logo
 

Rolando Garcés Núñez con COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C3435-16

Consejo para la Transparencia, 31/01/2017

Se dedujo amparo en contra de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, fundado en que dio respuesta a una respuesta negativa a una solicitud de información referente a las "barreras de contención certificadas instaladas en los contratos viales administrados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas desde el 01.01.2010 en adelante de acuerdo al siguiente detalle: Contrato Vial/año instalación/metros lineales instalados/Nivel de contención/ancho de trabajo/severidad al impacto/marca o proveedor/certificado de ensaye crash test u homologación del depto. seguridad vial MOP/aprobación técnica de la CCOP (oficios I fiscal e ingeniería)". El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y por haber sido dictada la resolución denegatoria por la autoridad competente para ello,.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3435-16

Entidad pública: Coordinación de Concesiones de Obras Públicas

Requirente: Rolando Garcés Núñez

Ingreso Consejo: 07.10.2016

En sesión ordinaria N° 772 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3435-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de agosto de 2016, don Rolando Garcés Núñez solicitó a la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, unidad integrante de la Dirección General de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas, "información respecto de barreras de contención certificadas instaladas en los contratos viales administrados por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas desde el 01.01.2010 en adelante de acuerdo al siguiente detalle: Contrato Vial/año instalación/metros lineales instalados/Nivel de contención/ancho de trabajo/severidad al impacto/marca o proveedor/certificado de ensaye crash test u homologación del depto. seguridad vial MOP/aprobación técnica de la CCOP (oficios I fiscal e ingeniería)".

2) SOLICITUD DE PRÓRROGA: Mediante correo electrónico de 13 de septiembre de 2016, la Dirección General de Obras Públicas, en adelante e indistintamente DGOP, informó al solicitante la necesidad de ampliar el plazo de respuesta a su requerimiento, y hacer uso de la prórroga contemplada en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: El 28 de septiembre de 2016, la Dirección General de Obras Públicas respondió a dicho requerimiento de información mediante Resolución Exenta DGOP N° 3479 de la misma fecha, denegando lo solicitado, en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de Ley de Transparencia, señalando en síntesis que:

a) Las barreras certificadas e instaladas en las rutas se pueden encontrar actualmente en contratos viales en etapa de construcción y de explotación. A modo informativo, en 31 rutas en explotación donde se encuentran instalados sistemas de contención, entre interurbanas y urbanas, construidas desde el año 1993, se acumulan un total de 6.015.553 metros instalados de barreras de distintas tipologías, materiales, para distintos niveles de contención, distintos anchos de trabajo, según las características de diseño de la plataforma y variable nivel de severidad al impacto, entre otras características técnicas, como su disposición en la faja, que dependerá de las necesidades y características particulares de cada sector en cada ruta que forma la diversa geografía nacional. Estas barreras se han tenido que reemplazar en el tiempo, debido a los daños ocurridos por causas de distinta naturaleza, principalmente accidentes y vandalismo, de tal modo de proveer en todo momento la máxima seguridad posible para los usuarios.

b) En cuanto a la marca o proveedores consultados, se puede informar que como parte de los requerimientos técnicos de los sistemas de contención vial actualmente aceptados por el Ministerio de Obras Públicas, en adelante e indistintamente MOP, para los contratos viales concesionados, éstos deben cumplir con las especificaciones y. requerimientos de diseño establecidos en el Manual de Carreteras Volumen N° 6 Seguridad Vial, cuyo contenido no hace referencia a marca o proveedor especifico requerido. Por el contrario, establece referencias a características técnicas genéricas en la materia.

