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Max Inostroza Cabello con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Rol: C264-17

Consejo para la Transparencia, 05/05/2017

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a "el nombre y RBD de todos los establecimientos educacionales del país en que se haya realizado un acta de fiscalización con el Hallazgo N°24, denominado ‘Establecimiento no utiliza subvención en el propósito determinado por ley o convenio suscrito’, entre el día 01 de noviembre de 2016 y el 24 de diciembre de 2016". El Consejo acoge el amparo, toda vez que las alegaciones del órgano reclamado no son suficientes ni revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C264-17

Entidad pública: Superintendencia de Educación Escolar

Requirente: Max Inostroza Cabello

Ingreso Consejo: 20.01.2017

En sesión ordinaria N° 799 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C264-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de diciembre de 2016, don Max Inostroza Cabello solicitó a la Superintendencia de Educación Escolar, en adelante e indistintamente, la Superintendencia o la SEE, la siguiente información: "el nombre y RBD de todos los establecimientos educacionales del país en que se haya realizado un acta de fiscalización con el Hallazgo N°24, denominado ‘Establecimiento no utiliza subvención en el propósito determinado por ley o convenio suscrito’, entre el día 01 de noviembre de 2016 y el 24 de diciembre de 2016".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 24, de fecha 4 de enero de 2017, la Superintendencia denegó el acceso a la información en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, indicando que la información requerida corresponde a una solicitud de carácter genérico, que comprende un procesamiento de datos de más de 6.200 fiscalizaciones en el año 2016, lo que provocaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones, en particular, funcionarios de la División de Fiscalización y de Fiscalía.

3) AMPARO: El 20 de enero de 2017, don Max Inostroza Cabello dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, el reclamante hace presente que mediante los sistemas informáticos SIFE y SIPA de la institución, se emitirían los reportes solicitados, por lo que la alegación del órgano "no se ajustan a la realidad, pues el reporte requerido lo genera automáticamente los sistemas aludidos".

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° 1.384, de fecha 2 de febrero de 2017, confirió traslado al Sr. Superintendente de Educación Escolar, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Mediante Ord. 10DJ N° 302, de fecha 15 de febrero de 2017, la Superintendencia reclamada presentó sus descargos, reiterando lo indicado en su respuesta, denegando la entrega de la información, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, agregando que "la elaboración de una respuesta implica el procesamiento de datos correspondientes a un total de más de 23.106 actas de fiscalización de 2016, considerando solo aquellas que se encuentran en estado de procesado y cerrado hasta el día 24 de diciembre de 2016, las que deben ser filtradas y procesadas para obtener el resultado requerido por el solicitante" y que el referido procesamiento de datos es realizado en la Dirección Nacional de la Superintendencia, por la División de Fiscalización, que actualmente cuenta con un funcionario para realizar las gestiones, lo que resultaría prácticamente imposible de realizar sin descuidar funciones propias de la institución.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Superintendencia de Educación Escolar, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, lo requerido corresponde a una nómina con el nombre y RBD de los establecimientos educacionales del país en que se haya realizado un acta de fiscalización con el Hallazgo N°24, entre el 1 de noviembre de 2016 y el 24 de diciembre de 2016, por no utilizar la subvención en el propósito determinado por la ley o el convenio suscrito. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, en tal sentido, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. Al efecto, atendida la naturaleza de la información requerida, que se vincula derechamente con las funciones fiscalizadoras del órgano reclamado, ésta información obra en poder de la Superintendencia y ha sido elaborada con presupuesto público, por lo que en virtud de lo dispuesto en los mencionados artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública, salvo que concurra a su respecto una causal de secreto o reserva.

3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo rol C377-13 y C4296-16, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

5) Que, a fin de ponderar la causal de reserva expuesta, resulta procedente atender al volumen, naturaleza, y origen de la información solicitada. En la especie, respecto a la naturaleza y origen de la información requerida, debe indicarse que según lo prescrito en la ley N° 20.529, de 2011, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización "El objeto de la Superintendencia será fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante "la normativa educacional". Asimismo, fiscalizará la legalidad del uso de los recursos por los sostenedores de los establecimientos subvencionados y que reciban aporte estatal y, respecto de los sostenedores de los establecimientos particulares pagados, fiscalizará la referida legalidad sólo en caso de denuncia (...)" (Artículo 48). Tendrá las siguientes atribuciones: "a) Fiscalizar que los establecimientos educacionales y sus sostenedores reconocidos oficialmente cumplan con la normativa educacional" ; "b) Fiscalizar la rendición de la cuenta pública del uso de todos los recursos, públicos y privados, de acuerdo al Párrafo 3° de este Título, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados (...)";y, "i) Formular cargos, sustanciar su tramitación y resolver los procesos que se sigan respecto de todos los incumplimientos o infracciones a la normativa educacional (...)" (artículo 49). Por lo anterior, conforme la normativa citada, la información requerida obra en poder de la reclamada por mandato legal y forma parte del objeto esencial de la Superintendencia de Educación.

