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Carlos Figueroa González con CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA Rol: RA141-09

Consejo para la Transparencia, 16/11/2010

Se ha deducido recurso de reposición administrativo en contra de la decisión A141-09. El Consejo estimó que procede a rechazarse el recurso de reposición interpuesto por, ya que lo dicho no añade nuevos antecedentes que valorar y que conlleven a modificar lo decidido al respecto y, en cambio, acoger el recurso de reposición interpuesto por el Subsecretario de Telecomunicaciones, en el sentido de ampliar el plazo de entrega de la información requerida, previo pago de los costos directos de reproducción y tarjando la información relativa a los terceros, de acuerdo a lo dispuesto en la decisión recurrida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Recursos Administrativos


Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

REPOSICIÓN AMPARO A141-09

En sesión ordinaria N° 199 de su Consejo Directivo, celebrada el 16 de noviembre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del recurso de reposición administrativo deducido en contra de la decisión recaída en el amparo Rol A141-09, de 16 de octubre de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59 de la Ley N° 19.880, de 2003.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) DECISIÓN RECURRIDA: El 16 de octubre de 2009, en la sesión ordinaria N° 94 de su Consejo Directivo, este Consejo se pronunció sobre el amparo por denegación al acceso de información, Rol A141-09, deducido por don Carlos Figueroa González en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (en adelante SUBTEL) y resolvió acogerlo parcialmente, por las consideraciones expuestas en el acuerdo, requiriendo al Subsecretario de la SUBTEL que entregara las resoluciones de los permisos de servicios limitados de radiocomunicaciones al reclamante tarjando los datos personales de las personas naturales, en conformidad con la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección a la vida privada, y los pares de frecuencia asignados en virtud de los permisos de servicios limitados de radiocomunicaciones otorgados, así como toda referencia a su instalación, operación y explotación del servicio limitado autorizado y sus características técnicas, dentro de un plazo 30 días hábiles bajo el apercibimiento de proceder en conformidad con los artículos 46 y siguientes de la Ley de Transparencia. Mediante Oficio N° 83, de 22 de enero de 2010 y despachado con la misma fecha, este Consejo notificó por carta certificada dicha decisión al reclamante y al reclamado.

2) REPOSICIÓN DE DON CARLOS FIGUEROA GONZÁLEZ: Mediante presentación de 29 de enero de 2010, don Carlos Figueroa González, ha deducido, dentro de plazo legal, recurso de reposición administrativo en contra de la decisión ya individualizada, por los argumentos que se pasan a expresar:

a) La decisión recurrida implica una seria limitación al acceso a información relevante de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la administración sobre el espectro radioeléctrico, toda vez que su publicidad, comunicación o conocimiento no afecta derechos de las personas ni respecto de su seguridad, ni su salud, ni la esfera de su vida privada ni sus derechos de carácter comercial o económico. La decisión no se ajusta a la Ley de Transparencia, pues no señala un fundamento legal específico para restringir parcialmente el acceso a la información relativa a un bien de dominio público, transgrediéndose el principio de la función pública que consiste en respetar y cautelar el principio de publicidad y el artículo 5° de la Ley.

b) Con anterioridad a 1992, las resoluciones relativas a los permisos de servicios limitados de radiocomunicaciones debían someterse al trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República. En consecuencia, muchas de las resoluciones que se solicitan pueden accederse en la Biblioteca del ente contralor.

c) Lo anterior, refutaría el argumento principal de la SUBTEL en cuanto a que los permisos de servicios limitados que otorga son información privada. El hecho de que la comunicación sea expedita y sin interferencias entre los permisionarios, no depende de si la información contenida en las resoluciones solicitadas es o no pública.

d) Es exagerado pretender que, debido a que existen ciertas entidades respecto de las cuales la entrega de la información requerida podría afectar sus derechos, se extienda dicho argumento a todos los permisionarios.

