme", deben ser presentados por el exportador a más tardar dentro del plazo de 210 días desde la legalización del DUS, por lo que, si se analiza la información contenida en ambos, es posible acceder a datos que pueden afectar gravemente los intereses económicos de la empresa exportadora. En efecto, no cabe duda alguna que la información requerida al Servicio Nacional de Aduanas es de aquellas a que se remite el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, vale decir, que se trata de información reservada o secreta desde que su publicidad, comunicación o conocimiento puede afectar los derechos de la exportadora Subsole S.A. de carácter comercial o económico, por lo que no se avizora en la decisión reclamada la comisión de un acto contrario a derecho" (Considerando Octavo, Corte de Apelaciones de La Serena, rol 764-2016).

9) Que, por tanto, atendida la forma en la cual ha sido requerida la información, incluyendo los datos de RUT y nombre de los importadores y exportadores, respecto de los cuales existen titulares de derechos de carácter comercial o económico que pueden resultar afectados con su divulgación, en virtud de la facultad conferida a este Consejo por el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, y a lo razonado sostenidamente por esta Corporación, en otros amparos con requerimientos similares, se tendrá por configurada la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de dicha ley, razón por la cual, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Sebastián Araya Salanitri, en contra del Servicio Nacional de Aduanas, por concurrir la causal de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sebastián Araya Salanitri y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.