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Rossana Cruz de la Barra con SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Rol: C3754-16

Consejo para la Transparencia, 03/03/2017

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Educación, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) Listado de docentes destacados en la V Región, en la última evaluación docente; y, b) Posibilidad de acceder a los videos de clases grabadas de los docentes destacados de la V Región. El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de los videos de clases grabadas de los docentes destacados de la V Región. HAY VOTO DISIDENTE


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3754-16

Entidad pública: Subsecretaría de Educación

Requirente: Rossana Cruz de la Barra

Ingreso Consejo: 07.11.2016

En sesión ordinaria N° 782 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de marzo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3754-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 07 de septiembre de 2016, doña Rossana Cruz de la Barra solicitó a la Subsecretaría de Educación la siguiente información:

a) Listado de docentes destacados en la V Región, en la última evaluación docente; y,

b) Posibilidad de acceder a los videos de clases grabadas de los docentes destacados de la V Región.

2) RESPUESTA: La Subsecretaría de Educación, previa comunicación de la prórroga del plazo para formular respuesta, respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 5.082, de fecha 21 de octubre de 2016, señalando, en síntesis, que sólo se accede a la entrega de una planilla que contiene el número de los profesionales de la educación calificados de manera destacada en la última evaluación docente, desagregado por las comunas que integran la Región de Valparaíso, denegándose la entrega de los nombres de dichos docentes, como asimismo las grabaciones de video de clases requeridas, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), y N° 2 de la Ley de Transparencia.

Para justificar lo anterior, el órgano requerido señaló que el artículo 70 del decreto con fuerza de ley N° l, de 1996, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19 .070, que aprobó el estatuto docente de los profesionales de la educación y de las leyes que la complementan y modifican, establece un sistema de evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula de carácter formativo, sistema de evaluación que pretende fortalecer la profesión docente, favoreciendo el reconocimiento de las fortalezas y la superación de las debilidades de los docentes, con el fin de lograr mejores aprendizajes de sus alumnos y alumnas, para lo cual se establece la creación de planes de superación profesional que beneficiarán a los docentes que resulten evaluados con desempeño básico e insatisfactorio.

Añadió, que en virtud del artículo 3 en concordancia con el artículo 45, ambos del decreto N° 192, de 2004, de Educación, que aprueba el reglamento sobre evaluación docente, las personas intervinientes en la evaluación deberán guardar reserva acerca de la información que genere el proceso de evaluación de los docentes, sin perjuicio del derecho de estos últimos a acceder a aquellos antecedentes que les afecten personalmente Luego, tales datos tienen un tratamiento reservado frente a terceros, tanto ante resultados insatisfactorios, como en casos de calificaciones destacadas. Tal reserva sería concordante con el propósito formativo y no fiscalizador o sancionador de la Evaluación Docente, evitando que su utilización por terceros tergiverse dicha finalidad, por ejemplo, generando ranking de profesionales o estigmatizando a los docentes, a los establecimientos educacionales y/o a los alumnos que en ellos se educan, máxime si los resultados son susceptibles de ser impugnados y, considerando que el desempeño insatisfactorio no sólo se obtiene tras malas evaluaciones, sino también por el sólo hecho de negarse injustificadamente a ser evaluado.

Sostuvo que el tratamiento especial de la información referida a la Evaluación Docente tiene por objeto resguardar derechos de los profesionales del sector de educación municipal, en particular frente a discriminaciones arbitrarias a que puedan ser objeto por sus calificaciones, tomando en consideración que el sistema sólo tiene un propósito formativo, en el cual prevalece el carácter privado de los resultados. En ese sentido, señala que reconocer una relevancia pública que prime sobre la privacidad a que tiene derecho cada docente evaluado, no sólo afectaría este derecho fundamental reconocido por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, sino también estaría cambiando el sentido del sistema de evaluación, transformando una herramienta para fortalecer la docencia a través del reconocimiento de fortalezas y superación de debilidades, en un instrumento de clasificación y sanción de profesionales, por lo que no es posible acceder a aquella parte del requerimiento de información, relativa al nombre y grabaciones de video de clases de los profesionales de la educación calificados como destacados en la última evaluación docente, por cuanto su entrega implicaría una afectación de los derechos de la igualdad y de la vida privada de éstos, consagrados en el artículo 19 Nos 3 y 4 de la Constitución Política de la República y, amparado por la causal de reserva del N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Por otra parte, señala que si bien de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Transparencia, correspondería comunicar la solicitud de información a las personas a que se refiere o afecta la información solicitada requerida, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de la información solicitada, señala que no se procedió de dicha manera fundado en el numeral 2.4 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, que establece que de manera excepcional, de concurrir algunos de los supuestos establecidos en la letra c) del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, la posibilidad de omitir dicha comunicación.

