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Álvaro Gonzalo Bahamondes Pardo con CARABINEROS DE CHILE Rol: C672-17

Consejo para la Transparencia, 13/06/2017

Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en que no dio respuesta a una solicitud de información referente a: a) La hoja de vida de los funcionarios Rodney Weber Orellana, Ismael Moisés Maldonado Moreno y Francisco Bravo Peñaloza. b) Nombre y grado de los funcionarios que componen la Fiscalía Administrativa Occidente de Carabineros de Chile. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acreditó la causal de reserva referente al artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en tanto, en principio, a juicio de este Consejo, la información reclamada, no constituye información estratégica cuya entrega generaría una afectación cierta o probable y con la suficiente especificidad para afectar el cumplimiento de sus funciones, pues se trata de antecedentes referidos al personal de una de sus Fiscalías, cuya función principal es instruir procesos indagatorios relativos a los hechos ocurridos en su jurisdicción.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C672-17.

Entidad pública: Carabineros de Chile.

Requirente: Álvaro Gonzalo Bahamondes Pardo.

Ingreso Consejo: 28.02.2017.

En sesión ordinaria N° 807 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de junio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C672-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 30 de enero de 2017, don Álvaro Gonzalo Bahamondes Pardo solicita a Carabineros de Chile, lo siguiente:

a) La hoja de vida de los funcionarios Rodney Weber Orellana, Ismael Moisés Maldonado Moreno y Francisco Bravo Peñaloza.

b) Nombre y grado de los funcionarios que componen la Fiscalía Administrativa Occidente de Carabineros de Chile.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: Con fecha 28 de febrero de 2017, don Álvaro Gonzalo Bahamondes Pardo, deduce amparo a su derecho de acceso en contra de Carabineros de Chile, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante oficio N° E247, de fecha 7 de marzo de 2017, para que formule sus descargos y observaciones. El órgano reclamado, por medio de oficio N° 89, de fecha 29 de marzo de 2017, señala que mediante resolución exenta N° 68, de fecha 2 de marzo de 2017, enviada al domicilio del reclamante, contestaron en tiempo la solicitud de acceso. Así, a dicha resolución adjuntaron las hojas de vida pedidas y fundamentaron la denegación de determinada información.

Por su parte, en la resolución exenta N° 68, informa que adjuntan las hojas de vida pedidas, tachando los antecedentes protegidos en virtud de lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-, en particular, en su artículo 7. De tal forma, tarjaron el estado civil, fecha y lugar de nacimiento, religión, nombre de cónyuge y asignaciones familiares. Además, por constituir datos sensibles han eliminado las licencias médicas, como las sanciones, estas últimas en virtud de lo establecido en el artículo 21 de la ley citada.

Por otra parte, con relación al grado y nombre de los funcionarios que se desempeñan en su Fiscalía Administrativa Occidente, deniegan su acceso en virtud de lo establecido en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, en concordancia con el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, artículo 8 de la Constitución Política de la República. Todo lo anterior, debido que divulgar información relativa a la dotación de funcionarios, produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de sus funciones. Citando jurisprudencia de este Consejo y de los Tribunales Superiores de Justicia en dicho sentido.

4) GESTIÓN OFICIOSA: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo, este Consejo solicita al órgano reclamado, mediante correo electrónico de fecha 24 de abril de 2017, remita copias de las hojas de vida solicitadas sin tarjar. Carabineros de Chile, por igual medio y en la misma fecha, remite los antecedentes pedidos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la ausencia de respuesta por parte de Carabineros de Chile a la solicitud de acceso. Al respecto, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre el requerimiento, sea entregando la información pedida o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. De los antecedentes tenidos a la vista, se constata que la petición se presentó con fecha 30 de enero de 2017, por lo que, el plazo para contestarla se extendía hasta el 27 de febrero de ese mismo año. Sin embargo, ésta sólo se materializa con fecha 2 de marzo de 2017, mediante resolución exenta N° 68.

2) Que, de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior, queda acreditado para este Consejo que la solicitud de información objeto de este amparo, no fue contestada dentro del término legal. Lo anterior, constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como también, al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo normativo, lo que será representado en lo resolutivo del presente acuerdo.

3) Que respecto a lo solicitado en el literal a) del requerimiento, este Consejo ha sostenido de manera reiterada que las hojas de vida de los funcionarios, son un antecedente de naturaleza pública en conformidad con lo dispuesto los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto ha sido elaborada con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada el desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirve de base a los respectivos procesos de calificación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834 -Estatuto Administrativo- "constituirán elementos básicos del sistema de calificaciones la hoja de vida y la hoja de calificación", y de acuerdo al artículo 39 del referido texto legal, "la unidad encargada del personal deberá dejar constancia en la hoja de vida de todas las anotaciones de mérito o de demérito que disponga el Jefe Directo de un funcionario".

