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Nicolle Peña López con CARABINEROS DE CHILE Rol: C3493-16

Consejo para la Transparencia, 12/01/2017

Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en que dio respuesta a una solicitud de información referente a la nómina de propiedades e inmuebles que dicha entidad policial arrienda en la Región Metropolitana, identificando para cada uno de ellos cuándo es arrendador y cuando arrendatario, además la renta asociada a cada uno de ellos, la fecha en que se comenzó a arrendar y, de ser posible, saber si se han hecho inversiones en dichos lugares. El Consejo acoge el amparo, toda vez que el reclamante no acreditó de manera alguna la causal de secreto invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3493-16

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Nicolle Peña López

Ingreso Consejo: 12.10.2016

En sesión ordinaria N° 769 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3493-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 08 de septiembre de 2016, doña Nicolle Peña López solicitó a Carabineros de Chile la nómina de propiedades e inmuebles que dicha entidad policial arrienda en la Región Metropolitana, identificando para cada uno de ellos cuándo es arrendador y cuando arrendatario, además la renta asociada a cada uno de ellos, la fecha en que se comenzó a arrendar y, de ser posible, saber si se han hecho inversiones en dichos lugares.

2) RESPUESTA: Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 375, de fecha 07 de octubre de 2016, señalando, en síntesis, que se denegó la información pedida por tener el carácter de secreta conforme a la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar, última norma que señala que "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden interior o la seguridad de las personas y entre otros: 2.- Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia.".

Agrega que de acuerdo al artículo 435 del Código de Justicia Militar "Se entiende por recinto militar o policial todo espacio debidamente delimitado, vehículo, naves o aeronaves en los cuales ejerce sus funciones específicas una autoridad militar o policial.".

Por lo anterior sostiene que hacer entrega de la información que solicita, en la práctica produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones específicas que cada uno de los recintos policiales debe cumplir.

Hizo presente, además, que el artículo 436 del Código de Justicia Militar tiene el carácter de ley de quórum calificado para los efectos del artículo 8° de la Constitución Política de la República, siendo, por tanto, de aquellos secretos permitidos por el ordenamiento jurídico, por aplicación de la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política y el artículo 1° de las disposiciones transitorias de la Ley de Transparencia.

Cita jurisprudencia judicial en apoyo de su posición, en particular la establecida por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de recurso de ilegalidad rol N° 4366-2012, y de la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de recurso de queja, rol 21.377-2015, de fecha 16.03.2016.

Señala que las funciones que le asigna la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, deben ser ejercidas en forma permanente y continua, por los funcionarios institucionales.

Finalmente, por la normativa citada Carabineros de Chile sostiene que se encuentra impedido de entregar cualquier información que permita de alguna forma conocer antecedentes y/o documentos de los cuarteles policiales de Carabineros, por ser éstos destinados a labores institucionales específicas, ya que la entrega de esta información, pondría en riesgo tanto la operación policial, como a los funcionarios y civiles que se encuentran y acuden a dichas instalaciones, y en la práctica, la entrega de este tipo de información produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros y de sus instalaciones.

3) AMPARO: El 12 de octubre de 2016, doña Nicolle Peña López dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante oficio N° 10.804, de fecha 27 de octubre de 2016.

El órgano reclamado, a través de oficio N° 300, de fecha 15 de noviembre de 2016, presentó sus descargos u observaciones, reiterando, en síntesis, la respuesta formulada al solicitante en orden a que se denegó la solicitud de información, por estimar que concurre la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar, por las mismas consideraciones ya señaladas en el N° 2 de lo expositivo de la presente decisión.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Este Consejo, mediante correo electrónico de fecha 09 de enero de 2017, solicitó al órgano requerido remitir la información reclamada; señalar si se han realizado inversiones en los inmuebles sobre los cuales versa la solicitud de información; indicar el uso o destinación de los inmuebles arrendados; o en subsidio de lo anterior, remitir copia de los contratos de arrendamiento celebrados por Carabineros de Chile sobre inmuebles ubicados en la Región Metropolitana, tanto en calidad de arrendador como de arrendatario.

