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Diego Barría con UNIVERSIDAD DE CHILE Rol: C3860-16

Consejo para la Transparencia, 14/03/2017

Se dedujo amparo en contra de la Universidad de Chile, fundado en que el organismo denegó gran parte de los documentos solicitados referente a: a) Estructura de programa. b) Perfil de ingreso. c) Perfil de egreso. d) Malla curricular. e) Programa de todos los cursos (en todas sus versiones desde 2013-2016), incluidos los electivos cursados y ofertados pero no dictados. En caso de existir documentos de planificación docente como documento adicional al programa, incluir. f) Apuntes o documentos creados por el programa como texto base de los cursos del programa. g) Acuerdo de acreditación (de existir). h) Informes de autoevaluación entregados a CNA o a agencias acreditadoras. i) Número de postulantes 2013-2016. j) Número de aceptados 2013-2016. k) Ingresos financieros de cada programa por año (2013-2016). l) Política de pago por hora de docencia. m) Nómina de docentes. El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de los apuntes o documentos creados por el programa como texto base de los cursos del programa por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3860-16

Entidad pública: Universidad de Chile

Requirente: Diego Barría

Ingreso Consejo: 15.11.2016

En sesión ordinaria N° 784 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de marzo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3860-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de octubre de 2016, don Diego Barría solicitó a la Universidad de Chile antecedentes del Magíster en Gestión y Políticas Públicas (FCFM). En particular solicitó:

a) Estructura de programa.

b) Perfil de ingreso.

c) Perfil de egreso.

d) Malla curricular.

e) Programa de todos los cursos (en todas sus versiones desde 2013-2016), incluidos los electivos cursados y ofertados pero no dictados. En caso de existir documentos de planificación docente como documento adicional al programa, incluir.

f) Apuntes o documentos creados por el programa como texto base de los cursos del programa.

g) Acuerdo de acreditación (de existir).

h) Informes de autoevaluación entregados a CNA o a agencias acreditadoras.

i) Número de postulantes 2013-2016.

j) Número de aceptados 2013-2016.

k) Ingresos financieros de cada programa por año (2013-2016).

l) Política de pago por hora de docencia.

m) Nómina de docentes.

2) RESPUESTA: El 15 de noviembre de 2016, la Universidad de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 567, señalando, en síntesis, que:

a) En la página web http://www.mgpp.cl/ se publica amplia información de interés general relativa al Programa de Magister objeto de su solicitud.

b) Por otra parte, con respecto a los puntos de su solicitud relativos a información específica que no aparezca publicada en el indicado sitio web, se cumple con remitir copia del oficio adjunto (O) N° 454 del 5 de septiembre de 2016, de la facultad de Ciencias Físicas y Matemáticos, elaborado en respuesta a un requerimiento suyo previo, y que incluye nueve páginas de documentos adjuntos con información complementaria.

c) Deniega los informes de autoevaluación y apuntes o documentos creados por el programa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 15 de noviembre de 2016, don Diego Barría dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que el organismo denegó gran parte de los documentos solicitados, por considerar que su entrega afecta los derechos económicos de terceros.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado del presente amparo al Sr. Rector de la Universidad de Chile mediante Oficio N° 12.006 del 30 de noviembre de 2016. Mediante Oficio N° 641 de 22 de diciembre de 2016 el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:

a) Los apuntes y documentos utilizados en la labor docente del programa en cuestión, independientemente de su existencia y disponibilidad, no cumple con las características propias de aquellos señalados en la norma constitucional del artículo 8°, esto es, corresponder a "actos y resoluciones de los órganos del Estado. Los académicos de los programas de post-grado de esta Universidad, o de cualquier otro Universidad Estatal, son ante todo personas naturales, investigadores, profesionales y expertos en sus respectivas áreas de conocimiento, cuyo desarrollo, trabajo y elaboración intelectual no puede asumirse circunscrito completa o exclusivamente a la relación laboral y/o contractual con esa Casa de Estudios. La existencia de una vinculación con la Universidad, no puede significar que toda la producción documental de sus académicos, puede y debe ser asumida como antecedentes de libre y público acceso, por el solo hecho de haberse tomado registro de ello por alguna unidad académica de la Universidad. La eventual entrega de este tipo de información puede afectar seriamente los derechos que sobre esa obra intelectual les asiste a los docentes de éste y otros programas de especialización.