4) Que, en concordancia con el razonamiento señalado precedentemente, este Consejo se ha requerido la entrega de las hojas de vida de funcionarios de la Administración del Estado, tarjando de aquellas los datos personales de contexto, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular y estado civil, y aquellos de orden caduco -sanciones prescritas o cumplidas- en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), 4 y 21 de la ley N° 19.628. Sin embargo, de la revisión de las hojas de vida proporcionadas al reclamante, se constata que, además, de los datos personales de contexto y sanciones prescritas, se tarjaron antecedentes relativos a las calificaciones, licencias médicas, condición de servicio e ingreso a la institución de los funcionarios consultados, lo que no se condice con el criterio establecido por este Consejo en esta materia. En este punto cabe hacer presente, que si bien el órgano reclamado informa que se tarjaron los datos relativos a las licencias médicas por considerarlos sensibles, sobre éstas sólo se informa su fecha, duración y tipo (enfermedad común o accidente en acto del servicio), por lo tanto, no dan cuenta de diagnóstico o condición médica alguna.

5) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo en este literal requiriendo la entrega de las hojas de vida consultadas, tarjando de aquellas sólo los datos personales de contexto, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular y estado civil, y aquellos de orden caduco -sanciones prescritas o cumplidas- en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), 4 y 21 de la ley N° 19.628. En particular, no deberá tarjarse la información relativa a las calificaciones, licencias médicas, condición de servicio y fecha de ingreso a la institución de los funcionarios consultados.

6) Que lo solicitado en el literal b) del requerimiento es el nombre y grado de los funcionarios que componen la Fiscalía Administrativa Occidente de Carabineros de Chile, cuya entrega fue denegada por estimar que concurre a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, con relación al artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar.

7) Que, a modo de contexto, cabe señalar que la orden general N° 2385, de fecha 6 de enero de 2016, señala cuáles serán las Fiscalías Administrativas a nivel nacional y que su competencia, por regla general, será la de "instruir los procesos indagatorios relativos a los hechos ocurridos en los sectores jurisdiccionales de las unidades dependientes de la Prefectura de la cual dependa dicho órgano técnico". Además, establece que las fiscalías en cuestión estarán "a cargo de un Oficial de Fila, de los Servicios o Llamado al Servicio, a lo menos del grado de Capitán, preferentemente graduado, que se denominará Fiscal Jefe, quien dependerá administrativamente del Prefecto". En cuanto a su funcionamiento prescribe que cada una de aquellas "tramitará los distintos procesos administrativos que se le encomienden, para lo cual el Fiscal Jefe distribuirá proporcionalmente los casos entre éste y el o los Oficiales de su dependencia, teniendo en consideración la complejidad que pudiere presentar cada indagación en particular, velando por el racional uso de los recursos humanos y técnicos con que cuente".

8) Que, a por su lado, el citado artículo 436 del Código de Justicia Militar prescribe que se "entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros", específicamente su numeral 1°, "Los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal". Al respecto, Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que dicho artículo posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a titulo ejemplar.

9) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información.

10) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

11) Que, en este orden de ideas, cabe destacar lo razonado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 23 de noviembre de 2010, en causa rol 2275-2010, que rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ejército de Chile, en contra de la citada decisión de este Consejo, amparo rol C512-09, en el cual el tribunal razonó en su considerando sexto, que "siendo la publicidad de los actos de la administración un principio de rango constitucional, las excepciones a él deben ser interpretadas en forma restrictiva. Dichas excepciones en este caso, establecidas en el inciso 2° del mismo artículo 8° de la Carta Fundamental y en el artículo 21 N° 3 de la ley N° 20.285 exigen, además de declaración de reserva o secreto mediante ley de quórum calificado, la afectación de la seguridad de la Nación o del interés nacional". Asimismo, en el considerando séptimo, ilustra que "resulta ser efectivo que las normas del Código de Justicia Militar constituyen ley de quórum calificado, y que los capellanes y pastores que ejercen funciones en las Fuerzas Armadas forman parte de la dotación institucional. Sin embargo, tales circunstancias no logran configurar, por sí solas, una excepción al acceso a la información que ha requerido el señor Narváez Almendras y que le ha reconocido el Consejo para la Transparencia en la decisión adoptada en el Amparo C512-09. En efecto, para configurar dicha excepción ha de estar, además, afectada la seguridad de la Nación o el interés nacional, y respecto de esta materia no existen antecedentes de que ello pueda razonablemente producirse de proporcionarse la información solicitada. Las afirmaciones del reclamante de que los antecedentes denegados, en conocimiento de potenciales adversarios, les permitiría diseñar estrategias defensivas u ofensivas que dañen gravemente al país, a sus intereses y a su población, por no estar respaldadas en antecedentes concretos, constituyen sólo apreciaciones personales y subjetivas".

