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Natalia Guamán Gómez con MUNICIPALIDAD DE PAIGUANO Rol: C852-17

Consejo para la Transparencia, 07/07/2017

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Paihuano, fundado en que a pesar de que existen varios testigos que confirmaron la existencia del informe requerido, el municipio no lo mencionó en su respuesta. El Consejo rechaza el amparo, por la inexistencia de la información requerida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C852-17

Entidad pública: Municipalidad de Paihuano

Requirente: Natalia Guamán Gómez

Ingreso Consejo: 14.03.2017

En sesión ordinaria N° 813 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de julio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C852-17.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de enero de 2017, doña Natalia Guamán Gómez, solicitó a la Municipalidad de Paihuano, acceso a su "informe de desvinculación laboral". En particular, junto con señalar que fue desvinculada de manera informal de sus funciones como trabajadora social del CESFAM de la comuna, requirió, en síntesis, el informe de su conducta al que se hizo mención en reiteradas oportunidades al informarle de su despido y, en el evento de que dicho informe no exista, se indique la causal de su desvinculación.

2) RESPUESTA: El 28 de febrero de 2017, mediante Ord. N° 53/2017, la Municipalidad de Paihuano respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, que la calidad contractual de la peticionaria era un contrato de prestación de servicios por los convenios de Chile Crece Contigo 2016 y Equidad Rural 2016, cuya vigencia se extendía hasta el 31 de diciembre de 2016 y/o hasta que sus servicios fueran necesarios. Luego, el 30 de noviembre de 2016 se le comunicó por medio de carta formal, a solicitud del Concejo Municipal, en sesión ordinaria N° 29 de 27 de septiembre de 2016, el término de su contrato. En tal sentido, indica "En consecuencia, corresponde comunicar a usted que el término contractual con la ilustre Municipalidad de Paihuano, es por cumplimiento del Servicio prestado a esta entidad en el marco de los Convenios 2016, para el Departamento de Salud."

3) AMPARO: El 14 de marzo de 2017, doña Natalia Guamán Gómez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que a pesar de que existen varios testigos que confirmaron la existencia del informe requerido, el municipio no lo mencionó en su respuesta.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el amparo, y mediante Oficio N° E444, de 29 de marzo de 2017, notificó y confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Paihuano, quien por medio de Ord. N° 172, de 17 de abril de 2017, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en lo pertinente "que no existe informe de conducta de la requirente que haya motivado la desvinculación de la misma, sino que su renovación de contrato obedece a un acuerdo del Concejo Comunal, el cual fue adoptado en el mes de septiembre del año 2016 y que fue notificado en el mes de noviembre de 2016.".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo solicitado corresponde a copia del informe de conducta de la peticionaria en que se habría sustentado su desvinculación como asistente social del CESFAM del municipio reclamado. Al respecto, la Municipalidad de Paihuano en su respuesta a la solicitud se limitó a señalar que la aludida desvinculación se sustentó en el cumplimiento de los servicios por los cuales la requirente fue contratada -relacionados con los convenios Chile Crece Contigo 2016 y Equidad Rural 2016-, y el acuerdo al efecto adoptado por el Concejo Municipal, en sesión ordinaria N° 29 de 27 de septiembre de 2016. Por su parte, la reclamante funda su amparo en que, pese a existir testigos que confirmarían la existencia del informe de conducta objeto del requerimiento, el municipio no lo mencionó en su respuesta.

2) Que, es sus descargos en esta sede, la reclamada sostuvo expresamente que el documento requerido es inexistente, reiterando que la no renovación del contrato de prestación de servicios de doña Natalia Guamán Gómez obedecería al acuerdo adoptado al efecto por el Concejo Municipal.

3) Que, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública -y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública- aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» (énfasis agregado). Con todo, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente.

4) Que, en la especie, la reclamada ha señalado los motivos específicos por los cuales la información requerida no obraría en su poder, argumentos que a juicio de este Consejo resultan plausibles y suficientemente acreditados, toda vez que revisada el acta de la sesión ordinaria N° 29, de 27 de septiembre de 2016, del Concejo Municipal de la Municipalidad de Paihuano , aludida por la reclamada en su respuesta, es posible advertir que en aquella se consigna -en el marco del acuerdo N° 107 sobre modificación presupuestaria mes de septiembre 2016 del área salud municipal- que, efectivamente, dicho órgano colegiado dispuso que la respectiva jefatura del CESFAM informase al personal contratado a honorarios para la ejecución de determinados convenios, que dichos contratos se extenderían sólo hasta el 31 de diciembre de 2016, en razón de los argumentos que allí se detallan.

5) Que, en consecuencia, no obrando en el procedimiento antecedentes que permitan desvirtuar la alegación de inexistencia de la información requerida -en la especie, un supuesto informe de conducta que sería fundamento de la decisión de no renovar el contrato de prestación de servicios a honorarios que vinculaba a la reclamante con el órgano requerido-, y resultando plausibles los argumentos esgrimidos por la reclamada, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Natalia Guamán Gómez en contra de la Municipalidad de Paihuano, atendida la inexistencia de la información requerida, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Natalia Guamán Gómez y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Paihuano.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.