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Blanca Guevara con UNIVERSIDAD DE CHILE Rol: C215-17

Consejo para la Transparencia, 05/05/2017

Se dedujo amparo en contra de la Universidad de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a "la resolución que aprueba el contrato o convenio de licencia de explotación de las tecnologías para usos de antimicrobiales (un aditivo que consiste en una mezcla de nano partículas de cobre con diferentes polímeros, y un aditivo en polvo para recubrimientos orgánicos), efectuada entre la universidad y Plasticopper en 2014". El Consejo acoge el amparo, toda vez que el contrato solicitado no contiene información económica o comercial de la empresa.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:




Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C215-17.

Entidad pública: Universidad de Chile.

Requirente: Blanca Guevara.

Ingreso Consejo: 17.01.2017.

En sesión ordinaria N° 799 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C215-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 11 de diciembre de 2016, doña Blanca Guevara solicita a la Universidad de Chile, "la resolución que aprueba el contrato o convenio de licencia de explotación de las tecnologías para usos de antimicrobiales (un aditivo que consiste en una mezcla de nano partículas de cobre con diferentes polímeros, y un aditivo en polvo para recubrimientos orgánicos), efectuada entre la universidad y Plasticopper en 2014".

2) TRASLADO: La Universidad de Chile, mediante oficio N° 639/2016, de fecha 20 de diciembre de 2016 y, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunica a empresa Plasticopper S.P.A. - tercero involucrado- la solicitud de información de la requirente y su derecho a oponerse a la entrega de la misma.

3) OPOSICIÓN DE TERCERO INTERESADO: Mediante carta de fecha 28 de diciembre de 2016, Plasticopper S.P.A. se opone a la entrega de la información requerida, esto debido a que se trata de antecedentes comerciales sensibles que no pueden proporcionarse sin conocer el motivo y su destinatario. Además, que su divulgación podría comprometer su posición competitiva, debido al carácter comercial y estratégico para el mercado en el que opera. Así, señala que dentro de los acuerdos tomados con la Universidad de Chile, existe una cláusula de Estrategia de Protección que los obliga a emitir informes periódicos a dicho establecimiento educacional, respecto a las acciones de protección de la propiedad intelectual y sub-licenciamientos de la tecnología licenciada a su favor, especialmente, debe indicar las zonas geográficas en donde se encuentra en negociaciones. Por lo tanto, entregar la información pedida, sin conocer su destino y uso, estiman que iría en contra del compromiso antes mencionado.

4) RESPUESTA: La Universidad de Chile, mediante oficio N° 4/2017, de fecha 3 de enero de 2017, deniega la solicitud de acceso a la información, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, esto es, por oposición de Plasticopper S.P.A.

5) AMPARO: Con fecha 17 de enero de 2017, doña Blanca Guevara, deduce amparo a su derecho de acceso en contra de la Universidad de Chile, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, debido a la oposición de un tercero.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Chile, mediante oficio N° 1.256, de fecha 30 de enero de 2017. El órgano reclamado, presentó sus descargos y observaciones por medio de oficio N° 111/2017, de fecha 16 de marzo de 2017, informando que existen dos resoluciones que aprueban contratos de licencia de explotación de tecnologías para usos antimicrobiales, entre la Universidad y la empresa consultada y que corresponden a las resoluciones N° 8 y N° 9, ambas de fecha 5 de enero de 2015, cuyas copias remiten.

Sostienen que consideran necesario cuidar los acuerdos a los que arriban con terceros clientes, fruto de las relaciones propias de su rol legal de prestadores de productos y servicios, lo que reviste primordial importancia en el aseguramiento de recursos financieros que les permitan realizar sin afectaciones graves sus funciones propias, dado que el actual sistema de autofinanciamiento impuesto por el Estado a sus propias Universidades. Por lo tanto, estiman que la divulgación de lo pedido puede afectar su función de hacer investigaciones y de desarrollo científico y tecnológico, puesto que lo que se pide publicitar es el núcleo de la alianza entre ellos y entes privados dispuestos a hacer las inversiones necesarias, no exentas de riesgos, que permitan que los avances científico-tecnológicos producidos en su comunidad, puedan efectivamente ver la luz en la realidad y servir como soluciones en los más variados ámbitos del quehacer nacional. De esa alianza, y fundamentalmente de conservar la confianza que en ella se ha generado, depende que su producción científica y tecnológica siga siendo una herramienta indispensable para generar los recursos necesarios de los cuales depende el mismo desarrollo científico, así como también, la docencia y extensión.