e) El legislador no busca ocultar la información referida a las frecuencias de radiocomunicaciones, salvo en casos en que el propio permisionario lo solicite. Esto se vería ratificado en el considerando 3° de la decisión recurrida: “Que, por su parte, es efectivo que las resoluciones que otorgan los permisos de servicios limitados de telecomunicaciones no se publican en el Diario Oficial, pues la Ley General de Telecomunicaciones y su normativa reglamentaria han eximido de esta carga a sus titulares. En todo caso, dicha exención no puede justificarse por el interés estrictamente particular de dichos servicios, pues su explotación implica la utilización de un bien de dominio público, cuya administración debe ejercerse con criterios estrictamente técnicos, igualitarios y eficientes”.

f) La Ley N° 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo 36 B, en sus letras b), c) y d) tipifica el delito de la interferencia de frecuencia de radio: “b) El que maliciosamente interfiera, intercepte o interrumpa un servicio de telecomunicaciones, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y el comiso de los equipos e instalaciones. c) El que intercepte o capte maliciosamente o grave sin la debida autorización, cualquier tipo de señal que se emita a través de un servicio público de telecomunicaciones, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 50 a 5.000 UTM. d) La difusión pública o privada de cualquier comunicación obtenida con infracción a lo establecido en la letra precedente, será sancionada con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 5.000 UTM”.

g) La tecnología actual permite, con mayor o menor dificultad, la escucha de cualquier sistema de telecomunicaciones que se realice por el espectro radioeléctrico. Por ejemplo, los fiscales del Ministerio Público pueden impartir órdenes para interceptar teléfonos celulares cuya tecnología es mucho más avanzada que los equipos de radiocomunicaciones. Por tanto, la solución para asegurar las comunicaciones de los permisionarios no pasa por no entregar la información, sino más bien por el establecimiento de sistemas de encriptación o de codificación del lenguaje, como lo hace Carabineros de Chile. Esto se encuentra plasmado en la decisión recurrida, en su considerando 6°1, en cuanto a que existen como medios de protección ex post, la inviolabilidad de las comunicaciones (artículo 19 N° 5 de la Constitución), cuya vulneración se encuentra penalizada en la Ley General de Telecomunicaciones.

h) El concepto de exclusividad de las frecuencias que utiliza la SUBTEL para justificar la privacidad “tiende a confundir al Consejo” toda vez que, por ejemplo, el estacionamiento del presidente de la Corte Suprema es exclusivo en consideración a su calidad, pero “todos lo podemos ver cuando estaciona y cuando se va, es decir la exclusividad no está reñida (con) que el estacionamiento sea (de conocimiento) público”. Las frecuencias pueden ser exclusivas para las empresas y servicios, pero a pretexto de cautelar su seguridad no corresponde denegar el acceso a la información relativa a un bien de dominio público.

i) La información que se ha ordenado tarjar por este Consejo es esencial para definir un sistema de telecomunicación, como lo son las frecuencias, los tonos subaudibles, el tipo de emisión, ganancias de las antenas y su cantidad, ubicación y zona de servicio de las estaciones, entre otros aspectos, lesionando gravemente la fiscalización social que permitiría establecer la real eficiencia con criterios técnicos e igualitarios de la administración y gestión de un bien nacional de uso público y de relativa escasez que lleva a cabo la SUBTEL respecto del espectro radioeléctrico.

j) En conclusión, solicita que se acoja en todas sus partes el recurso y que se enmiende la decisión recurrida, disponiendo que la SUBTEL entregue toda la información requerida, salvo aquélla protegida por la Ley N° 19.628. Si este Consejo decidiera mantener la decisión, solicita que sólo se tarje la información técnica relativa a las empresas relacionadas con la seguridad y transportes de valores.

