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Luz Orellana Esparza con MUNICIPALIDAD DE ARICA Rol: C477-17

Consejo para la Transparencia, 23/05/2017

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Arica, fundado en la denegación de la información solicitada referente a la "copia de sus liquidaciones de sueldo de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015". La solicitante hace presente que es profesora Diferencial y Educadora de Párvulos del DAEM, desde el año 2011, hasta la fecha, de forma indefinida. El Consejo acoge el amparo, al no configurarse la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C477-17

Entidad pública: Municipalidad de Arica

Requirente: Luz Orellana Esparza

Ingreso Consejo: 10.02.2017

En sesión ordinaria N° 800 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de mayo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C477-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de enero de 2017, doña Luz Orellana Esparza solicitó a la Municipalidad de Arica "copia de sus liquidaciones de sueldo de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015". La solicitante hace presente que es profesora Diferencial y Educadora de Párvulos del DAEM, desde el año 2011, hasta la fecha, de forma indefinida.

2) RESPUESTA: Mediante Ord. N° 435/2017, de 30 de enero de 2017, el municipio respondió a dicho requerimiento de información indicando que recabar estos antecedentes implicaría una distracción indebida de los funcionarios por lo que se deniega el acceso a la información en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Funda la causal, en síntesis, en lo siguiente:

a) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 del Código del Trabajo, cada mes, conjuntamente con el pago de remuneraciones de cada persona que se desempeña en la institución, se emite y entrega un comprobante de remuneraciones. Así, mensualmente se ha entregado a la requirente las copias de sus liquidaciones de remuneraciones.

b) El Departamento respectivo emite mensualmente 3.080 liquidaciones de remuneraciones, aproximadamente, todas las cuales son elaboradas previo cálculo de descuentos, cotizaciones previsionales, créditos, cálculo de pago de horas extraordinarias, etc. por parte de la Unidad de Remuneraciones del DAEM, la que actualmente cuenta con 5 funcionarios. La elaboración y emisión de dichas liquidaciones es una labor compleja que requiere dedicación exclusiva y permanente, para finalmente concluir con el debido pago de los sueldos de los trabajadores dependientes del DAEM (aproximadamente más de 3.000 dependientes).

c) Hace presente que la requirente solicita copia de sus liquidaciones de sueldo, las que datan desde hace más de 6 años a la fecha.

d) Cada mes se emiten 3.000 liquidaciones, y ese número se multiplica por 72 meses (que serían los 3 años de antigüedad de los documentos que abarca la solicitud), se llega a la conclusión que se encuentran archivadas unas 216.000 liquidaciones de sueldo, antes de las que solicita la requirente, siendo evidente, que resulta absolutamente improcedente distraer de sus funciones a los trabajadores de la Unidad de Remuneraciones del Departamento para satisfacer este requerimiento. Lo anterior, aún más, pues los documentos requeridos le fueron debidamente entregados.

3) AMPARO: El 10 de febrero de 2017, doña Luz Orellana Esparza dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información solicitada.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica, mediante Oficio N° 1.893, de 24 de febrero de 2017. Mediante Ord. N° 2.764/2017, de 15 de mayo de 2017, el municipio reclamado presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo indicado en su respuesta a la solicitud de información.

Y CONSIDERANDO:

1) Que lo requerido corresponde a copia de las liquidaciones de sueldo de la propia requirente, en su calidad de funcionaria del municipio reclamado. Al efecto, atendida la naturaleza de lo requerido y el vínculo contractual de la solicitante con el Servicio reclamado, los antecedentes solicitados obran en poder del órgano y han sido elaborados con presupuesto público, por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública, salvo que concurra a su respecto una causal de secreto o reserva.

2) Que el fundamento del presente amparo se circunscribe a la denegación de la información requerida por configurarse, en la especie, la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia.

3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.

5) Que a fin de ponderar la causal de reserva expuesta, resulta procedente atender al volumen, naturaleza, y origen de la información solicitada. Sobre la naturaleza y origen de la información, se debe hacer presente que los funcionarios que se desempeñan en la Administración Pública, al igual que los trabajadores del sector privado, tienen derecho a percibir una contraprestación económica por los servicios que prestan, lo que en el caso de los funcionarios municipales se encuentra expresamente consagrado en el artículo 93 de la ley N° 18.883. Al momento de efectuarse el pago, aplicando la norma de carácter general del inciso final del artículo 54 del Código del Trabajo, "(...) el empleador deberá entregar al trabajador un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas", documento, éste último, conocido como liquidación de sueldo o de remuneraciones. Además, la recurrente ha hecho uso del derecho que le permite acceder a su propios datos personales, que obran en poder de la reclamada, consagrado en el artículo 12, inciso 1°, de la ley N° 19.628, que es posible ejercer a través del procedimiento de acceso a la información pública, establecido en la Ley de Transparencia.

6) Que respecto al volumen de la información se advierte que lo requerido corresponde a las liquidaciones de sueldo emitidas mensualmente (12) durante un período de 5 años (2011 a 2015), respecto de sólo una funcionaria. De esta forma, revisados los criterios ya fijados e indicados en los considerandos 3) y 4) del presente acuerdo, este Consejo estima que las alegaciones del órgano no son suficientes ni revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada ni configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En concreto, las acciones relativas a la búsqueda y copia de las liquidaciones de remuneraciones requeridas, no son de una entidad tal que permitan tener por acreditada fehacientemente y configurada -en la especie- la hipótesis de reserva alegada, motivos por los que se acogerá el presente amparo y se requerirá la entrega de la información requerida, esto es, copia de las liquidaciones de sueldo de la requirente de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

7) Que finalmente, respecto a lo indicado por el municipio en términos de que, para satisfacer la petición de análisis "resulta absolutamente improcedente distraer de sus importantes funciones a los trabajadores de la Unidad de Remuneraciones del DAEM," este Consejo representará severamente la actitud del órgano, la cual no se aviene con el principio de facilitación, y hará presente que se hará un estricto seguimiento de los amparos presentados en lo sucesivo en contra de dicha municipalidad, en orden a que ésta observe cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, bajo apercibimiento de iniciar un procedimiento disciplinario en la especie.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Luz Orellana Esparza, de 10 de febrero de 2017, en contra de la Municipalidad de Arica, al no configurarse en la especie la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica:

a) Hacer entrega a la reclamante de copia de sus liquidaciones de sueldo respecto a los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar severamente al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica la actitud del órgano durante la tramitación de esta solicitud de información y del amparo, la cual no se aviene con el principio de facilitación, haciendo presente que se hará un estricto seguimiento de los amparos presentados en lo sucesivo en contra de dicha municipalidad, en orden a que ésta observe cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, bajo apercibimiento de iniciar un procedimiento disciplinario en la especie.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Luz Orellana Esparza, y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.