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Belén Hidalgo Valdivia con INTENDENCIA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA Rol: A152-09

Consejo para la Transparencia, 22/09/2009

Se deduce amparo en contra del Intendente Regional de Magallanes y Antártica Chilena, respecto a su petición de diversas informaciones relativas al desarrollo de un procedimiento concursal ( Fondo Cultural 2% FNDR), fundada en que la respuesta otorgada ha sido incompleta en varios aspectos. El Consejo acoge parcialmente el recurso indicando, como puntos a destacar, la reserva de la afiliación política de los miembros del Consejo Resolutivo; la improcedencia para el Consejo para la Transparencia de pronunciarse sobre el mérito de las informaciones administrativas proporcionadas; y que el envío de documentos no solicitados no contraviene la normativa, si contienen la información requerida, pero no exime de entregar la información en la forma y por el medio solicitado por el requirente.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Compras y Licitaciones
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO Nº A152-09

Entidad pública: Intendente Regional de Magallanes y Antártica Chilena

Requirente: Belén Hidalgo Valdivia

Ingreso Consejo: 06.07.2009

En sesión ordinaria N° 87 de su Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A152-09.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de la vida privada y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Solicitud de Acceso: El 9 de junio de 2009 doña Belén Hidalgo Valdivia solicitó al Intendente Regional de Magallanes y Antártica Chilena, la siguiente información sobre el llamado a concurso del Fondo Cultural 2% FNDR:

a. “Las razones de establecer iniciativas admisibles aún cuando ellas estaban incumpliendo las bases de postulación, lo que, sin lugar a dudas, manifiesta un trato no igualitario para todos los postulantes, ya que nada me asegura de que los beneficiados hayan sido bien evaluados”.

b. “Requiero también toda aquella información con respecto al Comité Evaluador y sus sesiones desde el inicio de éstas, por cuanto, me merece dudas el accionar que se ha seguido, para determinar las iniciativas finalmente admisibles, por cuanto, no es posible pretender que la administración se beneficie de sus errores, al respecto, deseo me indiquen también el alcance de lo publicado en su página web bajo el titulo de Fe de Erratas”.

c. “Al respecto, deseo saber si participa en estas sesiones de evaluación de iniciativas las Divisiones Jurídicas y de Auditoría o Control Interno y la identidad de las jefaturas de ellos, como también deseo saber el nombre de todos los integrantes de ese Comité Evaluador, sus títulos profesionales, lugar de desempeño y afiliación política”.

d. “Igualmente, requiero saber la forma de reclamar en contra de la funcionaria encargada del proceso de concurso del 2% y que este reclamo llegue a buen término, como, asimismo, de la sanción correspondiente, sin perjuicio de que se realice la solicitud de investigación respectiva a la Contraloría Regional”.

e. “Estoy muy interesada en que se me informe respecto de la Unidad o Jefatura que realiza el control de estos procesos para, igualmente, presentar mi reclamo ante un proceso anómalo, inequitativo y que, a lo menos, presenta gravísimas deficiencias de fondo y forma, considerando la antigüedad que a la fecha tienen los Gobiernos Regionales, como, asimismo, que se trata de dineros de las arcas fiscales y de los cuales, al parecer, nadie controla, supervigila ni fiscaliza un proceso tan importante para las organizaciones postulantes”.

f. “Sobre este último punto, requiero saber los mecanismos o hitos de control seguidos por el Sr. Intendente o jefaturas de ese Gobierno Regional, para este proceso concursal con el fin de determinar responsables de esta catástrofe de asignación de fondos en materias culturales para la Región de Magallanes”.

2) Respuesta: Dicha solicitud fue respondida dentro de plazo, mediante correo electrónico de 1° de julio de 2009, en el cual se adjunta la respuesta del Intendente, mediante Ordinario N° 769, de 25 de junio de 2009, en la que señala que los documentos de respaldo no pudieron por su volumen ser presentados en formato digital, por lo que fueron fotocopiados y enviados mediante correo certificado, respondiendo en forma separada cada consulta:

a. Solicita informar razones de establecer iniciativas admisibles aún cuando ellas estaban incumpliendo las bases de postulación.

Afirma que todas las iniciativas declaradas admisibles cumplían con lo establecido en las Bases Administrativas y no se registra solicitud de reconsideración al respecto.

b. Requiere también toda aquella información con respecto al Comité Evaluador y sus sesiones desde el inicio de éstas.

En respuesta se acompaña:

• Resolución (C.R.) N° 30, de fecha 14 de abril de 2009, que “Crea Comisión Evaluadora Cultural Regional, del Fondo Provisión Cultural 2% FNDR 2009”.