3) NOTIFICACIÓN A LA SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES: Este Consejo notificó al Subsecretario de Telecomunicaciones la interposición del recurso de reposición de don Carlos Figueroa González a través del Oficio N° 452, de 10 de marzo de 2010, para los efectos del art. 55 de la Ley Nº 19.880. La autoridad, a través de Ord. N° 1568, de 19 de marzo, hizo presente que:

a) Dentro de los permisionarios de los servicios limitados de telecomunicaciones, hay órganos de la Administración del Estado, Bomberos, empresas de seguridad, empresas de servicios básicos, entre otros, quienes efectúan procesos delicados y de relevancia social que pueden ser vulnerados al provocarse una interferencia o mala utilización de la frecuencia sobre la que se otorgaron los respectivos permisos.

b) La importancia de los permisos de servicios limitados de telecomunicaciones para ciertas empresas se refleja en que en forma extendida y, atendida la naturaleza de las funciones que desarrollan, se han solicitado a la SUBTEL frecuencias de carácter exclusivo que ésta ha otorgado a varios permisionarios. La finalidad de la entrega de permisos con asignación de frecuencia de carácter exclusivo obedece a la necesidad de que la frecuencia se encuentre siempre disponible para el permisionario, evitando las interferencias de las comunicaciones o los malos usos, en resguardo de la seguridad y privacidad de las comunicaciones.

c) De la decisión recurrida se desprende que este Consejo ha velado por los derechos e intereses de terceros, teniendo en consideración la seguridad de las comunicaciones de los permisionarios que pudiesen verse afectadas con la entrega de la información.

d) En cuanto a que la decisión recurrida no se ajusta a derecho, como asevera el recurrente, la Ley de Transparencia establece en su artículo 21 las causales de secreto o reserva, en virtud de las cuales se puede denegar parcial o totalmente la información requerida, siendo una de ellas la relativa a la afectación de derechos de las personas (artículo 21 N° 2).

e) Con respecto a que este Consejo ha ordenado tarjar información relevante que lesiona la fiscalización del sistema de telecomunicaciones, la causal de reserva legal invocada en el procedimiento por medio de la cual se protegen los derechos de los terceros, en especial en relación con su seguridad y con los datos personales de los permisionarios, se ajusta plenamente al principio de proporcionalidad, lo que se traduce en que las limitaciones al derecho de acceso a la información, en este caso, deben propender a resguardar objetivos legítimos, en atención a que su divulgación constituye una amenaza de causar sustancial perjuicio al objetivo protegido que, a su vez, debe superar el interés público que protege la presunción de apertura y que exige develar la información. En este sentido, cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Claude Reyes contra Chile”, de 2006, en la que se reconoce que existen restricciones al derecho de acceso a la información, en los términos ya planteados.

f) Por lo tanto, se colige el buen uso de la causal de reserva que este Consejo ha dado con la finalidad de proteger los derechos de terceros involucrados, en desmedro del derecho de acceso a la información del recurrente, habida consideración del perjuicio que podría causar la entrega de las resoluciones, en forma íntegra.

4) TÉNGASE PRESENTE DE DON CARLOS FIGUEROA GONZÁLEZ: El 18 de febrero de 2010, el recurrente solicitó a este Consejo que fuera recibido en audiencia para aclarar los alcances de los argumentos esbozados en su recurso de reposición. Lo anterior, con el fin de iluminar temas altamente técnicos, como lo son las telecomunicaciones, su terminología y sus alcances, pues conlleva un alto interés público.

5) REPOSICIÓN DEL SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES: Mediante Ord. N° 0627, recibido el 3 de febrero de 2010, el Subsecretario de Telecomunicaciones, ha deducido, dentro de plazo legal, recurso de reposición administrativo en contra de la decisión individualizada en el apartado 1° anterior, por los siguientes argumentos:

a) Solicita revocar la decisión recurrida en lo que dice relación con el plazo de 30 días hábiles para cumplir con la entrega de la información a don Carlos Figueroa González.

b) El requerimiento del reclamante, desde el comienzo, se refirió a un elevado número de actos administrativos, cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, en conformidad con el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia y el artículo 7° N° 1, letra c), de su Reglamento.