De este modo, mediante la suscripción de contratos de licencias, se logra materializar la actividad de transferencia de las tecnologías generadas en la Universidad a terceros interesados, y en último término a la sociedad en general. Las condiciones en que se transfieren dichas tecnologías obedecen a razones de mercado, de competencia, que se verían muy alteradas, en perjuicio de la Universidad, sino se acoge la reserva de los documentos en cuestión. En efecto, el contrato de licencia contenido en la resolución aprobatoria contiene información comercial, en general, de la tecnología que forma parte de su activo intangible que debe ser protegido, constituyéndose en el derecho de propiedad intelectual, derecho de rango legal y constitucional.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido a Plasticopper S.P.A., mediante oficio No 1.368, de fecha 2 de febrero de 2017, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, a fin de que presente sus descargos y observaciones al este amparo, haciendo mención expresa de los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de lo requerido.

Plasticopper S.P.A., por medio de carta de fecha 16 de marzo de 2017, formula sus observaciones y descargos, reiterando su oposición a la entrega de la información solicitada, en atención a que su publicidad le generaría un perjuicio basado en la debilitación de su estrategia comercial, dado que contiene información sensible respecto a los socios comerciales, tanto vigentes como potenciales, mercado objetivo internacional, estrategia de crecimiento y desarrollo de nuevos productos, así como también, afectaría ciertos acuerdos de confidencialidad firmados con algunos socios comerciales. Además, de reiterar lo señalado relativo a la cláusula de Estrategia de Protección. Finalmente, indican que el contrato pedido contiene información sobre royalties y otros tipos de acuerdos económicos entre ambas partes, que no pueden ser divulgadas, dado que comprometen su competitividad en el mercado tanto nacional como internacional.

Y CONSIDERANDO:

1) Que la Universidad de Chile según lo establecido en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2007, de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile; es una Institución de Educación Superior del Estado de carácter nacional y público, " dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura". Por su parte, además se encuentra facultada, en virtud de lo prescrito por el artículo 55, letra f) del cuerpo normativo citado, para "Crear fondos específicos para el desarrollo institucional y solicitar patentes que se deriven de su trabajo de investigación y creación". Así como también, para "ejecutar actos y celebrar contratos que, estando orientados a mantener, a mejorar o acrecentar las condiciones de funcionamiento y operatividad de la entidad de Educación Superior, puedan implicar también contribución a su financiamiento o incremento de su patrimonio" (artículo 99, letra b), de la ley N° 18.681, que establece normas complementarias de administración financiera, de incidencia presupuestaria y personal).

2) Que, por medio de resolución N° 8, de fecha 5 de enero de 2015, se autoriza a proceder mediante trato directo con la empresa Plasticopper S.P.A., para la celebración del "Contrato de Licencia exclusiva de uso de Patente correspondiente a Aditivo que confiere propiedades biocidas a distintos materiales, tales como resina polimérica naturales o sintéticas, termoplásticas o termoestable recubrimientos orgánicos, pinturas, barnices, lacas, revestimiento, geles, aceite, ceras, materiales cerámicos, entre otros"; además de aprobar dicho contrato, suscrito con fecha 15 de julio de 2014. Por su parte, por medio de resolución N° 9, de igual fecha que la anterior, se autoriza y aprueba idéntico contrato respecto de patente "Materiales poliméricos con propiedades antifouling biocidas antivirales y antimicrobianas método de elaboración y sus usos". Ambas solicitudes de patentes se encuentran inscritas en el registro del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a petición de la Universidad de Chile.

3) Que lo pedido son las resoluciones individualizadas en el considerando anterior y dictadas por el órgano reclamado, por lo tanto, conforme a lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, tienen el carácter de información pública, salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva legal, las que, por ser de derecho estricto y una excepción, deben aplicarse en forma restrictiva, debiendo ser acreditada por aquel que la invoca.

4) Que el órgano reclamado, en su respuesta, deniega el acceso a las resoluciones pedidas, por oposición de la empresa consultada, luego de haber sido notificada en conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo cual, con ocasión de sus descargos, argumenta también la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Por lo que, se debe determinar si respecto de dicha información pública se configuran las causales de excepción a la publicidad alegadas por aquellos.