• Acta Comisión Evaluadora cultural Regional Concurso Fondo provisión Cultural 2% FNDR-2009. Punta Arenas, 17 de abril de 2009. Edificio Gobierno Regional 3° Piso.

• Acta Comisión Evaluadora cultural Regional Concurso Fondo provisión Cultural 2% FNDR-2009. Punta Arenas, 29 de abril de 2009. Edificio Gobierno Regional 3° Piso.

• Acta Comisión Evaluadora cultural Regional Concurso Fondo provisión Cultural 2% FNDR-2009. Punta Arenas, 05 de mayo de 2009. Edificio Gobierno Regional 3° Piso.

c. Plantea que desea que le indiquen también el alcance de lo publicado en su página web bajo el título de Fe de Erratas.

Indica que el alcance de lo publicado es dar respuesta a la consulta de un postulante.

d. Desea saber si participa en estas sesiones de evaluación de iniciativas las Divisiones Jurídicas y de Auditoría o Control Interno y la identidad de las jefaturas de ellos.

Señala que no participan.

e. Desea saber el nombre de todos los integrantes de ese Comité Evaluador, sus títulos profesionales, lugar de desempeño y afiliación política.

Se adjunta Resolución (C.R.) N° 30, de 14 de abril de 2009, que “Crea Comisión Evaluadora Cultural Regional, del Fondo Provisión Cultural 2% FNDR 2009”. Además afirma que el título profesional y su afiliación política no son condicionantes para integrar la comisión Evaluadora.

f. Requiere saber la forma de reclamar en contra de la funcionaria encargada del proceso de concurso del 2% y que este reclamo llegue a buen término, como asimismo, de la sanción correspondiente.

Se remite a lo que establece la legislación vigente, sin precisar más.

g. Solicita se informe respecto de la Unidad o Jefatura que realiza el control de estos procesos y requiere saber los mecanismos o hitos de control seguidos por el Sr. Intendente o jefaturas de este Gobierno Regional, para este proceso concursal.

Declara que el procedimiento administrativo, de carácter concursal, que regula el Fondo Provisión Cultural 2% FNDR se encuentra establecido en las respectivas bases.

3) Amparo: Contra esta respuesta doña Belén Hidalgo Valdivia dedujo amparo el 6 de julio de 2009 ante el Consejo para la Transparencia, por considerar que la respuesta otorgada es insatisfactoria, negligente e incompleta en la mayoría de los requerimientos solicitados, señalando que:

a. “Respecto a informar las razones de establecer iniciativas admisibles aún cuando ellas estaban incumpliendo las Bases de Postulación (…) Lo sostenido por el Intendente difiere de lo difundido en los medios de comunicación regionales, por cuanto se declaró admisibilidad en iniciativas con rendiciones de cuenta pendiente, situación prohibida en Bases, lo que no entrega certeza suficiente de un proceso concursal objetivo, transparente, eficiente ni con asidero en el marco legal. Por otra parte, resulta de una gravedad no sopesada, la respuesta esgrimida a través de un documento oficial sin tener ninguna argumentación legal ni procedimental suficiente al debido resguardo de los recursos públicos”.

b. “La gravedad se aumenta al inobservar el Sr. Intendente Regional, a través de su argumento, el principio de la transparencia de la función pública, por cuanto, la consulta claramente establecía una duda en el procedimiento realizado, requiriendo razones, o sea, la fundamentación del acto de la Administración, por cuanto, se admitieron a evaluación, iniciativas de organismos con rendición de cuenta pendiente, lo que vulnera el cumplimiento de lo estipulado en Bases Administrativas del proceso, por lo cual, es de justicia consultar las razones que tuvo para ello y, de haber sido falso, debió despejar esa duda instalada, lo que se genera en lo publicado en medios de prensa regionales, que esa autoridad no desmintió en su oportunidad, por lo que se puede presumir veraz”.

