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Esteban Rodríguez con MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA Rol: C4325-16 / C4326-16

Consejo para la Transparencia, 18/04/2017

Se dedujo dos amparos en contra de la Municipalidad de Independencia, fundados: a) Amparo C4325-16: Funda su amparo en la respuesta negativa a su solicitud de información. Además el reclamante agrega que gran parte de la información requerida se encuentra publicada en el banner de Transparencia Activa, aunque incompleta, y según dicha información, no sería un gran número de funcionarios los que han trabajado en la ODP en los años consultados. b) Amparo C4326-16: Funda su amparo en la respuesta negativa a su solicitud de información. Además el reclamante agrega que cuesta comprender que se niegue información que debe obrar en poder del órgano y que sirvió para dar cumplimiento a los convenios suscrito con SENAME. Para efectos de los cheques indica se consideren alegaciones amparo C4325-16. El Consejo acoge los ampartos, toda vez que el órgano reclamado no logró acreditar la causal de reserva alegada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROLES C4325-16 y C4326-16

Entidad pública: Municipalidad de Independencia

Requirente: Esteban Rodríguez

Ingreso Consejo: 28.12.2016

En sesión ordinaria N° 793 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de abril de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4325-16 y C4326-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: Con fecha 26 de octubre de 2016 y 27 de noviembre de 2016, don Esteban Rodríguez solicitó a la Municipalidad de Independencia la siguiente información referida a la Oficina de Protección de Derechos, en adelante OPD:

a) Solicitud que dio origen al amparo Rol C4325-16: Con fecha 26 de octubre de 2016 solicitó:

i. Planilla del personal que integró la OPD desde los años 2012 a 2015, con indicación del cargo, profesión, fecha de ingreso y salida (formato Excel).

ii. Boletas de honorarios recibidas por la Municipalidad de parte del personal anterior, años 2012 a 2015 (nombre, fecha y monto y en pdf. ojalá color).

b) Solicitud que dio origen al amparo Rol C4326-16: Con fecha 27 de noviembre de 2016 solicitó:

i. Decretos alcaldicios de contratación de todo el personal OPD, años 2012-2016 (en pdf).

ii. Planilla con cheques emitidos por el municipio para el pago del personal OPD, años 2012-2016, señalando fecha, N° cheque, beneficiario, monto y banco (en Excel).

2) PRÓRROGA DE PLAZO AMPARO C4325-16: Por carta N° 209, de 25 de noviembre de 2016, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia, atendida que existen circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada.

3) RESPUESTAS: Con fecha 12 y 27 de diciembre de 2016 respectivamente, el órgano respondió a dichos requerimientos en los siguientes términos:

a) Respuesta que originó el amparo C4325-16: Mediante oficio ordinario N° 853/ING 12, de 12 de diciembre de 2016, el órgano denegó la solicitud que se lee en el punto i), de dicho requerimiento, fundada en que la Ley de Transparencia no obliga a entregar información que deba ser elaborara, y la del punto ii), por aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la ley citada.

b) Respuesta que originó el amparo C4326-16: Mediante oficio ordinario N° 897/ING 12, de 27 de diciembre de 2016, el órgano denegó la solicitud que se lee en el punto i), de dicho requerimiento, por aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, y la del punto ii), fundada en que la Ley citada, no obliga a entregar información que deba ser elaborada.

4) AMPAROS: El 28 de diciembre de 2016, don Esteban Rodríguez dedujo los amparos roles C4325-16 y C4326-16, respectivamente, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado.

a) Amparo C4325-16: Funda su amparo en la respuesta negativa a su solicitud de información. Además el reclamante agrega que gran parte de la información requerida se encuentra publicada en el banner de Transparencia Activa, aunque incompleta, y según dicha información, no sería un gran número de funcionarios los que han trabajado en la ODP en los años consultados.

b) Amparo C4326-16: Funda su amparo en la respuesta negativa a su solicitud de información. Además el reclamante agrega que cuesta comprender que se niegue información que debe obrar en poder del órgano y que sirvió para dar cumplimiento a los convenios suscrito con SENAME. Para efectos de los cheques indica se consideren alegaciones amparo C4325-16.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación los amparos roles C4325-16 y C4326-16, y mediante los oficio números 567 y 568, ambos de 10 de enero de 2107, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Independencia.

Mediante oficio ordinario N° 72/ING 10, de 26 de enero de 2017, el órgano presentó los descargos de ambos amparos señalando, en síntesis que:

Respecto de la información que se lee en literal i) del amparo C4325-26, referida a la planilla del personal que integró la OPD desde el 2012 al 2015, señala que ésta se encuentra publicada en la página de transparencia activa y no está detallada en los términos solicitados, pues allí se publican los honorarios separados por mes, no por año, ni por periodo, como requiere el solicitante, y tampoco por programa, por cargo, ni fecha de salida, todo lo cual implicaría revisar los archivadores de los años en comento para verificar dicha información y luego trasladarla a la planilla Excel requerida. Estos archivadores se encuentran divididos por años y en ellos están contenidos todos los decretos alcaldicios exentos de los programas ejecutados, información que no se encuentra digitalizada. Por su parte, en el departamento de personal trabajan 3 funcionarios, lo cual dificulta aún más la elaboración de la información requerida.

En cuanto, a lo pedido en el literal ii) del amparo C4325-26, esto es, las boletas de honorarios recibidas por la Municipalidad de parte del personal OPD, años 2012 al 2015, indica que en un período de 4 años por 12 meses da un total de 48 boletas por cada persona a honorarios que se desempeñó en la OPD. En tal sentido, con un personal promedio de 8 personas por año, multiplicado por las 48 boletas, da como resultado 384 boletas, las cuales previo a ser escaneadas, deben ser desarchivadas de cada decreto de pago y tarjados los datos personales, pues la información no se encuentra digitalizada, todo lo cual distraería a lo menos a un funcionario de sus labores para realizar las acciones detalladas, lo que se encuentra amparado por la reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la ley N° 20.285.

