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Camila Zaldundo con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C3322-16

Consejo para la Transparencia, 25/01/2017

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "copia de informes electrónicos D-2.11/D-3.2 diarios desde el 2008 al 2016". El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de los informes electrónicos D-2.11 diarios desde el 2008 al 2016, por configurarse respecto de ellos, la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Resoluciones Sumarios Administrativos


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3322-16

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones (SP).

Requirente: Camila Zaldundo.

Ingreso Consejo: 28.09.2016.

En sesión ordinaria N° 771 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3322-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 01 de agosto de 2016, doña Camila Zaldundo, solicitó a la Superintendencia de Pensiones, la siguiente información: "copia de informes electrónicos D-2.11/D-3.2 diarios desde el 2008 al 2016".

2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: El 01 de septiembre de 2016, el órgano notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, por medio de ordinario N° 24365, notificado con fecha 26 de septiembre de 2016, el órgano indicó en síntesis, lo siguiente:

a) Los aludidos informes diarios D-2.11 - Traspasos diarios de afiliados entre fondos de pensiones de la misma administradora-, forman parte, junto a otra gran cantidad de archivos, del informe diario que deben remitir las administradoras de fondos de pensiones a esta Superintendencia, conforme a lo señalado en la ex circular N° 1538, de 2008. Dichos informes diarios, contienen gran cantidad de información y datos, algunos de los cuales no son de carácter público, dado que involucran datos personales o de carácter financiero de las administradoras, motivo por el cual no pueden ser entregados en virtud de la citada ley N° 20.285. Asimismo, cabe precisar que el formulario D-3.2 -Traspasos diarios de afiliados entre fondos de pensiones de la misma administradora-, no se encuentra regulado en la aludida ex circular N° 1538, sino en la norma de carácter general N° 138, de 11 de marzo de 2015, que reemplazar a la anterior.

b) De acuerdo a lo expuesto y atendido a que usted no especificó el tipo de fondo ni singularizó la administradora de fondos de pensiones respecto de la cual requiere la información, y considerando que los citados formularios forman parte del informe diario, es necesario revisar todos los informes remitidos desde las A.F.P., a fin de verificar la factibilidad de extraer los señalados formularios. Por ello, se solicita a usted indicar el tipo de fondo y singularizar la A.F.P. para la cual requiere la información de que se trata.

c) Finalmente, cabe señalar que en el presente caso no ha sido posible dar cumplimiento a los plazos establecidos en la ley N° 20.285, atendida la gran cantidad de solicitudes de acceso a la información ingresadas a este Servicio. De hecho, usted entre el 14 de marzo de 2016 y la fecha del presente oficio ha ingresado un total de 10 solicitudes y 4 reclamos ante el Consejo para la Transparencia, cuya atención afecta el cumplimiento de las funciones de este Organismo.

3) AMPARO: El 28 de septiembre de 2016, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Adminstracion del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° 10040, de fecha 11 de octubre de 2016.

Posteriormente, por medio de ordinario N° 28.611, de 18 de noviembre de 2016, el órgano señaló en síntesis, lo siguiente:

a) Con posterioridad a la solicitud de la reclamante, dado los continuos requerimientos sobre la materia, se ha procedido a implementar con el Departamento de Desarrollo de Sistemas la extracción de los datos requeridos, los cuales seran entregados en los próximos días, lo que se informará oportunamente al Consejo para la Transparencia.

b) Se hace presente que no fue posible contestar el presente amparo dentro de plazo atendida la gran cantidad de solicitudes invocando la ley N° 20.285, sobre Acceso a información Pública ingresadas en este organismo, tal como se ha informado en otros casos a esa entidad. De hecho, la reclamante entre el 14 de marzo de 2016 y la fecha del presente oficio ha ingresado un total de 15 solicitudes y 5 reclamos ante el Consejo para la Transparencia, cuya atención afecta el cumplimiento de las funciones de este órgano.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros involucrados, esto es, AFP Planvital S.A., AFP Capital S.A., AFP Hábitat S.A., AFP Provida S.A., AFP Modelo S.A. y AFP Cuprum S.A., y mediante los oficios respectivos Nos 54, 55, 56, 57, 58 y 59, todos el 03 de enero de 2017. Los precitados terceros, formularon sus observaciones y descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) AFP Planvital S.A.: Se opone a la entrega de lo requerido, por la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en tanto se trata de información de propiedad de la empresa, que fue elaborada con recursos de la sociedad, cuya revelación a terceros afectaría gravemente el derecho de propiedad de la administradora.