c. Respecto de indicar el alcance de lo publicado en su página web bajo el título de Fe de Erratas “(…) es de suma gravedad aprovecharse la Administración de un error funcionario, ya que una Fe de Erratas es admisible en un error de un escrito, no de la equivocación en establecer la admisibilidad, lo que acá cabía era una Aclaración o Resolución Aclaratoria, ya que, por lo que debería velar ese Servicio es por realizar procesos transparentes y profesionales, dado que se trata de recursos fiscales, por una parte y, por la otra, las consultas de los postulantes a la fecha del levantamiento del Link denominado Fe de Erratas, es posterior a lo permitido en Bases, por lo que acá se incumple reconocidamente por la autoridad, la norma de bases administrativas de ese proceso concursal también. Lo anterior se coteja en el link, Ver Aclaraciones, las cuales contienen un número determinado de correos en la fecha establecida en Bases y en ninguno de ellos, postulante alguno realiza semejante consulta. Reviste una gravedad insostenible, también el hecho de inobservar el principio de la responsabilidad, ya que, de acuerdo a lo que se adjunta, podrá constatar el egoísmo establecido en dicha respuesta y un dejo de negligencia, por cuanto, es esperable que la investidura de un Intendente, otorgue algo más que un comentario tan breve con respecto a lo que puede constituir por la propia respuesta, un abierto vicio de legalidad del proceso”.

d. Respecto de la información solicitada sobre el nombre de todos los integrantes del Comité Evaluador, sus títulos profesionales, lugar de desempeño y afiliación política: “(…) claramente no se da respuesta a lo requerido, por cuanto no se ha solicitado el documento oficial, se requieren los nombres, profesionales y afiliación política, no se ha discutido admisibilidad en los integrantes de la Comisión Evaluadora, como tampoco la Ley ha establecido el secreto en estas materias, por lo demás, como ciudadana me es competente saber quiénes integran una Comisión Evaluadora donde se entregarán recursos provenientes de mis impuestos, y, a la vez, deseo saber la seriedad con que ese Servicio enfrenta un proceso concursal de cientos de millones de pesos. A este respecto, entonces, el Intendente vulnera el principio de la libertad de información y el de la responsabilidad, ya que, niega aquella información de la que la normativa no ha estipulado secreto o reserva. Por otra parte se irrespeta el artículo 15 de la Ley 20.285, por cuanto, no me comunica el lugar en el cual pudiese haber encontrado dicha información de manera transparente, ágil y propendiendo acercar a esta ciudadana a la información que le compete”.

e. Respecto de requerir saber la forma de reclamar en contra de la funcionaria encargada del proceso de concurso: “La respuesta de esta autoridad incumple lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 20.285 nuevamente (…) En este sentido entonces, se desprende un claro incumplimiento de la norma con las vulneraciones y responsabilidades que le caben a esa autoridad en tal caso, ya que, quien suscribe, deberá entonces buscar toda aquella legislación que diga relación con la responsabilidad administrativa, por sí misma, inquietud que asalta, razonablemente, ¿qué sucedería si quien suscribe no fuese profesional, con acceso a información actualizada del acontecer nacional en todos sus ámbitos, si no tuviese Internet? Se configura un escenario bastante delicado frente al proceder de esa autoridad frente a la comunidad”.

f. Respecto de que se informe de la Unidad o Jefatura que realiza el Control de estos procesos y saber sobre los mecanismos o hitos de control. “Referente a este argumento de la autoridad, claramente se entorpece el acceso a la información, por cuanto, dicho documento de Bases no es claro al respecto, por una parte y , por la otra, luego de la escueta respuesta del Intendente, también se puede suponer un abandono a los deberes de supervisión permanente al personal a su cargo, ya que es satisfactoria aquella respuesta que da de cara a la ciudadanía y entrega certezas de que quien está al mando de la Región es capaz de intervenir los procesos que se realizan con recursos públicos, con el fin último de otorgar certeza en que se persigue el bien común y se es responsable por los recursos del Estado de Chile”.

g. Respecto a las razones para rechazar los argumentos dados por el Intendente, la reclamante señala, en síntesis, que:

• Resulta grave que un documento oficial firmado por el Sr. Intendente no promueva el principio de la transparencia en un acto de la Administración denominado Concurso Provisión Iniciativas Culturales 2% del FNDR, por una parte, y, por la otra, deje al ciudadano sin las debidas respuestas a las consultas que se efectuaron formalmente, teniendo en cuenta que esta actuación se realiza con recursos públicos.

• Reviste gravedad el hecho de esgrimir que el volumen de información evacuada impedía hacerla llegar digitalizada a su dirección electrónica, lo que vulnera lo establecido en el artículo 17 de la misma ley, debido a que los documentos que no ha solicitado y se le hicieron llegar son 5, con un total de aproximadamente entre 25 y 30 hojas, lo que, a todas luces puede configurar la inobservancia al principio de la no discriminación, y a través del presente, solicita la intervención y le sea consultado a esa autoridad regional, el número de consultas respondidas, a cuántos se les digitalizó la información, número de hojas digitalizadas por consulta respondida que solicitaban esa vía de retroalimentación, número de hojas enviadas por correo certificado por cada consulta respondida y número de solicitudes enviadas mediante un medio diferente al solicitado por la persona consultante a ese Servicio.