c) Lo anterior se ve agravado por el acuerdo adoptado por este Consejo en el caso, pues se ha requerido a la SUBTEL tarjar los datos personales de las personas naturales y los pares de frecuencia asignados en virtud de los permisos de servicios limitados de radiocomunicaciones otorgados, así como toda referencia a su instalación, operación y explotación del servicio limitado autorizado y sus características técnicas. Se haría más evidente, entonces, que los funcionarios que deben destinarse para encontrar, clasificar, tarjar y fotocopiar los antecedentes requeridos se encontrarían impedidos de realizar dichas labores dentro del plazo fijado en la decisión recurrida.

d) La tarea ordenada implica destinar a funcionarios profesionales para realizarla, atendiendo a los antecedentes que se deben tarjar de las resoluciones, pues se trata de información altamente sensible y que requiere de conocimientos técnicos. Al respecto, la unidad de permisos de servicios limitados de radiocomunicaciones, cuenta con una dotación de tres funcionarios para el ejercicio total de las funciones que les asigna la legislación, quienes no podrán ser destinados en su totalidad para satisfacer la solicitud particular que es objeto de la decisión recurrida, en atención a que tal empresa significaría para la SUBTEL distraer indebidamente de sus funciones a dicha unidad, paralizando completamente y por un lapso prolongado la tramitación de sus procesos en curso.

e) Debiendo resguardarse los derechos de terceros y queriendo a cumplir a cabalidad con la decisión de este Consejo, si se destina un funcionario para realizar dicha labor resulta materialmente imposible cumplirla en el plazo de 30 días hábiles.

f) Haciendo un ejercicio del tiempo necesario para dar cumplimiento a lo ordenado, la SUBTEL inserta en su recurso un cuadro que detalla la estimación de tiempo, costo de procesamiento y tarjado de las resoluciones requeridas y que se reproduce a continuación:

Cantidad de resoluciones

20.000

Promedio de hojas por resolución

5

Cantidad de fotocopias por hoja

2

Tiempo estimado en 25 hojas (min)

60

Cantidad total hojas resoluciones

100.000

Cantidad total fotocopias

200.000

Tiempo total (horas/hombre)

8.000

Tiempo total (días/hombre)

1.000

Tiempo total (años/hombre)

4,16

Funcionarios

1

Costo fotocopias ($12 c/u)

$2.400.000

g) De acuerdo a lo expuesto, la SUBTEL no se encontraría en condiciones de cumplir con lo ordenado. Sin embargo, considerando el uso de recursos extraordinarios y otros, solicita que se modifique la decisión recurrida, dictando un nuevo plazo para la entrega de la información a don Carlos Figueroa González, que no sea menor a 240 días hábiles (más de 8 meses aproximadamente). Con el objeto de acreditar los argumentos que fundan la solicitud anterior, pide la creación de una comisión de visita, un peritaje técnico o una inspección de este Consejo, lo que sería imprescindible para que éste se forme un criterio in situ de lo que implica dar cumplimiento a lo ordenado.

h) En cuanto a los costos de reproducción, solicita que don Carlos Figueroa González consigne en forma previa el monto al que ascienden los costos de reproducción, atendido el volumen de la información solicitada y el costo de la misma, pues en más de alguna oportunidad la SUBTEL, en conformidad con el artículo 18 de la Ley de Transparencia, ha reproducido información que nunca ha sido retirada, debiendo costearse la reproducción con la duplicidad de información y el despilfarro de la asignación de recursos que ello conlleva.

6) NOTIFICACIÓN A DON CARLOS FIGUEROA GONZÁLEZ: Este Consejo notificó a don Carlos Figueroa González la interposición del recurso de reposición del Subsecretario de Telecomunicaciones a través del Oficio N° 451, de 10 de marzo de 2010, para los efectos del art. 55 de la Ley Nº 19.880. También fue notificado personalmente, en conformidad con el artículo 46, inciso 3°, de la Ley N° 19.880, sin embargo no evacuó el traslado conferido.