Asimismo, la reserva de dicha información se encuentra amparada en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley N° 20.255, que obliga al Superintendente y a los funcionarios de la Superintendencia, a guardar reserva y secreto absoluto de la información que tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores. En tal sentido, es en la reserva que obliga el artículo 50 citado, que la empresa proporciona información sensible al órgano regulador, en la confianza del respeto al secreto y confidencialidad de la misma.

La información requerida revela aspectos estratégicos de la compañía, cuya revelación afectaría gravemente el derecho de propiedad de la administradora. En efecto, para cualquier empresa que se desenvuelve en el mercado financiero, sus estrategias y operaciones revisten un carácter privado de la compañía. De esta manera, conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo para la Transparencia, la información no divulgada debe ser protegida cuando: (i) tiene valor comercial por ser secreta; (ii) ha sido objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en secreto; y, (iii) no es conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza.

b) AFP Modelo S.A.: Refiere que la publicidad, comunicación o conocimiento del conjunto de datos requeridos afecta sus derechos comerciales o económicos de acuerdo al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, ya que comprende información privada y datos sensibles cuya divulgación afectaría tales derechos, así como también comprometería los derechos de terceros. Así, dado que la documentación precisada en el requerimiento de acceso a la información reviste el carácter de privada y no ha sido divulgada oficialmente al mercado por cuanto detalla las formas de actuar y estrategias de la compañía, ésta podría ser utilizada por algún agente o competidor del mercado en beneficio propio o de terceros.

En efecto, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, la información no divulgada debe ser protegida cuando: (i) tiene valor comercial por ser secreta, proporcionando una ventaja competitiva a su titular; (ii) ha sido objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en secreto; y, (iii) no es conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza.

Finalmente, hacen presente que si bien la empresa cumple con su obligación de entregar la información que corresponda a su organismo regulador, por mandato de la normativa que rige a las administradoras de fondo de pensiones, ello en ningún caso puede ser interpretado como un consentimiento por parte de la compañía a la entrega de dicha información a terceros.

c) AFP Cuprum S.A.: se opone a la entrega de dicha información, en atención a que se trata de documentación sensible y confidencial de los Fondos de Pensiones que por Ley administramos, respecto de la cual, por mandato legal, debemos velar por su confidencialidad y reserva. Adicionalmente la entrega de esta información podría afectar gravemente a nuestra esfera de derechos de carácter comercial o económica, de gestión interna y estrategia de negocios.

Asimismo, se oponen a la entrega de la información solicitada por el hecho que el artículo 154, letra d), del decreto ley N° 3.500 prohíbe expresamente la comunicación de información concerniente a la adquisición, enajenación o mantención de activos por cuenta de cualquiera de los Fondos de Pensiones a personas distintas de aquellas que estrictamente deban participar en las operaciones respectivas, en representación de la Administradora.

De la misma manera, en esta oposición concurren todos y cada uno de los requisitos establecidos por el Consejo para la Transparencia, esto es: i) La información requerida por el solicitante tiene el carácter de secreta: En efecto, la información requerida contiene material relacionado con la adquisición o enajenación de los activos de propiedad de los Fondos de Pensiones, respecto de los cuales el citado artículo 154 del decreto ley N° 3.500 ha establecido una prohibición de informar a personas distintas de aquellas que estrictamente deban participar en las operaciones respectivas. El requirente es un tercero ajeno a la Administradora que, por ende, no participa en la operación respectiva, por lo que la Administradora se encuentra impedida de entregarle la información requerida; ii) La información solicitada es objeto de razonables esfuerzos que debe realizar la Administradora para mantener su secreto. Por aplicación del referido artículo 154 del decreto ley N° 3.500, la Administradora tiene establecidos mecanismos de resguardo de la información referente a activos adquiridos o enajenados por los Fondos de Pensiones, que implica la realización de esfuerzos para mantener su carácter de confidencial y secreto; iii) que tenga un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva. Obviamente, si se accediera a la solicitud del requirente, el carácter de secreta de la información perdería dicha calidad, con lo cual la ventaja competitiva que tiene el titular de la información se perdería.

d) AFP Hábitat S.A.: se opone a la entrega de la información solicitada, en virtud del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por referirse a datos personales o de carácter financiero de la AFP y de sus fondos de pensiones y también de sus afiliados, correspondiendo únicamente a la Superintendencia obtener y entregar esa información con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas correspondientes.