• A mayor abundamiento, hace presente que, de acuerdo a lo publicado por ese Servicio, mantiene a 85 personas trabajando en diferentes calidades jurídicas, por lo que no puede argumentar la carencia de personal o la distracción de sus deberes infundadamente, ya que 35 ó 40 hojas no pudiese demorar más allá, cuando mucho, de 45 minutos en digitalizar.

• Solicita al Consejo para la Transparencia que inicie una investigación sumaria o bien ordene un sumario administrativo en contra don Mario Maturana Jaman por la violación al artículo 16 y que se le aplique una multa de acuerdo a la normativa vigente.

4) Traslado: Que este Consejo, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 357, de 5 de agosto de 2009, al Intendente Regional de Magallanes y Antártica Chilena, respondiendo éste mediante ordinario N° 1140, de 26 de agosto de 2009, lo siguiente:

a. “La respuesta le fue enviada al correo electrónico señalado por la requirente con fecha 29 de Junio de 2009, dentro del plazo legalmente establecido, a través del oficio N° 769, de fecha 25 de junio de 2009. Se envió al domicilio establecido en su presentación los anexos correspondientes al oficio citado, con fecha 30 de junio de 2009, el cual fue despachada por correo certificado, y que fuera devuelto por la oficina de Correos de Chile, por no haber número, el día 20 de julio de 2009. AI respecto, se pudo verificar que en dicha dirección se encuentra la Plaza de Armas de la ciudad de Punta Arenas, por lo que, entendemos que como bien lo indica la reclamante el domicilio no se encuentra disponible, esto sería por no existir. Una vez recepcionado el sobre que fuera devuelto por Correos de Chile, se digitalizaron inmediatamente todos los documentos y se envió al correo electrónico con fecha 21 de julio de 2009. / Cabe hacer presente, que el requerimiento de información interpuesto con fecha 09 de junio de 2009, no especificaba numeración, la cual la reclamante enumera al interponer el reclamo ante el Consejo”.

b. En cuanto a los fundamentos de hecho y derecho a la respuesta otorgadas por dicha Intendencia, expresan lo siguiente respecto de cada solicitud realizada y su respectiva respuesta:

i. Respuesta N° 1: La reclamante solicita informar razones de establecer iniciativas admisibles aún cuando ellas estaban incumpliendo las bases de postulación.

• No habían razones a informar, es por eso que la respuesta fue que "Todas las iniciativas declaradas admisibles cumplían con lo establecido en las Bases Administrativas y no se registra solicitud de reconsideración al respecto".

• Respecto a lo indicado en el numeral II.17 de las Bases Administrativas, la Comisión de Apertura tuvo a la vista la respuesta del Jefe de la División de Administración y Finanzas que indicaba sólo el nombre de 3 personas naturales que incurrían en la falta señalada, con lo cual en este proceso año 2009, sólo podían presentar propuestas, Municipios o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, con lo que no hubo proyectos presentados por Municipios ni Instituciones Privadas sin Fines de Lucro que fueran declarados inadmisibles por esta situación.

• Existían a la fecha de la apertura Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y Municipios que se encontraban ejecutando iniciativas favorecidas por el Fondo Provisión Cultural 2% FNDR-2009, que tenían prórrogas vigentes con el Gobierno Regional, por lo que se encontraban en orden con este Servicio, por ende, sus proyectos eran admisibles de acuerdo a lo señalado en las Bases Administrativas. “II. PRESENTACION DE LAS INICIATIVAS CULTURALES. 17. Las instituciones que postulen, deberán tener en orden sus rendiciones correspondientes a convocatorias anteriores, de este u otros fondos concursables.”

• Precisan que la admisibilidad y la evaluación de las iniciativas son dos instancias distintas e independientes del proceso, para las cuales se establecen dos Comisiones diferentes, en los numerales IV y V de las Bases Administrativas, respectivamente.

ii. Respuesta N° 2: Se entrega toda la información requerida y se acompañan todos los documentos respectivos.

• Plantea la requirente que desea que le indiquen también el alcance de lo publicado en su página web bajo el título de Fe de Erratas.

• Cabe hacer presente, que la consulta era cuál es el alcance del mismo y no se solicitaba que se enviara información al respecto. El alcance es el que se encuentra en la respuesta otorgada y que además está señalado bajo el Título Fe de Erratas.

