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Pablo Trivelli Oyarzún con MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Rol: C675-17

Consejo para la Transparencia, 13/06/2017

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Santiago, fundado en la negativa de la requerida a divulgar el informe consultado referente a la copia del estudio de cálculo y captación de plusvalías referidas al proyecto de techado de la Norte Sur. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acredito la causal de reserva invocada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C675-17

Entidad pública: Municipalidad de Santiago

Requirente: Pablo Trivelli Oyarzún

Ingreso Consejo: 28.02.2017

En sesión ordinaria N° 807 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de junio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C675-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Pablo Trivelli Oyarzún, mediante presentación de 13 de febrero de 2017, solicitó al Municipio de Santiago -en adelante e indistintamente Municipalidad o Municipio-, copia del estudio de cálculo y captación de plusvalías referidas al proyecto de techado de la Norte Sur.

2) RESPUESTA: El 21 de febrero de 2017, el organismo requerido informó al solicitante que no le era posible acceder a la divulgación de lo pedido, en aplicación de lo previsto en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 2. Agregó, que la divulgación de la información pedida, podría afectar los derechos comerciales de ciertas personas.

3) AMPARO: El 28 de febrero de 2017, don Pablo Trivelli Oyarzún, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido organismo, fundado en la negativa de la requerida a divulgar el informe consultado.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°293, de 14 de marzo de 2017, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago, quien mediante presentación de 29 de marzo del mismo año, señaló en síntesis lo siguiente:

a) Las obras de mejoramiento vial, producen siempre alza de los precios de las compraventas y rentas de arrendamiento de los inmuebles que están ubicados en el entorno de esta clase de proyectos.

b) Entregar a un particular el estudio de cálculo, dejaría a este en una posición dominante y ventajosa por sobre los propietarios de los inmuebles circundantes al proyecto en estudio con una alto riesgo de producirse una especulación inmobiliaria. Dicho conocimiento, podría perjudicar a los arrendatarios de dichos inmuebles que podrían ver aumentados el precio por dicho concepto.

c) Aun cuando no se invocó otra causal de reserva distinta a la prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia -con ocasión de su respuesta a la solicitud-, indica que sería aplicable lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), del mismo cuerpo legal. Lo anterior, por cuanto «si se tomara la decisión de ejecutarlo, necesariamente el Municipio debería llamar a licitación (...) la entrega de antecedentes (...) mientras no se elaboren, aprueben y publiquen las bases administrativas (...) afectaría al principio de igualdad de los oferentes (...)».

Y CONSIDERANDO:

1) Que en cuanto al fondo, cabe tener presente que en conformidad a lo dispuesto en la ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, los actos de la Administración del Estado, deben ser fundados. En efecto « Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos» (artículo 11 inciso segundo). Luego, todo acto de la Administración, debe indicar siempre las razones que lo motivan. Lo anterior, guarda plena armonía con lo dispuesto en la Ley de Transparencia en sus artículos 14 y 16, los cuales imponen al órgano de la Administración del Estado requerido, la carga procesal de fundar la denegación de la información solicitada, invocando las hipótesis de reserva que resultan aplicables al caso concreto.

2) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

3) Que, en el caso en análisis, la reclamada no ha acompañado antecedentes suficientes que permitan tener por configurada la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En efecto, sostener que por la divulgación de un informe sobre un proyecto de 2015, sobre el cual no se ha adoptado ninguna decisión tendiente a su concreción, se afectarían derechos de terceros innominados, no permite tener por cumplido el estándar que una causal de reserva exige, la cual siempre debe interpretarse restrictivamente, de modo de permitir el acceso de los ciudadanos a la información pública en poder de los órganos de la Administración del Estado. Al efecto, cabe señalar además que es de la esencia de una política pública de gran impacto, el que la ciudadanía tenga conocimiento de su implementación, como ha sucedido recientemente con la divulgación del trazado de las líneas del metro, proyecto que también producirá un efecto en diversos indicadores económicos, sin perjuicio de ello, su conocimiento ha sido entregado de modo transparente y completo. En consecuencia, la causal en comento será desestimada por resultar improcedente.

4) Que respecto de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información consultada-y que fue invocada únicamente con ocasión de los descargos, en infracción de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia- cabe señalar que ésta permite negar la información que se solicite, cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente «tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados». Conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por "antecedentes" todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por "deliberaciones", las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

5) Que este Consejo ha sostenido reiteradamente que para configurar dicha hipótesis de secreto o reserva, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: (a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y (b) que su conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

6) Que, en cuanto al primer requisito, debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. Esta también supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. No entenderlo así llevaría a que los fundamentos de la decisión fuesen indefinidamente reservados, lo que pugna con el sentido de la Ley de Transparencia y los principios de su artículo 11. En otras palabras, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra b), no puede quedar sometida a una condición meramente potestativa, esto es, no puede depender de la mera voluntad o discrecionalidad del órgano requerido. Luego, si no existe la evidencia de un plazo prudencial en que deba adoptarse la medida o política, como ocurre en este caso -en el cual ni siquiera se tiene certeza si se concretará el proyecto en análisis- este Consejo debe desestimarla por resultar improcedente.

7) Que en concordancia con lo razonado precedentemente, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, se requerirá a la reclamada que entregue al solicitante copia del informe objeto del presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNAMINIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por Pablo Trivelli Oyarzún, en contra de la Municipalidad de Santiago, por las razones precedentemente expuestas.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago que:

a) Entregue a la reclamante copia del estudio de cálculo y captación de plusvalías referidas al proyecto de techado de la Norte Sur.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Pablo Trivelli Oyarzún y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santiago.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.