12) Que, el criterio anterior ha sido ratificado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en la sentencia pronunciada con fecha 3 de marzo de 2015, en virtud de la cual rechazó el Reclamo de ilegalidad Rol N° 5080-2015, señalando al efecto que: "12°) Sin embargo, en lo que sí concuerda esta Corte con lo que sostiene el Consejo para la Transparencia es que no basta esa aseveración para dar por establecida la causal invocada. Para ello, pese a que la mentada carpeta se encuentra ubicada en la Dirección de Inteligencia del Ejército, lo que le concede al mentado registro el carácter de secreto, en los términos del artículo 38 de la Ley 19.974, lo que interesa es que pueda demostrarse que su divulgación atenta, en este caso, contra la Seguridad de la Nación.".

13) Que, en fallo reciente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 04 de mayo de 2017, causa rol 13.967-2016, que rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por Carabineros de Chile, en contra de la decisión de este Consejo (amparo rol C2690-16), el tribunal de alzada capitalino, manteniendo el criterio sostenido en fallos anteriores, razonó en su considerando cuarto, "Que aun cuando se comparta que el Código de Justicia Militar, en su artículo 436, tiene el carácter de ley de quórum calificado, lo cierto es que esta sola circunstancia no determina per se que resulte subsumible en la hipótesis del N° 5 del artículo 21 recién citado. En efecto, una atenta lectura del texto constitucional permite razonablemente sostener que, además de la condición de quórum calificado que debe cumplir formalmente la ley, para que sea legalmente admisible afirmar la condición de reservada de la información debe afectarse el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional./El empleo de la forma verbal destacada conlleva la necesidad de determinar la efectiva afectación de aquello que se pretende resguardar para configurar una auténtica excepción a la regla general de publicidad./En razón de lo anterior, como lo ha afirmado tanto este Tribunal como la Corte Suprema en diversas oportunidades en que ha conocido de asuntos semejantes al presente, tocaba al ahora reclamante demostrar en qué medida la divulgación de la información requerida efectivamente afecta "el debido cumplimiento de las funciones del órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional" y ello en el caso de la especie no ha acontecido." Por su parte, en el considerando sexto señala, "Que, por las razones expuestas y teniendo en consideración que el Consejo para la Transparencia no ha excedido su competencia al ponderar la afectación que la divulgación de la información requerida pudiese eventualmente generar ni tampoco al disponer en definitiva su entrega, pues en tanto órgano dotado de la potestad de dirimir una controversia de naturaleza jurídica evidentemente se encuentra llamado a desentrañar el verdadero sentido y alcance de los preceptos constitucionales y legales que gobiernan los asuntos que le toca resolver, no cabe sino concluir que la reclamación deducida debe ser necesariamente declarada sin lugar."(énfasis agregado).

14) Que el órgano reclamado sólo sostiene que divulgar información relativa a la dotación de funcionarios, produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, no cumplen con el juicio necesario de afectación, ponderación y proporcionalidad, sino que se sustentan sobre la base de meras aseveraciones, apartándose de la exigencia contenida en el mandato constitucional del inciso 2° del artículo 8° de la Carta Fundamental, de modo que la revelación de lo requerido, no tiene la virtud de afectar ninguno de los bienes jurídicos protegidos por el estatuto constitucional, que excepcionalmente permite reservar información pública. Por lo demás, en el presente procedimiento, la reclamada se ha limitado a invocar la hipótesis de reserva, sin acompañar antecedentes suficientes que permitan a este Consejo tener por configurada la hipótesis de reserva invocada para justificar la denegación de la información consultada. Más si se considera que lo pedido es la individualización del personal que se desempeña en una Fiscalía determinada de la Región Metropolitana, cuya principal función es tramitar procesos administrativos que le sean encomendadas.

15) Que, en atención a lo razonado en los considerandos anteriores, se desestimaran las alegaciones de Carabineros de Chile, por no ser suficientes para configurar la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en tanto, en principio, a juicio de este Consejo, la información reclamada, no constituye información estratégica cuya entrega generaría una afectación cierta o probable y con la suficiente especificidad para afectar el cumplimiento de sus funciones, pues se trata de antecedentes referidos al personal de una de sus Fiscalías, cuya función principal es instruir procesos indagatorios relativos a los hechos ocurridos en su jurisdicción.

16) Que, en razón de lo expuesto, este Consejo acogerá el presente amparo en este literal, requiriendo la entrega al reclamante de los nombres y grados del personal que compone la Fiscalía Administrativa Occidente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Álvaro Gonzalo Bahamondes Pardo en contra de Carabineros de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros de Chile que:

a) Entregue al reclamante las hojas de vida consultadas, tarjando de aquellas sólo los datos personales de contexto, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular y estado civil, y aquellos de orden caduco -sanciones prescritas o cumplidas- en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), 4 y 21 de la ley N° 19.628. En particular, no deberá tarjarse la información relativa a las calificaciones, número de licencias médicas, condición de servicio y fecha de ingreso a la institución de los funcionarios consultados

b) Entregue al reclamante los nombres y grados del personal que compone la Fiscalía Administrativa Occidente de Carabineros de Chile.

c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

d) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Representar al Sr. General Director de Carabineros de Chile la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al haber otorgado respuesta a la solicitud de acceso fuera del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Álvaro Gonzalo Bahamondes Pardo y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.