• En cuanto a lo que plantea la reclamante de porque no se hizo una aclaración al respecto, esto es porque dicha presentación es posterior al período de aclaración establecido en las Bases Administrativas.

• La sesión extraordinaria de la Comisión de Apertura, se efectúa para la revisión de la observación interpuesta por la Fundación Prodemu (carta y acta se adjunta). Lo que origina la publicación bajo el título de Fe de Erratas, en la página www.goremagallanes.cl.

• La Comisión de Apertura sesionó de forma extraordinaria el día 14 de abril de 2009.

iii. Respuesta N° 3: En cuanto a los títulos profesionales del Comité Evaluador, en lo que se refiere a los funcionarios de este Servicio que lo integran tanto en calidad de titular como suplente son: Jefe de la División de Desarrollo Regional, don David Ovando J., Geógrafo; don José Velásquez P., Ingeniero Civil Industrial; doña Javiera Gaona F., Geógrafa y doña Gladys Vivar M., Trabajadora Social.

• En lo que se refiere a los títulos de los demás integrantes del Comité Evaluador, esta información no se encuentra a disposición de este Servicio. Ante lo cual, la reclamante puede hacer la consulta directamente a ellos o a los Servicios o Instancias que representan ante este Comité.

• El lugar de desempeño de cada uno de los integrantes del Comité Evaluador está claramente establecido en la resolución exenta G.R.N° 30, de este Servicio y que se acompaño a la respuesta original.

• La afiliación política no es condicionante para integrar la comisión Evaluadora o ingresar al Servicio, por lo que no se cuenta con dicha información. Considera pertinente, además, citar la Ley 19.628, de protección de datos de carácter personal por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

iv. Respuesta N° 4: La reclamante en su solicitud de información requiere saber la forma de reclamar en contra de la funcionaria encargada del proceso de concurso del 2% y que este reclamo llegue a buen término, como, asimismo, de la sanción correspondiente.

AI respecto, lo siguiente:

• La consulta formulada vendría a ser "Reclamo y buen término = Sanción".

• Lo anterior evidencia que no se está requiriendo información acerca de si existe o no una investigación o sumario en curso para algún funcionario de este Servicio con relación al llamado a concurso.

• Lo requerido en dichos términos vulnera el derecho de todo funcionario a un debido proceso, ya que sería ilegal y arbitrario, por decir lo menos, de parte de esta Autoridad dar una respuesta a lo planteado en esos términos.

• El D.F.L. N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, en su título V De la Responsabilidad Administrativa, dispone en su artículo 119, inciso 2, "Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo".

• Lo planteado por la reclamante constituye una consulta en términos concluyentes que no demuestra ni especifica en su solicitud de información la infracción por parte del funcionario a sus deberes y obligaciones que fueren susceptibles de la aplicación de una medida disciplinaria, que además, vulnera como ya fuera expuesto el derecho de todo funcionario a un debido proceso. Sin perjuicio de lo anterior, esta Autoridad, procuró dar respuesta a la misma en los términos que consideró eran respetuosamente pertinentes y nunca tuvo ni tendrá intención de obstruir la entrega de información requerida.

v. Respuestas N° 5 y 6: La reclamante solicita se informe respecto de la Unidad o Jefatura que realiza el control de estos procesos y requiere saber los mecanismos o hitos de control seguidos por el Sr. Intendente o jefaturas de ese Gobierno Regional, para este proceso concursal.

• Efectivamente, el procedimiento administrativo, de carácter concursal, que regula los Fondos Provisión Cultural 2% FNDR 2009, se encuentra establecido en las Bases Administrativas, tal cual se diera respuesta en su oportunidad.

• Es importante precisar que la admisibilidad y la evaluación de las iniciativas, son dos instancias distintas e independientes del proceso, para las cuales se establecen dos Comisiones diferentes, encargadas una de la Apertura y la otra de la Evaluación.

• La Comisión de Apertura fue establecida por Res. (GR) N° 20, de 23.03.2009 (que se adjunta), donde se individualiza a cada uno de los integrantes y su respectivo suplente, conforme a lo indicado en el numeral IV.1 de las Bases Administrativas. Su función es revisar las formalidades y requisitos exigidos en las bases administrativas. De esta comisión se obtienen las iniciativas declaradas admisibles y las declaradas inadmisibles.

• La Comisión Evaluadora Cultural Regional fue establecida por Res. (GR) N° 30, de 14.04.2009 (que le fuera entregada a la reclamante en su oportunidad), donde se individualiza a cada uno de los integrantes y su respectivo suplente, conforme a lo indicado en los numerales V.1 y 2, de las Bases Administrativas. El procedimiento de evaluación de las iniciativas culturales se encuentra establecido en el numeral VI de las Bases Administrativas.

