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NN con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Rol: C4307-16

Consejo para la Transparencia, 28/03/2017

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información referente a la copia de 7 cartas de denuncia emitidas en su contra, que según indica, motivaron la decisión de no renovar su vínculo contractual con esa entidad. El Consejo rechaza el amparo, toda vez que no se puede negar el riesgo de divulgar las denuncias formuladas por los trabajadores, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4307-16

Entidad pública: Superintendencia de Educación Escolar

Requirente: N.N.

Ingreso Consejo: 26.12.2016

En sesión ordinaria N° 788 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de marzo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4307-16.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de diciembre de 2016, la parte solicitante requirió a la Superintendencia de Educación Escolar copia de 7 cartas de denuncia emitidas en su contra, que según indica, motivaron la decisión de no renovar su vínculo contractual con esa entidad.

2) RESPUESTA: El 21 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Educación Escolar respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 2385 denegando lo requerido por oposición de los denunciantes en virtud del procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 26 de diciembre de 2016, la parte reclamante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado del presente amparo al Sr. Superintendente de Educación mediante Oficio N° 528 de 9 de enero de 2017. El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones mediante Oficio N° 116 de 23 de enero de 2017, señalando, en síntesis que:

a) La denegación de la información solicitada se fundó en la oposición deducida por los terceros interesados, esto es, los denunciantes que presentaron las cartas de denuncia.

b) Agrega que las misivas requeridas fueron presentadas de manera confidencial a su jefatura y en ellas describen situaciones que debieron enfrentar directamente en su lugar de trabajo y respecto de una de las funcionarias que ahí se desempeñaba.

c) Divulgar dichos antecedentes podría afectar el clima laboral de la Dirección Regional y además la posibilidad de represalias hostigamiento y reproches a los denunciantes.

d) En la especie no procede la aplicación del principio de la divisibilidad, por cuanto la parte solicitante pide expresamente copia de las 7 cartas presentadas por funcionarios de la Dirección Regional donde prestaba servicios y en dichos documentos ellos describen situaciones de carácter personal que describen como a su juicio fueron víctimas de amenazas.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó trasladar el amparo a los terceros involucrados mediante Oficios Nos 1.335 a 1.341 todos de 31 de enero de 2017.

Mediante diversas presentaciones los referidos terceros se opusieron a la entrega de la información señalando, en síntesis, que:

a) La información requerida pertenece a la esfera de su vida privada, detallándose en ellas situaciones de carácter privado y personal concernientes a su seguridad, salud y honra, las que de hacerse públicas podrían generar amenazas, privación o perturbación a sus derechos y garantías constitucionales, especialmente el derecho a la vida privada, honra, inviolabilidad de una forma de comunicación, integridad física y psicológica.

b) Citan lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución Política, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y la Ley N° 19.628.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, sobre el particular, este Consejo ha razonado que no se puede desconocer el riesgo que trae consigo la divulgación de las denuncias formuladas por los trabajadores. En efecto, ha resuelto que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los denunciantes o de los que han prestado declaración, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado.

2) Que, además, en materia de denuncias ha considerado que el acceso a tales documentos puede traer como consecuencia que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas. En efecto la entrega de tales antecedentes podría imposibilitar que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable, que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que las denuncias puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, conforme con lo razonado precedentemente, se rechazará el presente amparo respecto de la copia de la denuncia solicitada.

3) Que, por último, atendido que la revelación de la identidad de la parte requirente da cuenta de la circunstancia de que se dedujeron ciertas denuncias en su contra, este Consejo estima que dicho dato debe ser protegido, por lo cual se mantendrá en reserva su identidad en la presente decisión, disponiéndose, además, el resguardo de dicha identidad en los registros internos de este Consejo y en la información sobre procesos en curso disponible en la página web de esta Corporación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por la parte reclamante, en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director de Desarrollo y Procesos de este Consejo a fin de que adopte las medidas que resulten necesarias a fin de eliminar de las bases de datos que obran en poder de esta Corporación la referencia a la identidad del reclamante del presente amparo.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la parte reclamante, al Sr. Superintendente de Educación, y a los terceros interesados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.