En este sentido, sostiene que no resulta factible la realización de la notificación prevista en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, dado que dicha gestión implicaría distraer indebidamente a los funcionarios de este Servicio del cumplimiento regular de sus labores habituales, en atención al elevado número de personas a quienes la presente petición involucra, ascendente a 155 docentes, teniendo presente que de acuerdo al artículo 3° de la ley N° 18.575, los órganos de la Administración del Estado se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia, razón por la cual señala de realizarse la comunicación en cuestión, configuraría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

3) SUBSANACIÓN AMPARO: Este Consejo mediante oficio N° 11.266, de fecha 15 de noviembre de 2016, requirió a doña Rossana Cruz de la Barra subsanar su amparo, señalando si recibió comunicación de la prórroga del plazo para otorgar respuesta, y acompañando copia íntegra de la respuesta recibida.

La requirente mediante correo electrónico de fecha 22 de noviembre de 2016, subsanó su amparo en los términos requeridos.

4) AMPARO: El 02 de noviembre de 2016, doña Rossana Cruz de la Barra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Educación fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.

Agrega, que la solicitud de información se enmarca en un proyecto de investigación, cuya ficha acompaña, asegurando que de entregársela información se resguardaran los derechos de las personas involucrada, señalando que existirían otras investigaciones que habría también las grabaciones de clases de la evaluación docente.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Educación, mediante oficio N° 11.809, de fecha 29 de noviembre de 2016.

El órgano requerido, a través de Ord. N° 2.903, de fecha 15 de diciembre de 2016, presentó sus descargos u observaciones, reiterando, en síntesis que lo sostenido en su respuesta al requirente, en orden a que la información pedida es reserva de conformidad al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto su publicidad implicaría una afectación de los derechos de igualdad y de la vida privada, consagrados en los numerales 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dándose por reproducidos los argumentos señalados en el N° 2 de lo expositivo de la presente decisión.

En este sentido, agrega, que la vulneración que la entrega de la información requerida podría generarse a los evaluados, repercutiría en los efectos que se busca obtener por medio del sistema de medición en comento y, con ello, directamente en las labores y fines que la ley ha encomendado al Ministerio de Educación, en cuanto dicho sistema es una herramienta para el cumplimiento de las mismas.

A mayor abundamiento, según lo señalado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), departamento al que le corresponde la coordinación técnica para la adecuada aplicación de los procesos de evaluación docente, para la consecución de los fines que se persiguen a través de dicha herramienta, es indispensable evitar que los resultados de este proceso sean utilizados para marginalizar a los profesores, por cuanto el acento está puesto en detectar las falencias que existen en el conjunto de los examinados, con miras a centralizar de manera idónea las herramientas que permitan superar esos déficit. El mal uso que podría darse a esta información generaría desconfianzas y desinterés por parte de los involucrados en participar en el proceso, y afectaría directamente el prestigio e imagen del conjunto del sistema de educación pública y de sus agentes, situación que este órgano, en su carácter de garante respecto de los particulares que podrían verse afectados, no puede permitir.

Agrega, que en otro orden de consideraciones, las grabaciones de las clases realizadas por los profesionales de la educación de la Región de Valparaíso, destacados en la última evaluación docente, son proporcionados al Ministerio de Educación para fines determinados (estudios), para los cuales tales profesionales autorizan su uso, no obstante éstos conservan la propiedad intelectual sobre dicho material, apareciendo además en estas grabaciones otros actores o intervinientes, generalmente sus alumnos, entre los cuales mayoritariamente hay menores de edad, respecto de los cuales nuestro ordenamiento jurídico, así como la jurisprudencia administrativa y judicial, estiman merecen una especial y reforzada protección.