b) Sin embargo, el principal fundamento de la denegación es la causal contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

c) En efecto, permitir que el material docente, obra intelectual de personas naturales que prestan servicios para la Universidad, cuyo renombre y prestigio les precede (y es precisamente por ello el interés de esta Casa de Estudios de tenerlos como docentes), sea considerado público y por tanto se ordene su entrega, resultaría en un elemento inhibidor para que esta clase de profesionales, intelectuales y académicos del más alto nivel, decidan aceptar roles docentes en la Institución. Si por el sólo hecho de dedicar algunas horas semanales a dar clases en este u otro programa de postgrado, ello les significa desprenderse de todos los derechos económicos sobre la obra intelectual desarrollada. Si así fuese, el mantener en la nómina de profesores a esta clase de intelectuales, profesionales y expertos en las más diversas áreas, resultaría, con toda seguridad, mucho más oneroso para esta Institución, o bien, en determinados casos, quizás derechamente imposible. En otros casos, ello podría significar una merma en la calidad de la formación que ofrece lo más antigua y prestigiosa Universidad chilena. Dado el actual sistema de autofinanciamiento que el Estado impone a sus Universidades, y considerando que los programas académicos de post-grado, así como post-títulos, diplomados y cursos de especialización en distintas áreas del conocimiento, son una fuente importante e irreemplazable de ingresos de financiación, para el conjunto de las tareas que realiza la Universidad.

d) En definitiva, se debe precaver el que se pueda inhibir la contratación de intelectuales y profesionales de primer nivel, a través de establecer lo advertencia de que su producción intelectual puede ser objeto de publicidad y divulgación, por el sólo hecho de emplearse como docentes en una Universidad del Estado. Ciertamente, ello representa un riesgo de afectación al cumplimiento de las funciones propias de la Universidad de Chile, orientadas hacia la mayor calidad posible de la educación que se imparte a sus estudiantes.

e) En cuanto a la consulta respecto de eventuales notificaciones conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señala que, conforme a lo expuesto previamente, y siendo el caso que esa Institución considera que habría afectación de sus funciones ante la eventual entrega de la información en comento, dicha conclusión no depende ni puede verse alterada a partir de las legítimas opiniones individuales de los 29 académicos del programa de estudios en cuestión.

f) Por otra parte, en lo que atañe a los informes de autoevaluación señala que no se advierten precedentes que se hubieran detenido a analizar y resolver específicamente respecto de los programas de postgrado, acreditados ante la Comisión Nacional de Acreditación.

g) En dicho contexto, y atendido que la publicidad de las fortalezas y debilidades de los programas de estudios de postgrado de alto prestigio, representa, para su competencia directa, un antecedente del mayor interés y utilidad, resulta pertinente que este Consejo se pronuncie sobre la publicidad de dicha información.

h) Adjunta copia del Oficio N° 719 de 21 de diciembre de su Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que se pronuncia sobre el presente amparo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo, se encuentra circunscrito a los literales f) y h) de la solicitud.

2) Que, en cuanto a los "apuntes o documentos creados por el programa como texto base de los cursos del programa" -literal f)- el órgano reclamado denegó la entrega de la información fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia basado en los derechos que sobre esa obra intelectual les asiste a los docentes de éste y otros programas de especialización y, asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 del texto legal citado, fundado en que la divulgación de esa información resultaría un elemento inhibidor para que esta clase de profesionales, intelectuales y académicos del más alto nivel, decidan aceptar roles docentes en la Institución.

3) Que, de acuerdo a lo informado por la reclamada, los antecedentes requeridos en el mencionado literal han sido elaborados por cada uno de los docentes que imparten el curso de postgrado a que se refiere la solicitud. En dicho contexto, y atendido que tales documentos forman parte del flujo de información de carácter interno que se produce entre los docentes y la Casa de Estudios reclamada, hace sentido a este Consejo el riesgo de afectación alegado por la reclamada contemplado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En efecto, de divulgarse la mencionada información podría desincentivarse la participación de docentes en futuros cursos de postgrado del órgano reclamado generando, en consecuencia, una afectación al debido cumplimiento de sus funciones. Por tanto, conforme a lo expuesto precedentemente, se rechazará en esta parte el presente amparo.

4) Que, respecto de la información solicitada en el literal h) del requerimiento -Informes de autoevaluación entregados a CNA o a agencias acreditadoras- resulta pertinente tener presente lo razonado por este Consejo, entre otros, en los amparos Roles C184-10, C70-11, C122-12, C2229-13 y C3579-16, en las que se pronunció acerca de la entrega de antecedentes de procesos de acreditación, tanto institucional como de carrera, concluyendo que existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma. Dicho criterio resulta plenamente aplicable respecto de la acreditación de programas de postgrado, como acontece en la especie. En consecuencia, se acogerá respecto del mencionado literal el presente amparo, y se requerirá a la reclamada la entrega de la información ahí solicitada al requirente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Diego Barría, en contra de la Universidad de Chile; rechazándolo respecto de los apuntes o documentos creados por el programa como texto base de los cursos del programa por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Chile:

a) Hacer entrega al reclamante de la información correspondiente a los informes de autoevaluación entregados a CNA o a agencias acreditadoras.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Diego Barría y al Sr. Rector de la Universidad de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.