• Posteriormente el Intendente Regional le remite una propuesta con las iniciativas técnicamente calificadas al Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, quien podrá aprobar, tantas iniciativas culturales como lo permita el monto señalado en el numeral XI, "Financiamiento", punto 1, correspondiente a la Aprobación de las Iniciativas culturales, de acuerdo a lo dispuesto en las respectivas bases administrativas.

• Según lo anteriormente expuesto, las Bases establecen los mecanismos y las distintas etapas y órganos de la administración que deben declarar la admisibilidad, inadmisibilidad, evaluar, aprobar, etc., en todo lo que dice relación con el concurso.

• Incorporar unidades o jefaturas a realizar un control sobre lo que realizan cada una de las Comisiones y el Consejo Regional en estos procesos o mecanismos o hitos, como expone la requirente al solicitar información al respecto, implicaría vulnerar los principios rectores que rigen el llamado a concurso para las iniciativas culturales de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Provisión Cultural 2% FNDR-2009, establecidos en las Bases Administrativas, pues vulneraría la transparencia del mismo y el proceso establecido.

Acompañan una serie de documentos a su respuesta al traslado.

5) Presentación de la reclamante: Que en virtud de que en la respuesta al traslado la autoridad reclamada profundiza en sus respuestas a lo requerido y acompaña mayor documentación, el 10 de septiembre de 2009 se puso en conocimiento de la reclamante dicha respuesta y documentos. El 16 de septiembre de 2009 la reclamante señaló que la respuesta no satisfacía lo reclamado por ella, en síntesis, por lo siguiente:

a. Respecto a que se le haya enviado la información al domicilio señalado afirma que ella señaló expresamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, su voluntad de ser notificada mediante correo electrónico y que el domicilio, en el Sistema de Gestión de Solicitudes es un campo obligatorio, por lo que no se puede dejar en blanco para registrarse.

b. Sería de gravedad inaudita que el Sr. Intendente hiciera llegar a una dirección física información que no era requerida de esa manera pues esto representaría una clara inobservancia de la legislación vigente, en especial a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Transparencia, ya que en una consulta diferente efectuada en el mismo servicio al Jefe de Administración y Finanzas éste señaló que la “(…) cantidad de tiempo que un funcionario utiliza para digitalizar una hoja, se ha ponderado que es aproximadamente 3 minutos”.

c. Si un funcionario de ese servicio se demora 3 minutos en digitalizar una hoja y el total de los antecedentes acompañados es de 20 hojas podría haberse fraccionado el trabajo en los 20 días hábiles que existen de plazo para responder alcanzando un lapso de 4 minutos diarios de distracción de actividad funcionaria.

d. Por otra parte, no se ha respondido otro requerimiento hecho ante tal autoridad al momento de presentar el amparo, por lo que la reclamante considera que se ha vulnerado el principio de la no discriminación.

e. En cuanto a la Fe de erratas, no se responde el alcance, por cuanto dar respuesta a la consulta de un postulante pudiese significar una inobservancia al marco normativo del proceso concursal.

f. En cuanto a lo referido respecto a que “existían a la fecha de apertura, Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro y Municipios, que se encontraban ejecutando iniciativas favorecidas por el Fondo Cultural 2% FNDR-2009 que tenían prórrogas vigentes con el Gobierno Regional, por lo que se encontraban en orden con este Servicio, por ende Admisibles de acuerdo a lo señalado en las Bases Administrativas”, la reclamante manifiesta que “en este punto, donde ya se pasa a encontrarle la justificación a la clara inobservancia normativa (…) esta situación, por tanto, no entrega certeza alguna de que un procedimiento concursal efectuado por la Administración del Estado en lo particular al interior del Servicio de Gobierno Regional, se ciña estrictamente a los preceptos fundamentales de la administración pública”.

g. En cuanto a la información requerida respecto a los integrantes del Comité Evaluador, es incomprensible la respuesta emanada por cuanto por una parte, no es exacta la información, ya que se ha solicitado los nombres de todos los miembros de la Comisión, y por otra es errónea, toda vez que dos de las personas cuyos títulos profesionales se señala no son integrantes de ella de acuerdo a la Resolución Exenta enviada. Además, la afiliación política no es materia de reserva y aún cuando pudiese quizás establecerse cierto resquemor en responder esta consulta, lo que debió haberse hecho es consultar al tercero si esta información es posible de transmitir a esta ciudadana, en lo que respecta a los integrantes del Servicio y, en cuanto a los Consejeros Regionales, a lo menos se debió tomar el trabajo de informarme en qué lugar puedo encontrar dicha información.