Carabineros de Chile, a través de correo electrónico de fecha 10 de enero de 2016, informando, en síntesis, que no es posible enviar los antecedentes solicitados, por cuanto dichos antecedentes no se encuentran parametrizados, requiriendo para su recopilación de un plazo de a los menos 20 días para ello.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, con fecha 08 de septiembre de 2016, doña Nicolle Peña López solicitó a Carabineros de Chile la nómina de propiedades e inmuebles que dicha entidad policial arrienda en la Región Metropolitana, identificando para cada uno de ellos cuándo es arrendador y cuando arrendatario, además la renta asociada a cada uno de ellos, la fecha en que se comenzó a arrendar y, de ser posible, saber si se han hecho inversiones en dichos lugares, obteniendo respuesta denegatoria, fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar.

2) Que, en efecto, tanto en su respuesta como descargos, Carabineros de Chile informó que denegó la información pedida por tener el carácter de secreta conforme a la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar. Por lo anterior señaló que entregar la información solicitada en la práctica produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones específicas que cada uno de los recintos policiales debe cumplir, haciendo presente que el artículo 436 del Código de Justicia Militar tiene el carácter de ley de quórum calificado para los efectos del artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, siendo por tanto de aquellos secretos permitidos por el ordenamiento jurídico, por aplicación de la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política y el artículo 1° de las disposiciones transitorias de la Ley de Transparencia.

3) Que, agregó el órgano requerido, las funciones que le asigna la ley N° 18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile, deben ser ejercidas en forma permanente y continua por los funcionarios institucionales, añadiendo que por consiguiente, considerando la normativa citada en su respuesta como descargos, se encuentra impedido de entregar cualquier información que permita de alguna forma conocer antecedentes y/o documentos de los cuarteles policiales de Carabineros, por ser éstos destinados a labores institucionales específicas, ya que la entrega de esta información pondría en riesgo tanto la operación policial como a los funcionarios y civiles que se encuentran y acuden a dichas instalaciones, y en la práctica, la entrega de este tipo de información produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros y de sus instalaciones.

4) Que, dicho lo anterior, corresponde señalar que el citado artículo 436 del Código de Justicia Militar prescribe que se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, N° 2: "Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia.". Por su parte el artículo 435 del Código de Justicia Militar, prescribe que "Se entiende por recinto militar o policial todo espacio debidamente delimitado, vehículo, naves o aeronaves en los cuales ejerce sus funciones específicas una autoridad militar o policial.".

5) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a titulo ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

6) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Al respecto, Carabineros de Chile se ha limitado a señalar que se encuentra impedido de entregar la información reclamada, dado que su entrega pondría en riesgo tanto la operación policial, como a los funcionarios y civiles que se encuentran y acuden a dichas instalaciones, y en la práctica produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros y de sus instalaciones, sin aportar antecedente alguno que permita a este Consejo establecer el modo en que entregar la nómina de propiedades sobre los cuales Carabineros de Chile ha celebrado algún contrato de arrendamiento con la especificación a que se refiere el requerimiento, antecedentes que obran en su poder, han sido elaborado con presupuesto público y se refiere justamente al uso de recursos públicos, incluso a la generación de recursos públicos para el caso en que tenga la calidad de arrendador, pueda producir una afectación presente o probable al debido cumplimiento de las funciones de sus funciones, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o interés nacional, para así justificar la reserva invocada.

7) Que, en consecuencia, tal argumentación no señala ni acredita de manera concreta, el daño que provocaría la entrega de la información requerida. El criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Tal parámetro no se satisface en este caso, razón por la cual no se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Por lo demás, la interpretación sostenida por Carabineros de Chile con respecto al artículo 436 del Código de Justicia Militar pugna con el sentido restrictivo con que deben ser aplicadas las disposiciones de excepción, como lo son las normas de secreto o reserva, pues, de esta forma, se entregaría la determinación de tal carácter a la pura discrecionalidad del órgano que toma conocimiento de la información comprendida en dicha norma sin argumentar, ni menos acreditar de manera concreta, específica y detallada, el detrimento que provocaría la publicidad de la información requerida, privando a este Consejo de elementos relevantes para ponderar si la afectación dañosa alegada tiene la magnitud y especificidad suficientes como para justificar la reserva.

