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María Paz Balbontín con SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Rol: C285-17

Consejo para la Transparencia, 28/04/2017

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Educación, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "Fecha de titulación, carrera e institución que otorgó el título a las 8 personas que se indican, en formato PDF." El Consejo acoge el amparo, en vista de la necesidad de un control social prevalente sobre la materia, desestimará las causales de reserva prevista en el artículo 21, números 2 y 5, de la Ley de Transparencia, ordenándose la entrega de la fecha de titulación, carrera e institución que otorgó el título a las 8 personas requeridas, y en el evento de no obrar alguna de esta información en poder de la reclamada deberá acreditarse fundadamente dicha circunstancia ante este Consejo y la reclamante.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C285-17

Entidad pública: Subsecretaría de Educación

Requirente: María Paz Balbontín

Ingreso Consejo: 24.01.2017

En sesión ordinaria N° 796 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de abril de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C285-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 02 de diciembre de 2016, doña María Paz Balbontín solicitó a la Subsecretaría de Educación la siguiente información:

Fecha de titulación, carrera e institución que otorgó el título a las 8 personas que se indican, en formato PDF.

2) SUBSANACION: Por medio de correo electrónico de fecha 29 de diciembre de 2016, el órgano reclamado comunicó a la peticionaria la prórroga del plazo de respuesta, por otros diez días hábiles, en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14, de la Ley de Transparencia, atendido el volumen y análisis de las solicitudes de información recibidas diariamente, que han hecho difícil reunir y revisar la información solicitada dentro del plazo ordinario.

3) RESPUESTA: El 16 de enero de 2017, la Subsecretaría de Educación respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 153, de misma fecha, señalando, en síntesis, que:

El artículo 104, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, consagra el principio de autonomía institucional de las entidades de educación superior, según el cual "(...) tienen el derecho a regirse por sí mismas, de conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa", correspondiendo en virtud de dicho principio a estas instituciones y no al Ministerio, mantener, resguardar y rectificar los registros académicos de quienes son o fueron sus alumnos, y por ende, certificar la aprobación de los programas de estudios y el otorgamiento de los títulos y grados académicos conferidos.

Indica que sólo a partir del año 2007, el Ministerio cuenta con un registro sistemático de los datos de titulación y graduación de los estudiantes de casas de estudios superiores. Lo anterior surge del mandato establecido en el artículo 49, de la ley N° 20.129, del Ministerio de Educación, del año 2006, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, en el cual se señala que corresponde al Ministerio de Educación desarrollar y mantener un sistema nacional de información de ese nivel educativo, que contenga los antecedentes necesarios para la adecuada aplicación de las políticas públicas destinadas a dicho sector de educación para la gestión institucional y para la información pública, de manera de lograr una amplia y completa transparencia académica administrativa y contable de las instituciones superiores. Para dichos efectos el artículo 50 del mismo cuerpo legal, autoriza a esta Secretaría a recoger la información proporcionada por las instituciones superiores, la cual dará a conocer a los distintos usuarios como datos estadísticos, según dispone el artículo 23 del decreto supremo N° 352, de 2012, de esta Secretaría, que reglamenta el sistema de información de la educación superior.

Además el Ministerio posee adicionalmente los registros académicos de aquellas instituciones que han perdido su reconocimiento oficial, los cuales son remitidos por las propias casas de estudios al momento de su cierre, con el propósito que esta Cartera pueda continuar la labor de mantenimiento, resguardo, rectificación y certificación. Al respecto indica que dicha información no se encuentra sistematizada, estando únicamente en soporte papel, por lo que para proceder a la búsqueda de los títulos de una persona determinada, se requieren datos personales y específicos de cada requirente.

No obstante lo señalado, la divulgación los datos de titulación de las personas singularizadas implicaría afectar la esfera de su vida privada, a la luz de los artículos 2, 4, 7, 9 y 20 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y los artículos 3 y 23, del decreto N° 352, de 2012, de educación, que impone el deber de reserva a los funcionarios públicos de esta Secretaría, respecto de los datos de carácter personal que se contengan en la información proporcionada por las instituciones de educación superior para efectos de su sistema de información.