c) Para recopilar lo requerido, y desarrollar una base de datos y un legajo con dichos antecedentes, se requiere conformar un equipo de profesionales especialistas en la materia, principalmente ingenieros, quienes deberían encargarse de recopilar metódicamente los proyectos de ingeniería de cada contrato y sus posteriores modificaciones, reemplazos, cambios normativos u otras alteraciones en el tiempo de operación de las rutas, revisar el diseño proyectado, de las distintas tipologías, condiciones de las rutas, anchos de trabajo disponible y proyectados en cada sector tramo o singularidad, niveles de contención disponibles, visitas a terreno, para toda la extensión instalada de barreras y dispositivos de contención en Chile, recopilar toda la documentación existente de los certificados que en su momento fueron emitidos por los organismos internacionales que certifican estos elementos, que estén disponibles en el MOP, en las Inspecciones Fiscales o en su defecto en los archivos documentales de las sociedades concesionarias. Todo lo señalado requeriría tiempos de logística, respuesta y recursos adicionales a los de las labores normales de trabajo, tanto por parte de la Coordinación de Concesiones, la Dirección de Vialidad, las Inspecciones Fiscales de todos los contratos concesionados que cuenten con barreras de contención, y un despliegue importante de recursos en horas profesionales y administrativas, que obligarían a los servicios mencionados a desatender sus obligaciones y labores internas, debido a que no se cuenta con los recursos adicionales para tal efecto.

d) Las horas - hombre para abordar el requerimiento, son 9.640. De manera ilustrativa se adjunta la siguiente tabla, que muestra una estimación de las actividades y los recursos necesarios para entregar la información solicitada:

N° Actividad Horas

1 Reuniones de organización interna 24

2 Solicitudes al Centro de documentación CCOP 856

3 Recopilación de proyectos de seguridad vial 856

4 Revisión de proyectos 1.284

5 Reuniones de coordinación entre organismos 50

6 Gestión con inspecciones fiscales 200

7 Inspecciones en terreno 1.260

8 Gestiones con sociedades concesionarias 60

9 Gestiones y reuniones con Unidad de Ingeniería 200

10 Gestiones y reuniones con el Dpto. de seguridad vial de la DV 180

11 Solicitudes al centro de documentación de la DV 856

12 Revisiones de antecedentes de proyectos de la DV 856

13 Recopilación de oficios de aprobaciones de las inspecciones fiscales 214

14 Recopilación de certificados y homologaciones de la DV 428

15 Desarrollo de consolidado de proyectos y parámetros de diseño, conformación de base de datos con los campos solicitados u otros de interés para el servicio 1.712

16 Preparación de archivos, formatos y respuesta 428

17 Revisión de jefatura y control interno 176

Total horas 9.640

4) AMPARO: El 7 de octubre de 2016, don Rolando Garcés Nuñez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, fundado en que recibió una respuesta negativa a la solicitud de información. Además hizo presente que:

a) El MOP al parecer no logró comprender el requerimiento, pues éste involucraba solo algunos contrato de obras y no todos los proyectos desde el año 1993, y dentro de estos contratos sólo la información referida a las barreras instaladas con posterioridad a la fecha indicada, por lo que se magnifica con esta cifra el alto de información que debería revisar.

b) El sentido desproporcionado de la respuesta da a entender que sólo después de 4 años de búsqueda y recolección de la información, se estaría en condiciones de dar respuesta, lo que parece fuera del alcance de cualquier servicio público. Pero en realidad no existe la voluntad de entregar dicha información.

c) El tiempo de búsqueda de información alegado para cada uno de los ítems que comprendería dicha labor, resulta injustificado, como por ejemplo, el establecido para la gran cantidad de horas hombre que se utilizaría sólo en reuniones coordinativas entre los funcionarios y la concesionaria, llegando al absurdo de estimarlas en 714 horas.

d) Para precisar la solicitud, se requiere información de contratos viales de concesión cuya primera instalación de barreras hay sido desde el 1 de enero de 2010 en adelante, es decir, se está pidiendo la información de barreras de contención, que sólo serían 6 contratos, salvo que exista otro no considerado, a saber: Autopista de la Región de Antofagasta / Autopista Concepción - Cabrero/Ruta 5, Tramo Serena- Vallenar/Alternativa de Acceso a Iquique/ Nuevo Peaje de Angostura/ Nueva Autopista Urbana Santiago-Lampa.

e) El MOP debería tener esta información sistematizada, pues de lo contrario, cabe preguntarse, cómo procede a fiscalizar.

f) No hay claridad en cuanto a que quien firma la resolución denegatoria, tenga la facultad o competencia para poder resolver dicha materia.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Obras Públicas mediante Oficio N° 010288 de 18 de octubre de 2016.

