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Esteban Jonas Salazar Ávila con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C3177-16

Consejo para la Transparencia, 12/01/2017

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "Base de datos de la tabla 2.2 Identificación de Afiliados, Pensionados y Fallecidos, con fecha y AFP respectiva (datos mensuales 2003 a 2015). El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acredito de manera suficiente la causal de secreto invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3177-16

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones (SP).

Requirente: Esteban Jonas Salazar Ávila.

Ingreso Consejo: 15.09.2016.

En sesión ordinaria N° 769 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3177-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de agosto de 2016, don Esteban Jonas Salazar Ávila, solicitó a la Superintendencia de Pensiones, la siguiente información: "Base de datos de la tabla 2.2 Identificación de Afiliados, Pensionados y Fallecidos, con fecha y AFP respectiva (datos mensuales 2003 a 2015).

Favor eliminar: Tipo de registro X(01), N° correlativo 9(05), RUT del Afiliado, pensionado o fallecido 9(08), Dígito verificador X(01), Apellido paterno X(20), Apellido materno X(20)".

2) RESPUESTA: Por medio de oficio N° 23.342, de fecha 14 de septiembre de 2016, el órgano señaló en resumen que el procedimiento de envío por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones de la Base de Datos indicada en el requerimiento, fue suspendido por esta Superintendencia a partir del mes de diciembre de 2011. Sin embargo, este Organismo tiene a disposición de afiliados y público en general mediante su acceso a bases de datos públicas, una muestra representativa de la historia previsional administrativa de afiliados activos, pensionados y fallecidos, que esta Superintendencia actualizó a partir de la base de datos de afiliados y cuya última publicación corresponde a la versión del año 2013, la cual usted podrá consultar en la siguiente referencia electrónica: http://www.spensiones.cl/apps/admusuarioswww/bdpDEST/suscripcionInvestigador.php.

3) AMPARO: El 15 de septiembre de 2016, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Adminstracion del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, agregando que lo requerido existe, no interesándole las creaciones estadísticas de personas mentirosas, la cual es podrida y perversa.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° 10.039, de fecha 11 de octubre de 2016.

Posteriormente, por medio de ordinario N° 27.393, de 21 de octubre de 2016, reiterando su respuesta anotada en el numeral 2°, anterior, agregó en síntesis, que se ha singularizado debidamente la forma de acceso a los soportes documentales en que la Superintendencia contiene la información disponible, en tanto que la información solicitada por el requirente, no existe en poder del órgano, razón por la que en este caso no se aplicaron causales constitucionales o legales de secreto o reserva.

Finalmente, indicó que si bien la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas el derecho a presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, también exige que tales peticiones se realicen en términos respetuosos y convenientes, por lo que no resulta adecuado que por medio del amparo ingresado a ese Consejo el reclamante formule una acusación de carácter grave en contra de los funcionarios de esta Superintendencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información singularizada en el numeral 1°, de lo expositivo. Al efecto, el órgano precisó en primer lugar que el procedimiento de envío por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones de la base de datos indicada en el requerimiento, fue suspendido por esta Superintendencia a partir de diciembre de 2011. Por otra parte, indicó un link en donde acceder a una muestra representativa de la historia previsional administrativa, señalando finalmente, que lo pedido no existe en poder del órgano.

2) Que, de la respuesta de la Superintendencia se colige, que las administradoras de fondo de pensiones, enviaron a la Superintendencia las bases de datos solicitados por el requirente, hasta diciembre de 2011, y que actualmente sólo obra en poder del órgano una muestra representativa de la historia previsional administrativa. Sin embargo, no se explica por qué razón, habiendo recibido dentro de una época determinada bases de datos -que son requeridos en este amparo-, no obran estos en su poder, contando únicamente con información estadística.

3) Que, conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio.

4) Que, en mérito de lo anterior, se acogerá el presente amparo, ordenándose al órgano hacer entrega de lo requerido en el numeral 1°, de lo expositivo, debiendo omitir los datos singularizados por el requirente, como asimismo, tarjar, si es que los hubiera, aquellos datos personales de contexto incorporados en los informes respectivos -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. O en su caso, acredite de forma fehaciente y detallada que, efectuadas las búsquedas, o bien, en caso de no obrar ésta en su poder, indique los motivos concretos que justifiquen y fundamenten su inexistencia, conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

5) Que, finalmente, este Consejo debe hacer presente al reclamante que en lo sucesivo, se abstenga de realizar juicios o afirmaciones sobre aspectos o materias que no son de competencia de este Consejo en contra de cualquier órgano del Estado, respecto de los cuales recurra de amparo ante esta Corporación, en el entendido de que en el procedimiento de acceso a la información pública, como en cualquier otro procedimiento administrativo, las actuaciones realizadas en él, se deben realizar en términos respetuosos y convenientes, tal como prescribe la Constitución Política de la República. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que lo estime pertinente, el requirente tiene a salvo sus derechos para los efectos de deducir las acciones o interponer los recursos que en Derecho correspondan, ante las autoridades u organismos competentes.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Esteban Jonas Salazar Ávila, en contra de la Superintendencia de Pensiones, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente decisión.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones que:

a) Entregue al solicitante, dase de datos de la tabla 2.2 Identificación de Afiliados, Pensionados y Fallecidos, con fecha y AFP respectiva (datos mensuales 2003 a 2011), eliminando Tipo de registro X(01), N° correlativo 9(05), RUT del Afiliado, pensionado o fallecido 9(08), Dígito verificador X(01), Apellido paterno X(20), Apellido materno X(20), tarjando también, si es que los hubiera, aquellos datos personales de contexto incorporados en los informes respectivos -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-. O en su caso, acredite de forma fehaciente y detallada que, efectuadas las búsquedas, o bien, en caso de no obrar ésta en su poder, indique los motivos concretos que justifiquen y fundamenten su inexistencia, conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Esteban Jonas Salazar Ávila y al Sr. Superintendente de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.