h. Respecto a la consulta sobre el reclamo contra la funcionaria encargada del proceso se requería saber respecto de un procedimiento administrativo establecido en el DFL 29, de 2004, lo que se desconocía.

i. Respecto de la respuesta relacionada con los mecanismos de control, la respuesta carece de sustento en la parte que señala que “…incorporar jefaturas a realizar un control…implicaría vulnerar los principios rectores que rigen el llamado a concurso…”, por cuanto no se ha preguntado sobre todos los hitos de control, sino sólo sobre los que debiesen haber recaído en este proceso.

j. Finalmente, señala que:

i. La información proporcionada es insuficiente, subjetiva y errónea, lo que vuelve dudoso todo un proceso concursal;

ii. Se ha enviado información física no solicitada, contraviniendo los preceptos legales;

iii. No se ha respondido a otra consulta posterior realizada a dicho Servicio;

iv. Se ha vulnerado el acceso a la información de esta ciudadana ya que lo solicitado se envió primigeniamente a una dirección física, habiendo solicitado como vía de entrega la electrónica y se adujo para contravenir la norma excesivo volumen, comprobando que dicha digitalización hubiese tardado 60 minutos a un promedio de cuatro minutos diarios;

v. Se ha respondido fuera del plazo estipulado en la ley; y

vi. Se solicita instruir sumario administrativo por considerar que hay mérito suficiente para constituir falta grave por parte del Sr. Intendente Regional en contra del derecho de acceso a la información que le asiste a los ciudadanos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en este caso, la reclamante realizó una serie de solicitudes de información, por lo que cada una de ellas se revisará por separado m para mayor claridad.

2) Que respecto de la solicitud de las razones de establecer iniciativas admisibles aún cuando incumpliesen las bases de postulación, cabe señalar que dicho requerimiento fue respondido en su momento y de manera oportuna, respuesta que luego fue ampliada al momento de evacuar el traslado, por lo que según lo establecido en la Ley de Transparencia no cabe analizar el mérito de la respuesta del Intendente en esta sede, que es lo que alega la reclamante en su amparo al derecho de acceso a la información pública.

3) Que en cuanto al requerimiento de información relativa al Comité Evaluador y sus sesiones, la autoridad reclamada adjunta documentos que dan cuenta de esta información. La reclamante sostiene que éstos le habrían sido entregados fuera del plazo establecido en el artículo 14 de Ley de Transparencia, al haberse enviado documentos que no habría solicitado no en la forma y por el medio solicitado, esto es, digitalizados y por correo electrónico. A este respecto debe representarse a la Intendencia que las solicitudes deben responderse de la forma y por los medios solicitados, salvo que se dé la circunstancia establecida en el inciso 1° del artículo 17 de la Ley de Transparencia, lo que en este caso no se ha invocado y, además, deben responderse dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, esto es, 20 días hábiles con posibilidad de prórroga por otros 10 días hábiles.

4) Que, en tercer lugar, la requirente solicita que se explique el alcance de lo publicado en su sitio web bajo la denominación “Fe de Erratas”. Este Consejo estimará que se da respuesta a lo solicitado tanto en la primera respuesta como al momento de evacuar el traslado y, la denominación tal como se señaló en el segundo considerando, no cabe en esta sede analizar si esta conducta constituye o no una inobservancia al marco normativo del proceso concursal.

5) Que en relación a la información relativa a la participación en el proceso concursal de la División Jurídica y de Auditoría o Control Interno, y a la identidad de sus jefaturas se da por respondido lo primero, esto es, la participación de la División Jurídica al haberse respondido oportunamente dicho requerimiento. En cuanto a la identidad de sus jefaturas nada se dice, por lo que en esta parte se acogerá el reclamo, toda vez que se trata de información pública, y en caso de que dicha información esté publicada en la página web o esté permanentemente a disposición del público, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Transparencia, debería señalarse cómo acceder a ella.

6) Que, además, la requirente solicita el nombre de todos los integrantes del Comité Evaluador, sus títulos profesionales, su lugar de desempeño y su afiliación política. Respecto de la individualización de sus miembros, se acompaña un documento que contiene tal información; en relación al lugar de desempeño, la misma resolución que crea dicha Comisión Evaluadora establece el lugar o la función que desempeña cada uno de los miembros titulares, por lo que se entiende entregada esta información.