Mediante Ord. N° 1163 de 4 de noviembre de 2016, el Sr. Director General de Obras Públicas presentó sus descargos u observaciones, señalando en síntesis que:

a) El volumen de 6.015.553 metros instalados de barreras, señalado en la respuesta, fue indicado a modo informativo sólo respecto de las obras en explotación, puesto que respecto de las obras en construcción la información no es definitiva, pudiendo variar según las condiciones propias de cada contrato. Con todo, si se circunscribe a lo solicitado por el requirente, éste no distingue si se trata de obras en construcción y/o explotación, por consiguiente, por mucho que se trate de contratos desde el 2010 a la fecha, se deben incorporar además los anteriores a dicha fecha, que si bien nacen en épocas anteriores, siguen en operación y por ende bajo la fiscalización del MOP.

b) De forma ilustrativa, se adjunta una tabla que señala las longitudes totales de tramos de barreras de contención sólo en etapa de explotación, que suma un total de 6.015.553 metros instalados de barreras.

c) Se adjunta una tabla que agrega los contratos viales existentes desde el año 2010, los que se encuentran en etapa de construcción o explotación, donde se identifican los contratos de concesión y la fecha de adjudicación.

d) En definitiva, se reiteran argumentos de denegación expuestos en la respuesta, y se señala que parte de la documentación solicitada no se encuentra en su poder.

6) GESTIÓN OFICIOSA: El Consejo, mediante correo electrónico de 18 de enero de 2016, solicitó a la DGOP: a) Aclarar si cuando alega que para buscar y sistematizar la información requerida se necesitaría 9.640 hrs., dicho cálculo está hecho en base al período de 1 de enero de 2010 hasta la fecha del requerimiento, o desde años previos al 2010 hasta la fecha de la solicitud; b) En caso que el cálculo se haya hecho desde antes del 1 de enero de 2010, indicar cuál sería el cálculo desde el 1 de enero de 2010, hasta la fecha del requerimiento.

Mediante correo electrónico de 20 de enero de 2017, la DGOP respondió el requerimiento señalando en síntesis lo siguiente:

a) El cálculo fue realizado desde el 1 de enero de 2010 en adelante. Debe considerarse que del año 2010 en adelante, no corresponde sólo a los contratos que fueron adjudicados en esas fechas, sino todos aquellos con puesta en servicio provisoria en esas fechas, y adicionalmente todos aquellos que en sus distintas modificaciones hayan incorporado la temática requerida, no solo aquellos en etapa de explotación que se encontraban con obras en construcción.

b) La información requerida no se encuentra estandarizada en el MOP a nivel del detalle requerido, lo cual no implica que éste no cumpla con las labores de fiscalización indicadas en el marco normativo que rige a los contratos de concesión. Para dar respuesta a lo solicitado, se deben realizar diversas acciones, como son aquellas relacionadas con la coordinación de tareas, solicitud al Centro de Documentación de las distintas instancias, preparación de archivos y revisión del control interno, por lo cual si se acota la cantidad de contratos requeridos, aun así se deben disponer de recursos especializados por tiempos considerables, distrayéndose indebidamente el cumplimiento regular de sus funciones y por lo tanto afectando el cumplimiento de objetivos del MOP.

c) No obstante lo anterior, teniendo a la vista el amparo del requirente, que acota los contratos a informar, se deberían considerar nuevos plazos dado lo expuesto en el párrafo precedente, ya que la información no está sistematizada y se debe solicitar a cada Inspección Fiscal de explotación.

d) Respecto de lo consultado cuál sería el cálculo desde el 1 de enero de 2010, hasta la fecha del requerimiento, cabe indicar que la solicitud original señalaba los contratos desde el 2010 en adelante, sin precisar alguno en particular, por lo que el universo de horas indicado en la resolución denegatoria, no varía.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto de este reclamo se circunscribe a la insatisfacción del reclamante con la respuesta de la Dirección General de Obras Públicas, a su solicitud de acceso a la información, por cuanto le denegaron la entrega de lo requerido.