De esta manera y, de acuerdo a lo expuesto previamente, la entrega de la información solicitada, junto con afectar las funciones de este Servicio, implicaría afectar los derechos de la igualdad, de la vida privada y de la propiedad intelectual de los profesionales de la educación examinados, así como el derecho de la privacidad de otros actores o intervinientes que aparezcan en los registros audiovisuales requeridos, todos ellos consagrados en la Constitución Política de la República, amparados en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Por otra parte, reitera también que no se realizó la comunicación prevista en el artículo 20 de la Ley de Transparencia a los docentes involucrados, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la citada ley, toda vez que el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, no cuenta con una base de datos propia de los docentes examinados y, que la información de contacto disponible en los registros del Ministerio de Educación es entregada directamente por los sostenedores de los establecimientos educacionales y al efecto no se encuentra completa, por lo que para su recopilación y la gestión de dicha comunicación, debiese destinarse exclusivamente, a lo menos, a un funcionario.

En ese sentido, sostiene que dicha labor no sólo debiese realizarse en relación a los docentes consultados, ascendentes a 155 profesionales, ya que como se indicó previamente, en el material audiovisual pedido, intervienen otros actores. Luego, para dar cumplimiento al mandato del referido artículo 20, resultaría necesario, además, revisar el contenido de dichas grabaciones, en orden a determinar el universo de terceros involucrados y averiguar si se cuenta o no con sus datos de contacto, todo lo cual a su juicio se trata de una labor que distraería indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, doña Rossana Cruz de la Barra solicitó a la Subsecretaría de Educación el listado de docentes destacados en la Región de Valparaíso, en la última evaluación docente, como asimismo acceder a los videos de clases grabadas de dichos docentes en la referida evaluación, recibiendo sólo una planilla con el número de los profesionales de la educación calificados de manera destacada en la última evaluación docente, desagregado por las comunas que integran la Región de Valparaíso, denegándose la entrega de los nombres de los referidos profesores, y las grabaciones de video de clases requeridas, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), y N° 2 de la Ley de Transparencia, tal como se expuso en el N° 2 y 5 de lo expositivo de la presente decisión.

2) Que, en primer lugar, cabe tener presente el órgano requerido no comunicó la solicitud de información a los terceros involucrados de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, en atención a que son 155 docentes que comprende la información pedida, sin contar con las demás personas, incluidos menores, que aparecen en las grabaciones requeridas, razón por la cual la Subsecretaría de Educación sostuvo que realizar dicha comunicación configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, circunstancias y fundamentos que este Consejo estima como razonable justificación para explicar no haber realizado la respectiva comunicación. No obstante lo anterior, en atención a la función que se le confiere por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, este Consejo analizará si la entrega de la información afecta o puede afectar la esfera de la vida privada de las personas comprendidas en la información reclamada.

3) Que, sobre el fondo de lo reclamado, a juicio de este Consejo resulta plenamente aplicable el criterio sostenido sobre la misma materia en el amparo C1040-14, donde en primer lugar a modo de contexto se explica que la Evaluación Docente consiste en una evaluación obligatoria para los docentes que se desempeñan en establecimientos municipales, tendiente a fortalecer la profesión docente y contribuir a mejorar la calidad de la educación, contemplada en el artículo 70 del decreto con fuerza de ley N° 1, de Educación, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070, que aprobó el estatuto docente de los profesionales de la educación, además de las leyes que la contemplan y modifican. Así, la evaluación fue producto de las modificaciones introducidas por la ley N° 19.961, publicada con fecha 18 de agosto de 2004, y a partir de la ley N° 20.501 sobre calidad y equidad de la educación, publicada con fecha 26 de febrero de 2011, se establecieron consecuencias a raíz de los resultados obtenidos por cada docente evaluado.

