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Cecilia Derpich Canessa con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C3681-16

Consejo para la Transparencia, 27/02/2017

Se dedujo amparo en contra de la Tesorería General de la República, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a "conocer si las siguientes personas públicas - todos ellos candidatos a alcalde de diferentes comunas del país- mantienen deudas morosas con el Estado registradas en Tesorería, o bien las mantenían al 30 de agosto de 2016. En caso de mantenerlas, pido acceso al desglose de estas (tipo de formulario, monto y fecha). y, de haber sido saldadas, solicito conocer cuándo se saldó y si fue vía pago total o condonación". El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3681-16.

Entidad pública: Tesorería General de la República.

Requirente: Cecilia Derpich Canessa.

Ingreso Consejo: 28.10.2016.

En sesión ordinaria N° 778 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C3681-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 20 de septiembre de 2016, doña Cecilia Derpich Canessa solicita a la Tesorería General de la República "conocer si las siguientes personas públicas - todos ellos candidatos a alcalde de diferentes comunas del país- mantienen deudas morosas con el Estado registradas en Tesorería, o bien las mantenían al 30 de agosto de 2016. En caso de mantenerlas, pido acceso al desglose de estas (tipo de formulario, monto y fecha). y, de haber sido saldadas, solicito conocer cuándo se saldó y si fue vía pago total o condonación".

2) RESPUESTA: La Tesorería General de la República, mediante ordinario N° 4.158, de fecha 14 de octubre de 2016, informan que debido a que la publicidad de las deudas por las que consulta, puede afectar los derechos de terceros de carácter comercial y económico, como asimismo la esfera de su vida privada, procedieron a notificar a las 27 personas consultadas, de aquellas 4 se opusieron en tiempo y forma, 10 no se pronunciaron y 13 no pudieron ser notificados, por no encontrarse en el domicilio, tener desactualizada su dirección, entre otros motivos. Respecto de los primeros, no procede entregar lo pedido por no contar con su expresa autorización. Por su parte, aquellos que fueron notificados y no dieron respuesta a la solicitud, entienden que no acceden a la publicidad de su información por tratarse de datos sensibles, de acuerdo a lo señalado en el punto 2.4. de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre procedimiento administrativo de acceso a la información - en adelante Instrucción General N° 10-. Finalmente, en cuanto a los candidatos que no pudieron ser notificados, tampoco es posible acceder a la entrega de la información requerida, de acuerdo al mandato constitucional previsto en el inciso segundo del artículo 5, y de conformidad al artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en relación a lo señalado en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que su publicidad, comunicación o conocimiento afecta los derechos de las personas respecto de las cuales se consulta, particularmente, la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter comercial o económicos.

3) AMPARO: Con fecha 28 de octubre de 2016, doña Cecilia Derpich Canessa deduce amparo a su derecho de acceso en contra de la Tesorería General de la República, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información, precisando que "dicha información resulta relevante para los ciudadanos, la opinión pública y los votantes, quienes tienen derecho a ejercer su sufragio de manera informada".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Tesorero General de la República, mediante oficio N° 11.236, de fecha 14 de noviembre de 2016. El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, por medio de oficio ordinario N° 4.386, de fecha 24 de noviembre de 2016, reiterando lo señalado en su respuesta, para posteriormente, señalar que sobre esta materia "resulta pertinente señalar que en el libro Transparencia y Sociedad N° 3 don Jorge Jaraquemada, en su artículo sobre Afectación de Vida Privada como Límite al Acceso a la Información, página 40, señala: "resulta forzoso concluir que los efectos de la regla de oposición contemplada por el artículo 20 de la Ley de Transparencia ceden, en caso de silencio del tercero, ante la regla especial del artículo 4 de la ley N° 19.628, atendida su especialidad y el carácter secreto que les reconoce el artículo 7 de la ley N° 19.628. Es decir, notificado el titular de los datos, si éste no se pronuncia, en vez de entenderse que consiente en la entrega de información relativa su persona, se entiende que y, por ende, que no ha existido la manifestación de consentimiento expreso que demanda la Ley sobre Protección de la Vida Privada para que un tercero pueda acceder a esos datos".