Cabe señalar que la información solicitada es secreta y AFP Hábitat hace esfuerzos por mantener dicho secreto estableciendo mecanismos de resguardo para tal efecto, tiene un valor comercial y quien los obtenga podría tener una ventaja competitiva. Por lo tanto, se cumplen todos los requisitos establecidos por ese Consejo para que no sea posible entregarla a terceros que no sea el organismo fiscalizador o los tribunales de justicia.

Por otra parte, la gestión financiera de Hábitat, cuya información está contenida en los informes requeridos, se realiza con el esfuerzo y recursos de la Administradora y de ningún modo involucran o requieren un gasto, gestión o utilización de recursos fiscales para su elaboración, por lo cual, son documentos entera y completamente privados y reservados, directamente relacionados con la estrategia que sigue AFP Hábitat en cumplimiento a su mandato legal. La Superintendencia está facultada para ordenar su envío, revisar y fiscalizar la información pero de ningún modo está autorizada a difundirla ni ponerla a disposición de terceras personas.

Cabe señalar que los informes diarios D-2.11-Traspasos diarios de afiliados entre los distintos fondos de pensiones de AFP Hábitat los remitimos diariamente a la Superintendencia de Pensiones y en ellos aparecen muchos datos e información, de los cuales en gran número son privados. En algunos casos son de carácter personal o financieros de mi representada y en otros personales de sus afiliados.

La Superintendencia de Pensiones ha regulado esta materia en el Libro IV del Compendio de Normas Previsionales (www.spensiones.cl) las que transcribieron, detallando el contenido del formulario que dice relación con la Provisión y cobro de dividendos y otros eventos de capital diarios de la cartera de inversiones del Fondo, y el formulario D-3.2, referente a los traspasos diarios de afiliados entre fondos de pensiones de la misma administradora. Lo anterior, para que el Consejo pueda evaluar el nivel de detalle que se entrega para que el Organismo Fiscalizador pueda realizar su labor de control, y que no corresponde sea entregada a otras personas o entidades.

e) AFP Provida S.A.: Se opone por la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Al efecto señala que la información solicitada por la Reclamante se trata de información no divulgada respecto de la cual ProVida tiene derechos de carácter comercial y económico que deben ser protegidos. En efecto, de acuerdo a la jurisprudencia reiterada del Consejo, la información no divulgada debe ser protegida cuando: (i); es secreta, es decir no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza; (ii) ha sido objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en secreto; y (iii) tiene valor comercial por ser secreta, proporcionando una ventaja competitiva a su titular.

Así, con respecto al punto (ii), queda claro que ProVida ha mantenido la solicitada información en secreto, y que por dicha causa concurre a presentar sus observaciones en esta oportunidad. En efecto, la Reclamante ha intentado esta vía para su consecución toda vez que, precisamente, esta información reservada no se encuentra disponible para el público.

Al respecto, se cumplen todos los requisitos para que la información solicitada por la Reclamante se encuentre protegida (como información no divulgada ni divulgable) de acuerdo al artículo 21 numeral 2 de la ley N° 20.285, ya que su conocimiento por parte de terceros afectaría derechos de carácter comercial y económicos de ProVida así como la seguridad de los fondos que administra para sus cotizantes.

f) AFP Capital S.A.: a la fecha no ha evacuado traslado en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado, notificando la respuesta una vez vencido el plazo. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Superintendente de Pensiones en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.

2) Que, el artículo 20 de la Ley de Transparencia dispone que "Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo". No obstante ello, en el presente caso, analizados los antecedentes, se advirtió que la solicitud en análisis no fue notificada a los terceros. Por tal motivo, este Consejo representará al Sr. Superintendente de Pensiones en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.

3) Que, antes de entrar al fondo del asunto, cabe precisar que la información solicitada, de acuerdo a lo anotado en el Libro IV, Título VIII Informes Diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el formulario D-2.11 requerido, dice relación con la "provisión y cobro de dividendos y otros eventos de capital diarios de la cartera de inversiones del fondo", mientras que el formulario D-3.2, es referente a "traspasos diarios de afiliados entre Fondos de Pensiones de la misma Administradora". Luego, en los anexos del referido compendio, se establece que el formulario D-2.11, debe contener la siguiente información: i) tipo de instrumento; (ii) nemotécnico; (iii) unidades, (iv) tipo de dividendo o evento de capital; v) moneda; vi) dividendo o evento o evento de capital; vii) fecha contabilización en VxD; viii) fecha de pago; ix) monto provisionado en moneda de origen; x) monto provisionado; xi) monto recibido; xii) diferencia; xiii) tipo de cambio. Por otra parte, el formulario D-3.2, contiene la siguiente información: traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y de afiliado voluntario, traspasos de ahorros voluntarios y traspasos etáreos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. En cada de uno de estos traspasos, se informa el monto enviado y recibido por cada fondo, y las diferencias netas.