4) Que, en este sentido, el inciso 6° del artículo 70 del denominado "Estatuto Docente" en lo referido a los efectos de la evaluación docentes, expresa que "Los resultados finales de la evaluación de cada profesional de la educación se considerarán como antecedente para los concursos públicos estipulados en este Título. Además, tratándose de docentes cuyos niveles de desempeño sean destacado o competente, éstos se considerarán para rendir la prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos habilitante para acceder a la asignación variable por desempeño individual. Del mismo modo, se considerarán para optar a cupos o becas en actividades de perfeccionamiento o estudios de post- grado, para financiar proyectos individuales de innovación y, en general, en todas las decisiones que se tomen para seleccionar profesionales.". Termina el artículo estableciendo que "Cada vez que un profesional de la educación resulte evaluado con desempeño insatisfactorio, deberá ser sometido al año siguiente a una nueva evaluación, pudiendo el sostenedor exigirle que deje la responsabilidad de curso para trabajar durante el año en su plan de superación profesional, debiendo el empleador asumir el gasto que representa el reemplazo del docente en aula. Si el desempeño en el nivel insatisfactorio se mantuviera en la segunda evaluación consecutiva, el profesional de la educación dejará de pertenecer a la dotación docente. Los profesionales de la educación que resulten evaluados con desempeño básico deberán evaluarse al año subsiguiente, pudiendo el sostenedor exigirle que deje la responsabilidad de curso para trabajar durante el año en su plan de superación profesional, debiendo el empleador asumir el gasto que representa el reemplazo del docente en aula. En caso de que resulten calificados con desempeño básico en tres evaluaciones consecutivas o en forma alternada con desempeño básico o insatisfactorio durante tres evaluaciones consecutivas, dejará de pertenecer a la dotación docente.".

5) Que, de lo expuesto, se colige que los resultados obtenidos por un docente sometido a la evaluación en comento, dan lugar a calificar su nivel de desempeño como Destacado, Competente, Básico o Insatisfactorio. A partir de los resultados obtenidos, por una parte se determina la oportunidad en que deberá someterse nuevamente a la evaluación, como asimismo cumpliéndose ciertos requisitos se contempla la facultad del sostenedor de exigir dejar la responsabilidad de curso a los docentes de calificación insatisfactorio o básico, incluso dejar la dotación docente. Por otro lado, también los docentes de calificación destacada o competente pueden postular a una asignación variable por desempeño Individual (AVDI), y pueden ser considerados para optar a cupos o becas en actividades de perfeccionamiento o estudios de postgrado, para financiar proyectos individuales de innovación, y en general en todas las decisiones que se tomen para seleccionar profesionales.

6) Que, respecto del nombre de los docentes destacados en la Región de Valparaíso, en la última evaluación docente, pertinente es lo resuelto por este Consejo en el referido caso C1044-14, donde teniendo a la vista un modelo tipo de Informe de Evaluación Individual docente, respecto del Resumen del Informe de Evaluación Individual, se determinó que en dicho resumen se indica el nombre, RUT, ciclo educacional, establecimiento, comuna, y resultado final del docente evaluado, estableciendo que "salvo en el caso del RUT, no se observa cómo esta información puede afectar a la esfera de la vida privada de los docentes, toda vez que se trata de información de funcionarios municipales, el lugar y labores que desempeñan funcionarios públicos, y el resultado final de su evaluación, lo que evidentemente tiene un carácter público, más aún en un área de especial interés como la educación municipal, atendiendo entre otras razones, al interés público que tienen dichas evaluaciones como mecanismo de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas directas de cada establecimiento educacional, sino también ante la sociedad. De aceptarse la reserva invocada por el órgano reclamado, se limita fuertemente el control social sobre la aplicación real de las consecuencias positivas y negativas que dichos resultados traen consigo, esto es, si se sigue retribuyendo con fondos públicos a funcionarios municipales que de acuerdo a sus evaluaciones debieron dejar la dotación docente, o por el contrario, si se compensa en sus ingresos a aquellos docentes que fueron calificados con desempeño destacado o competente."(Considerando 12).

7) Que, por lo expuesto, tratándose del nombre de los docentes sobre los cuales versa la solicitud de información, a juicio de este Consejo resulta plenamente aplicable el razonamiento expresado precedentemente, sin que se haya acreditado el modo en que entregar dicha información produzca una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a los derechos de los docentes para justificar la reserva, razón por la cual se desestimarán las alegaciones formuladas por el órgano requerido, y en definitiva se acogerá el amparo en esta parte.