2) Que, la reclamada denegó la entrega de lo solicitado, por cuanto su búsqueda y sistematización significarían una dedicación desproporcionada en desmedro de sus funciones diarias, por lo que se configuraría la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia. Señaló que para entregar lo requerido, habría que recopilar los proyectos de ingeniería de cada contrato y sus posteriores modificaciones, reemplazos, cambios normativos u otras alteraciones en el tiempo de operación de las rutas, revisar el diseño proyectado, de las distintas tipologías, condiciones de las rutas, anchos de trabajo disponible y proyectados en cada sector tramo o singularidad, niveles de contención disponibles, visitas a terreno para toda la extensión instalada de barreras y dispositivos de contención en Chile, y recopilar toda la documentación existente de los certificados que en su momento fueron emitidos por los organismos internacionales que certifican estos elementos, que estén disponibles en el MOP, en las Inspecciones Fiscales o en su defecto en los archivos documentales de las sociedades concesionarias. La disposición de horas - hombre para abordar el requerimiento, sería de 9.640. En sus descargos, señaló que en la solicitud no se distingue si se trata de obras en construcción y/o explotación, por lo que si se considera a los contratos desde el 2010 a la fecha, se deben incorporar además los anteriores a ésta fecha, que si bien se suscriben previamente, siguen en operación y bajo fiscalización del MOP. En su respuesta a la gestión oficiosa de esta Corporación, la DGOP aclaró que el cálculo de tiempo alegado fue efectuado en atención al período sobre el cual se requirió información, y reiteró que lo solicitado no se encuentra estandarizado en el MOP a nivel del detalle requerido.

3) Que, respecto a la alegación del órgano de distracción indebida de sus funcionarios, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, cabe señalar que atendido lo alegado por la DGOP en su respuesta, en sus descargos, y a propósito de la gestión oficios de esta Corporación, queda en evidencia que la labor de búsqueda y sistematización de la información solicitada, implicaría entre otros, recopilar los proyectos de cada contrato y sus posteriores modificaciones, reemplazos, cambios normativos u otras alteraciones de operación de las rutas, revisar el diseño proyectado, de las distintas tipologías, condiciones de las rutas, anchos de trabajo disponible, y recopilar toda la documentación existente de los certificados que en su momento fueron emitidos por los organismos internacionales que certifican estos elementos, que estén disponibles en el MOP, en las Inspecciones Fiscales o en su defecto en los archivos documentales de las sociedades concesionarias, lo que implicaría disponer de 9.640 horas - hombre de trabajo.

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

6) Que, atendido lo dicho, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente, como en el numeral 3°, de lo expositivo, son de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dicha Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.

7) Que, en virtud de los fundamentos expuestos, se rechazará el amparo presentado por don Rolando Garcés Núñez en contra de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas.

8) Que, respecto de la alegación de la reclamada sobre la competencia de quien suscribió la respuesta denegatoria, cabe señalar que ésta ha sido suscrita por el Director General de Obras Públicas, dirección a la cual se encuentra integrada la unidad de Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. Luego, dicha resolución fue dictada por su autoridad máxima, su Director General, por lo cual posee la competencia requerida para ello. En virtud de lo expuesto, se rechazará el amparo en este punto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Rolando Garcés Nuñez en contra de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y por haber sido dictada la resolución denegatoria por la autoridad competente para ello, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rolando Garcés Nuñez y al Sr. Director General de Obras Públicas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.