4) Que, en cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que a pesar que el órgano puso a disposición del solicitante la información pedida, éste como se dijo en el considerando anterior, no llevó a cabo el procedimiento de notificación a los terceros interesados, de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, razón por la cual, este Consejo, de acuerdo al artículo 25 de la misma ley, procedió a notificarlos. En dicho contexto, las empresas se opusieron a la entrega de lo requerido alegando la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

5) Que, atendida la causal de reserva que alegaron los terceros, es menester recordar que en lo que atañe a la referida causal, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

6) Que, en cuanto al primer requisito anotado en la letra a), respecto al formulario D-2.11, cabe señalar que el tipo de instrumento financiero, su valor, el monto recibido por cada instrumento, la fecha de pago, el monto provisionado y demás información anotada en el considerando 3°, precedente, constituye información que responde a la aplicación de estrategias de inversión de cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones, por lo que teniendo en cuenta dicha relevancia y que sólo es conocida únicamente por cada una de las administradoras y la Superintendencia, en virtud de su función fiscalizadora, es que resulta de toda lógica que la información objeto de este amparo, no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información.

7) Que, en lo tocante al requisito expuesto en la letra b), se debe precisar que dichos esfuerzos se ven reflejados en la circunstancia de que los terceros interesados se han opuesto a la entrega de los antecedentes requeridos, oposiciones que se aprecian expuestas en el numeral 5° de lo expositivo.

8) Que, finalmente, sobre el tercer requisito, que se lee en la letra c), es relevante señalar que las Administradoras, tienen sobre sus estrategias de inversión un derecho de propiedad, protegido por el derecho fundamental contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, proporcionándole, indudablemente una mejora o ventaja competitiva, en tanto contiene información clave respecto de sus dividendos y otros eventos de capital originadas en transacciones sobre de instrumentos. Por lo tanto, en razón de lo expuesto, a juicio de este Consejo, respecto a los formularios D-2.11, se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

9) Que, sin perjuicio de lo anterior, no ocurre lo mismo respecto al formulario D-3.2, en la medida de que la información que contiene dice relación con el traspaso total diario de afiliados entre fondo de pensiones de la misma administradora, lo que no responde a ninguna estrategia comercial, sino a la materialización de la voluntad de los mismos afiliados, los que, de acuerdo al compendio de normas analizado en el considerando 3°, no contiene información personal de éstos ni comercial de las administradoras. Luego, sin perjuicio que las administradoras se opusieron a su entrega, configurándose el requisito anotado en la letra b), del considerando 5°, no se advierte, de acuerdo a lo expuesto, que se presente en la especie, el requisito expuesto en la letra c), del mismo considerando.

10) Que, en otro orden de ideas, respecto a la alegación de la aplicación del artículo 50 de la ley N° 20.255, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Pues bien, este último requisito copulativo, no ha sido debidamente fundamentado, pues la declaración de secreto o reserva que hace el artículo 50 de la ley N° 20.255, no se condice con ninguna de las causales de secreto o reserva indicadas expresamente en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución. Por lo anterior, este Consejo desechará la invocación de esta causal.

11) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, este Consejo acogerá parcialmente el presente amparo, ordenándose la entrega de copia de informes electrónicos D-3.2 diarios desde el 2008 al 2016, tarjando los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información pedida, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña Camila Zaldundo en contra de la Superintendencia de Pensiones; rechazándolo respecto de los informes electrónicos D-2.11 diarios desde el 2008 al 2016, por configurarse respecto de ellos, la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, conforme los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones que:

a) Entregue al solicitante copia de informes electrónicos D-3.2 diarios desde el 2008 al 2016, tarjando los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información pedida, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Representar al Sr. Superintendente de Pensiones la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, al no haber evacuado respuesta al presente requerimiento dentro del plazo legal. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere dicha infracción.

IV. Representar al Sr. Superintendente de Pensiones la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, al no haber conferido traslado a las empresas involucradas. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere dicha infracción.

V. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Camila Zaldundo, al Sr. Superintendente de Pensiones, y a AFP Modelo S.A., AFP Provida S.A., AFP Planvital S.A., AFP Habitat S.A., AFP Cuprum S.A., y AFP Capital S.A., todas estas últimas en su calidad de terceros interesados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.