8) Que, respecto a la solicitud referida a los videos de clases grabadas comprendidas en la evaluación de los docentes destacados de la Región de Valparaíso, a quienes se refiere el requerimiento, este Consejo en la citada decisión del amparo C1044-16, estableció que "en cuanto al contenido restante del Informe de Evaluación Individual, se refiere a los instrumentos de evaluación propiamente tal, esto es, Portafolio, Entrevista de evaluador par, Informes de referencia de terceros, y la Pauta de autoevaluación." (considerando 13°). Agregó que, "los señalados instrumentos que utiliza la Evaluación Docente, contienen detalladamente una serie de criterios objetivos y subjetivos. Respecto a los primeros, como son los aspectos evaluados y niveles de logro alcanzados por el docente evaluado, en cada una de las dimensiones del denominado portafolio y sus respectivos gráficos, las tablas que integran los resultados de la entrevista del evaluador par e informes de referencia de terceros, como asimismo las tablas de la pauta de autoevaluación, y el resultado final, este Consejo estima plenamente aplicable lo razonado en el considerando N° 12 de la presente decisión, por lo que corresponde proceder a su entrega por parte del órgano reclamado." (Considerando 14°).

9) Que, además se establece en la citada decisión "entre las cuestiones de orden subjetivo, encontramos las diversas descripciones de desempeño comprendidas en el portafolio, así como la clase grabada, elementos que manifiestan el modo en que el docente evaluado desarrolla su profesión, a cuyo respecto no se logra visualizar su entrega sin afectar la esfera de la vida privada de los docentes evaluados, cómo se arguyó por el MINEDUC, bastando mencionar por ejemplo la magnitud que podría tener divulgar la grabación de clases del docente, no siendo por tanto, proporcional dicha medida para justificar el control social sobre los efectos de la evaluación docente, por lo que este Consejo estima que procede se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia." (Considerando 15°).

10) Que, conforme a lo razonado precedentemente, del análisis de los antecedentes examinados, a juicio de este Consejo no resulta posible proporcionar los videos de las clases grabadas sin afectar, además de los derechos de los docentes que realizaron las clases contenidas en los videos requeridos, también de los menores de edad que aparecen en dichas grabaciones, quienes no han consentido para la publicidad de los mismos, razón por la cual se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y por consiguiente, se rechazará el amparo en esta parte.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Rossana Cruz de la Barra en contra de la Subsecretaría de Educación; rechazándolo respecto de los videos de clases grabadas de los docentes destacados de la V Región, conforme los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Educación:

a) Hacer entrega a la reclamante del listado con los nombres de los docentes destacados en la Región de Valparaíso, en la última evaluación docente.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Rossana Cruz de la Barra y a la Sra. Subsecretaria de Educación.

VOTO DISIDENTE

La presente decisión es acordada con el voto disidente del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien fue partidario de rechazar el amparo de acceso a la información interpuesto, por las siguientes razones:

1) Que, a diferencia del voto mayoritario, este Consejero estima que en el presente caso se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que entregar la información solicitada afecta el debido funcionamiento del propio Ministerio de Educación, quien a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), se encarga de la coordinación técnica de la evaluación docente.

2) Que, en este sentido, sostiene que entregar la información pedida, la que versa está comprendida en la evaluación docente y sus resultados, desvirtuaría un instrumento de evaluación que, de acuerdo a la legislación que le dio origen, tiene un carácter formativo, y donde la participación de los docentes estaría resguardada por la respectiva confidencialidad que establece el reglamento de la evaluación docente, todo lo cual impediría cumplir el objetivo de la función de medición que lleva adelante el MINEDUC para el mejoramiento de la calidad de la educación.

3) Que, adicionalmente, en el presente caso concurriría la causal de reserva señalada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto este Consejero no vislumbra el modo en que se podría entregar cualquier parte del contenido de la evaluación docente o sus resultados, sin afectar la esfera de la vida privada de los profesionales de la educación evaluados, por cuanto ello refleja el modo concreto en que desarrollan su profesión, lo que en ningún caso tiene el carácter de público, a menos que concurra el consentimiento de su titular, lo que no se ha acreditado en estos autos.

4) Qué, por último, acoge el argumento formulado por el MINEDUC, en orden a que la publicidad de los informes de la Evaluación Docente que se encuentran en poder del Ministerio, además de afectar su privacidad, lesiona su derecho a la igualdad, frente a eventuales discriminaciones arbitrarias que puedan sufrir a partir de la utilización descontextualizada de los mismos, por lo que este disidente sostiene que debe rechazarse el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.