Por su parte, en relación a la información que se pide en el literal i), del amparo C 4326-16, a saber, los decretos alcaldicios de contratación de todo el personal OPD, años 2012-2016, indica que para acceder a ello, se deben desarchivar todos los decretos alcadicios exentos del 2012 al 2016, fotocopiarlos, tarjar los datos de carácter personal, para luego proceder a escanearlos, los que ascienden a un promedio de 32 documentos (8 personas promedio por años), lo cual resulta numeroso contando con solo dos funcionarios administrativos en el departamento de personal, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

Por último, en lo relativo a lo pedido en el literal ii), del amparo C4326-16, esto es, planilla con cheques emitidos por el municipio para el pago del personal OPD, años 2012-2016, señalando fecha, N° cheque, beneficiario, monto, banco, indica que esta información habría que elaborarla, pues en los años 2012 a 2013 se realizaba el pago con cheques, cuyas conciliaciones bancarias se realizaban por libro y en forma digital. Considerando el personal de los años 2012 a 2013, entre 6 a 8 personas, serían 24 cheques por 6, dando como resultado a lo menos a 144 registros. Por otra parte, si bien, esta información para el periodo 2014 a 2015 se encuentra digitalizada, sin embargo, si por alguna eventualidad se pagó con cheque, se deberá revisar mes por mes, para dar respuesta a la solicitud del requirente, para extraerla a formato PDF y ser trasladada a la planilla Excel.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, atendido que entre los amparos roles C4325-16 y C4326-16 existe identidad respecto del reclamante y del órgano de la Administración reclamado, además de similitud entre las materias requeridas, a efectos de facilitar la comprensión y resolución de los mismos y en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que consagra el principio de economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados reclamos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.

2) Que, los presentes amparos se circunscriben a la denegación de la información que se lee en las letras a) y b), del literal 1) de lo expositivo, referidas al personal que integró la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) desde el 2012 al 2016, como son, una planilla indicando cargo, profesión, fecha de ingreso y salida de dicho personal, boletas de honorarios, decretos alcaldicios de contratación y datos de los cheques emitidos por el municipio para el pago. Al efecto, el municipio denegó dicha información en ambos amparos, fundado en que la información no se encuentra digitalizada en la forma requerida por el reclamante, cuya entrega requiere reunir información de un promedio de 8 personas contratadas por año, lo cual ascendería a un total aproximado de 384 boletas boletas a honorarios, 32 decretos alcaldicios y la elaboración de 144 registros con la información de cheques pedida, todo lo cual implica por una parte, tener que elaborar parte de la información, lo que excede el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia y por otra, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que no cuentan con personal suficiente para destinar al cumplimiento de dichas labores, con lo cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia.

3) Que, según lo dispuesto en la Ley de Transparencia, particularmente en sus artículos 5° y 10, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones previstas en esta ley y en otras leyes de quórum calificado. Asimismo es pública toda información elaborada con presupuesto público y toda información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. Por tanto, en la especie, tratándose de información de naturaleza pública, que obra en poder del órgano recurrido, habrá que determinar si en estos casos, se configura la causal de reserva invocada, del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado..

6) Que, en relación a la alegación del órgano, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que dicha denegación no resulta suficientemente acreditada, por cuanto el municipio se ha limitado a señalar que la información pedida requiere reunir información de un promedio de 8 personas contratadas por año, lo cual ascendería a un total aproximado de 384 boletas boletas a honorarios, 32 decretos alcaldicios y la elaboración de 144 registros de cheques, sin especificar el número de funcionarios, ni el tiempo que debería destinar a buscar dicha información, lo cual, para este Consejo, no resulta suficiente para justificar la causal de reserva alegada. Al respecto cabe hacer presente que la reclamada determinó de modo más o menos preciso el número de antecedentes que debería revisar para la búsqueda de la información, sin que se constate que el número de años y personal consultados y documentos a revisar, constituya una cantidad suficiente para dar por configurada la hipótesis de reserva alegada, motivo, por el cual debe ser rechazada dicha alegación.

7) Que, en consecuencia, habiéndose rechazado la causal de reserva alegada por el órgano, y teniendo en consideración que el requerimiento se refiere a información de carácter público, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de los antecedentes requeridos, debiendo omitirse o tarjar de manera previa a la entrega, los datos personales de contexto que, eventualmente, pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, el domicilio particular, el correo electrónico y teléfono particulares, el estado civil, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la misma ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos C4325-16 y C4326-16, deducidos por don Esteban Rodríguez, en contra de la Municipalidad de Independencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Independencia:

a) Entregar la siguiente información:

Amparo Rol C4325-16:

iii. Planilla del personal que integró la OPD desde los años 2012 a 2015, con indicación del cargo, profesión, fecha de ingreso y salida (formato Excel).

iv. Boletas de honorarios recibidas por la Municipalidad de parte del personal anterior, años 2012 a 2015 (nombre, fecha y monto y en pdf. ojalá color).

Amparo Rol C4326-16:

iii. Decretos alcaldicios de contratación de todo el personal OPD, años 2012-2016 (en pdf).

iv. Planilla con cheques emitidos por el municipio para el pago del personal OPD, años 2012-2016, señalando fecha, N° cheque, beneficiario, monto y banco (en Excel).

Previo a su entrega deberán tarjarse los datos personales de contexto que, eventualmente, pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, el domicilio particular, el correo electrónico y teléfono particulares, el estado civil, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la misma ley.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar el Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Esteban Rodríguez y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Independencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.