8) Que, en sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 23 de noviembre de 2010, causa Rol 2275-2010, que rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ejército de Chile, en contra de la decisión de este Consejo (amparo rol C512-09), el tribunal razonó en su considerando sexto, que "siendo la publicidad de los actos de la administración un principio de rango constitucional, las excepciones a él deben ser interpretadas en forma restrictiva. Dichas excepciones en este caso, establecidas en el inciso 2° del mismo artículo 8° de la Carta Fundamental y en el artículo 21 N° 3 de la ley N° 20.285 exigen, además de declaración de reserva o secreto mediante ley de quórum calificado, la afectación de la seguridad de la Nación o del interés nacional". Asimismo, en el considerando séptimo, ilustra que "resulta ser efectivo que las normas del Código de Justicia Militar constituyen ley de quórum calificado, y que los capellanes y pastores que ejercen funciones en las Fuerzas Armadas forman parte de la dotación institucional. Sin embargo, tales circunstancias no logran configurar, por sí solas, una excepción al acceso a la información que ha requerido el señor Narváez Almendras y que le ha reconocido el Consejo para la Transparencia en la decisión adoptada en el Amparo C512-09. En efecto, para configurar dicha excepción ha de estar, además, afectada la seguridad de la Nación o el interés nacional, y respecto de esta materia no existen antecedentes de que ello pueda razonablemente producirse de proporcionarse la información solicitada. Las afirmaciones del reclamante de que los antecedentes denegados, en conocimiento de potenciales adversarios, les permitiría diseñar estrategias defensivas u ofensivas que dañen gravemente al país, a sus intereses y a su población, por no estar respaldadas en antecedentes concretos, constituyen sólo apreciaciones personales y subjetivas".

9) El criterio anterior ha sido ratificado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en la sentencia pronunciada con fecha 3 de marzo de 2015, en virtud de la cual rechazó el Reclamo de ilegalidad Rol N° 5080-2015, señalando al efecto que: "12°) Sin embargo, en lo que sí concuerda esta Corte con lo que sostiene el Consejo para la Transparencia es que no basta esa aseveración para dar por establecida la causal invocada. Para ello, pese a que la mentada carpeta se encuentra ubicada en la Dirección de Inteligencia del Ejército, lo que le concede al mentado registro el carácter de secreto, en los términos del artículo 38 de la Ley 19.974, lo que interesa es que pueda demostrarse que su divulgación atenta, en este caso, contra la Seguridad de la Nación." (énfasis agregado).

10) En consecuencia, los argumentos del órgano reclamado no cumplen con el juicio necesario de afectación, ponderación y proporcionalidad, sino que se sustentan sobre la base de meras aseveraciones, apartándose de la exigencia contenida en el mandato constitucional del inciso 2° del artículo 8° de la Carta Fundamental, de modo que la revelación de lo requerido, en el período consultado, no tiene la virtud de afectar ninguno de los bienes jurídicos protegidos por el estatuto constitucional, que excepcionalmente permite reservar información pública. Cabe hacer presente, como se ha indicado precedentemente, que Carabineros de Chile no argumentó ni presentó antecedentes tendientes a determinar el modo en que la entrega de la información producía una afectación al debido cumplimiento de las funciones de sus funciones, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o interés nacional, para así justificar la reserva invocada, limitándose a realizar un remisión meramente formal del artículo 436 del Código de Justicia al artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, citando jurisprudencia judicial que apoyaría su posición.

11) Que, por consiguiente, de los antecedentes examinados, particularmente considerando que Carabineros de Chile pese a invocar formalmente una causal reserva no aportó ningún antecedente específico y concreto para fundamentarla, a juicio de este Consejo no se ha logrado acreditar que concurren los hechos que permitan su configuración, y que por tanto, la entrega de la información pedida que obra en su poder, ha sido elaborado con presupuesto público y se refiere al uso de recursos públicos, incluso a la generación de recursos públicos para el caso en que tenga la calidad de arrendador, pueda producir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de sus funciones, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o interés nacional, razón por la cual se desestimará dicha causal, y en definitiva, se acogerá el presente amparo, ordenando a Carabineros de Chile entregar a doña Nicolle Peña López la nómina de propiedades e inmuebles de la Región Metropolitana sobre los cuales existe un contrato de arrendamiento suscrito por Carabineros de Chile, identificando para cada uno de ellos su calidad arrendador o arrendatario, la renta asociada, la fecha en que se comenzó a arrendar y, de ser posible, saber si se han hecho inversiones en dichos lugares.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Nicolle Peña López, en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile:

a) Hacer entrega al reclamante la nómina de propiedades e inmuebles de la Región Metropolitana sobre los cuales existe un contrato de arrendamiento suscrito por Carabineros de Chile, identificando para cada uno de ellos su calidad arrendador o arrendatario, la renta asociada, la fecha en que se comenzó a arrendar y, de ser posible, saber si se han hecho inversiones en dichos lugares.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Nicolle Peña López y Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.