7) TÉNGASE PRESENTE DEL SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES: Mediante Ord. N° 2763, de 2 de junio de 2010, la autoridad recurrente hizo presente los siguientes argumentos, con el fin de que se tuvieran en consideración al momento de fallar el recurso de reposición:

a) Acompaña siete resoluciones que otorgan permisos de servicios limitados de telecomunicaciones, a modo de ilustración, en las cuales se tarjó la información según fue ordenado por este Consejo.

b) Propone que se autorice que la entrega de la información se realice en forma parcializada, de esa forma se podría disminuir la carga de trabajo de los funcionarios de la SUBTEL. La propuesta consiste en la entrega de 4.000 copias de resoluciones por mes, durante un lapso de 5 meses.

c) Destaca el enorme esfuerzo que la SUBTEL está realizando en materia de procesos internos de gestión. En ese sentido, se estaría contemplando la adquisición de un sistema informático de gestión de procesos, con el fin de transparentarlos, de permitir a la ciudadanía consultar en línea sus requerimientos y publicar el espectro de frecuencias.

d) Solicita tener en consideración lo resuelto por este Consejo en el amparo C427-09, de 1° de diciembre de 2009, interpuesto en contra del Ministerio del Interior, mediante el cual se rechazó dicho amparo, acogiéndose la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, pues se estimó que efectivamente se distraía indebidamente a los funcionarios de dicha repartición pública del cumplimiento regular de sus labores habituales, al atender un requerimiento relativo a 10.000 documentos que no se encontraban digitalizados. En el caso, la documentación asciende a 20.000 resoluciones (100.000 documentos en total), en los que además deben ser tarjados los datos técnicos y personales contenidos en ellos. Ello extraña a la autoridad, ya que los argumentos esgrimidos por el Ministerio del Interior, serían los mismos que la SUBTEL ha manifestado en el procedimiento y en su recurso de reposición.

8) AUDIENCIA: El Consejo Directivo, en sesión ordinaria N° 167, de 20 de julio de 2010, decretó que se realizara en el presente caso una audiencia pública, en conformidad con el art. 25, inc. final, de la Ley de Transparencia, con el fin de recibir antecedentes o medios de prueba para adoptar una adecuada decisión. Así, mediante Oficio N° 2.311, de 4 de noviembre de 2010, este Consejo convocó de oficio a las partes a la audiencia que se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2020, a las 11:30 horas. La audiencia pública fue realizada en el día y hora indicados, concurriendo a ella el reclamante, don Carlos Figueroa González y en representación de la SUBTEL, don Aníbal Martínez Troncoso, Abogado de la División Jurídica de la SUBTEL y don Sergio Ulloa Obando, encargado de la Unidad de Servicios Limitados de la División de Concesiones.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, verificándose los presupuestos para su procedencia, este Consejo admitirá a tramitación los recursos de reposición intentados tanto por el reclamante, don Carlos Figueroa González como por el Subsecretario de Telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59 de la Ley N° 19.880, sin perjuicio de lo que se resolverá.

2) Que, una vez admitidos a tramitación, procede determinar únicamente, para los efectos de resolver acertadamente las impugnaciones deducidas por las partes, si los argumentos y antecedentes esgrimidos en sus respectivos recursos resultan o no suficientes para modificar, reemplazar o dejar sin efecto lo resuelto por este Consejo en la decisión recurrida.

3) Que este Consejo acogió en forma parcial el amparo en la decisión recurrida, considerando que si bien las resoluciones que otorgan los permisos de servicios limitados de radiocomunicaciones tienen la naturaleza de información pública, en conformidad con el artículo 8° de la Constitución y con los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, se estimó que a su respecto la divulgación de la información –específicamente aquélla relativa a los pares de frecuencias y a las características técnicas– podría causar daños a los permisionarios, lo que se demostraría claramente en los casos de ciertas entidades públicas y privadas que han pedido frecuencias exclusivas para evitar interferencias indebidas o malos usos por parte de terceros.

