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María Angélica Rivas Núñez con MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA Rol: C369-17

Consejo para la Transparencia, 23/05/2017

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Independencia, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la propiedad que se individualiza. El Consejo acoge el amparo, toda vez que tienen carácter público todos los antecedentes relativos a los permisos de construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición, y por ende también de su expediente, en la especie, no correspondía que la Municipalidad requerida procediese conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C369-17

Entidad pública: Municipalidad de Independencia

Requirente: María Angélica Rivas Núñez

Ingreso Consejo: 31.01.2017

En sesión ordinaria N° 800 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de mayo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C369-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de diciembre de 2016, doña María Angélica Rivas Núñez solicitó a la Municipalidad de Independencia, en relación a la propiedad ubicada en calle Domingo Santa María 1585, lote 87, la siguiente información:

a) "Altura y distancia ventanas abiertas hacia mi casa;

b) Largo paredes compartidas;

c) Largo total muros adosados: aprobados y ampliación sin aprobar;

d) Distancia paredes ampliación de la casa vecina al muro medianero;

e) Altura de los muros de dicha ampliación (estimación de la rasante);

f) Información sobre los nuevos cimientos de la propiedad;

g) Distancia entre las paredes del baño N°2 y el muro medianero;

h) Conocer cuáles paredes, de la estructura primitiva, fueron derribadas;

i) Superficie total del terreno. Superficie construida."

2) TRASLADO Y OPOSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO: Por medio de comunicación escrita, de fecha 03 de enero de 2017, la Municipalidad de Independencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicó a don Claudio Infante Fabres, la antedicha solicitud de acceso, y su derecho a oponerse a la entrega de la información pedida, atendida su calidad de propietario del inmueble a que se refiere el requerimiento.

Al efecto, mediante correo electrónico, de fecha 06 de enero de 2017, el tercero involucrado se opuso a la entrega de la información solicitada, argumentando, en síntesis, que la requirente ha mantenido una conducta de hostigamiento permanente sobre la casa habitación contigua a la que ella habita, lo que pone en riesgo la seguridad comercial de su propiedad, así como sus derechos y de los actuales arrendatarios del inmueble.

3) RESPUESTA: El 30 de enero de 2017, mediante Oficio Ord. N° 78, la Municipalidad de Independencia respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, que se deniega el acceso a la información requerida, por existir oposición del tercero involucrado.

4) AMPARO: El 31 de enero de 2017, doña María Angélica Rivas Núñez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Además, agregó que el Municipio reclamado en su respuesta no adjuntó la oposición del tercero ni se especificaron las razones por él esgrimidas que justificarían la denegación.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: Este Consejo, mediante oficio N° 1.791, de fecha 14 de febrero de 2017, notificó el presente amparo y confirió traslado al Sr. Claudio Infante Fabres, con la finalidad que presente sus descargos y observaciones, especialmente, hacer mención expresa de los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

A través de correo electrónico de fecha 01 de marzo de 2017, el tercero involucrado presentó sus descargos en esta sede, dando cuenta, en resumen, de diversos antecedentes relativos a la adquisición de la propiedad a que se refiere la solicitud, la existencia de un procedimiento de regularización de la misma pendiente ante la Municipalidad de Independencia, y la circunstancia de que a raíz de denuncias y quejas efectuadas por la reclamante ante el propio municipio así como otros órganos de la Administración del Estado ha sido multado, desconociendo cuales son las motivaciones "de su conducta persecutoria", la que a su juicio, vulneran sus derechos y "ponen en riesgo la seguridad comercial de la propiedad, al obstaculizar su regularización definitiva y que para efectos prácticos, pone claramente en riesgo la eventual venta de la propiedad".

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, y mediante Oficio N° 1.790, de 14 de febrero de 2017, notificó y confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Independencia.

Posteriormente, el órgano reclamado mediante Oficio Ord. N° 158, de fecha 03 de marzo de 2017, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, que la solicitud no fue atendida oportunamente en razón de que el portal de transparencia no consideró el día 02 de enero como feriado, a raíz de lo cual se produjo un error involuntario; luego, en cuanto al fondo del asunto, indicó que atendido que es conocido por el municipio las diferencias que sostienen ambos vecinos y que el requerir información específica de un propiedad puede vulnerar su seguridad, ya que se desconoce el posible uso de la información, aunado al hecho de que el propietario del inmueble había señalado ya previamente que no quería se hiciese entrega de información a la solicitante, el ente edilicio procedió a conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia. En tal contexto, deducida la oposición del tercero involucrado, en tiempo y forma, la Municipalidad quedó impedida de proporcionar la información solicitada.

7) COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Por medio de correo electrónico, de fecha 09 de mayo de 2017, el organismo reclamado complementó sus descargos en esta sede, señalando que la información requerida en los literales a), f) y h) no obraría en su poder, no obstante precisa que "en cuanto al resto de la información podría extraerse del plano presentado por el Señor Infante. Carpeta que se encuentra en análisis para la toma de decisión, dado que fue ingresada para regularizar".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previamente, es preciso señalar que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la reclamada dio respuesta a la solicitud excediendo el plazo antes indicado, según el propio municipio reconoce, a consecuencia de un error involuntario. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Independencia, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.

2) Que, lo solicitado corresponde a diversa información sobre las dimensiones del inmueble ubicado en la dirección señalada por la requirente en su solicitud de acceso. Luego, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a dicho requerimiento por parte de la Municipalidad de la Independencia, quien denegó su entrega en virtud de la oposición deducida conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, por parte de propietario del inmueble a que se refiere la solicitud.

3) Que, por su parte, el tercero involucrado, justificó, en esta sede, su oposición a la entrega de la información solicitada, señalando que la reclamante ha mantenido respecto de él y del inmueble consultado, una conducta persecutoria, que a su juicio, vulneran sus derechos y ponen en riesgo la seguridad comercial de la propiedad, al obstaculizar su regularización definitiva y afectar la eventual venta de la misma, según se refiere en el numeral 5° de lo expositivo.

4) Que, en sus descargos, la reclamada se limitó a señalar que conociendo las diferencias que sostienen ambos vecinos, determinó procedente efectuar la notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia al tercero interesado, por lo tanto, habiéndose este último opuesto, en tiempo y forma, dicho órgano quedó impedido de hacer entrega de la información requerida. No obstante lo anterior, con ocasión de la complementación de descargos, anotada en el numeral 7° de lo expositivo, precisó que la información requerida en los literales a), f) y h) no obrarían en su poder, mientras que los restantes datos podrían ser extraídos desde uno de los planos entregados por el tercero interesado al municipio, con ocasión de una solicitud de regularización de la propiedad.

5) Que, en lo tocante a la información requerida en las letras b), c), d), e), g) e i) del numeral 1° de lo expositivo, la cual según reconoce el Municipio obraría en su poder por estar contenida en uno de los planos presentados por el tercero interesado en procedimiento de regularización de la propiedad consultada ante dicho municipio, este Consejo debe hacer presente que el legislador ha dispuesto un procedimiento de publicidad de las gestiones administrativas relacionadas con la construcción. Así lo ha resuelto este Consejo, reiterada y sostenidamente desde las decisiones de amparos Roles C1100-11, C58-12, C1489-16, entre otros. En efecto, el inciso primero del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) ordena que "la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General". Agrega en su inciso 9° y final que "la Dirección de Obras Municipales deberá exhibir, en el acceso principal a sus oficinas, durante el plazo de sesenta días contado desde la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina con los anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo. Asimismo, deberá informar al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente y mantener a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con dichas aprobaciones o permisos".

6) Que, de esta forma, la información requerida es de naturaleza pública, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia y en el artículo 1.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), al señalar expresamente que "las Direcciones de Obras Municipales otorgarán el debido acceso a los documentos públicos que les sean solicitados por cualquier persona", precisando que los referidos documentos "serán especialmente aquellos relacionados, directa o indirectamente, con la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de esta Ordenanza o de los Instrumentos de Planificación Territorial, incluyendo los oficios, actas, resoluciones o pronunciamientos, de cualquier naturaleza, que se relacionen con exigencias u obligaciones efectuadas a particulares con motivo de la tramitación de solicitudes o expedientes o bien en respuesta a consultas sobre la aplicación de las materias señaladas". Asimismo este Consejo ha considerado también que la publicidad de los antecedentes de los permisos de obra son fundamentales para permitir el control social sobre el otorgamiento de dichos permisos por parte de las Direcciones de Obras Municipales.

