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José Molina Rivero con MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU Rol: C4130-16

Consejo para la Transparencia, 07/04/2017

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Pichilemu, fundado en la falta de respuesta a un requerimiento referente a licencias de conducir. En particular, nómina que detalle el nombre, cedula de identidad y dirección del solicitante, clase de licencia, si se renueva o se trata de licencia nueva, resultados del test teórico, nombre del profesional que certifica entrega de licencia, nombre del médico que certifica cumplimiento de test psicotécnico. Lo anterior, respecto de las licencias otorgadas los últimos cuatro años. El Consejo rechaza el amparo, por concurir las causales de reserva establecidas en el artículo 21 n°1 letra c y 21 n°2 de la Ley de transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4130-16

Entidad pública: Municipalidad de Pichilemu

Requirente: José Molina Rivero

Ingreso Consejo: 12.12.2016

En sesión ordinaria N° 791 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de abril de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4130-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don José Molina Rivero, mediante presentación de 25 de octubre de 2016, solicitó a la Municipalidad de Pichilemu -en adelante e indistintamente Municipalidad o Municipio-, información sobre licencias de conducir. En particular, nómina que detalle el nombre, cedula de identidad y dirección del solicitante, clase de licencia, si se renueva o se trata de licencia nueva, resultados del test teórico, nombre del profesional que certifica entrega de licencia, nombre del médico que certifica cumplimiento de test psicotécnico. Lo anterior, respecto de las licencias otorgadas los últimos cuatro años.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 12 de diciembre de 2016, José Molina Rivero, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Municipio, fundado en la falta de respuesta de su requerimiento.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°12.574, de 20 de diciembre de 2016, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pichilemu, quien mediante presentación de 12 de enero de 2017, indicó en síntesis lo siguiente:

a) Atendida la recarga en el trabajo del personal de dicho organismo no evacuó respuesta al requerimiento dentro de plazo. El 30 de diciembre de 2016, informó al reclamante que no le era posible acceder a la entrega de la información en aplicación de lo previsto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

b) Agregó que, satisfacer la solicitud en el modo planteado implicaría distraer del cumplimiento de sus funciones a los tres funcionarios del departamento de tránsito durante un mes completo. Lo anterior, atendido el número de licencias otorgadas en el período consultado - 8000-.

c) Sólo el año 2016, emitió 2500 licencias de conducir.

d) Cada expediente de licencia, contempla once tipos distintos de documentos, con un número indeterminado de hojas adjuntas a estos, los cuales deberían ser revisados uno por uno a fin de extraer los datos requeridos.

e) Por último, hizo presente que la documentación en comento contiene datos personales de sus titulares, por consiguiente, es aplicable igualmente la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo tiene por objeto, la entrega por parte del Municipio de una nómina con datos relativos a las licencias de conducir otorgadas por dicho organismo, entre otros, la cédula de identidad, nombre, domicilio de los solicitantes, clase de licencia.

2) Que al efecto, la reclamada señaló que respecto de la información solicitada, no procedía su entrega por cuanto recabar la totalidad de los antecedentes consultados implicaba distraer a sus funcionarios del debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual resultaba aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Asimismo, aquella prevista en el artículo 21 N° 2 del citado cuerpo legal.

3) Que en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales».

4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

6) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

7) Que la satisfacción completa del requerimiento en el modo planteado por el solicitante, supone necesariamente el despliegue de un ingente esfuerzo a fin de obtener los datos solicitados, para luego proceder a la centralización de estos y la confección del informe con el desglose requerido. Lo anterior, implica revisar cada uno los once tipos distintos de documentos que conforman el expediente administrativo de cada una de las 8000 licencias de conducir concedidas por el Municipio los últimos cuatro años. La referida actividad, implica no sólo efectuar una importante labor administrativa consistente en la búsqueda manual y revisión de la información efectivamente disponible, sino también el procesamiento de la misma para la posterior elaboración del listado solicitado, todo lo cual hace presumible la distracción del personal de la reclamada, el cual se reduce a tan sólo tres funcionarios, quienes deberían destinar su jornada completa durante un mes completo, a fin de entregar los datos solicitados.

8) Que en tal sentido, cabe además tener presente que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado: "La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente// Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública".

9) Qué, asimismo, cabe señalar que la identidad, cédula de identidad y domicilio, de quienes han recibido la licencia de conducir en la comuna de Pichilemu, es información reservada de conformidad a lo previsto tanto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, como en la Ley de Transparencia según dispone la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2, el cual dispone que podrá denegarse la entrega de aquella información cuya divulgación afecte la vida privada de sus titulares.

10) Que en mérito de lo antes señalado, y resultando plausibles las alegaciones de la reclamada a fin de acreditar la causal consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se acogerá la causal invocada y conjuntamente con ello, se rechazará el presente amparo.

11) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, se representará a la reclamada la infracción a lo dispuesto en la Ley de Transparencia en su artículo 14, a fin que adopte las medidas necesarias para evacuar respuesta a las solicitudes de información que se le formulen dentro del plazo dispuesto en la citada norma.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don José Molina Rivero, en contra del Municipio de Pichilemu, por concurrir las causales de reserva o secreto establecidas en el artículo 21 N° 1, letra c), y N° 2 de la Ley de Transparencia, por las razones precedentemente expuestas.

II. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pichilemu la infracción del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, a fin que adopte las medidas necesarias para evacuar respuesta a las solicitudes de información que se le formulen dentro del plazo de 20 días hábiles dispuesto en la citada norma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Molina Rivero y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pichilemu.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.