4) Que también se consideró que, en el caso, los permisionarios ascendían a casi 5.000 lo que impedía materialmente comunicar, en conformidad con el artículo 20 de la Ley de Transparencia, esta petición y la facultad de oponerse a la entrega de la información a los terceros que podrían ver afectados sus derechos con la divulgación de aquélla. Dada ello este Consejo acordó tarjar en todos los actos administrativos los datos personales de los permisionarios que son personas naturales y que debiesen protegerse aplicando la Ley Nº 19.628 y, además, aquellos pares de frecuencias y otra información técnica cuyo conocimiento podría afectar los derechos de los permisionarios, lo que fue acordado como una medida precautoria.

5) Que la autoridad reclamada invocó la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Que, en este sentido, este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Rol A11-09, de 4 de septiembre de 2009, Rol A45-09, de 28 de julio de 2009 y Rol A59-09, de 6 de abril de 2010, ha aplicado el principio de proporcionalidad. El considerando 10° de la decisión A45-09 dispone que: “(…)Establecido que estamos en presencia de un derecho de rango constitucional la reserva o secreto pasa a limitarlo o restringirlo, por lo que debe respetar el principio de proporcionalidad que supone analizar, conforme señala la doctrina: a) si la medida es eficaz, b) si no existe un medio más moderado para la consecución eficaz del propósito buscado (en este caso, cautelar el secreto) y, por último, c) si de la medida a adoptar (en este caso, el secreto absoluto) derivan más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (…)”( lo destacado es nuestro). En la especie, estamos frente al mismo criterio, en cuanto a que la no divulgación a priori de los pares de frecuencia es una medida que se condice con el principio de proporcionalidad, toda vez que si bien el reclamante señala que existen medios más eficaces, como la encriptación de los pares de frecuencia, para evitar los perjuicios a los que se refiere la SUBTEL (interferencias indebidas o mal uso de las comunicaciones), dicha medida debe ser adoptada por las empresas, las que no son parte de este de este amparo, además de ser un procedimiento de alto costo económico para ellas.

6) Que este Consejo estima que lo señalado por el reclamante, tanto en su recurso como en la audiencia realizada, no es suficiente para modificar el criterio adoptado, en cuanto a que hay un riesgo material significativo para la interferencia, lo que hace aconsejable tarjar la información que pueda afectar los derechos de los terceros y pueda importar un peligro probable a sus comunicaciones.

7) Que, por otra parte, tal como lo indica el reclamante en su recurso de reposición, antes de 1992 –fecha en que se dictó la Resolución N° 55, de la Contraloría General de la República, sobre la toma de razón– las resoluciones que concedían los permisos de servicios limitados de telecomunicaciones se encontraban sometidos al trámite de toma de razón del ente fiscalizador y, por lo tanto, todas las resoluciones que fueron tramitadas antes de la entrada en vigencia de la Resolución N° 55, se encuentran en la Biblioteca de la Contraloría General de la República, pudiendo accederse a ellas fácilmente y en forma íntegra, como lo demuestran los ejemplos citados por el reclamante en su recurso. No obstante, tal como consta en el Oficio N° 14.103/2010, de 17 de marzo de 2010, de Contraloría General de la República, en la que se pronuncia sobre una solicitud de información realizada por el reclamante, en la cual requiere copia de ciertas resoluciones, de los años 1983, 1984 y 1987, que otorgan permiso de servicio limitado de telecomunicaciones, dicho Ente Contralor dio traslado a los terceros interesados, en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, por estimar que sus derechos se podían ver afectados. Respecto de aquellos que se opusieron, la Contraloría entregó las resoluciones requeridas, tarjando cierta información en los mismos términos estipulados en la decisión recurrida.