7) Que, por lo expuesto, siendo indiscutible el carácter público de todos los antecedentes relativos a los permisos de construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición, y por ende también de su expediente, en la especie, no correspondía que la Municipalidad requerida procediese conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, situación que le será representada en lo resolutivo de esta decisión. En tal contexto, se desestimará completamente la alegación formulada por el tercero interesado en presente amparo, más todavía considerando que no ha logrado acreditar que la divulgación de antecedentes que por ley son públicos, y obligatoriamente se deben presentar ante la Municipalidad para obtener los permisos que autoricen la construcción de una obra determinada, le produce una afectación presente o probable y con suficiente especificidad en sus derechos, particularmente, de seguridad o comerciales y económicos.

8) Que, por otra parte, en lo que dice relación con los antecedentes solicitados en las letras a), f) y h) del numeral 1° de lo expositivo, respecto de los cuales el municipio alega se trataría de información inexistente, cabe señalar que, si bien, este Consejo ha sostenido que de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública -y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública- aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente; conforme se ha resuelto previamente, en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente.

9) Que, en la especie, la reclamada no ha da cuenta de los motivos específicos por los cuales la información requerida no obraría en su poder ni menos ha acreditado fehacientemente dicha circunstancia de hecho, sino que simplemente se ha limitado a invocarla, resultando insuficientes dicha alegación para dar por fundar la inexistencia de información que plausiblemente pudiese estar contenida en algunos de los documentos que forman parte del expediente de regularización de la propiedad consultada, el cual es esencialmente público.

10) Que, en consecuencia, se acogerá íntegramente el amparo deducido por la reclamante, ordenando a la Municipalidad de Independencia hacer entrega a doña María Angélica Rivas Núñez de copia de todo el expediente de regularización de la propiedad consultada que obra en su poder, sin perjuicio del cobro de costos directos de reproducción que sean procedentes. Con todo, se hace presente que en el evento que en la información a entregar se encuentren ciertos datos personales relativos a personas naturales -RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, éstos deben ser tachados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Por su parte, respecto de los profesionales que intervienen en la tramitación de solicitudes y/o expedientes ante las Direcciones de Obras, teniendo presente lo dispuesto en los artículo 18 y siguientes, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), y el criterio sostenido por este Consejo sobre la materia, no se deberán tarjar los nombres y firmas de los profesionales que resulten individualizados en los documentos respectivos, entre ellos, el arquitecto que realizó el proyecto de arquitectura, el profesional que realizó el proyecto de cálculo estructural, el profesional a cargo de la obra, los profesionales a cargo de los proyectos de especialidades, el inspector técnico de obra (ITO), el revisor independiente de obras de construcción y el revisor del proyecto de cálculo estructural, todo lo anterior, en caso que sea pertinente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña María Angélica Rivas Núñez, en contra de la Municipalidad de Independencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Independencia:

a) Hacer entrega de copia de todo el expediente de regularización de la propiedad consultada que obra en su poder, sin perjuicio del cobro de costos directos de reproducción que sean procedentes.

Con todo, se hace presente que en el evento que en la información a entregar se encuentren ciertos datos personales relativos a personas naturales -RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, éstos deben ser tachados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Por su parte, respecto de los profesionales que intervienen en la tramitación de solicitudes y/o expedientes ante las Direcciones de Obras, teniendo presente lo dispuesto en los artículo 18 y siguientes, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), y el criterio sostenido por este Consejo sobre la materia, no se deberán tarjar los nombres y firmas de los profesionales que resulten individualizados en los documentos respectivos, entre ellos, el arquitecto que realizó el proyecto de arquitectura, el profesional que realizó el proyecto de cálculo estructural, el profesional a cargo de la obra, los profesionales a cargo de los proyectos de especialidades, el inspector técnico de obra (ITO), el revisor independiente de obras de construcción y el revisor del proyecto de cálculo estructural, todo lo anterior, en caso que sea pertinente.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Independencia, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber dado respuesta a la solicitud de información dentro del plazo legal. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tales infracciones.

IV. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Independencia, haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, en circunstancias que atendida la naturaleza de la información requerida, la cual está sujeta a un estatuto especial de publicidad, su aplicación resultaba impertinente. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.

V. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña María Angélica Rivas Núñez, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Independencia, y al Sr. Claudio Infante Fabres, este último en su calidad de tercero interesado en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.