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Eduardo Rojas Araya con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE COQUIMBO Rol: C4124-16

Consejo para la Transparencia, 27/02/2017

Se dedujo amparo en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "copia, base de datos o similar que contenga detalle de predios regularizados vía Ley 2.695 y por otra vía, correspondiente a la Comuna de Punitaqui. Que incluya Rol, año regularización, Propietario actual. A lo anterior, sumar detalle de propiedades en vías de regularización para la misma comuna". El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de la información relativa al propietario actual de los bienes raíces regularizados,.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Bienes Públicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4124-16

Entidad pública: SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo

Requirente: Eduardo Rojas Araya

Ingreso Consejo: 12.12.2016

En sesión ordinaria N° 779 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4124-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de noviembre de 2016, don Eduardo Rojas Araya solicitó a la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, "copia, base de datos o similar que contenga detalle de predios regularizados vía Ley 2.695 y por otra vía, correspondiente a la Comuna de Punitaqui. Que incluya Rol, año regularización, Propietario actual. A lo anterior, sumar detalle de propiedades en vías de regularización para la misma comuna".

2) RESPUESTA: El 29 de noviembre de 2016, la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo denegó el acceso a la información requerida en virtud de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, limitándose a reproducir la antedicha norma.

3) AMPARO: El 12 de diciembre de 2016, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Al efecto, señala que el Servicio debe mantener una base de datos de las regularizaciones realizadas, dado que se han emitido informes que incluyen estadísticas de los programas, como por ejemplo, el Informe final de evaluación programa de regularización de títulos de dominio que adjunta, y aquel disponible en http://www.gob.cl/cuenta-publica/2016/sectorial/2016_sectorial_ministerio-bienes-nacionales.pdf.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el amparo, y mediante Oficio N° 12.800, de 27 de diciembre de 2016, notificó y confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, a fin de que presente sus descargos u observaciones.

El órgano reclamado, por medio de Ord. N° 191, de 02 de febrero de 2017, ingresado con fecha 07 de febrero de 2017, evacuó sus descargos u observaciones, señalando en síntesis, que la implementación del sistema computacional del Ministerio de Bienes Nacionales, que podría facilitar la labor de obtener la información requerida data del año 2013 y el decreto ley N° 2.695 entró en vigencia el año 1979, por lo que mucha de ella se encuentra sólo en formato papel y enviada a archivo. Incluso, aun cuando toda la información se encontrase disponible en formato digital, realizar una selección de misma con todo lo pedido conllevaría un trabajo que, a su juicio, justifica igualmente, la causal de reserva invocada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por parte de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento está dirigido a obtener acceso a una base de datos u otro similar que contenga, por una parte, el detalle de los predios regularizados vía decreto ley N° 2.695, de 1979 -que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella-, u otra vía, en la comuna de Punitaqui (que incluya como parámetros el rol, año de regularización y propietario actual), y por otra, el detalle de las propiedades en proceso de regularización, en la misma comuna. Al respecto, en su respuesta, el órgano denegó la entrega de la información fundado en la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales».

3) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

4) Que, respecto de la interpretación de la hipótesis de reserva invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, este estándar no ha sido demostrado por el órgano reclamado.

6) Que, en el procedimiento de acceso a la información en comento, la requerida no ha acompañado antecedentes suficientes que permitan a este Consejo estimar plausible su alegación y sostener de dicho modo, que por el hecho de divulgarse la información pedida en los términos planteados, se distraerá a sus funcionarios del debido cumplimiento de sus funciones. En efecto, dicho organismo en su respuesta se limitó a reproducir la causal de reserva invocada; y luego, en sus descargos, a indicar que la implementación del sistema computacional del Ministerio de Bienes Nacionales, que podría facilitar la labor de obtener la información requerida data del año 2013 y el decreto ley N° 2.695 entró en vigencia el año 1979, por lo que mucha de ella se encontraría sólo en formato papel y enviada a archivo, e incluso, si estuviese disponible en formato digital toda la información, realizar una selección de misma de conformidad a lo pedido, conllevaría un trabajo que igualmente justificaría la causal de reserva invocada. Con todo, no indicó cual es el volumen de informacion a revisar, los funcionarios que dispondría para realizar dicha tarea, tiempo estimado o costo de oportunidad en dicha labor, u otro antecedente que permitiese a esta Corporación dar por acreditada la causal de reserva en que funda la denegación de acceso.

7) Que, sin perjuicio de lo anterior, respecto de aquella parte de la solicitud relativa al "propietario actual" del o los predios regularizados, tratándose de un dato que difícilmente obre en poder de la reclamada, toda vez que dicha información es de competencia del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle de la IV Región de Coquimbo, corresponde rechazar el amparo en este punto. No obstante lo cual, se ordenará a la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, en virtud del principio de máxima divulgación y facilitación previstos en las letras d) y f), respectivamente, del artículo 11 de la Ley de Transparencia, hacer entrega al reclamante del nombre de la persona a quien se concedió, en su momento, la regularización del o los predios a que se refiere la solicitud.

8) Que, en consecuencia, corresponde acoger parcialmente el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Eduardo Rojas Araya, de 12 de diciembre de 2016, en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo; rechazándolo respecto de la información relativa al propietario actual de los bienes raíces regularizados, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo:

a) Hacer entrega al reclamante de la base de datos u otro similar que contenga el detalle de los predios regularizados vía decreto ley N° 2.695, de 1979, u otra vía, en la comuna de Punitaqui, que incluya como parámetros el rol, año de regularización y nombre de la persona a quien se concedió la regularización, y el detalle de las propiedades en proceso de regularización, en la misma comuna.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Eduardo Rojas Araya, y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.