8) Queno es menor y debe tenerse en consideración que el volumen de información requerida es alto. Por ello, la SUBTEL ha invocado la causal de reserva o secreto contenida en el artículo 21 N° 1, letra c), que establece que la atención del requerimiento distraería indebidamente a los funcionarios del órgano del cumplimiento regular de sus labores habituales.

9) Que esta causal fue argumentada por la SUBTEL en su descargos, señalando entre otros fundamentos que la carga que implicaba la reproducción de 20.000 resoluciones y que “esta Subsecretaría no se encuentra en condiciones de otorgar copia de la información solicitada, menos puede, en virtud del principio señalado (de divisibilidad), tarjar aquellas partes de la información que son reservadas (…)”. Sin embargo, este Consejo en la decisión recurrida indicó en el considerando 10° que: “Que, al respecto, cabe señalar que el hecho que la propia SUBTEL haya acompañado un listado con los permisos de servicio limitado de radiocomunicaciones vigentes a agosto de 2009 supone que dicho organismo tiene perfectamente identificados los actos administrativos que los hayan autorizado. Además, la identificación clara de los actos donde constan los permisos otorgados resulta, en todo caso, necesaria para que la SUBTEL ejerza sus funciones relativas a la adecuada administración y gestión del espectro radioeléctrico, sin que la adecuada sistematización de éstos haga posible desarrollar tal labor a cabalidad. Por último, la propia SUBTEL ha pedido que, en caso que se disponga la entrega de la información, lo haga de un modo y en un plazo adecuados, lo que implica no sólo que la información obra en su poder y que está identificada, sino que está en condiciones razonables de entregarla” (lo destacado es nuestro). Estas consideraciones llevaron a este Consejo a decidir que la SUBTEL entregara la información requerida, salvo los datos personales de las personas naturales y los pares de frecuencias que debían ser tarjados, dentro de un plazo de 30 días hábiles que se estimó razonable.

10) Que, en la especie, se trata de 20.000 actos requeridos(a agosto de 2009), los cuales deben ser reproducidos dos veces, para tarjar debidamente la información, y el plazo de entrega, como lo señaló la SUBTEL, podría acercarse a casi cuatro años (ver cuadro reproducido en el apartado 5°, literal f), de la parte expositiva de esta decisión), indicando que sólo mediante el uso de recursos extraordinarios, se podría entregar la información dentro de casi 9 meses o 5 meses en forma parcializada.

11) Que, no obstante se puede afirmar, incluso, que debido a que la información solicitada se trata de resoluciones que tienen efectos sobre terceros, éstas se deberían encontrar publicadas el sitio web institucional de la SUBTEL, en conformidad con el artículo 7°, letra g), de la Ley de Transparencia, a partir de abril de 2009. No obstante, actualmente, dicha Subsecretaría ha estado publicando dicha información en el enlace correspondiente a “Gobierno Transparente”, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, con la información relativa a los terceros tarjada.

12) Que por esto, este Consejo estima que si bien se trata de un volumen cuantioso de documentos los que deben ser fotocopiados, a costa del solicitante, para responder al requerimiento, de acuerdo a lo prescrito en la decisión recurrida, debido a la relevancia de la información y a que ésta se encuentra debidamente sistematizada por la Subsecretaría reclamada, se mantendrá su decisión en cuanto a que ésta debe ser entregada al reclamante, no obstante, atendidas las alegaciones de la reclamada, accederá a que dicha entrega de realice de forma parcializada, dentro de un plazo de 5 meses, previa consignación de los costos directos de reproducción, tal como lo establecen de manera expresa la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 de este Consejo, sobre costos directos de reproducción.

