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Rodolfo Noriega Cardó con INTENDENCIA REGIÓN DE ANTOFAGASTA Rol: C589-17

Consejo para la Transparencia, 28/04/2017

Se dedujo amparo en contra de la Intendencia Región de Antofagasta, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "copia de las resoluciones de expulsión contra ciudadanos peruanos dictadas entre el 1 de enero del año 2017 hasta el 31 de enero del año 2017". El Consejo acoge el amparo, toda vez que se trata de la copia de un acto administrativo de carácter publico.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C589-17

Entidad pública: Intendencia Región de Antofagasta.

Requirente: Rodolfo Noriega Cardó.

Ingreso Consejo: 20.02.2017

En sesión ordinaria N° 797 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de abril de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C589-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de febrero de 2017, don Rodolfo Noriega Cardó solicitó a la Intendencia de la Región de Antofagasta, en adelante e indistintamente, la Intendencia, la siguiente información: "copia de las resoluciones de expulsión contra ciudadanos peruanos dictadas entre el 1 de enero del año 2017 hasta el 31 de enero del año 2017".

2) RESPUESTA: Mediante correo electrónico de fecha 20 de febrero de 2017, la Intendencia otorgó respuesta a la solicitud de información, señalando en síntesis, que "los antecedentes solicitados, sólo es posible indicar que fueron expulsados 3 extranjeros de nacionalidad peruana, a través de las resoluciones exenta N° 390 23/01/2017 y N° 397 24/01/2017, teniendo presente que en dichas resoluciones existe información personal de terceras personas, para obtener las mismas deberá acompañar poder suficiente para su retiro".

3) AMPARO: El 20 de febrero de 2017, don Rodolfo Noriega Cardó dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E198, de fecha 7 de marzo de 2017, confirió traslado al Sr. Intendente de la Región de Antofagasta, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.

Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 4 de abril de 2017, se concedió a la Intendencia, un plazo extraordinario para evacuar los descargos respectivos.

Mediante Oficio N° 494, de fecha 6 de abril de 2017, la Intendencia de la Región de Antofagasta presentó sus observaciones, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta al solicitante, agregó en síntesis, que "como queda de manifiesto, y contrario a lo sostenido por el recurrente, esta Intendencia NO negó la información solicitada, muy por el contrario, se indica que está disponible para su retiro, pero que deben ser retiradas por alguien que acredite tener poder suficiente para ello".

Acto seguido, hace alusión al artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, y con el punto 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, informando que "esta autoridad cumplió con el principio de divisibilidad, dado que (...) se le entregó parte de la información que había solicitado, esto es, el número total de los expulsados en el período que él señala e incluso se le informa el número y fecha de las respectivas resoluciones (...) las resoluciones de expulsiones de los extranjeros contienen información personal que puede afectar la vida privada de aquellos, por tanto, y en ese contexto, al ser expulsados los mismos y al haberse ejecutado su expulsión, sería imposible cumplir con la norma del artículo 20 de la ley N° 20.285", haciendo mención de lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C3036-15.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Intendencia de la Región de Antofagasta, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a copia de las resoluciones de expulsión dictadas contra ciudadanos peruanos entre el 1 y el 31 de enero de 2017. Al respecto, el órgano informó la cantidad de expulsados y el número y fecha de las respectivas resoluciones exentas, agregando que para retirar copia de las mismas debía acompañar poder suficiente, por cuanto contienen antecedentes personales.

2) Que, en tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales, lo que no ha ocurrido en la especie.

3) Que, en la especie, lo pedido se refiere a copia de las resoluciones exentas, actos administrativos de carácter público por antonomasia, dictados por el propio órgano requerido, respecto de los cuales no se ha alegado la concurrencia de ninguna causal de reserva de las enumeradas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

4) Que, no obstante lo anterior, resulta plausible sostener que las resoluciones exentas de expulsión de extranjeros contienen datos personales, en los términos dispuestos en el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, como el nombre, fecha de nacimiento, número de pasaporte, entre otros, y que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el órgano debió haber notificado la solicitud de información objeto del presente amparo, a dichos terceros sancionados con medida de expulsión, lo que, atendida la naturaleza de la sanción impuesta por el órgano, resulta del todo ilusorio e inoficioso.

5) Que, en virtud de lo expuesto, habiéndose requerido copia de un acto administrativo de carácter público, respecto del cual no concurre ninguna causal de reserva, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto incorporados en la información que se entregue, como por ejemplo, el nombre, el número de cédula de identidad o pasaporte, domicilio o correo electrónico particular, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma ley.

6) Que, respecto de lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C3036-15, mencionado por el órgano en sus descargos, cabe tener presente que lo pedido se refería a toda la información existente respecto de la situación migratoria de un extranjero, y no la copia de un acto administrativo, como ocurre en la solicitud objeto del presente amparo, motivo por el cual lo razonado en dicha decisión no tiene aplicación, en la especie, debiendo rechazarse dicha alegación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Rodolfo Noriega Cardó en contra de la Intendencia de la Región de Antofagasta, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Intendente de la Región de Antofagasta lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia de las resoluciones de expulsión dictadas contra ciudadanos peruanos entre el 1 y el 31 de enero de 2017, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto incorporados en la información que se entregue, como por ejemplo, el nombre, el número de cédula de identidad o pasaporte, domicilio o correo electrónico particular, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodolfo Noriega Cardó y al Sr. Intendente de la Región de Antofagasta.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu, y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.