7) Que con respecto a los títulos profesionales, se entregó la información relativa a dos miembros titulares y dos suplentes y respecto de los demás se señala que debe solicitarse tal información directamente a dichas personas o a los Servicios o Instituciones que representan. En este caso, en primer lugar, cabe señalar que se debe respetar lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, esto es, que el propio órgano requerido que estima no ser competente para responder una solicitud, es quien debe derivar la solicitud al que sí lo sea, por lo que se habría satisfecho dicho requerimiento solamente de forma parcial.

8) Que en cuanto a la afiliación política de los miembros de la Comisión se aplicará el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con lo prescrito por la Ley N° 19.628, artículo 2 letra g), que califica a esta información como un dato sensible, esto es, que no pueden ser objeto de tratamiento, esto es, almacenados o comunicados salvo en los casos excepcionales del art. 10 de la Ley N° 19.628 que no concurre en este requerimiento, por lo que deberá declararse que ésta es información de carácter reservado.

9) Que en relación al requerimiento de informar la forma de reclamar en contra de la funcionaria encargada del proceso de concurso y “que éste llegue a buen término y sanción correspondiente”, este Consejo estima que puede entenderse sin dificultad que la reclamante está pidiendo que se le informe el procedimiento para reclamar contra los vicios eventuales del concurso y la sanción que podría corresponder a los que fuesen responsables, por lo que la primera respuesta dada no satisface lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, ya que habría correspondido señalar la norma que regula tal procedimiento, tal como se hace al momento de evacuar el traslado con lo que se da por respondida esta parte.

10) Que respecto a la solicitud de la Unidad o Jefatura que realiza el control de estos procesos, el Intendente informa, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Transparencia, dónde se encuentra tal información, respuesta que luego es complementada al momento de evacuar el traslado, acompañándose el documento que contiene tal información por lo que esta parte se dará por cumplida. Cabe reiterar que no es competencia de este Consejo analizar el mérito de la claridad de los documentos de Bases de un concurso emanado de la Intendencia.

11) Que, por último, en cuanto a la solicitud de información relativa a mecanismos o hitos de control seguidos por el Intendente para este proceso concursal se aplicará lo señalado en el considerando precedente.

12) Que respecto de la alegación consistente en que la Intendencia no habría respondido otro requerimiento realizado debe señalarse que esto no es materia de este amparo por lo que no cabe pronunciarse al respecto.

13) Que, por otra parte, no cabe en esta sede determinar si la información entregada es subjetiva o errónea, por lo que todas las alegaciones que se hacen respecto al mérito de la información proporcionada exceden las competencias del Consejo para la Transparencia, según prescribe la Ley de Transparencia, pues la función de este Consejo se limita a permitir que las personas accedan a la información administrativa, sin perjuicio que éstas tengan derecho a acudir a las instancias que estimen pertinentes en caso de detectar infracciones a normas diversas de la Ley de Transparencia.

14) Que el envío de documentos no solicitados no contraviene la normativa, si contienen la información requerida, por lo que es acorde a su espíritu y al principio de facilitación y al de máxima divulgación, pero no exime de entregar la información “en la forma y por el medio que el requirente haya señalado”, conforme al art. 17 de la Ley, como se indicó en el considerando 3°.

15) Que, por último, la reclamante señala que la información habría sido entregada fuera del plazo estipulado en la ley, lo que es cierto respecto de los documentos que se anexan al oficio del Intendente, por lo que es preciso representar al Intendente Regional lo dispuesto también en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el reclamo interpuesto por doña Belén Hidalgo Valdivia en contra del Intendente Regional de Magallanes y Antártica Chilena, por los fundamentos señalados en los considerandos precedentes.

II. Requerir al Intendente de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena que entregue a doña Belén Hidalgo Valdivia la siguiente información:

a. La identidad de las personas que desempeñan las jefaturas de la División Jurídica y de Auditoría o Control Interno del Gobierno Regional, o las unidades que cumplan tales funciones.

b. Los títulos profesionales de los miembros titulares y suplentes del Comité Evaluador del concurso que originó este amparo y que no hayan todavía sido informados, pudiendo derivar tal solicitud a los servicios en que éstos trabajen, si es el caso.

III. Requerir al Intendente Regional de Magallanes y Antártica Chilena:

a. Entregar la información requerida en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada bajo apercibimiento de proceder conforme a los arts. 46 y siguientes de la Ley de Transparencia.

b. Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a doña Belén Hidalgo Valdivia y al Intendente Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.