En consecuencia, al no ser la solicitante la titular de los datos requeridos y no constando su calidad de apoderado el Servicio se encuentra impedido de hacer entrega de estos antecedentes por contravención a las normas de la citada ley N° 19.628, como asimismo la afectación a la vida privada de los titulares de los datos, consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, configurándose las causales de reserva del artículo 21, números 2 y 5 de la Ley de Transparencia. Se cita jurisprudencia del Consejo sobre la materia.

No obstante lo anterior, se hace presente al peticionario que, el Servicio de Registro Civil e Identificación posee un Registro de Profesionales en el que eventualmente podrían estar inscritas las personas sobre las cuales versaba su requerimiento, siendo derivado en consecuencia, su solicitud al referido organismo, a fin de que se pronunciara al efecto.

4) AMPARO: El 24 de enero de 2017, doña María Paz Balbontín dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

Además la reclamante hizo presente que llama la atención que el órgano deniegue información que actualmente se encuentra en bases de datos pública. En este caso desea verificar títulos de personas que trabajan con menores de edad en SENAME, que emiten informes a tribunales de familia y pueden determinar significativamente el destino de muchos menores y sus familias.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° 1430, de 03 febrero de 2017, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Educación.

Mediante ordinario N° 486, de 20 de febrero de 2017, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que:

Luego de reiterar la respuesta entregada a la solicitante en su oportunidad, respecto de los antecedentes de titulación de las personas consultadas, señala que esta fue denegada, por corresponder a datos personales de sujetos diversos a la solicitante, por estimar que su comunicación a terceras personas, como es el caso de autos, implicaría la afectación de la esfera de la vida privada de sus titulares, lo cual se encuentra amparado por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada y por las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 2 y 5 de la Ley de Transparencia, ésta última causal en atención a la naturaleza de las leyes invocadas.

Seguidamente se refiere latamente a que el derecho de acceso a la información no es absoluto, para lo cual cita normas constitucionales, la ley N° 19 628 sobre protección de la vida privada, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los tribunales superiores y doctrina sobre la materia. Asimismo, reitera que, de conformidad al principio de finalidad que rige en materia de tratamiento de datos por parte de los organismos públicos, consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.628, esta Secretaría de Estado se encuentra impedida de comunicar a terceros los antecedentes solicitados sin el consentimiento de sus titulares. Cita jurisprudencia del Consejo en la cual se señala que los datos personales si no obran en poder del órgano por no haber sido recolectados de una fuente accesible al público no procede su entrega.

Por último agrega que no dispone de los datos de contacto de las personas sobre la cual versa la solicitud, por lo que no fue posible dar curso al procedimiento de notificación a terceros establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción de la reclamante ante la denegación de la información que se lee en el literal 1) de lo expositivo, esto es, fecha de titulación, carrera e institución que otorgó el título a las 8 personas que indica. Al efecto si bien el órgano recurrido indicó que a partir del año 2007, cuenta con un registro sistemático de los datos de titulación y graduación de los estudiantes de casas de estudios superiores y, que además posee los registros académicos de las instituciones que han perdido su reconocimiento oficial, estos últimos sólo en formato papel, lo cierto es que denegó la información por corresponder a datos personales, cuya comunicación a terceras personas, implicaría afectar la esfera de la vida privada de sus titulares, lo cual se encuentra amparado por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, configurándose, por ende, las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 números 2° y 5°, de la Ley de Transparencia, ésta última causal, en atención a la naturaleza de las leyes invocadas.

2) Que, en lo tocante a los títulos profesionales, cabe señalar a modo de contexto, que el decreto con fuerza de ley N° 630, de 1981, del Ministerio de Justicia, que establece normas sobre registros profesionales, señala en su artículo 2°, que dicho registro, se llevará por el Ministerio de Justicia por intermedio del Servicio de Registro Civil e Identificación. Posteriormente, señala que "en dicho registro serán inscritas todas las personas que ejerzan una profesión para cuyo desempeño era necesario, hasta la vigencia del decreto ley 3.621, de 1981, estar inscrito en un Colegio Profesional. Tales Inscripciones se practicarán de oficio o a petición del interesado". Seguidamente, en el inciso 3°, señala que "En el Registro se anotará a los profesionales, separados por profesiones, y se dejará constancia de su nombre, apellidos, cédula de identidad, fecha en que se obtuvo el título profesional y entidad que se lo otorgó o fecha en que inició el ejercicio de su profesión". A su turno, en el inciso 6°, del mismo precepto, se dispone que "El Ministerio de Justicia requerirá de las Universidades, Institutos Profesionales y demás entidades autorizadas para otorgar títulos profesionales, el envío mensual de las nóminas de personas que hayan obtenido de esas entidades un título profesional de aquellos a que se refiere este artículo".