13) Que sobre esta última alegación del reclamante, en relación a la exigencia de la SUBTEL de consignación previa de los costos directos de reproducción, el inciso 2° del artículo 18 de la Ley de Transparencia establece que la obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en tanto el interesado no cancele los costos y valores a que se refiere el inciso precedente, lo que es reiterado por el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Transparencia que dispone que “La obligación del órgano requerido de entregar la información solicitada se suspende en tanto el interesado no pague los costos y valores a que se refiere el inciso precedente. Si el interesado solicita la información y, posteriormente, no paga los costos y demás valores autorizados por la ley, ni retira la información solicitada dentro de los treinta días siguientes después de haber sido puesta a su disposición, los organismos públicos podrán ejercer las acciones correspondientes en su contra”. Finalmente, y en el mismo tenor, la Instrucción General N° 6 sobre Gratuidad y Costos Directos de Reproducción, establece en sus numerales 6° y 7° que:

a) La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, salvo que el solicitante comunique al órgano requerido que el valor total del costo directo de reproducción de la información que solicita excede el que está dispuesto a solventar, en cuyo caso el órgano o servicio deberá ofrecer las siguientes alternativas a través de una comunicación escrita:

i. Permitir al solicitante que acceda a la información en las dependencias de la entidad para efectos de seleccionar una parte cuya reproducción pueda solventar.

ii. Indicar otra forma y medio para entregar la información que resulte menos onerosa y si el solicitante acepta, se le entregará de esta manera.

b) El acto administrativo que disponga el valor total deberá ser notificado al solicitante y, desde la fecha de la notificación, éste tendrá un plazo de 30 días para efectuar el pago de dicho precio, suspendiéndose el plazo de entrega de la información dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia o el que este Consejo disponga, en su caso. Una vez pagados los costos notificados por el solicitante, seguirá corriendo el plazo de entrega y el órgano o servicio estará obligado a reproducir la información en el soporte correspondiente, poniéndola a disposición dentro del plazo establecido por la Ley o el Consejo.

c) Si el solicitante de la información no paga los costos directos de reproducción dentro del plazo de 30 días, el órgano o servicio no estará obligado a reproducir la información y quedará sin efecto la solicitud de acceso, sin perjuicio de la posibilidad de representar una nueva solicitud o de la aceptación, por parte del órgano o servicio, de un pago posterior.

d) Una vez pagados los costos señalados y puesta a disposición del solicitante la información por el medio indicado, éste tendrá un plazo de 30 días para retirarla, si se dispuso la entrega personalmente, y emitir su conformidad.

14) Que, por último, cabe establecer que los criterios para determinar los costos directos de reproducción se encuentran especificados en dicha Instrucción General, particularmente en su numeral 5°.

15) Que por todo lo señalado precedentemente deberá rechazarse el recurso de reposición interpuesto por el don Carlos Figueroa González, ya que lo dicho no añade nuevos antecedentes que valorar y que conlleven a modificar lo decidido al respecto y, en cambio, acoger el recurso de reposición interpuesto por el Subsecretario de Telecomunicaciones, en el sentido de ampliar el plazo de entrega de la información requerida, previo pago de los costos directos de reproducción y tarjando la información relativa a los terceros, de acuerdo a lo dispuesto en la decisión recurrida.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y D) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el recurso de reposición administrativo deducido por don Carlos Figueroa González en contra de la decisión recaída en el amparo Rol A141-09, de 16 de octubre de 2009, interpuesto por don Carlos Figueroa González en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Acoger el recurso de reposición administrativo deducido por el Subsecretario de Telecomunicaciones en contra de la decisión recaída en el amparo Rol A141-09, de 16 de octubre de 2009, interpuesto por don Carlos Figueroa González en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

III. Requerir al Subsecretario de Telecomunicaciones que entregue la información señalada en la parte resolutiva de la decisión recurrida a don Carlos Figueroa González, dentro del plazo de 5 meses, de manera sucesiva y previo pago de los costos directos de reproducción, contados desde que esta decisión se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder, en caso de incumplimiento, conforme lo señalan los arts. 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Carlos Figueroa González y al Subsecretario de Telecomunicaciones.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.