Finalmente, hacen presente que la información de carácter oficial sobre la morosidad de un determinado contribuyente se entrega solo por la Tesorería General de la República, siendo improcedente efectuarla a un tercero, sin la autorización expresa de su titular, de conformidad a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Este Consejo, mediante oficios N° 11.235, N° 12.013, N° 12.013, N° 12.014, N° 12.015, N° 12.016, N° 12.017, N° 12.180, N° 12.019, N° 12.020, N° 12.021, de fechas 14 y 30 de noviembre de 2016, respectivamente, notifica el amparo y confiere traslado a los terceros a quienes se refiere la información solicitada, con el fin de que presenten sus descargos y observaciones, especialmente, hacer mención expresa de los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de lo requerido.

Mediante carta ingresada con fecha 7 de diciembre de 2016, don Luis Plaza Sánchez, reitera su oposición a la entrega de la información, en virtud de lo establecido en los artículos 20 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, el artículo 7 de la ley N° 19.628 y en el punto 2.4. de la Instrucción General N° 10.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información por parte de la Tesorería General de la República, por considerar que los antecedentes requeridos se tratan de datos personales, respecto de los cuales no existe autorización expresa de sus titulares para entregárselos al reclamante, en atención a lo dispuesto en la ley N° 19.628 en relación con la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, cabe hacer presente que según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C2750-14, la información requerida, esto es, antecedentes relacionados con los morosos de deudas tributarias, se refieren a antecedentes de carácter personal de los contribuyentes, motivo por el cual sería reservada según lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo preceptuado en la ley N° 19.628, y lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en causa sobre recurso de queja rol N° 4681-2013, de 26 de noviembre de 2013.

3) Que, efectivamente, ante requerimiento de similar contenido, el máximo tribunal señaló que "es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información requerida (...) puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los deudores comprometidos". Agregó, que "la Municipalidad recurrente, en cuanto organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual no solo está habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, como para intentar una reclamación como la de autos, porque como se ha dejado apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico que pudieran afectar su honra" (considerandos 12° y 13).

4) Que, a juicio de este Consejo, lo señalado por la referida magistratura, se aviene fielmente a la esfera de protección de la vida privada que el constituyente como el legislador han fijado en la Constitución Política de la República como en las Leyes de Transparencia y Protección de la Vida Privada. En efecto, dichos cuerpos normativos han establecido un régimen de protección de los datos personales que obran en poder de los órganos de la Administración, a partir de la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N° 4, sobre el respeto a la vida privada y la honra de la persona y su familia. Luego, la comunicación de los datos requeridos a la luz de lo dispuesto en los citados cuerpos normativos, resulta improcedente.

5) Que, en concordancia con lo señalado precedentemente, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia sobre reclamación de ilegalidad Rol N° 6.531-2014, de 26 de enero de 2015, indicó que "la vida privada es un atributo del individuo en sociedad, que deriva precisamente de la concepción de la privacidad como un atributo de la personalidad. De este modo, el derecho a la vida privada se traduce en una materialización u objetivación de la privacidad sustancial, del derecho al yo, de la persona. [Por tal razón] si se entiende la privacidad como una manifestación jurídica de la dignidad y respeto que se debe a todo individuo de la especie humana, es posible considerar que se traduce en la reserva del yo - con todas sus connotaciones - a espacios reducidos, seleccionados por el sujeto. De allí que pueda definírsela como ‘la posición de una persona o entidad colectiva personal en virtud de la cual se encuentra libre de intromisiones o difusiones cognoscitivas de hechos que pertenecen a su interioridad corporal y psicológica o a las relaciones que ella mantiene o ha mantenido con otros, por parte de agentes externos que, sobre la base de una valoración media razonable, son ajenos al contenido y finalidad de dicha interioridad o relaciones’".

6) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, por resultar aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo preceptuado en la ley N° 19.628, se rechazará el presente amparo. En el mismo sentido, resolvió este Consejo los amparos roles C1269-16 y C2749-16.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Cecilia Derpich Canessa, en contra de la Tesorería General de la República, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Cecilia Derpich Canessa, al Sr. Tesorero General de la República y a los terceros interesados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.