6) Que, respecto al volumen de la información requerida, el órgano informa, en primer lugar, en su respuesta al solicitante, que "de más de 6.200 fiscalizaciones en el año 2016", y en sus descargos señala que "la elaboración de una respuesta implica el procesamiento de datos correspondientes a un total de más de 23.106 actas de fiscalización de 2016", lo que provocaría la distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones. En particular, indica que dicho procesamiento de datos es realizado por la División de Fiscalización, de la Dirección Nacional de la Superintendencia, que actualmente cuenta con un funcionario. Lo anterior, demuestra una evidente inconsistencia en las respuestas entregadas por la Superintendencia, en cuanto a la cantidad real de información requerida o comprendida en la solicitud de acceso.

7) Que, al efecto, tras el análisis y revisión de la solicitud de información y las atribuciones legales del Servicio sobre la materia, a la luz de los criterios ya fijados, este Consejo estima que las alegaciones del órgano no son suficientes ni revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada ni configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Sobre el particular, se debe precisar que la información sobre actas de fiscalización con el Hallazgo N° 24, se encuentra suficientemente acotada a un período de tiempo de menos de 2 meses (del 1 de noviembre al 24 de diciembre de 2016); y, sólo se circunscribe a aquellos procedimientos incoados por un hallazgo en particular (no utilizar la subvención en el propósito determinado por ley o por el convenio suscrito). Al efecto, ni en su respuesta ni en los descargos evacuados en esta sede, el órgano se pronunció sobre el tiempo estimado o costo de oportunidad referido a atender esta solicitud, sin precisar, por ejemplo, las horas hombre destinadas a dichas funciones en razón de esta solicitud, sino que solamente se limita a señalar cifras generales o anuales relativas a la cantidad de fiscalizaciones realizadas. Tampoco se han mencionado las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente, haciendo meras alegaciones generales sobre el particular, las que serán desestimadas, teniendo presente el objeto o función esencial del órgano reclamado.

8) Que, por lo razonado precedentemente, y teniendo especialmente presente que la información requerida corresponde al objeto principal de la Superintendencia reclamada (vinculado a la fiscalización e inicio de procedimientos administrativos sancionatorios por incumplimiento de la normativa educacional), tratándose de una institución cuya creación data del año 2012, estando ya en plena vigencia la Ley de Transparencia, y por ende, debiendo poseer una plataforma tecnológica y de gestión documental acorde a las actuales tecnologías de la información y del conocimiento, las que deben tender hacia el fácil acceso a la información pública, teniendo en consideración, principalmente, que uno de los objetivos primordiales de la Superintendencia es atender consultas y solicitudes de información de la ciudadanía, unido todo lo anterior al avance de las telecomunicaciones y a los objetivos de modernización del Estado, este Consejo desestimará la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

9) Que finalmente, este Consejo hace presente que le resulta inverosímil la debilidad en la gestión documental alegada por el órgano reclamado, lo que llevará en definitiva, a acoger el presente amparo, ordenando a la Superintendencia de Educación entregar al reclamante la nómina de los establecimientos educacionales, incluyendo RBD, en que se haya realizado un acta de fiscalización a causa del Hallazgo N° 24, por no utilizar la subvención en el propósito determinado por ley o por el convenio suscrito, entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre de 2016.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Max Inostroza Cabello, en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Educación Escolar lo siguiente:

a) Entregar al reclamante la nómina de los establecimientos educacionales, incluyendo RBD, en que se haya realizado un acta de fiscalización a causa del Hallazgo N° 24, por no utilizar la subvención en el propósito determinado por ley o por el convenio suscrito, entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre de 2016.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Max Inostroza Cabello y al Sr. Superintendente de Educación Escolar.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.