3) Que, teniendo presente lo anteriormente expuesto, a juicio de este Consejo, es relevante para el control social, conocer quiénes han obtenido un título técnico y profesional, a fin de poder determinar con certeza qué personas han sido investidas con las condiciones necesarias para ejercer su profesión, y acreditar de este modo, la veracidad curricular de aquellos que publiciten detentarla. Dicho control social, también se ve reflejado en el Código Penal, específicamente en el artículo 213, al sancionar con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, a quienes fingieren ser titular de una profesión que, por disposición de la ley, requiera título, y ejerciere actos propios de dichos cargos o profesiones. En esta línea argumentativa, corresponde entonces, desestimar la alegación relativa a la afectación de la vida privada, por vincularse lo requerido a datos personales, toda vez que lo solicitado en el literal en comento, se trata precisamente, de información referida al nivel profesional de determinadas personas que prestan servicios, en forma directa o indirecta -a través de organizaciones públicas o privadas- a los miembros de la sociedad, información que cede, como se dijo, ante el necesario control social en el conocimiento de los datos requeridos.

4) Que, lo dicho precedentemente, se ve refrendado por lo expuesto en el artículo 4°, inciso 5°, de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, que dispone que: "No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos (...)". (énfasis agregado). Al efecto, se observa que es el mismo legislador quien autoriza expresamente el tratamiento de datos personales, como los solicitados en la especie.

5) Que, al respecto, la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 12109/2016, de fecha 21 de marzo de 2017, en reclamo de ilegalidad, deducido por esta misma Subsecretaría de Educación, en contra de la decisión C1993-16 que ordenó a dicha institución la entrega de información consistente en "nombre de los titulados de la carrera de ingeniería comercial de la Universidad de Temuco (cerrada) durante todos los años en que esta funcionó", sentenció, "Que en este orden de ideas y a la luz de las normas transcritas, la decisión de amparo recurrida se encuadra dentro de los datos que no están afectos a secreto o reserva, tanto porque al referirse al título profesional obtenido en una universidad, son de carácter público, no siendo necesaria autorización del beneficiario del mismo, cuanto porque la ley de protección de datos personales le da tal calidad a los que figuren en registros públicos."(considerando 5°)/"Que lo señalado precedentemente se encuentra en absoluta armonía con lo preceptuado en el artículo 8 de la Constitución Política y la garantía establecida en el artículo 19 N° 4 del mismo cuerpo de normas, ya que los datos que se solicitan, no afectan la vida privada ni la honra de esas personas ni de su familia, (...)."(considerando 6°)/ "Que así las cosas, la información ordenada entregar, se encuentra dentro de las excepciones del artículo 4to de la ley 19.628, no siéndole aplicable lo preceptuado en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, por no concurrir al respecto la causal de secreto o reserva, a todas luces entonces, la decisión de amparo C1993-16 no reviste los caracteres de ilegalidad que le atribuye la recurrente." (considerando 7°).

6) Que, en mérito de lo razonado precedentemente, este Consejo, en vista de la necesidad de un control social prevalente sobre la materia, desestimará las causales de reserva prevista en el artículo 21, números 2 y 5, de la Ley de Transparencia, ordenándose la entrega de la fecha de titulación, carrera e institución que otorgó el título a las 8 personas requeridas, y en el evento de no obrar alguna de esta información en poder de la reclamada deberá acreditarse fundadamente dicha circunstancia ante este Consejo y la reclamante.

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña María Paz Balbontín, en contra de la Subsecretaria de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Educación:

a) Entregar la fecha de titulación, carrera e institución que otorgó el título a las 8 personas que se indican en la solicitud de acceso a la información. La información debe ser entregada en formato PDF. En caso de no obrar alguna de esta información en poder de la Subsecretaría deberá acreditarse fundadamente dicha circunstancia ante este Consejo y la reclamante.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar el Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña María Paz Balbontín y a la Sra. Subsecretaria de Educación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.