5) Que, el tercero involucrado se opone a la entrega de la información solicitada, en atención a que su publicidad le generaría un perjuicio basado en el debilitamiento de su estrategia comercial, dado que contiene información sensible respecto a los socios comerciales, tanto vigentes como potenciales, mercado objetivo internacional, estrategia de crecimiento y desarrollo de nuevos productos, así como también, afectaría ciertos acuerdos de confidencialidad firmados con algunos socios comerciales. Por lo tanto, se entiende que estaría invocando la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud del cual un mero interés no es suficiente para configurar la excepción al principio de publicidad de los actos de la Administración Pública, por lo tanto, se debe justificar la existencia de un derecho que se vería afectado con su divulgación. Al respecto, este Consejo ha adoptado los siguientes criterios orientadores para determinar si la entrega de la información puede afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente la utilizan; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecte significativamente su desenvolvimiento competitivo).

6) Que, en este punto es necesario hacer presente que el contrato de licencia es aquel por el cual el titular de un derecho de propiedad industrial - Universidad de Chile- autoriza a un tercero - Plasticopper S.P.A.- para ejercer el derecho de explotación de aquel derecho, por determinado tiempo y a cambio o no de una regalía (royalty). En el presente caso, el derecho a utilizar la tecnología patentada se hace de forma exclusiva para ese tercero. Con respecto a los contenidos de estos contratos, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en su sitio de internet, informa detalladamente las estipulaciones que generalmente aquellos contienen. Por lo tanto los contenidos de los contratos aprobados por las resoluciones que se requieren, son cláusulas generalmente conocidas, por aquellos que se dedican a suscribir convenios de licencia, que no tienen un valor comercial por ser secreta.

7) Que, a mayor abundamiento, el objeto del contrato y contenidos técnicos de la licencia cuyo uso se otorgó de manera exclusiva, es publicitada de forma detallada en la página web de la empresa consultada. Además, señala que está conformada por un equipo de profesionales "con fuerte experiencia y know-how para aplicar y comercializar las tecnologías antimicrobiales en base a cobre de la Universidad de Chile (...) para una amplia gama de productos, mediante la incorporación de nanotecnología en base a cobre que reduce el crecimiento y la reproducción de bacterias, virus y hongos". Además, sostienen que su visión es junto a la Universidad de Chile "liderar la investigación, el desarrollo y la innovación de materiales basados en las propiedades del cobre, generando productos de alto impacto económico y social".

8) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, y en atención a que lo pedido se trata de resoluciones que aprueban contratos celebrados entre un órgano de la Administración Pública y un privado, en los que no da cuenta de las especificaciones técnicas de las patentes cuyo uso exclusivo se otorga, sino que corresponde a las clausulas típicas establecida para ese tipo de convenios, este Consejo concluye que no se cumplen con los requisitos señalados en el considerando quinto, desestimando la causal de reserva alegada por el tercero involucrado.

9) Que, respecto de lo argumentado por la Universidad de Chile, en orden a que concurriría la causal de excepción establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, teniendo a la vista el referido contrato, se advierte que no contiene información económica o comercial de la empresa, cuya entrega pueda desincentivar futuras contrataciones, sólo apreciándose la presencia de cláusulas usuales que comprenden este tipo de figuras, tales como duración, propiedad intelectual, cláusula de confidencialidad, modificación del contrato, término anticipado, personería, etc. Además, respecto de la alegación que lo pedido estaría amparado por el derecho de propiedad intelectual, cabe hacer presente que si bien el contrato presupone la existencia de un derecho de propiedad industrial cuyo uso se concede a un tercero, en éste no se da cuenta de las especificaciones técnicas de la invención patentada, a no ser del título e individualización de los investigadores responsables de aquella, antecedentes que se encuentran a disposición permanente del público en el registro de patentes de invención que mantiene INAPI en su sitio web.

10) Que, por otra parte, respecto a la existencia de una cláusula de confidencialidad en el contrato requerido, cabe señalar que ésta alegación debe ser desestimada, toda vez que la existencia de este tipo de cláusulas en contratos no transforma a éstos, per se, en secretos, pues no se enmarcan en los supuestos de reserva que establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, las que además deben establecerse en leyes de quórum calificado. Aceptar lo contrario podría llevar a que se alterase el régimen de secreto o reserva a través de la vía contractual, ignorando el debido fundamento legal que reclama la Carta Fundamental.

11) Que, por lo tanto, en mérito de lo expuesto, se desestimará la concurrencia de la causal de reserva alegada, acogiendo el presente amparo, requiriendo la entrega de copia de las resoluciones solicitadas, debiendo tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto incorporados en ellas, tales como, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por doña Blanca Guevara en contra de la Universidad de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Chile que:

a) Entregue a la reclamante copia de las resoluciones N° 8 y N° 9, debiendo tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto incorporados en ellas, tales como, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Blanca Guevara, al Sr. Rector de la Universidad de Chile y a Plasticopper S.P.A., este último en su calidad de tercero interesado en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.